OACNUDH en Honduras

OACNUDH insta a que se asegure la independencia y autonomía del CONADEH a través de un proceso de nombramiento de su titular transparente y participativo

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OACNUDH insta a que se asegure la independencia y autonomía del CONADEH a través de un proceso de nombramiento de su titular transparente y participativo

TEGUCIGALPA (22 de diciembre de 2020) – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresa preocupación acerca del proceso de votación para el cargo de titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) llevado a cabo en el Congreso Nacional durante la noche del 21 de diciembre. En este sentido, hace un llamado a que se continúe con el proceso de audiencias públicas que había sido suspendido en marzo de este año.

Según la información recibida por OACNUDH, el Congreso Nacional eligió la persona titular del CONADEH sin suficiente debate entre los congresistas, sin entrevistas públicas[1], sin participación de la sociedad civil y sin información previa sobre el proceso en una sesión virtual nocturna. El proceso de audiencias públicas para la elección del nuevo titular del CONADEH se había suspendido en marzo a raíz del estado de emergencia generado por la pandemia COVID-19.

OACNUDH considera que el CONADEH tiene un rol fundamental en la promoción y la protección de los derechos humanos y en el fortalecimiento de una sociedad democrática. Para el adecuado desarrollo de su mandato, la institución debe contar con plena independencia y legitimidad, que depende, en gran parte, de un proceso de designación de su titular ejemplar, particularmente escrupuloso, objetivo y transparente. Asimismo, OACNUDH destaca la participación del CONADEH en procesos de designación de otras instituciones, incluidas la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República.

Los Principios de París[2], aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993, enmarcan el compromiso asumido por los Estados en dotar de independencia y autonomía a las instituciones nacionales de derechos humanos. En Honduras, la institución nacional de derechos humanos es el CONADEH, previsto como tal en el artículo 59 de la Constitución de la República.

El Sub Comité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI por sus siglas en inglés) revisa periódicamente el cumplimiento de los Principios de París por las instituciones nacionales de derechos humanos y uno de los aspectos fundamentales de dicha revisión es el proceso de designación de su dirección.

OACNUDH reconoce los esfuerzos del CONADEH para volver a obtener la acreditación en categoría “A”, la más alta, que tuvo de 2002 a 2011, año en el cual se le colocó en la categoría “B”. Ese estatus recuperado en diciembre de 2019[3] debe ser mantenido a través de una demostración constante y cabal de su independencia.

En el contexto de los enormes retos en materia de derechos humanos que enfrenta el país, agravados por la pandemia de COVID-19 y los huracanes Eta e Iota, el CONADEH está llamado a ejercer un papel preponderante en la defensa de los derechos humanos, particularmente de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Solamente una institución que goce de plena legitimidad podrá acercarse a las víctimas y ponerlas en el centro de las acciones y políticas que se adopten para recuperar mejor. El país necesita una institución que destaque por el trabajo colaborativo con las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos y, sobre todo, su actuar autónomo e independiente.

De manera particular, OACNUDH reafirma la necesidad de instituciones independientes y autónomas que puedan observar el actuar del Estado durante el proceso electoral que se avecina.

OACNUDH, que tiene un acuerdo de cooperación técnica con el CONADEH, reitera su voluntad de brindar asesoría y cooperación técnicas a las instituciones del Estado hondureño en la promoción y protección de los derechos humanos, teniendo siempre como eje fundamental la garantía de derechos de las víctimas.

[1] https://tiempo.hn/conadeh-nombran-comision-legislativa-para-elegir-nuevo-ombudsman/

[2] https://undocs.org/sp/A/RES/48/134

[3] https://www.conadeh.hn/?p=2740

FIN

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OACNUDH condena el atroz asesinato de Mía Zabala, octava mujer trans asesinada en 2020

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OACNUDH condena el asesinato de Mía Zabala, octava mujer trans asesinada en 2020

TEGUCIGALPA (10 de noviembre de 2020) – La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condena la muerte violenta de la Sra. Mía Zabala, mujer transgénero voluntaria de la asociación de personas LGBTI Horus, con sede en Nacaome, departamento de Valle. De acuerdo con la información recibida por OACNUDH, el cuerpo de la Sra. Zabala fue encontrado la mañana del 8 de noviembre con signos de golpes en la cabeza en la localidad de Playa Grande de la ciudad de Amapala, departamento de Valle.

“El atroz asesinato de Mía Zabala debió haber sido prevenido a través de acciones dirigidas a garantizar el derecho a la vida de las personas trans en Honduras. La Oficina que represento está profundamente preocupada por la estigmatización, discriminación y violencia por motivos de orientación sexual y de identidad de género de la que son víctimas las personas LGBTI en el país”, dijo Isabel Albaladejo Escribano, Representante de OACNUDH en Honduras.

La Oficina recuerda que el 5 de noviembre pasado, en el contexto del tercer ciclo de revisión del Examen Periódico Universal (EPU), el Estado de Honduras recibió diversas recomendaciones dirigidas a impulsar todas las medidas necesarias para proteger los derechos de las personas LGBTI y, en consonancia con las obligaciones internacionales de derechos humanos, prevenir, investigar y reparar todo acto de violencia en su contra.

“Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes a realizar una investigación independiente, pronta y exhaustiva que considere como hipótesis la orientación sexual e identidad de género de la víctima y que permita el esclarecimiento de los hechos, así como la efectiva persecución y sanción de los responsables del asesinato de la señora Zabala, en línea con la obligación de debida diligencia”, añadió la Representante.

Según los datos del Observatorio de Muertes Violentas de personas LGBTI en Honduras coordinado por la organización Cattrachas, de 2009 a la fecha se han reportado 371 muertes violentas de personas LGBTI en el país, de las cuales 19 han ocurrido en 2020 (ocho personas gays, tres lesbianas y ocho mujeres transgénero).

La Oficina insta al Estado de Honduras a adoptar las medidas necesarias para la no repetición de estos hechos y reafirma su compromiso de asistir técnicamente a las autoridades correspondientes.

Finalmente, OACNUDH expresa su solidaridad y condolencias con los familiares de la Sra. Mía Zabala y la asociación Horus.

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OACNUDH y CIDH manifiestan su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad en Honduras

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OACNUDH y CIDH manifiestan su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad en Honduras

Tegucigalpa / Washington, D.C., 16 de septiembre de 2020 -La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresan su preocupación por la crisis en que se encuentra el sistema penitenciario en Honduras debido a la profundización de deficiencias estructurales, especialmente en materia de salud y seguridad, exacerbadas en el marco de la pandemia del COVID-19. Asimismo, observan con preocupación la extensión del periodo de intervención del sistema penitenciario nacional por parte de la Comisión Interventora de la Fuerza de Seguridad Institucional (FUSINA).

Con anterioridad, tanto OACNUDH como la CIDH se han pronunciado sobre las altas tasas de sobrepoblación que prevalecen en las cárceles hondureñas. Al respecto, de conformidad  con datos del Instituto Nacional Penitenciario (INP), al 31 de agosto del 2020 la población carcelaria ascendía a 21,670. Sin embargo, el 30 de agosto del 2019 la población penitenciaria era de 21,589 personas, lo que refleja que no ha habido un cambio significativo en dicha población. Asimismo, aproximadamente un 53.7% de las personas privadas de la libertad se encuentra cumpliendo prisión preventiva, y 1,1193 son mujeres.

En el contexto de la pandemia, OACNUDH y CIDH advierten esfuerzos realizados por el Estado a fin de reducir la sobrepoblación penitenciaria. Entre estos, destacan la emisión del Decreto No. 36-2020 de 10 de junio de 2020, dirigido principalmente a la revisión obligatoria de las medidas cautelares de prisión preventiva en el caso de personas que tengan una enfermedad de base que las ponga en mayor riesgo frente al COVID-19, con miras a la aplicación de medidas no privativas de la libertad. Esta normativa también abre la posibilidad de que se impongan medidas alternativas a la detención en delitos para los que en el Código Procesal Penal se estipulaba la prisión preventiva como única medida cautelar posible. Asimismo, el Estado informa que a través del Plan de Descongestionamiento de los Centros Penitenciarios, al 12 de junio de 2020 se habrían otorgado 1,263 beneficios de preliberación a personas privadas de libertad.

A pesar de lo anterior, OACNUDH y CIDH observan que las personas detenidas en cárceles en Honduras continúan enfrentándose a una situación especial de riesgo. Al respecto, el tema de salud en los centros penitenciarios constituye uno de los temas de mayor preocupación. Ello, debido a que conforme a lo reportado por el Estado, al 31 de agosto de 2020, se cuentan con 1,695 casos positivos de COVID-19, en 25 cárceles del país A estas cifras se suman las del personal médico, de seguridad y administrativo de los centros penitenciarios que han resultado positivos al virus. En cuanto a las personas fallecidas por COVID-19, según datos estimados del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros malos tratos (MNP-CONAPREV), éstas ascenderían a más de 20 personas privadas de la libertad.

En este contexto, OACNUDH y CIDH exhortan al Estado a la adopción de las medidas de prevención y control necesarias para atender especialmente los casos de COVID-19 en los centros penitenciarios del país. En particular, resulta esencial que el Estado emprenda acciones para realizar una mayor cantidad de pruebas para la detección del virus al interior de los centros penitenciarios y lograr mayor agilidad en la obtención de resultados de las mismas. De igual forma, OACNUDH y CIDH urgen al Estado priorizar en las políticas de reducción de la población penitenciaria a las personas que se encuentren en una mayor situación de vulnerabilidad frente a la pandemia del COVID-19, atendiendo a factores como edad, condición de salud, y embarazo. Igualmente, recomiendan priorizar aquellos casos en que las personas están condenadas por delitos no graves o aquéllas detenidas por casos relacionados con la defensa de los derechos humanos.

Dado que las personas privadas de libertad han sufrido restricciones al régimen de visitas como medida de prevención del contagio del COVID-19, OACNUDH y CIDH recuerdan al Estado su obligación de garantizar el derecho de las personas privadas de la libertad a la comunicación con familiares y representantes jurídicos. En consecuencia, el Estado debe desarrollar una estrategia para la implementación de medidas alternativas para garantizar la comunicación y para la reducción gradual de las restricciones a las visitas.

Por otra parte, OACNUDH y CIDH han expresado preocupación por el proceso de militarización del sistema penitenciario en Honduras, especialmente por la declaratoria de emergencia e intervención de dicho sistema por parte de la FUSINA, emitida en el decreto PCM-068-2019, de diciembre de 2019. Dicho decreto establecía inicialmente una duración de seis meses, finalizando el 16 de junio del 2020. Sin embargo, a través del reciente decreto PCM-051-2020, la vigencia del mismo fue prorrogada hasta el 31 de diciembre del 2020.

Al respecto, OACNUDH y CIDH advierten que el Estado no ha informado públicamente sobre el estatus de cumplimiento de su misión, principales resultados y plan de traspaso del sistema a las autoridades civiles. En este sentido, OACNUDH y CIDH instan a que se presente un informe público sobre el estado de cumplimiento de la misión y las obligaciones de la Comisión Interventora en el decreto de su creación, indicando los resultados de las acciones desempeñadas por la misma y la estrategia para la desvinculación de las fuerzas de seguridad de carácter militar de la gestión del sistema penitenciario y de la custodia de los centros penitenciarios. El traspaso de estas funciones a autoridades civiles resulta crucial para el cumplimiento de obligaciones internacionales en la materia.

Desde la entrada en vigor de la declaratoria de emergencia en referencia, OACNUDH y CIDH observan altos niveles de violencia en los recintos penitenciarios. En este sentido, al menos ocho incidentes en centros penitenciarios han resultado en que al menos 54 personas privadas de la libertad perdieran su vida, y múltiples resultaran heridas. En el marco de estos hechos, se presentarían alegaciones de tortura y otros malos tratos por parte de fuerzas de seguridad. Del total de las 54 personas fallecidas, al menos 14 de ellas –incluyendo siete mujeres– habrían perdido la vida en el contexto de la pandemia. OACNUDH y CIDH advierten que varios de los hechos violentos ocurrieron en centros penales de máxima seguridad y en la Penitenciaria Femenina de Adaptación Social (PNFAS), recinto en el que no se habían reportado muertes violentas anteriormente. Además, es un dato preocupante que varios de los incidentes documentados habrían sido perpetrados con armas de fuego y otros objetos prohibidos en manos de personas privadas de la libertad.

Al respecto, OACNUDH y CIDH reiteran al Estado de Honduras que debe asegurar la adecuada implementación de protocolos para prevenir los amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios, sin incurrir en el uso excesivo de la fuerza. Asimismo, recuerdan que el Estado debe cumplir con la obligación de acceso a la justicia para las víctimas de estas violaciones de derechos humanos mediante una investigación efectiva, pronta e imparcial y la sanción de los responsables en todos los niveles jerárquicos.

En el contexto abordado por este comunicado, resulta primordial la garantía del ejercicio de la labor fundamental que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos, las instituciones nacionales de protección de derechos humanos y de prevención de la tortura, y las y los jueces de ejecución de la pena. Por ello, el Estado debe redoblar sus esfuerzos para que las autoridades cumplan con las sentencias emitidas por las y los jueces de ejecución de la pena, así como con las recomendaciones que en materia de privación de libertad han formulado las instituciones nacionales de protección de derechos humanos y de prevención de la tortura. En particular, OACNUDH y CIDH instan al Estado de Honduras a que revise e implemente el marco normativo que garantiza la autonomía e independencia administrativa y financiera de la CONAPREV. En este sentido, el Estado debe llevar a cabo todas las acciones necesarias para que dicha entidad cuente con las tres personas Comisionadas que contempla la ley para su integración, y para que los respectivos nombramientos respondan a lo estipulado en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y en las recomendaciones internacionales a Honduras en este sentido.

Finalmente, la CIDH y OACNUDH expresan la disposición de brindar asistencia técnica al Estado de Honduras para el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de la libertad, en particular para garantizar su integridad física y psíquica, salud, vida, y la reinserción social de los mismos en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia.

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Mensaje con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 30 de agosto

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OACNUDH insta al Estado hondureño a garantizar el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas de desaparición forzada en el país

Tegucigalpa, 30 de agosto de 2020 – Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) insta al Estado hondureño a garantizar el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en el país, cumpliendo sus compromisos internacionales en la materia.

“Es imprescindible que las víctimas de desaparición forzada y sus familiares accedan a la justicia, sea una desaparición que haya tenido lugar en la década de los ochenta o más recientemente. Es importante entender que cada día que pasa, la herida que genera la desaparición forzada de un ser querido, se profundiza. Es obligación del Estado hacer todo lo que esté a su alcance para poner fin a la incertidumbre y zozobra que genera esta grave violación de derechos humanos en las víctimas”, dijo Isabel Albaladejo, Representante en Honduras de OACNUDH.

El delito de desaparición forzada implica la violación múltiple de derechos humanos que los Estados están obligados a respetar y garantizar; además, es un delito continuado, permanente e imprescriptible. En este sentido, OACNUDH saluda su inclusión en el Código Penal de Honduras. No obstante, la Oficina llama al Estado a incluir la responsabilidad penal de quienes ordenen y/o instiguen la desaparición forzada, así como la responsabilidad del superior jerárquico de acuerdo con lo establecido en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, ratificada por el Estado de Honduras. Asimismo, es necesario incluir la responsabilidad penal de particulares que cometen el delito de desaparición forzada de personas que actúan sin la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. Por la gravedad de esta violación de derechos humanos, además se recomienda que este delito cuente con la sanción más alta contemplada en el Código Penal.

Adicionalmente, la Oficina insta al Estado de Honduras a reconocer la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar comunicaciones individuales con miras a reforzar el régimen de protección contra las desapariciones forzadas.

Asimismo, es necesario profundizar los esfuerzos para lograr una búsqueda efectiva de personas desaparecidas que integre a los familiares. En este sentido, es necesario también que el Estado hondureño acepte la competencia del para recibir comunicaciones individuales y ampliar así los derechos de las víctimas.

“La búsqueda, identificación y entrega de restos a sus familiares continúa siendo una deuda pendiente del Estado, las instituciones, y la sociedad en general con las víctimas y sus familiares. La lucha efectiva contra la impunidad que rodea este delito es la mejor medida para asegurar que no se produzcan nuevas desapariciones forzadas en el país”, añadió la Sra. Abaladejo.

Entre las obligaciones del Estado de las que se derivan acciones que deben ser emprendidas sin demora, se encuentran la adopción de un marco jurídico para la protección de las personas contra la desaparición forzada, incluyendo una “Ley de Víctimas” que garantice verdad y memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición; la obligación de velar porque las autoridades competentes dispongan de las facultades y recursos necesarios para llevar a cabo eficazmente la investigación, inclusive el acceso a la documentación y demás informaciones pertinentes; la creación de un registro nacional de desaparecidos que refleje el número total de personas desaparecidas; la investigación y persecución penal de la desaparición forzada, asegurando que todos los casos, incluidos los perpetrados durante las décadas de 1980 y 1990, sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la extrema gravedad de sus actos, garantizando que ninguno de los actos de desaparición forzada quede en la impunidad.

OACNUDH reitera su disposición de asistir técnicamente al Estado hondureño en este tema y saluda a las familias que buscan a sus seres queridos y luchan por la justicia, la verdad y la reparación.

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OACNUDH condena la desaparición forzada de Alberth Sneider Centeno, Presidente del Patronato de la comunidad Garífuna de El Triunfo de la Cruz, y de tres personas más pertenecientes a la comunidad.

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OACNUDH condena la desaparición forzada de Alberth Sneider Centeno, Presidente del Patronato de la comunidad Garífuna de El Triunfo de la Cruz, y de tres personas más pertenecientes a la comunidad.

TEGUCIGALPA (19 de julio de 2020) – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) condena la desaparición forzada del defensor de los derechos del pueblo Garífuna Alberth Sneider Centeno, Presidente del Patronato de la comunidad del Triunfo de la Cruz y miembro activo de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) y de tres personas más pertenecientes a la comunidad Triunfo de la Cruz.

De acuerdo con denuncia que hizo la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) a OACNUDH y el comunicado del patronato de la comunidad de El Triunfo de la Cruz, el sábado 18 de julio un grupo de hombres fuertemente armados que portaban uniformes con las siglas de la Dirección Policial de Investigación (DPI), irrumpieron en la casa de habitación de Sneider Centeno a quien se llevaron con rumbo desconocido. A continuación, el grupo armado procedió a aprehender ilegalmente a otras tres personas que se encontraban en distintos lugares dentro de la comunidad. Se desconoce el paradero de todas las personas.

Sneider Centeno desempeñó un liderazgo activo durante el proceso y posterior implementación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2015 a favor de la comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz. En dicha sentencia, la Corte ordenó al Estado de Honduras proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la comunidad en dominio pleno y en garantía de ocupación. A la fecha, la implementación de dicha sentencia por parte del Estado de Honduras continúa presentando retos y desafíos.

OACNUDH ha sido informada que los hechos están siendo investigados por la Dirección Policial de Investigación y la fiscalía de la ciudad de Tela. OACNUDH considera importante que las autoridades incluyan dentro de sus líneas de investigación la labor de defensores de derechos humanos que las cuatro personas desempeñan en su comunidad.

OACNUDH hace un llamado al Estado de Honduras a que proceda a la pronta ubicación y liberación de las cuatro personas y que las investigaciones iniciadas avancen de manera pronta, independiente e imparcial permitiendo el esclarecimiento inequívoco de los hechos y se proceda a la efectiva persecución y sanción de los autores. OACNUDH insta al Estado a que en la investigación participe de forma activa la unidad especializada de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial de Etnías y Patrimonio Cultural.

OACNUDH ha dado seguimiento a la situación de los derechos del pueblo garífuna y observa con preocupación diferentes casos de agresiones y muertes violentas de miembros de la comunidad garífuna, siendo el último el caso del señor Antonio Bernárdez líder de la comunidad de Punta Piedra, quién fue encontrado sin vida el pasado 21 de junio tras seis días desaparecido. De septiembre de 2019 a la fecha OACNUDH ha registrado cinco muertes violentas de miembros del pueblo garífuna. Por ello, OACNUDH insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para el respeto, protección y garantía de los derechos humanos del pueblo garífuna y de manera especial, de las comunidades Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

OACNUDH transmite su solidaridad a las familias de las cuatro personas desaparecidas, así como también a la Comunidad garífuna Triunfo de la Cruz y a la Organización Fraternal Negra de Honduras.

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