oacnudh en el mundo

Los Estados deben garantizar un ambiente seguro, abierto, libre y propicio para la defensa de los derechos humanos: CIDH y ONU Derechos Humanos

Publicada en
Mensaje con motivo del Día internacional de las personas defensoras de derechos humanos, 9 de diciembre

Los Estados deben garantizar un ambiente seguro, abierto, libre y propicio para la defensa de los derechos humanos: CIDH y ONU Derechos Humanos

Bogotá/ Ciudad de Guatemala / Ciudad de México / Ciudad de Panamá / Tegucigalpa / Santiago de Chile / Washington, D.C., 09 de diciembre de 2021 – Con motivo del Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos conmemorado el 9 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y las presencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina (ONU Derechos Humanos) hacen un llamado a los Estados de la región a garantizar ambientes seguros, abiertos, libres y propicios para la defensa de los derechos humanos.

 

La CIDH y la ONU Derechos Humanos observan con preocupación una serie de medidas que tienen como efecto reducir o cerrar espacios donde la sociedad civil participa en la vida política, económica y social. Se verifica un aumento en la adopción de normas que restringen los derechos a la libertad de expresión, de participación, de reunión pacífica y de asociación que son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.

 

En algunos países como Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Venezuela, cursan iniciativas legislativas o se aprobaron recientemente normas que afectarían el libre funcionamiento de organizaciones de derechos humanos por la falta de criterios claros para la concesión, rechazo o revocación de su personalidad jurídica, así como mayores restricciones para el registro, constitución, estatus, inscripción y su funcionamiento. Algunas de estas, bajo la justificación de resguardar la seguridad nacional, combatir la delincuencia organizada y/o el terrorismo o su financiamiento, y conceder facultades discrecionales para la vigilancia y fiscalización de sus actividades.

 

La Comisión y la ONU Derechos Humanos recuerdan a los Estados que el libre y pleno goce del derecho a la libertad de asociación incluye el deber estatal de crear las condiciones legales y efectivas para que las personas defensoras puedan ejercer libremente su labor. En ese sentido, la regulación y los requisitos legales no deben impedir, retrasar o limitar su creación o funcionamiento.  

 

Adicionalmente, se ha observado que, más allá de los ataques repetidos en contra de defensoras y defensores, persisten prácticas institucionales y discursos que deslegitiman y ponen en riesgo a quienes defienden los derechos humanos. En muchas ocasiones, estos pronunciamientos sirven como fundamento para iniciar demandas civiles o acciones penales injustificadas con el fin de obstruir las labores de defensa. En este contexto, se recibió información sobre el uso de figuras penales ambiguas, fallas en el debido proceso, así como detenciones arbitrarias y el uso prolongado de la prisión preventiva contra quienes ejercen la defensa de derechos humanos.

 

Asimismo, la CIDH y la ONU Derechos Humanos han verificado una tendencia a limitar las protestas pacíficas mediante la aprobación de leyes restrictivas, entre ellas, la criminalización del derecho a la protesta social, el uso de la figura de delitos de orden público de manera ambigua o demandas civiles destinadas a inhibir su labor critica o la participación en el espacio cívico. En diversos países de la región se registran casos de intimidaciones por parte de fuerzas de seguridad, el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas y la criminalización de personas que participan de las manifestaciones o que defienden derechos de manifestantes, incluyendo a observadores de derechos humanos y brigadistas de salud.

 

Por otra parte, y como se ha alertado previamente, las prácticas de uso de tecnologías de vigilancia altamente intrusivas como los “malware” y el reconocimiento facial en detrimento de la labor de defensoras y defensores no sólo vulneran el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, sino que también tienen el potencial de afectar la integridad de otras personas de su entorno y contribuyen a generar un clima de autocensura. Estas prácticas virtuales han sido observadas en toda la región, particularmente en Brasil y México. Este tipo de actividades ilegales también afectan a la prensa independiente que, en su labor de registrar y difundir hechos y opiniones diversas en contextos de grave deterioro de las instituciones democráticas e intensificación de la represión, constituye un insumo irremplazable para la defensa de los derechos humanos. El Estado mexicano anunció que iniciará una investigación sobre el uso de estas tecnologías.

 

La CIDH y ONU Derechos Humanos hacen un llamado a los Estados para asegurar que todo espacio cívico libre y plural sea fundamental para la vigencia efectiva de los principios democráticos; y por tanto, a remover cualquier obstáculo legal o de facto que impida el reconocimiento y el libre ejercicio del derecho a defender derechos humanos. Además, instan a poner fin a la promoción y emisión de leyes, políticas públicas y discursos que estigmatizan a las personas defensoras y a reconocer el rol fundamental que estas ejercen para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho; así como a implementar políticas públicas integrales que garanticen un ambiente propicio para la defensa de los derechos humanos.

 

Finalmente, la CIDH y la ONU Derechos Humanos refrendan su reconocimiento a las personas defensoras que desempeñan tan importante labor en la región, frecuentemente, poniendo sus vidas en riesgo al velar por la democracia y la realización de los derechos humanos para todas las personas.

 

FIN

oacnudh en el mundo

Los Estados deben investigar y enjuiciar la violencia contra los periodistas: expertos de la ONU

Publicada en

Los Estados deben investigar y enjuiciar la violencia contra los periodistas: expertos de la ONU

GINEBRA (2 de noviembre de 2021) – Con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la Relatora Especial sobre la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz y la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, emiten la siguiente declaración:

“La seguridad de los periodistas sigue siendo tan precaria como siempre, la impunidad por los delitos cometidos contra ellos es tan alta y persistente como antes.

Durante el año pasado, periodistas de todo el mundo han sido amenazados, acosados, agredidos físicamente, secuestrados, detenidos arbitrariamente, desaparecidos por la fuerza, torturados y asesinados, simplemente por hacer su trabajo.

Las amenazas a la seguridad de los periodistas, lejos de disminuir, han tomado nuevas formas en la era digital, especialmente para las mujeres periodistas. Si bien tanto los periodistas hombres como mujeres  son amenazados en el curso de su trabajo, las mujeres, incluidas las pertenecientes a grupos minoritarios, corren un riesgo mucho mayor de sufrir ataques sexuales y violencia de género en línea, incluido el acoso en línea, el trolling, el doxing, la violación y las amenazas de muerte.

La falta de investigación y de atención a los ataques en línea tiene consecuencias en la vida real para las mujeres periodistas, afectando su salud mental y física, socavando su confianza y autonomía, estigmatizándolas y generando miedo, vergüenza y daño reputacional y profesional. En casos extremos, las amenazas en línea pueden escalar a violencia física e incluso a asesinatos, como demostró el asesinato de Daphne Caruana Galizia.

Ya sea que se dirijan a periodistas hombres o mujeres, en línea o fuera de línea, los delitos contra periodistas buscan intimidar y silenciar a quienes se atreven a buscar y exponer la verdad. Los ataques a periodistas son un ataque al derecho de la sociedad a estar informada, al derecho a la libertad de expresión y a muchos otros derechos humanos, incluido el derecho a la vida y la libertad de las personas afectadas.

La impunidad envalentona a los perpetradores. La investigación de la UNESCO muestra que donde la impunidad por los crímenes contra periodistas es alta, también lo es el número de periodistas asesinados.

Los Estados tienen la obligación de llevar a cabo investigaciones rápidas, imparciales, exhaustivas, independientes y efectivas de todos los delitos contra periodistas, en línea o fuera de línea. Cuando no investigan y procesan los crímenes, en la práctica están censurando el discurso, amordazando a quienes se atreven a denunciar y silenciando a los demás. Además, la falta de investigación adecuada de una muerte potencialmente ilegal se considera, en sí misma, una violación del derecho a la vida.

Nueve de cada diez asesinatos de periodistas continúan impunes. El hecho de que la aguja no haya cambiado durante la última década es una clara indicación de que las medidas nacionales e internacionales para proteger la seguridad de los periodistas están fallando. Se necesita hacer mucho más.

Reiteramos el llamamiento para que las Naciones Unidas establezcan un mecanismo de investigación permanente, apoyado por expertos internacionales independientes, incluidos los de los Procedimientos especiales y de los Órganos de tratados, para ayudar en las investigaciones y determinar vías de justicia al nivel nacional, regional e internacional, así como con el objetivo de apoyar medidas para poner fin a la impunidad y prevenir la violencia contra periodistas.

Reiteramos la necesidad de que los Estados consideren sanciones individualizadas contra los responsables por ordenar, realizar o amenazar con actos de violencia contra periodistas, o impedir u obstaculizar investigaciones efectivas.

Hacemos un llamado a los Estados para que prohíban, investiguen y procesen la violencia de género en línea y fuera de línea contra las mujeres periodistas. Los investigadores deben suponer que esos delitos están relacionados con el trabajo del periodista, al menos que se demuestre lo contrario. Tanto los Estados como las empresas deben incluir una perspectiva de género en todas las iniciativas encaminadas a crear un entorno seguro y propicio para los medios de comunicación independientes, diversos y pluralistas.

En un mundo cada vez más digitalizado, los Estados deben garantizar que todos los periodistas, tanto mujeres como hombres, sean libres de realizar su labor vital sin amenazas, intimidación o cualquier forma de represalia en línea o fuera de línea”.

TERMINA

* Los expertos: Sra. Irene Khan, Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión; Sra. Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias y el Sr. Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.

FIN 

Para obtener más información y solicitudes de los medios, comuníquese con: Thibaut Guillet (+41 22 917 9158 /thibaut.guillet@un.org) o ohchr-freedex@un.org.

Para consultas de los medios de comunicación relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, póngase en contacto con: Sr. Jeremy Laurence, Unidad de Medios de Comunicación de Derechos Humanos de la ONU (+41 22917 9383 / jeremy.laurence@un.org)

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en Twitter @UN_SPExperts.

oacnudh en el mundo

Desapariciones forzadas: Es urgente atender los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas, dicen expertas y expertos de la ONU

Publicada en

Desapariciones forzadas: Es urgente atender los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas, dicen expertas y expertos de la ONU

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 30 de agosto 2021
GINEBRA (27 de agosto de 2021) –  Los Estados deben reconocer aún más la conexión entre la desaparición forzada y los derechos económicos, sociales y culturales, a fin de prevenir mejor las desapariciones forzadas, de manera más integral, dijeron hoy expertas y expertos en derechos humanos de la ONU *.
 
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias emitieron la siguiente declaración:
 
“Por su naturaleza, la desaparición forzada es un crimen complejo que viola todo tipo de derechos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales de la persona desaparecida, de sus parientes y de otras personas.
 
La falta de protección efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales es también un factor que contribuye a las desapariciones forzadas. Las personas que viven en la pobreza son más vulnerables y están expuestas a un mayor riesgo de desapariciones forzadas. En algunos casos, al enfrentarse al sistema de justicia penal, se ven privadas de asesoramiento y asistencia jurídica para impugnar las condiciones de su arresto, juicio, condena y detención, y así desaparecen dentro del sistema. Las víctimas de las desapariciones forzadas son también en su mayoría personas marginadas. Cuando viven en zonas con escasa o nula presencia de las instituciones del Estado, sus familiares y allegados tienen poco acceso a la justicia y a medios eficaces para buscarlas.
 
Niñas y niños que no tienen acceso a la educación, que viven en la pobreza o en situación de calle, o que han sufrido desplazamiento, corren un mayor riesgo de ser secuestrados y convertidos en niños soldados o ser víctimas de la trata con fines de explotación. Las personas migrantes y las personas con discapacidad también son especialmente vulnerables a las desapariciones forzadas, debido a la falta de recursos económicos, de planes de protección, así como de participación política, social y cultural.
 
También hemos observado a través de nuestro trabajo que la desaparición forzada se utiliza como herramienta de intimidación, represalia y castigo ilegal en contra de los defensores de derechos humanos, incluidas las personas que promueven los derechos económicos, sociales y culturales.
 
Instamos a los Estados a atender el hecho de que las desapariciones forzadas ponen a familiares y allegados en una posición muy difícil, especialmente cuando el sostén de la familia está desaparecido. Al alterarse la estructura familiar, cónyuges e hijos se ven afectados económica, social y psicológicamente. Teniendo en cuenta que los hombres suelen ser las principales víctimas de las desapariciones forzadas, las mujeres se ven especialmente afectadas. A menudo son rechazadas en la comunidad porque sus parejas son supuestamente sospechosos de crímenes, o porque la gente teme relacionarse con alguien que ha sido objeto de una desaparición forzada. Las madres también pueden ser estigmatizadas socialmente y culpadas de “no cuidar adecuadamente” a sus hijos desaparecidos.
 
En algunos países, la legislación puede imposibilitar el cobro de una pensión o la recepción de otros medios de ayuda en ausencia de un certificado de defunción, lo que revictimiza a las víctimas y agrava aún más su vulnerabilidad. Tanto las dificultades económicas como la devastación de la pérdida de un integrante de la familia pueden causar a los allegados de las personas desaparecidas un gran trauma emocional que puede conducir no sólo a la violación del derecho a la vida familiar, sino también a impactos físicos y psicológicos negativos.
 
Es esencial que todos los Estados presten atención específica al impacto multidimensional de las desapariciones forzadas en los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas a lo largo del proceso de búsqueda y de la investigación. Además, los Estados deben analizar más el perfil y las actividades de las personas que son víctimas de desapariciones forzadas, para responder mejor a la dimensión colectiva del daño que sufren las víctimas y sus comunidades.
 
En los casos de personas desaparecidas que son integrantes de pueblos indígenas u otros grupos étnicos o culturales, es necesario considerar y respetar los patrones culturales específicos al tratar la desaparición o la muerte de un o una integrante de la comunidad. Cuando se encuentran e identifican el cuerpo o los restos de una persona desaparecida, deben entregarse a la familia o a sus allegados de acuerdo con las normas y costumbres culturales de las víctimas y sus comunidades.
 
La pandemia del COVID-19 claramente ha tenido un impacto devastador en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales en todas las partes del mundo, y ha agravado el impacto en las víctimas de las desapariciones forzadas y sus familiares. A este respecto, recordamos las ocho directrices que adoptamos conjuntamente en septiembre de 2020, en las que llamamos a los Estados miembros a que garanticen el respeto, la promoción y la protección de los derechos y obligaciones consagrados en la Convención y la Declaración.
 
Reafirmamos enérgicamente nuestro apoyo y solidaridad a todas las víctimas de la desaparición forzada y pedimos a todos los Estados que adopten todas las medidas necesarias para evitar el sufrimiento adicional causado por las consecuencias sociales, económicas y culturales de la desaparición forzada.
 
En diciembre de 2020, conmemoramos el 10º aniversario de la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Volvemos a hacer un llamamiento a todos los Estados para que ratifiquen la Convención y acepten la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar denuncias individuales e interestatales.»
 
FIN
 
*Las expertas y los expertosSr. Tae-Ung Baik (Presidente-relator), SrHenrikas Mickevičius (Vicepresidente), Sra. Aua Balde, Sra. Gabriella Citroni, y Sr. Luciano Hazan del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Sr.  Juan Pablo Alban Alencastro, Sr. Mohammed Ayat (Presidente), Sr. Matar Diop, Sr. Olivier de Frouville (Vicepresidente) , Sra. Suela Janina, Sra. Milica Kolakovic-Bojovic (Vicepresidenta), Sra. Barbara Lochbihler, Sr. Juan José Lopez Ortega, Sr. Horacio Ravenna (Vicepresidente), y Sra. Carmen Rosa Villa Quintana, del Comité contra la Desaparición Forzada.
 
Para mayores informes y solicitudes de prensa, favor de contactar a:
Sr. Ugo Cedrangolo a +41 (0)22 917 9286 / ucedrangolo@ohchr.org o escribir a wgeid@ohchr.orgSra. Albane Prophette-Pallasco a +41 (0)229179719/ aprophette@ohchr.org o escribir a ced@ohchr.org
 
Para consultas de los medios de comunicación sobre otros expertos independientes de la ONU, por favor contactar a:
Vivian Kwok a +41 (0) 22 917 9362 / vkwok@ohchr.org Jeremy Laurence a + 41 22 917 7578 / jlaurence@ohchr.org
 
 
Aprenda más con nuestras animaciones sobre el sistema de Órganos de Tratados y sobre el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad! Siga los Órganos de Tratados de la ONU en las redes sociales.
Estamos en Twitter @UNTreatyBodies
 
Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en Twitter@UN_SPExperts.
 
¿Preocupada/o por el mundo en el que vivimos?
Entonces DEFIENDE los derechos de alguien hoy.
# Standup4humanrights
y visite la página web en http://www.standup4humanrights.org 
oacnudh en el mundo

Día Internacional de los Pueblos Indígenas 9 de agosto de 2021

Publicada en
Día Internacional de los Pueblos Indígenas 9 de agosto de 2021

Los pueblos indígenas aún enfrentan severos desafíos debido a la COVID-19

GINEBRA (6 de agosto de 2021) – El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay, emite la siguiente declaración con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas el 9 de agosto:

 

“Hoy, mientras conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, persisten severos desafíos para ellos debido a la COVID-19, a más de un año del inicio de la pandemia. Es especialmente preocupante que incluso los esfuerzos de recuperación estén causando impactos negativos para los pueblos indígenas.

 

Las medidas de recuperación económica han priorizado y apoyado la ampliación de las actividades empresariales a expensas de los pueblos indígenas, sus tierras y el medio ambiente. A nivel mundial, la pandemia de COVID-19 ha sido un catalizador para que los Estados promuevan megaproyectos sin consulta adecuada a los pueblos indígenas.

 

A fin de evitar que esta situación se agudice, insto a los Estados a involucrar a representantes, líderes, lideresas y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, incluidos quienes viven en áreas urbanas, en el diseño e implementación de las políticas de recuperación.

 

Para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, también me gustaría reconocer la resiliencia de los pueblos indígenas y el ejercicio de su derecho a la autodeterminación para responder a la pandemia de COVID-19, a pesar de las adversidades que enfrentan.

 

Para que realmente se reconstruya mejor que en tiempos antes de la pandemia, cuando los pueblos indígenas ya experimentaban múltiples formas de discriminación racial, social y económica, también insto a los Estados a intensificar su apoyo a las soluciones lideradas por los propios pueblos indígenas y colocar los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación y la tierra en el centro de los esfuerzos de recuperación de la COVID-19, en línea con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

 

FIN

* El experto: José Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Los Relatores Especiales forman parte de los denominados Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertas y expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general para los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en distintas partes del mundo. Las expertas y los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.

Para obtener más información y consultas de los medios, comuníquese con el Sr. José Parra (jose.parra@ohchr.org).

oacnudh en el mundo

CIDH Y OACNUDH llaman al Estado a abstenerse de criminalizar a defensoras de derechos humanos garífunas en Honduras

Publicada en

CIDH Y OACNUDH llaman al Estado a abstenerse de criminalizar a defensoras de derechos humanos garífunas en Honduras

Tegucigalpa/Washington, D.C. (27 de julio de 2021)- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llaman al Estado de Honduras a adoptar medidas que eviten la criminalización de personas defensoras de derechos humanos garífunas, particularmente de quienes defienden la tierra, el territorio y los recursos naturales. Asimismo, instan a garantizar un ambiente libre de hostilidades para la defensa de los derechos humanos y a intensificar las medidas para respetar y proteger los derechos del pueblo Garífuna sobre sus tierras, territorios y recursos naturales conforme los estándares internacionales e interamericanos.

La CIDH y OACNUDH observan con preocupación que el uso indebido del sistema penal sigue siendo utilizado, en ocasiones, como práctica de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en Honduras, especialmente en relación con la defensa del territorio de comunidades indígenas y afro hondureñas. De acuerdo con la información recibida, varias mujeres defensoras garífunas habrían sido detenidas y estarían sujetas a procesos penales derivados de dos requerimientos instaurados por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de daños, amenazas, robo y usurpación de tierras, que tendrían su origen en una disputa civil con terceros, por la falta de delimitación de las tierras ancestrales de las comunidades garífunas de Cristales y Río Negro.

 Al respecto,  se recibió información sobre detenciones de mujeres defensoras en lo que va del 2021 .  Así, el 10 de julio de 2021 fue detenida, Jenny Boden Ruiz, mujer garífuna, quien actualmente contaría con medidas alternativas a la prisión preventiva, el 16 de junio, Silvia Bonilla, integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Durante la audiencia inicial se dictó el sobreseimiento provisional de ambas acusaciones, concluyendo la falta de pruebas que acreditaran su responsabilidad. Además,  el 3 de marzo de 2021 de las hermanas Marianela y Jennifer Mejía Solórzano, también integrantes de OFRANEH. Durante la audiencia inicial se dictó auto de formal procesamiento en contra de estas defensoras y se ordenó medidas alternativas a la prisión preventiva. Además, se tuvo conocimiento de que derivados de estos dos requerimientos penales estarían pendientes por lo menos otras 28 órdenes de captura.

La CIDH y OACNUDH han conocido con anterioridad sobre el conflicto territorial que afecta a comunidades garífunas ante la falta de demarcación, titulación y saneamiento de sus tierras y territorios ancestrales. Esto también fue conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias respecto a las Comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra de 2015.

En particular, la CIDH en su informe Situación de Derechos Humanos en Honduras de 2019, expresó su preocupación ante información recibida sobre acusaciones y demandas por usurpación de tierra, calumnias y difamación en contra de múltiples líderes y lideresas garífunas.

La criminalización de personas defensoras promueve un estigma colectivo y envía un mensaje intimidatorio. A su vez, el inicio de investigaciones penales o querellas judiciales, sin fundamentos en contra de ellas, tiene un efecto amedrentador en su labor, y adicionalmente puede generar una paralización de su trabajo en la defensa de derechos humanos. En especial, cuando se trata de mujeres que realizan esta labor, la criminalización resulta inhibidor en las actividades de defensa que llevan a cabo, además aumenta y exacerba desigualdades sociales existentes.

Los procesos penales infundados de quienes se encuentran dedicados a actividades legítimas como es el caso de defensoras y defensores de derechos humanos, tienen como finalidad hostigar y afectar su legítima labor. En este sentido, la CIDH y OACNUDH llaman al Estado de Honduras a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que, mediante investigaciones penales, se someta a juicios injustos o infundados a las personas que de manera legítima reclaman el respeto y protección de los derechos humanos en el país.

Finalmente, instan al Estado a intensificar sus acciones para respetar y garantizar las tierras, territorios y recursos naturales de las Comunidades Garífunas, incluyendo la demarcación y el debido saneamiento de las mismas, en línea con lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en sus sentencias y tomando en consideración la relación especial entre el pueblo Garífuna y su territorio ancestral.

OACNUDH es la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. La Asamblea General encomendó a la Alta Comisionada y a su Oficina la misión de promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas. OACNUDH proporciona asistencia en forma de competencias técnicas y fomento de capacidad para apoyar la aplicación sobre el terreno de las normas internacionales de derechos humanos. OACNUDH ayuda a los gobiernos, quienes tienen la responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos, a cumplir con sus obligaciones y apoya a los individuos en la reivindicación de sus derechos. Además, denuncia de manera objetiva las violaciones de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana promueve la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Para más información y solicitudes de prensa:

CIDH: cleguizamon@oas.org

OACNUDH Honduras: aamaya@ohchr.org cel +504 9436-0183