Por: Edmundo Orellana.
Es obligado expresar el reconocimiento a la Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, Isabel Albaladejo Escribano y a su equipo de expertos internacionales y nacionales, por su contribución en allanar el camino para que el mecanismo internacional anticorrupción tenga como contraparte hondureña una Corte Suprema de Justicia integrada por magistrados independientes, probos y capaces profesionalmente. Para que nunca más regresen las prácticas corruptas del pasado, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!.
La Tribuna. Lunes 11 de abril 2022
Debidamente autorizado, después de mi nombramiento como titular de la Secretaría de Estado respectiva, procedí a la elaboración de un proyecto para sustituir la ley que regula la integración y funcionamiento de la junta nominadora para la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la que presenté ante el Consejo de Ministros para su aprobación.
Esta iniciativa se inscribe en el marco de la propuesta formulada por la señora Presidenta de la República, Iris Xiomara Castro Sarmiento, de instalar en el país un mecanismo internacional anticorrupción apoyado por la Organización de las Naciones Unidas, porque el país debe demostrar a la comunidad internacional su firme decisión de abandonar las prácticas del pasado que han contribuido al deterioro del Estado de derecho, como la de nombrar magistrados sin los recaudos que garanticen la idoneidad de los seleccionados.
El éxito de ese mecanismo internacional dependerá, fundamentalmente, de la colaboración del MP y de la Corte Suprema de Justicia. Porque su labor será contribuir en el fortalecimiento de las técnicas de investigación y en los peritajes, responsabilidad del MP, y en la formulación de criterios para formular los requerimientos, e igualmente para valorar las pruebas y juzgar los casos que lleguen al conocimiento de los tribunales con competencia en materia de corrupción.
Si el MP y la Corte Suprema de Justicia se resisten a esa colaboración, poco o nada logrará ese mecanismo internacional en su lucha contra la corrupción. Por eso, es de capital importancia garantizar que los nuevos magistrados y el nuevo fiscal general sean de los más idóneos de entre los que se postulen para esos cargos, lo que solamente será posible si se modifica el procedimiento actual previsto en la ley de la materia vigente, porque la Constitución manda lo siguiente: “Una ley regulará la organización y funcionamiento de la Junta Nominadora”.
En primer lugar, debe exigirse el cumplimiento de requisitos mínimos para los integrantes de la Junta Nominadora. Actualmente no se exigen. De modo que puede integrarla cualquier persona, incluso un miembro activo de las maras, del crimen organizado o un corrupto ampliamente conocido.
Si alguien ha sido denunciado criminalmente o tiene en curso procesos criminales puede, con la ley actual, ser parte de la Junta Nominadora y participar en la selección de quienes eventualmente lo juzgarán. Igualmente, puede participar (y seguramente ya ha participado) quien haya sido condenado por declararlo responsable de la comisión de un delito. Pregunto al distinguido lector: ¿tiene, esta persona, la idoneidad para seleccionar a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia o al nuevo Fiscal General?
La ley actual no prevé los pertinentes factores de ponderación, derivados de los requerimientos propios del cargo a desempeñar, para el proceso de evaluación. Tampoco contempla los criterios que servirán para evaluar la idoneidad de los candidatos. La Junta Nominadora goza de una amplia discrecionalidad, la que fácilmente se torna en arbitrariedad, para escoger a quienes enviará al Congreso Nacional.
El problema del nombramiento de los magistrados no radica en la decisión parlamentaria, como algunos sostienen, sino en la ausencia total de filtros para integrar la Junta Nominadora y para seleccionar a los candidatos que se remiten al Congreso Nacional. Si en esta etapa se logra que los más idóneos integren la lista de los 45 candidatos, no importa a quién elija el Congreso Nacional, porque todos serán idóneos para ser magistrados.
En este contexto surge la iniciativa del gobierno, responsabilizando a la Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha contra la Corrupción para su confección. Con este propósito, por la íntima vinculación que tiene con la iniciativa de instalar un mecanismo internacional anticorrupción con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, la Secretaría solicitó la cooperación técnica de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, la que respondió con especial interés y rapidez, considerando la proximidad de los plazos previstos para iniciar el proceso de selección. Mediante sus expertos internacionales y los nacionales nuestros, y apegándose a los estándares internacionales y nacionales, se confeccionó la propuesta que se sometió a la consideración del Consejo de Ministros.
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
