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Desapariciones forzadas: Es urgente atender los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas, dicen expertas y expertos de la ONU

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Desapariciones forzadas: Es urgente atender los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas, dicen expertas y expertos de la ONU

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 30 de agosto 2021
GINEBRA (27 de agosto de 2021) –  Los Estados deben reconocer aún más la conexión entre la desaparición forzada y los derechos económicos, sociales y culturales, a fin de prevenir mejor las desapariciones forzadas, de manera más integral, dijeron hoy expertas y expertos en derechos humanos de la ONU *.
 
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias emitieron la siguiente declaración:
 
“Por su naturaleza, la desaparición forzada es un crimen complejo que viola todo tipo de derechos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales de la persona desaparecida, de sus parientes y de otras personas.
 
La falta de protección efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales es también un factor que contribuye a las desapariciones forzadas. Las personas que viven en la pobreza son más vulnerables y están expuestas a un mayor riesgo de desapariciones forzadas. En algunos casos, al enfrentarse al sistema de justicia penal, se ven privadas de asesoramiento y asistencia jurídica para impugnar las condiciones de su arresto, juicio, condena y detención, y así desaparecen dentro del sistema. Las víctimas de las desapariciones forzadas son también en su mayoría personas marginadas. Cuando viven en zonas con escasa o nula presencia de las instituciones del Estado, sus familiares y allegados tienen poco acceso a la justicia y a medios eficaces para buscarlas.
 
Niñas y niños que no tienen acceso a la educación, que viven en la pobreza o en situación de calle, o que han sufrido desplazamiento, corren un mayor riesgo de ser secuestrados y convertidos en niños soldados o ser víctimas de la trata con fines de explotación. Las personas migrantes y las personas con discapacidad también son especialmente vulnerables a las desapariciones forzadas, debido a la falta de recursos económicos, de planes de protección, así como de participación política, social y cultural.
 
También hemos observado a través de nuestro trabajo que la desaparición forzada se utiliza como herramienta de intimidación, represalia y castigo ilegal en contra de los defensores de derechos humanos, incluidas las personas que promueven los derechos económicos, sociales y culturales.
 
Instamos a los Estados a atender el hecho de que las desapariciones forzadas ponen a familiares y allegados en una posición muy difícil, especialmente cuando el sostén de la familia está desaparecido. Al alterarse la estructura familiar, cónyuges e hijos se ven afectados económica, social y psicológicamente. Teniendo en cuenta que los hombres suelen ser las principales víctimas de las desapariciones forzadas, las mujeres se ven especialmente afectadas. A menudo son rechazadas en la comunidad porque sus parejas son supuestamente sospechosos de crímenes, o porque la gente teme relacionarse con alguien que ha sido objeto de una desaparición forzada. Las madres también pueden ser estigmatizadas socialmente y culpadas de “no cuidar adecuadamente” a sus hijos desaparecidos.
 
En algunos países, la legislación puede imposibilitar el cobro de una pensión o la recepción de otros medios de ayuda en ausencia de un certificado de defunción, lo que revictimiza a las víctimas y agrava aún más su vulnerabilidad. Tanto las dificultades económicas como la devastación de la pérdida de un integrante de la familia pueden causar a los allegados de las personas desaparecidas un gran trauma emocional que puede conducir no sólo a la violación del derecho a la vida familiar, sino también a impactos físicos y psicológicos negativos.
 
Es esencial que todos los Estados presten atención específica al impacto multidimensional de las desapariciones forzadas en los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas a lo largo del proceso de búsqueda y de la investigación. Además, los Estados deben analizar más el perfil y las actividades de las personas que son víctimas de desapariciones forzadas, para responder mejor a la dimensión colectiva del daño que sufren las víctimas y sus comunidades.
 
En los casos de personas desaparecidas que son integrantes de pueblos indígenas u otros grupos étnicos o culturales, es necesario considerar y respetar los patrones culturales específicos al tratar la desaparición o la muerte de un o una integrante de la comunidad. Cuando se encuentran e identifican el cuerpo o los restos de una persona desaparecida, deben entregarse a la familia o a sus allegados de acuerdo con las normas y costumbres culturales de las víctimas y sus comunidades.
 
La pandemia del COVID-19 claramente ha tenido un impacto devastador en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales en todas las partes del mundo, y ha agravado el impacto en las víctimas de las desapariciones forzadas y sus familiares. A este respecto, recordamos las ocho directrices que adoptamos conjuntamente en septiembre de 2020, en las que llamamos a los Estados miembros a que garanticen el respeto, la promoción y la protección de los derechos y obligaciones consagrados en la Convención y la Declaración.
 
Reafirmamos enérgicamente nuestro apoyo y solidaridad a todas las víctimas de la desaparición forzada y pedimos a todos los Estados que adopten todas las medidas necesarias para evitar el sufrimiento adicional causado por las consecuencias sociales, económicas y culturales de la desaparición forzada.
 
En diciembre de 2020, conmemoramos el 10º aniversario de la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Volvemos a hacer un llamamiento a todos los Estados para que ratifiquen la Convención y acepten la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar denuncias individuales e interestatales.»
 
FIN
 
*Las expertas y los expertosSr. Tae-Ung Baik (Presidente-relator), SrHenrikas Mickevičius (Vicepresidente), Sra. Aua Balde, Sra. Gabriella Citroni, y Sr. Luciano Hazan del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Sr.  Juan Pablo Alban Alencastro, Sr. Mohammed Ayat (Presidente), Sr. Matar Diop, Sr. Olivier de Frouville (Vicepresidente) , Sra. Suela Janina, Sra. Milica Kolakovic-Bojovic (Vicepresidenta), Sra. Barbara Lochbihler, Sr. Juan José Lopez Ortega, Sr. Horacio Ravenna (Vicepresidente), y Sra. Carmen Rosa Villa Quintana, del Comité contra la Desaparición Forzada.
 
Para mayores informes y solicitudes de prensa, favor de contactar a:
Sr. Ugo Cedrangolo a +41 (0)22 917 9286 / ucedrangolo@ohchr.org o escribir a wgeid@ohchr.orgSra. Albane Prophette-Pallasco a +41 (0)229179719/ aprophette@ohchr.org o escribir a ced@ohchr.org
 
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Día Internacional de los Pueblos Indígenas 9 de agosto de 2021

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Día Internacional de los Pueblos Indígenas 9 de agosto de 2021

Los pueblos indígenas aún enfrentan severos desafíos debido a la COVID-19

GINEBRA (6 de agosto de 2021) – El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay, emite la siguiente declaración con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas el 9 de agosto:

 

“Hoy, mientras conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, persisten severos desafíos para ellos debido a la COVID-19, a más de un año del inicio de la pandemia. Es especialmente preocupante que incluso los esfuerzos de recuperación estén causando impactos negativos para los pueblos indígenas.

 

Las medidas de recuperación económica han priorizado y apoyado la ampliación de las actividades empresariales a expensas de los pueblos indígenas, sus tierras y el medio ambiente. A nivel mundial, la pandemia de COVID-19 ha sido un catalizador para que los Estados promuevan megaproyectos sin consulta adecuada a los pueblos indígenas.

 

A fin de evitar que esta situación se agudice, insto a los Estados a involucrar a representantes, líderes, lideresas y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, incluidos quienes viven en áreas urbanas, en el diseño e implementación de las políticas de recuperación.

 

Para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, también me gustaría reconocer la resiliencia de los pueblos indígenas y el ejercicio de su derecho a la autodeterminación para responder a la pandemia de COVID-19, a pesar de las adversidades que enfrentan.

 

Para que realmente se reconstruya mejor que en tiempos antes de la pandemia, cuando los pueblos indígenas ya experimentaban múltiples formas de discriminación racial, social y económica, también insto a los Estados a intensificar su apoyo a las soluciones lideradas por los propios pueblos indígenas y colocar los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación y la tierra en el centro de los esfuerzos de recuperación de la COVID-19, en línea con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

 

FIN

* El experto: José Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Los Relatores Especiales forman parte de los denominados Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertas y expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general para los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en distintas partes del mundo. Las expertas y los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.

Para obtener más información y consultas de los medios, comuníquese con el Sr. José Parra (jose.parra@ohchr.org).

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CIDH Y OACNUDH llaman al Estado a abstenerse de criminalizar a defensoras de derechos humanos garífunas en Honduras

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CIDH Y OACNUDH llaman al Estado a abstenerse de criminalizar a defensoras de derechos humanos garífunas en Honduras

Tegucigalpa/Washington, D.C. (27 de julio de 2021)- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llaman al Estado de Honduras a adoptar medidas que eviten la criminalización de personas defensoras de derechos humanos garífunas, particularmente de quienes defienden la tierra, el territorio y los recursos naturales. Asimismo, instan a garantizar un ambiente libre de hostilidades para la defensa de los derechos humanos y a intensificar las medidas para respetar y proteger los derechos del pueblo Garífuna sobre sus tierras, territorios y recursos naturales conforme los estándares internacionales e interamericanos.

La CIDH y OACNUDH observan con preocupación que el uso indebido del sistema penal sigue siendo utilizado, en ocasiones, como práctica de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en Honduras, especialmente en relación con la defensa del territorio de comunidades indígenas y afro hondureñas. De acuerdo con la información recibida, varias mujeres defensoras garífunas habrían sido detenidas y estarían sujetas a procesos penales derivados de dos requerimientos instaurados por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de daños, amenazas, robo y usurpación de tierras, que tendrían su origen en una disputa civil con terceros, por la falta de delimitación de las tierras ancestrales de las comunidades garífunas de Cristales y Río Negro.

 Al respecto,  se recibió información sobre detenciones de mujeres defensoras en lo que va del 2021 .  Así, el 10 de julio de 2021 fue detenida, Jenny Boden Ruiz, mujer garífuna, quien actualmente contaría con medidas alternativas a la prisión preventiva, el 16 de junio, Silvia Bonilla, integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Durante la audiencia inicial se dictó el sobreseimiento provisional de ambas acusaciones, concluyendo la falta de pruebas que acreditaran su responsabilidad. Además,  el 3 de marzo de 2021 de las hermanas Marianela y Jennifer Mejía Solórzano, también integrantes de OFRANEH. Durante la audiencia inicial se dictó auto de formal procesamiento en contra de estas defensoras y se ordenó medidas alternativas a la prisión preventiva. Además, se tuvo conocimiento de que derivados de estos dos requerimientos penales estarían pendientes por lo menos otras 28 órdenes de captura.

La CIDH y OACNUDH han conocido con anterioridad sobre el conflicto territorial que afecta a comunidades garífunas ante la falta de demarcación, titulación y saneamiento de sus tierras y territorios ancestrales. Esto también fue conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias respecto a las Comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra de 2015.

En particular, la CIDH en su informe Situación de Derechos Humanos en Honduras de 2019, expresó su preocupación ante información recibida sobre acusaciones y demandas por usurpación de tierra, calumnias y difamación en contra de múltiples líderes y lideresas garífunas.

La criminalización de personas defensoras promueve un estigma colectivo y envía un mensaje intimidatorio. A su vez, el inicio de investigaciones penales o querellas judiciales, sin fundamentos en contra de ellas, tiene un efecto amedrentador en su labor, y adicionalmente puede generar una paralización de su trabajo en la defensa de derechos humanos. En especial, cuando se trata de mujeres que realizan esta labor, la criminalización resulta inhibidor en las actividades de defensa que llevan a cabo, además aumenta y exacerba desigualdades sociales existentes.

Los procesos penales infundados de quienes se encuentran dedicados a actividades legítimas como es el caso de defensoras y defensores de derechos humanos, tienen como finalidad hostigar y afectar su legítima labor. En este sentido, la CIDH y OACNUDH llaman al Estado de Honduras a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que, mediante investigaciones penales, se someta a juicios injustos o infundados a las personas que de manera legítima reclaman el respeto y protección de los derechos humanos en el país.

Finalmente, instan al Estado a intensificar sus acciones para respetar y garantizar las tierras, territorios y recursos naturales de las Comunidades Garífunas, incluyendo la demarcación y el debido saneamiento de las mismas, en línea con lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en sus sentencias y tomando en consideración la relación especial entre el pueblo Garífuna y su territorio ancestral.

OACNUDH es la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. La Asamblea General encomendó a la Alta Comisionada y a su Oficina la misión de promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas. OACNUDH proporciona asistencia en forma de competencias técnicas y fomento de capacidad para apoyar la aplicación sobre el terreno de las normas internacionales de derechos humanos. OACNUDH ayuda a los gobiernos, quienes tienen la responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos, a cumplir con sus obligaciones y apoya a los individuos en la reivindicación de sus derechos. Además, denuncia de manera objetiva las violaciones de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana promueve la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Para más información y solicitudes de prensa:

CIDH: cleguizamon@oas.org

OACNUDH Honduras: aamaya@ohchr.org cel +504 9436-0183

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La CIDH, su RELE y OACNUDH hacen un llamado a los Estados de la región a proteger a las mujeres en el marco de las protestas y su participación en los movimientos feministas

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La CIDH, su RELE y OACNUDH hacen un llamado a los Estados de la región a proteger a las mujeres en el marco de las protestas y su participación en los movimientos feministas

Bogotá / Ciudad de Guatemala / Ciudad de México / Ciudad de Panamá / Santiago de Chile / Tegucigalpa / La Paz / Washington, DC, 22 de julio de 2021– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y las presencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina (OACNUDH), hacen un llamado a los Estados de la región a proteger a las mujeres en el contexto de las protestas pacíficas y su participación en los movimientos feministas, acción  esencial para la plena vigencia de la democracia y el Estado de derecho; ello en el marco del mecanismo de acciones conjuntas para contribuir a la protección de las personas defensoras de derechos humanos en América.

La CIDH, su RELE y OACNUDH han observado en varios países de la región el incremento de protestas sociales lideradas, o en las que han participado grupos de mujeres, jóvenes y niñas, incluyendo manifestaciones exigiendo igualdad de género, y contra la discriminación y la erradicación de las distintas formas de violencia contra las mujeres. Sin embargo, advierten con preocupación que, en el ejercicio del derecho a la protesta y reunión pacífica, frecuentemente son reprimidas de manera violenta por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad, así como por actores privados.

Según la información recibida, en el marco de las protestas lideradas por mujeres o que involucran movimientos feministas en la región, se habría registrado en varias situaciones, hechos que van desde un uso excesivo de la fuerza, criminalización, estigmatización, intimidación y amenazas, detenciones arbitrarias, uso indebido del derecho penal, hasta violencias de género y violencia sexual, así como ataques contra la vida e integridad de mujeres defensoras de derechos humanos.

Asimismo, en el actual contexto de emergencia sanitaria por COVID-19, las restricciones a la libertad de circulación y de reunión pacífica plantean dificultades adicionales respecto de las formas tradicionales de organización y acción colectiva y, en ocasiones, trasladan las actividades de defensa y promoción a plataformas en línea u otras redes de apoyo.  En este contexto, la CIDH, RELE y OACNUDH observan con preocupación un aumento en el uso de tecnologías de la información para desacreditar a las mujeres defensoras y su labor, así como para incitar a ejercer abusos contra sus derechos.

En tal sentido, la CIDH, su RELE y OACNUDH exhortan a los Estados de la región garantizar que toda restricción a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica, incluyendo en el contexto de la pandemia, se ajuste a los estándares y normas internacionales y regionales de derechos humanos.

Las mujeres defensoras juegan un papel fundamental en el desarrollo democrático de la sociedad, en el acceso a la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho, así como en la vigencia y el avance de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Por ello, instan a los Estados, a cumplir con su deber de crear y proteger, en la ley y en la práctica, un entorno propicio para el disfrute de estos derechos con un enfoque diferenciado para la protección de las mujeres, niñas y adolescentes que les permita participar activamente y significativamente y en condiciones de igualdad en la promoción y la protección de los derechos humanos.

Adicionalmente, ambos organismos tienen importantes preocupaciones por la seguridad de las mujeres en situación de especial vulnerabilidad que se organizan y movilizan en contextos rurales, de las mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, refugiadas y migrantes, de las mujeres que defienden los derechos de la población LGBTI+, la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos o el medio ambiente.

Es importante destacar el impacto diferenciado y desproporcionado que los ataques, las campañas de estigmatización, las restricciones y las prácticas represivas tienen sobre las mujeres, las niñas y las adolescentes por cuanto muchos de los hechos de violencia ejercidos en su contra lesionan y violentan su condición de género. Estos actos generan un contexto de miedo y un efecto disuasivo en actividades de defensa de los derechos humanos o en los asuntos políticos, lo cual contribuye a perpetrar patrones de exclusión.

Finalmente, la CIDH, su Relatoría Especial y OACNUDH hacen un llamado a los Estados para que garanticen el derecho a la protesta de las mujeres defensoras. A su vez, deben adoptar medidas especializadas para erradicar los patrones estructurales de discriminación por razones de género. Asimismo, los Estados deben velar para que, en las investigaciones de actos de violencia en contra de las mujeres defensoras, las autoridades judiciales refuercen la debida diligencia, así como la incorporación de un enfoque diferenciado de género a lo largo de la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de los delitos en contra de las mujeres defensoras.

FIN

Para solicitudes de prensa, favor de contactar:

 

CIDH: Corina Leguizamon. cidh-prensa@oas.org

 

OACNUDH:

Colombia: Diana Losada. dlosada@ohchr.org

Guatemala:  Estela Morales. emorales@ohchr.org

México: Gabriela Gorjón. ggorjon@ohchr.org

Honduras: Alejandra Amaya. aamaya@ohchr.org

Bolivia: Andrés Barrera. abarrera@ohchr.org

Oficina Regional para América Central: Carlos Rodríguez. crodriguez@ohchr.org

Oficina Regional para América del Sur: María Jeannette Moya. mmoya@ohchr.org

 

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Honduras debe dejar de criminalizar la defensa de los derechos humanos de las comunidades garífunas, advierten expertos de la ONU

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Honduras debe dejar de criminalizar la defensa de los derechos humanos de las comunidades garífunas, advierten expertos de la ONU

 GINEBRA (9 de julio de 2021) – Expertos* de la ONU han instado hoy al Gobierno de Honduras a poner fin a la detención arbitraria y criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos de la comunidad garífuna.

La comunidad garífuna cuenta con una población aproximada de 300.000 habitantes en Honduras y es un grupo étnico de herencia mixta africana e indígena. En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la violación de derechos humanos de las comunidades garífunas y estableció una serie de reparaciones, que incluyen la obligación del Estado de titular, delimitar y demarcar los territorios tradicionales de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Honduras aún no ha cumplido con estas medidas.

Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, se pronunció tras la detención de las señoras Silvia Bonilla Flores, Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Mejía Solórzano, defensoras del territorio y los derechos del pueblo garífuna y miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).

El Ministerio Público presentó dos requerimientos fiscales en los que acusa a las defensoras de los delitos de robo con violencia o intimidación, usurpación, daños y amenazas. Según la información recibida, las investigaciones surgen a raíz del conflicto relacionado con la posesión, uso y propiedad de ciertos terrenos respecto de los cuales existen simultáneamente títulos de propiedad privados y un título de propiedad ancestral a favor de la comunidad de Cristales y Río Negro.

Jennifer Mejía Solórzano fue detenida el 3 de marzo de este año y cuando Marianela Mejía Solórzano acudió a la estación de policía para informarse sobre la detención de su hermana, fue igualmente detenida. El pasado 7 de marzo, se dictó auto de formal procesamiento para las dos hermanas y se les impuso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Ambas podrían enfrentarse a 10 años de prisión si son condenadas.

El 16 de junio fue detenida la defensora Silvia Bonilla, a quien el pasado 2 de julio se le dictó sobreseimiento provisional sobre los cargos imputados en su contra. En el marco de estas acusaciones se encuentran pendientes 29 órdenes de captura en contra de personas defensoras de los pueblos garífunas.

 

«El momento de la detención de las hermanas es preocupante, ya que tuvo lugar un día antes de la audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia de las comunidades garífunas emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015», señaló Lawlor.

Ella y otros expertos de la ONU manifestaron al gobierno hondureño su preocupación por el hecho de que la detención de las hermanas se produce en un contexto de «violencia, ataques y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades indígenas y las mujeres en Honduras», cuestiones que los expertos han planteado previamente al gobierno.

«El gobierno debe de abstenerse de utilizar la legislación penal nacional como una herramienta de intimidación en perjuicio de las personas defensoras de derechos humanos. La criminalización debilita los movimientos de la sociedad civil y su capacidad para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad», dijo Lawlor. «Estas tres valientes defensoras están siendo perseguidas por el trabajo que realizan en defensa de esta comunidad y ahora enfrentan penas de larga duración de 10 años o más por el labor que realizan».

Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas añadió que “a 5 años del asesinato de Berta Cáceres, las comunidades garífunas y las personas que se dedican a defender sus derechos siguen siendo objeto de violencia, ataques y persecución”.

Los Relatores instan a las autoridades a que ofrezcan una protección efectiva a todas las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, en especial las que continúan luchando por los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y del medio ambiente.

Los Relatores están en contacto con las autoridades hondureñas sobre este asunto.

El llamamiento de los expertos fue respaldado por: El Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas: la Sra. Melissa Upreti (Presidenta), la Sra. Dorothy Estrada Tanck (Vicepresidenta), la Sra. Elizabeth Broderick, la Sra. Ivana Radačić y la Sra. Meskerem Geset Techane; y Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias: la Sra. Dubravka Simonovic.

 

FINES

*Mary Lawlor es la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. La Sra. Lawlor es actualmente profesora asociada de Empresas y Derechos Humanos en el Centro de Innovación Social (CSI) de la Escuela de Negocios del Trinity College de Dublín. En 2001 fundó Front Line Defenders – la Fundación Internacional para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos para centrarse en los defensores de los derechos humanos en riesgo. Como Directora Ejecutiva entre 2001 y 2016, la Sra. Lawlor representó a Front Line Defenders y desempeñó un papel clave en su desarrollo. Anteriormente, la Sra. Lawlor fue directora de la oficina irlandesa de Amnistía Internacional entre 1988 y 2000, fue miembro de la Junta Directiva en 1975 y fue elegida presidenta entre 1983 y 1987.

*El Sr. José Francisco CALÍ TZAY (Guatemala) es el nuevo Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es maya kaqchikel de Guatemala, con experiencia en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en Guatemala como a nivel de las Naciones Unidas y la OEA. El Sr. Calí Tzay fue fundador y miembro de diferentes organizaciones indígenas de Guatemala y el Embajador de Guatemala en la República Federal de Alemania. Fue Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala; miembro de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas de Guatemala (CODISRA) y Presidente del Programa Nacional de Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno. El Sr. Cali Tzay fue Presidente del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, órgano creado en virtud de un tratado, del que fue elegido por cuatro períodos consecutivos de cuatro años cada uno.

Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión establecidos por el Consejo para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno y organización y actúan a título individual.

Página del país: Honduras

Para más información y consultas, póngase en contacto con Orsolya Toth (correo electrónico: ototh@ohchr.org) o defenders@ohchr.org.

Para consultas de los medios de comunicación sobre otros expertos independientes de la ONU, póngase en contacto con Renato de Souza (+41 22 928 9855 / rrosariodesouza@ohchr.org).

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