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OACNUDH llama al Estado de Honduras a implementar la Opinión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y liberar inmediatamente los defensores de Guapinol

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OACNUDH llama al Estado de Honduras a implementar la Opinión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y liberar inmediatamente los defensores de Guapinol

TEGUCIGALPA (17 de marzo de 2021) –  Tras la revisión del caso de los ocho defensores del Río Guapinol que guardan prisión preventiva, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha concluido que la detención de estos es arbitraria, al no cumplir, por parte de las autoridades nacionales, normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, así como por contravenir la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Para remediar esta situación de vulneración de derechos, el Grupo de Trabajo insta al Estado de Honduras “a poner a los ocho defensores inmediatamente en libertad, concediéndoles el derecho efectivo a obtener tanto una indemnización como la necesaria reparación a la vulneración de sus derechos”[1]. Además, hace un llamado a tomar estas medidas de forma urgente teniendo en cuenta el contexto actual de la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con la metodología del Grupo de Trabajo, en el caso Guapinol se ha podido determinar que la detención es arbitraria porque no existe fundamento jurídico alguno que la justifique, ya que “los ocho defensores permanecen detenidos, sin base legal (…), en violación del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Además, su detención “no se llevó a cabo de conformidad con el procedimiento legal establecido y no contempló las debidas garantías de un Estado de Derecho”.

Este grupo de expertos independientes también considera que los ocho defensores se encuentran detenidos arbitrariamente porque la privación de su libertad guarda relación con “el ejercicio de derechos en particular la libertad de opinión, expresión y reunión, (…) lo que constituyen una violación de las garantías consagradas en el artículo 19 de la Declaración Universal y del Pacto”. En su Opinión, los expertos hacen especial énfasis en que “ha quedado demostrado que la organización a la que representan los ocho detenidos no solo se declara, sino que ha sido reconocida por las autoridades competentes de Honduras, como una organización que trabaja en defensa y procura la implementación de los derechos humanos -entre ellos los ambientales- de los ciudadanos hondureños”.

Adicionalmente, el Grupo de Trabajo señaló que, aunque no existen bases que justifiquen el proceso contra los defensores, el proceso penal ha avanzado sin cumplir con los criterios de juicio justo, independiente e imparcial. Al respecto, la Opinión indica que “se ha demostrado una violación de los elementos que garantizan un juicio justo para los ocho defensores, incluyendo la violación de sus derechos de igualdad de tratamiento frente a la ley, de la garantía de la no discriminación y de la independencia de los tribunales”.

OACNUDH ha dado seguimiento al caso de los defensores de Guapinol desde octubre de 2018, a través de diferentes acciones de asistencia técnica e incidencia, incluyendo monitoreo de audiencias, visitas a los detenidos y envío de comunicaciones sobre las obligaciones internacionales de derechos humanos a los operadores de justicia que conocen el caso. La Oficina ha hecho un llamado reiterado a la revisión de la detención preventiva de los defensores y al cumplimiento de las garantías del debido proceso.

OACNUDH recuerda al Estado de Honduras que, conforme el artículo 15 y 16 de la Constitución de la República, los tratados internacionales, una vez ratificados, forman parte del derecho interno. Por lo tanto, el Estado de Honduras deviene en la obligación de cumplir con los instrumentos internacionales que fortalecen la protección de las personas. OACNUDH hace un llamado a las y los operadores de justicia para que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución hondureña, garanticen la aplicación de la Opinión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y el respeto de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Según expresó Isabel Albaladejo, Representante de OACNUDH en Honduras, “a la Oficina le preocupa el uso indebido del derecho penal, afectando de manera desproporcionada a las personas defensoras de los derechos humanos y generando un efecto inhibidor en sus comunidades. En este sentido, la Oficina insta a todas las autoridades responsables a adoptar de forma urgente la Opinión del Grupo de Trabajo, para remediar las violaciones y prevenir futuras vulneraciones a los derechos y libertades de los ocho defensores del río Guapinol.”  

Finalmente, OACNUDH reconoce la participación de las organizaciones de la sociedad civil y los equipos de defensa que han acompañado este caso y reafirma su disponibilidad para brindar asesoría técnica a las autoridades hondureñas en esta materia.

 

FIN

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El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria tiene el mandato de investigar las denuncias de personas que están siendo privadas de su libertad de manera arbitraria o incompatible con las normas internacionales de derechos humanos, y de recomendar recursos tales como la liberación de la detención y la indemnización, cuando proceda. Este Grupo de Trabajo está compuesto por cinco expertos independientes de todo el mundo.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países concretos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

Más información sobre el mandato y las actividades del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria en: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx

 

[1] Todas las citas corresponden a: Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 89º período de sesiones, 23 a 27 de noviembre de 2020. Opinión núm. 85/2020, A/HRC/WGAD/2020/85. Párrafos 66, 73, 75, 80, 93 y 96.

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OACNUDH honra la memoria de Berta Cáceres y reitera la responsabilidad del Estado en el esclarecimiento de la verdad sobre su asesinato

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OACNUDH honra la memoria de Berta Cáceres y reitera la responsabilidad del Estado en el esclarecimiento de la verdad sobre su asesinato

TEGUCIGALPA (2 de marzo 2021) En el marco del quinto aniversario del asesinato de la defensora de derechos humanos y ambientalista Berta Cáceres, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH) honra su memoria y recuerda su valioso legado en favor de los derechos humanos en Honduras.

OACNUDH observa con preocupación los obstáculos en el acceso a la justicia en varios procesos judiciales en Honduras, incluido el juicio relacionado con el asesinato de Berta Cáceres, tal y como fue expresado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michele Bachelet, el 26 de febrero del presente año ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

La Representante de OACNUDH en Honduras, Isabel Albaladejo Escribano, señaló que “OACNUDH continúa dando seguimiento a la causa de Berta Cáceres y reitera al Estado hondureño su responsabilidad de profundizar la investigación de este caso, permitiendo conocer la verdad de los hechos y garantizar la reparación de las víctimas y sus familiares, recordando que la justicia para las víctimas solamente será efectiva e integral cuando se judicialice y responsabilice a todos los autores materiales e intelectuales del crimen.”

OACNUDH resalta que el asesinato de Berta Cáceres se dio en un contexto de vulneración de derechos de los pueblos indígenas, tal como fue constatado por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, quien en su informe de visita al país señaló que los pueblos indígenas de Honduras viven una situación crítica a causa de la desprotección de sus derechos sobre sus tierras, territorios, y recursos naturales y los actos de violencia que enfrentan por reivindicar sus derechos en un contexto general de violencia e impunidad[1].

En este sentido, OACNUDH considera fundamental que el Estado de Honduras redoble sus esfuerzos para respetar, proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños, y haga efectivo el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, conforme a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

OACNUDH reitera su apoyo y acompañamiento a la familia de Berta Cáceres y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en los esfuerzos por la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Asimismo, reitera su ofrecimiento de asistencia técnica a las instituciones correspondientes para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.

 

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[1] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/162/06/PDF/G1616206.pdf?OpenElement

 

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OACNUDH condena la muerte violenta de Keyla Martínez bajo custodia policial y urge a las autoridades a una investigación pronta, exhaustiva e imparcial

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OACNUDH condena la muerte violenta de Keyla Martínez bajo custodia policial y urge a las autoridades a una investigación pronta, exhaustiva e imparcial

TEGUCIGALPA (10 de febrero de 2021) – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) condena la muerte violenta de Keyla Patricia Martínez, quien se encontraba en custodia policial tras haber sido detenida por agentes de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá.

En seguimiento a las acciones de documentación realizadas sobre el caso, ocurrido el 6 de febrero, OACNUDH considera que los hechos podrían ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y que, por tanto, la investigación deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas. La Representante de OACNUDH en Honduras, Isabel Albaladejo, recordó que “de acuerdo al Protocolo de Minnesota, las investigaciones deben orientarse a identificar no solo a los autores directos, sino también a todos los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios de la cadena de mando que fueron cómplices en ella”.

OACNUDH insta a las autoridades a desarrollar sin dilación y por todos los medios legales disponibles una investigación pronta, exhaustiva, diligente e imparcial orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, así como la reparación de las víctimas y sus familiares. Además, tratándose de una muerte violenta de una mujer que pudo ser cometida por razones de género, la investigación debe permitir establecer o descartar que se trate de un femicidio y conducirse de acuerdo a los criterios de profesionalidad y responsabilidad basada en el conocimiento de las características asociadas a los femicidios.

En este sentido, OACNUDH recuerda las normas y estándares internacionales para la investigación de los casos de esta naturaleza, reflejados en el Modelo de protocolo latinoamericano para la investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. El Protocolo indica que, en los casos en que exista un femicidio cometido por un funcionario público, es imprescindible que el Estado adopte medidas eficaces para evitar la repetición de estas conductas, incluyendo la depuración de los entes involucrados y sanciones disciplinarias o judiciales para los funcionarios que obstaculizan las investigaciones o se comporten de manera negligente en relación con su deber de investigar a los posibles responsables. De igual manera, el Protocolo recomienda la eventual reforma de leyes que propicien el abuso de la función pública o que permitan la violación de derechos humanos de las mujeres.

Con relación al establecimiento de toque de queda en el marco del estado de excepción en el que se produjo la detención de Keyla Martínez, OACNUDH reitera que, de acuerdo a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, las restricciones a algunos derechos con el fin de proteger la salud pública deben respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Asimismo, recuerda que esas medidas de emergencia no deben servir de pretexto para abusos y vulneraciones de derechos humanos[1].

OACNUDH expresa su profunda solidaridad hacia la familia de la víctima y urge a las autoridades a adoptar todas las medidas necesarias que garanticen la no repetición de los hechos.

Finalmente, OACNUDH reconoce los avances en la investigación por parte del Ministerio Público y reafirma su disponibilidad para brindar asesoría técnica a las autoridades hondureñas en esta materia.

FIN

[1] OACNUDH-Honduras. COVID-19: Las medidas de emergencia no deben servir de pretexto para abusos y vulneraciones de derechos humanos, dice Bachelet. Disponible en: https://oacnudh.hn/covid-19-las-medidas-de-emergencia-no-deben-servir-de-pretexto-para-abusos-y-vulneraciones-de-derechos-humanos-dice-bachelet/

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Honduras: Expertas de la ONU deploran nuevos ataques contra el derecho al aborto seguro

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Honduras: Expertas de la ONU deploran nuevos ataques contra el derecho al aborto seguro

GINEBRA (19 de enero de 2021) – Expertas en derechos humanos de la ONU* condenaron hoy un proyecto de ley que básicamente bloquearía cualquier posible progreso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Honduras, un país donde una de cada cuatro niñas ha estado embarazada al menos una vez antes de cumplir los 19 años**.

La enmienda constitucional presentada por un diputado del Partido Nacional y Vicepresidente del Congreso de Honduras el 11 de enero incorporaría la prohibición absoluta del aborto en el artículo 67 de la Constitución nacional. 

“Este proyecto de ley es alarmante. En lugar de dar un paso hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, el país está retrocediendo”, dijeron las expertas.

Honduras es uno de los pocos Estados en el mundo que prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluso en casos de violación o incesto, cuando la vida y/o la salud de las mujeres embarazadas está en peligro y en casos de malformación grave del feto.

“La penalización del aborto y la obligación de las y los profesionales de la salud de informar sobre los casos de mujeres cuyas lesiones parecen estar relacionadas con abortos inseguros, han derivado en el encarcelamiento de mujeres”, dijeron las expertas. Estas denuncias de las y los profesionales de la salud también pueden disuadir a las mujeres que sufren un aborto espontáneo o complicaciones relacionadas, de buscar la atención médica necesaria, poniendo así su vida en peligro.

“Lamentamos que los esfuerzos para enmendar el Código Penal con miras a despenalizar el aborto hayan fracasado en el pasado y recordamos que penalizar a las mujeres por abortar va en contra de las normas internacionales de derechos humanos”, dijeron las expertas, añadiendo que la influencia de los grupos de presión religiosos en cuestiones de salud pública es perjudicial.

La ley vigente también prohíbe el uso, la venta, la distribución y la compra de anticonceptivos de emergencia, con las mismas penas de prisión que el aborto.

“La falta de accesibilidad a la anticoncepción, particularmente en las zonas rurales, junto con la prohibición de la anticoncepción de emergencia, contribuye a una alta tasa de embarazos forzados, incluidos embarazos de adolescentes», dijeron. Honduras tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes entre los países de América Latina y en zonas rurales la tasa de esos embarazos alcanza el 30%.

“Muchos embarazos forzados y precoces son el resultado de delitos de violación sexual e incesto», dijeron las expertas. También citaron las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que muestran que los países en los que las mujeres tienen derecho a interrumpir sus embarazos -y también tienen acceso a la información y a todos los métodos anticonceptivos- tienen la tasa más baja de interrupciones del embarazo.

“Las leyes restrictivas sobre el aborto aumentan las tasas de mortalidad y morbilidad materna debido a los abortos en condiciones de riesgo y no son eficaces para reducir la tasa de abortos”, dijeron las expertas. El número de abortos inseguros en Honduras podría ser de entre 51.000 y 82.000 por año, dijeron.

De acuerdo con los estándares internacionales, el acceso a los servicios de aborto seguro y legal debería asegurarse, al menos, en casos de violación o incesto, cuando la vida y/o la salud de las mujeres embarazadas esté en riesgo y en casos de malformación fetal grave.

FIN

* Las expertas: Elizabeth Broderick (Presidenta), Melissa Upreti (Vicepresidenta), Dorothy Estrada TanckIvana RadačićMeskerem Geset Techane; miembras del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas; Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y Dubravka SimonovicRelatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias;

 

**Las conclusiones y recomendaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Honduras figuran en el informe de la visita al país del Grupo de Trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas.

 

Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

Para obtener más información y cualquier solicitud de los medios de comunicación, póngase en contacto con: Bernadette Arditi ( barditi@ohchr.org) o escriba a wgdiscriminationwomen@ohchr.org  


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OACNUDH insta a que se asegure la independencia y autonomía del CONADEH a través de un proceso de nombramiento de su titular transparente y participativo

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OACNUDH insta a que se asegure la independencia y autonomía del CONADEH a través de un proceso de nombramiento de su titular transparente y participativo

TEGUCIGALPA (22 de diciembre de 2020) – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresa preocupación acerca del proceso de votación para el cargo de titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) llevado a cabo en el Congreso Nacional durante la noche del 21 de diciembre. En este sentido, hace un llamado a que se continúe con el proceso de audiencias públicas que había sido suspendido en marzo de este año.

Según la información recibida por OACNUDH, el Congreso Nacional eligió la persona titular del CONADEH sin suficiente debate entre los congresistas, sin entrevistas públicas[1], sin participación de la sociedad civil y sin información previa sobre el proceso en una sesión virtual nocturna. El proceso de audiencias públicas para la elección del nuevo titular del CONADEH se había suspendido en marzo a raíz del estado de emergencia generado por la pandemia COVID-19.

OACNUDH considera que el CONADEH tiene un rol fundamental en la promoción y la protección de los derechos humanos y en el fortalecimiento de una sociedad democrática. Para el adecuado desarrollo de su mandato, la institución debe contar con plena independencia y legitimidad, que depende, en gran parte, de un proceso de designación de su titular ejemplar, particularmente escrupuloso, objetivo y transparente. Asimismo, OACNUDH destaca la participación del CONADEH en procesos de designación de otras instituciones, incluidas la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República.

Los Principios de París[2], aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993, enmarcan el compromiso asumido por los Estados en dotar de independencia y autonomía a las instituciones nacionales de derechos humanos. En Honduras, la institución nacional de derechos humanos es el CONADEH, previsto como tal en el artículo 59 de la Constitución de la República.

El Sub Comité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI por sus siglas en inglés) revisa periódicamente el cumplimiento de los Principios de París por las instituciones nacionales de derechos humanos y uno de los aspectos fundamentales de dicha revisión es el proceso de designación de su dirección.

OACNUDH reconoce los esfuerzos del CONADEH para volver a obtener la acreditación en categoría “A”, la más alta, que tuvo de 2002 a 2011, año en el cual se le colocó en la categoría “B”. Ese estatus recuperado en diciembre de 2019[3] debe ser mantenido a través de una demostración constante y cabal de su independencia.

En el contexto de los enormes retos en materia de derechos humanos que enfrenta el país, agravados por la pandemia de COVID-19 y los huracanes Eta e Iota, el CONADEH está llamado a ejercer un papel preponderante en la defensa de los derechos humanos, particularmente de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Solamente una institución que goce de plena legitimidad podrá acercarse a las víctimas y ponerlas en el centro de las acciones y políticas que se adopten para recuperar mejor. El país necesita una institución que destaque por el trabajo colaborativo con las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos y, sobre todo, su actuar autónomo e independiente.

De manera particular, OACNUDH reafirma la necesidad de instituciones independientes y autónomas que puedan observar el actuar del Estado durante el proceso electoral que se avecina.

OACNUDH, que tiene un acuerdo de cooperación técnica con el CONADEH, reitera su voluntad de brindar asesoría y cooperación técnicas a las instituciones del Estado hondureño en la promoción y protección de los derechos humanos, teniendo siempre como eje fundamental la garantía de derechos de las víctimas.

[1] https://tiempo.hn/conadeh-nombran-comision-legislativa-para-elegir-nuevo-ombudsman/

[2] https://undocs.org/sp/A/RES/48/134

[3] https://www.conadeh.hn/?p=2740

FIN

Para más información y solicitudes de prensa, contacte a Evelyn Molina, cel.: +504 9441 2869emolina@ohchr.org  

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