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Experto de la ONU: En tiempos de crisis, debemos garantizar el agua y el saneamiento para todos

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Experto de la ONU: En tiempos de crisis, debemos garantizar el agua y el saneamiento para todos

GINEBRA (2 de noviembre de 2020) – En un mundo donde más de dos mil millones de personas se ven privadas de acceso al agua y al saneamiento, la pandemia de la COVID-19 recalca la importancia vital de garantizar el más fundamental de los derechos humanos, dijo hoy un experto de la ONU.

“Lavarse las manos con frecuencia es actualmente una de las medidas preventivas más efectivas disponibles para protegerse contra la propagación de la COVID-19, pero no podemos razonablemente decirles a las personas que se laven las manos con frecuencia si no tienen acceso a agua potable”, dijo Pedro Arrojo-Agudo, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

“Para cerrar la puerta a la propagación de este virus, debemos garantizar el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento”.

“Asumo mis funciones en medio de una doble crisis global: el cambio climático y la COVID-19”, dijo Arrojo-Agudo, quien asumió el mandato en noviembre. “Si queremos superar estas crisis, debemos empoderar a las personas y grupos marginados, asegurarnos de proteger a las mujeres y las niñas y, por supuesto, proteger a las personas que defienden los derechos humanos”.

“Cumpliré con mis deberes de forma independiente, pero sé que no estoy solo. Trabajaré junto con miles de defensores de derechos humanos en todo el mundo que a menudo ponen en peligro sus propias vidas para garantizar los derechos de todos y todas”.

Al llamar al agua “el alma azul de la vida”, Arrojo-Agudo dijo que se proporciona una plataforma poderosa para comprender cómo los valores sociales y ambientales están interrelacionados y cómo la conservación saludable de nuestros ecosistemas acuáticos es esencial para garantizar el acceso universal al agua potable y el saneamiento como derechos humanos.

El Experto: el Sr. Pedro Arrojo-Agudo (España) es el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, designado en septiembre de 2020. Es Catedrático Emérito de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y anteriormente se desempeñó como diputado electo del Parlamento español durante su undécima y duodécima legislatura de 2016 a 2019.

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Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas 2 de noviembre de 2020

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Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas 2 de noviembre de 2020

Expertas de la ONU piden mecanismos internacionales de rendición de cuentas para hacer frente a la impunidad

GINEBRA (2 de noviembre de 2020) – En ocasión del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard, y la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, emiten la siguiente declaración:

“Cada año alrededor del mundo cientos de periodistas son atacados por su trabajo de investigación y reporteo. Son acosados, amenazados, secuestrados, torturados, encarcelados y procesados judicialmente por exponer la corrupción y el crimen organizado, por informar sobre protestas y por hablar con la verdad respecto al poder. Muchos son desaparecidos o asesinados. Los perpetradores de estos crímenes rara vez rinden cuentas.

Las periodistas enfrentan mayores riesgos de violencia sexual y violencia basada en género, incluyendo violaciones, agresiones sexuales y acosos en línea y fuera de ella, así como intimidaciones y amenazas contra ellas o sus familiares.

Los ataques contra periodistas tienen un solo objetivo: silenciarlos. Cuando los gobiernos no llevan ante la justicia a los responsables de dichos ataques, están efectivamente ejerciendo una forma de censura, imponiendo un bozal a quienes se atreven a reportar y silenciando a otros a través del miedo.

Hoy recordamos a los Estados su obligación de conducir investigaciones prontas, imparciales, de fondo, independientes y efectivas en todos los casos de crímenes contra periodistas. Los investigadores deben presumir que dichos crímenes están vinculados al trabajo periodístico a menos que se pruebe que no es así. Las investigaciones deben buscar identificar y procesar todos aquellos responsables – los que jalan el gatillo y los autores intelectuales, los perpetradores y los instigadores, así como aquellos que hayan conspirado para cometer, ayudar, instigar o encubrir dichos crímenes.

Hoy hace siete años, los periodistas franceses Ghislaine Dupont y Claude Verlon fueron asesinados en Mali. Los presuntos perpetradores han sido señalados, pero todavía no han sido arrestados ni procesados. Hacemos un llamado a los gobiernos correspondientes a avanzar en la investigación sin más demora para que se haga justicia.

Reiteramos nuestro llamado a llevar a cabo una investigación independiente, transparente y creíble sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, incluyendo una investigación de los autores intelectuales del asesinato y de aquellos que lo incitaron, lo permitieron o lo dejaron pasar. La falta de acción respecto a estos hechos, combinada con la falta de transparencia en el proceso judicial nacional, es la encarnación misma de la impunidad. Esto es inaceptable y no debe ser tolerado.

Hace dos años, Daphne Caruana Galizia, una de las más prominentes periodistas de investigación en Malta, fue asesinada por haber expuesto serios vínculos de corrupción de altos funcionarios en ese país. El gobierno debe permitir que la investigación pública sobre su asesinato continúe sin interferencia o falsas fechas límite hasta que la verdad sea plenamente establecida.

Estos casos han recibido mucha atención nacional e internacional. Muchos otros no. Hay un patrón global de impunidad y encubrimiento. La falta de investigación o procesamiento de los crímenes contra periodistas alimenta un ciclo recurrente de violencia, viola el derecho a la vida y la seguridad física, la libertad de opinión y de expresión y socava la independencia de los medios como un pilar esencial de toda sociedad democrática. Por ello consideramos que, cuando los esfuerzos nacionales para atender la impunidad en los crímenes contra periodistas están ausentes o son inadecuados, un enfoque internacional debe ser adoptado.

Hacemos un llamado para que se establezca un mecanismo permanente de investigación por parte de las Naciones Unidas. Con la ayuda de expertos y expertas internacionales, incluyendo expertas y expertos de los Procedimientos Especiales y de los Órganos de Tratado, este mecanismo debería estar mandatado para asistir en las investigaciones iniciadas por los Estados; buscar información e investigar los crímenes contra periodistas; identificar caminos para la justicia en los niveles nacional, regional e internacional; facilitar procedimientos judiciales independientes; e identificar y apoyar medidas, incluyendo políticas y diplomáticas, para poner fin a la impunidad, prevenir la violencia contra periodistas y promover medidas para incrementar su seguridad.

También hacemos un llamado a los gobiernos a considerar imponer las “sanciones Khashoggi”: sanciones individualizadas en contra de quienes resulten responsables por ordenar actos de violencia contra periodistas, por amenazar periodistas con violencia o por prevenir una investigación efectiva de los asesinatos.

Creemos que las medidas preventivas, incluyendo mecanismos de alerta temprana y respuesta rápida ante las amenazas contra periodistas, deberían ser fortalecidas. Los Procedimientos Especiales, con su experiencia, independencia y redes de trabajo con diversas contrapartes, están bien posicionados para contribuir con estas medidas y deberían contar con los recursos adecuados para hacerlo.

Hoy, mientras los periodistas buscan arrojar luz sobre las respuestas ante la pandemia por COVID-19, enfrentan mayores ataques. Proteger a los periodistas es proteger el derecho a la información de todas las personas. Los Gobiernos y la ONU deben actuar urgentemente para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.”

FIN

*Las expertas de la ONU: Sra. Agnès CallamardRelatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Sra. Irene KhanRelatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

 

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el órgano más grande de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de determinación de hechos y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan con carácter voluntario; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben un sueldo por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

 

Para mayor información y solicitudes de medios, favor de contactar al Sr. Alessandro Marra (+41 22 928 93 21 / amarra@ohchr.org) or escribir a eje@ohchr.org

 

Para solicitudes de medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU favor de contactar a  Renato de Souza (+41 22 928 9855 / rrosariodesouza@ohchr.org)

 

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en Twitter: @UN_SPExperts.

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La situación de derechos humanos de Honduras será considerada por Examen Periódico Universal

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La situación de derechos humanos de Honduras será considerada por Examen Periódico Universal

GINEBRA (2 de noviembre 2020) – La situación de derechos humanos en Honduras será considerada por tercera vez por el mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (EPU), el jueves 5 de noviembre de 2020 que será transmitida en vivo por webcast.

 

Honduras es uno de los 14 Estados que será examinado por el Grupo de Trabajo del EPU en su sesión próxima, que tendrá lugar del 2 al 13 de noviembre.  Las primeras y segundas revisiones del EPU de Honduras tuvieron lugar en noviembre de 2010 y en mayo de 2015, respectivamente.

Los documentos en los que se basa el EPU son: 1) un informe nacional con información presentado por el Estado bajo examinación; 2) una compilación de los informes de expertos y grupos de trabajo independientes conocidos como los Procedimientos Especiales, los Órganos de los Tratados de derechos humanos, y otras entidades de las Naciones Unidas; 3) un resumen de la información proporcionada por los actores interesados pertinentes, incluyendo las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones regionales y las organizaciones no gubernamentales.

Los tres informes que servirán de base para el examen de Honduras el próximo 5 de noviembre pueden encontrarse aquí

Dónde: Sala asamblea, Palacio de las Naciones, Ginebra [NB: Debido a las restricciones de COVID-19, la reunión utilizará una combinación de participación en persona y remota; se anima a los periodistas a seguir la reunión por webcast]

Hora y fecha: 14.30 – 18.00, jueves 5 de noviembre (hora de Ginebra, GMT + 1 hora)

El EPU es un mecanismo único que implica la revisión periódica de la situación de derechos humanos de los 193 Estados Miembros de la ONU.  Desde su primera reunión celebrada en abril del 2008, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas fueron revisados dos veces en el primer y segundo ciclo.  Durante el tercer ciclo del EPU, se espera que los Estados especifiquen las medidas que han adoptado para aplicar las recomendaciones formuladas en sus exámenes anteriores, a las que se comprometieron a hacer un seguimiento, así como a poner de relieve la reciente evolución de los derechos humanos en el país.

La delegación de Honduras estará presidida por María Antonia Rivera, designada presidencial

 

Las delegaciones que servirán como relatores (“troika”) para el EPU de Honduras son: Brasil, Bulgaria e India.

Se podrá acceder a la transmisión vía webcast de la sesión en http://webtv.un.org

La lista de oradores y las intervenciones que se producirán durante el EPU de Honduras estarán disponibles en el EPU Extranet [nombre de usuario: hrc extranet (con espacio); contraseña: 1session]: 

El Grupo de Trabajo del EPU tiene previsto aprobar las recomendaciones de Honduras a las 17.00 horas del 10 de noviembre.  El Estado examinado podría estar interesado en compartir con ustedes la posición que ha asumido respecto de las recomendaciones que recibió durante el examen. 

 

FINAL

Para más información y solicitudes de los medios, por favor póngase en contacto con Rolando Gómez al (+41 (0) 22 917 9711 o rgomez@ohchr.org

Para obtener más información sobre el Examen Periódico Universal, visite el sitio web de la EPU

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NIVELES MÍNIMOS DE PROTECCIÓN SOCIAL UNIVERSAL, NUESTRA RESPONSABILIDAD CONJUNTA

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NIVELES MÍNIMOS DE PROTECCIÓN SOCIAL UNIVERSAL, NUESTRA RESPONSABILIDAD CONJUNTA

Por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Olivier De Schutter, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo

Los gobiernos han respondido a la pandemia de COVID-19 y a los trastornos sociales y económicos que ésta ha provocado con una serie de planes ad hoc, como permisos pagados, transferencias de efectivo y apoyo familiar. Si bien son dignas de elogio, esas respuestas comparten dos limitaciones importantes.

En primer lugar, muchos son arreglos temporales y a corto plazo, que cubren la situación de confinamiento o un período teórico hasta que se produzca la recuperación económica. No producen cambios en las circunstancias subyacentes que dejaron a millones de personas vulnerables, ni mejoran su situación frente a futuras crisis.

En segundo lugar, las medidas simplemente no abordan las amenazas existenciales a las que se enfrentan muchas de las comunidades más afectadas del mundo. Aunque el gasto de los gobiernos de todo el mundo en la respuesta al COVID-19 supera los 11 billones de dólares, con diferencia, las respuestas más importantes han procedido de países ricos. Por ejemplo, la Unión Europea aprobó recientemente un plan de recuperación de 750.000 millones de euros (equivalente al 6% de su PIB), mientras que el plan de recuperación económica del Japón equivale al 22% de  su PIB (o 1,1 billones de dólares). Sin embargo, entre los países en desarrollo de bajos ingresos, la respuesta fiscal  ha sido en promedio del 1,2% del PIB.

Los países en desarrollo, en particular los de bajos ingresos, tienen recursos internos limitados, lo que se ve agravado por la caída de los precios de algunos productos básicos de exportación . Sencillamente no pueden poner en práctica las medidas integrales de respuesta a la crisis que necesita su población, y mucho menos los sistemas de protección social a más largo plazo que crearían una resistencia más fundamental .

Incluso antes del COVID-19, el 69% de la población mundial no estaba cubierta por la seguridad social, o sólo lo estaba parcialmente. Casi dos tercios de los niños del mundo no tenían cobertura de protección social, sólo el 22% de los desempleados recibían prestaciones de desempleo y sólo el 28% de las personas con discapacidades graves recibían prestaciones de discapacidad .

Las crisis mundiales como esta pandemia no saben de fronteras geográficas o políticas. Contra ellas, sólo somos tan fuertes como los más débiles entre nosotros. Si queremos crear una mayor resistencia y una capacidad de recuperación más eficaz, tenemos que apoyar a todos los países en la creación de niveles mínimos de protección social sólidos. El enfoque actual, que es poco sistemático, es como empezar a reclutar bomberos después de que haya estallado un incendio, y luego dirigirlos para que salven sólo unas pocas habitaciones del edificio en llamas.

Claramente, esto no funciona. En estas circunstancias, la solidaridad internacional es esencial, y en interés de todos.

Niveles mínimos de protección social para todos son asequibles. El déficit de financiación para todos los países en desarrollo -la diferencia entre lo que estos países ya invierten en protección social y lo que costaría un nivel mínimo de protección social completo (incluida la salud) – es de unos 1.191 .000 millones de dólares en este año, incluido el impacto del COVID-19.  Sin embargo, la diferencia para los países de bajos ingresos es sólo de unos 78.000 millones de dólares, una cantidad insignificante en comparación con el PIB de los países industrializados. Sin embargo, el total de la asistencia oficial para el desarrollo destinada a la protección social asciende sólo al 0,0047% del ingreso nacional bruto de los países donantes.

Las normas internacionales de derechos humanos reconocen que los Estados ricos tienen el deber de ayudar a cumplir los derechos sociales en los países con recursos más limitados, y ya se han adoptado varias medidas para convertir este compromiso en asistencia concreta. En 2011, un grupo consultivo de expertos recomendó que los donantes proporcionaran financiación previsible y plurianual para fortalecer la protección social en los países en desarrollo. En 2012, dos expertos independientes en derechos humanos de las  Naciones Unidas propusieron un Fondo Mundial para la Protección Social con el fin de ayudar a los países de bajos ingresos  a crear niveles mínimos de protección social para su población. Ese mismo año, los miembros de la OIT- gobiernos, trabajadores y empleadores de 185 países –  apoyaron la idea de una protección social integral con la promesa adoptada por unanimidad de «establecer y mantener… niveles mínimos de protección social como elemento fundamental de sus sistemas nacionales de seguridad social».

 

Regularmente escuchamos promesas de que debemos, y lo haremos, «reconstruir mejor» a partir de la crisis actual. Sólo podemos hacerlo si todo el mundo tiene un nivel mínimo de protección social, incluidos los más pobres y marginados.

 

Los países deben desplegar el máximo de los recursos disponibles para que la protección social sea una realidad para todos. Para ello, tal vez sea necesario adoptar enfoques más eficaces en materia de tributación y lucha contra la corrupción. A más largo plazo, esta redistribución de los activos contribuirá a frenar la desigualdad y la discriminación y a apoyar la promesa del Programa de Desarrollo Sostenible de 2030 de «no dejar a nadie atrás».

 

Esta crisis nos ofrece muchas lecciones. Una de ellas es que para reconstruir mejor es necesario contar con la solidaridad internacional y una mejor protección social para todos, no sólo para los que ya pueden permitírselo. Si ignoramos este mensaje, corremos el riesgo de condenar a las generaciones futuras a soportar una vez más el inmenso sufrimiento que vemos hoy en día. Esa es, sin duda, una perspectiva intolerable.