Comunicados

Ante el próximo fallo en el Caso de Berta Cáceres, OACNUDH y CIDH expresan su preocupación por la exclusión de la representación de las víctimas y las demoras injustificadas en el proceso

Publicada en

Ante el próximo fallo en el Caso de Berta Cáceres, OACNUDH y CIDH expresan su preocupación por la exclusión de la representación de las víctimas y las demoras injustificadas en el proceso

Descargar

28 de noviembre de 2018

Tegucigalpa / Washington, D.C. – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresan su preocupación por la exclusión de la acusación privada en representación de las víctimas y las demoras injustificadas en el proceso de Berta Cáceres. CIDH y OACNUDH observan que el 19 de octubre la acusación privada presentó un recurso de recusación contra el tribunal que conoce del caso, motivo por el que se ausentaron en la audiencia de inicio de juicio hasta contar con decisión final sobre dicho recurso, lo cual fue interpretado por el tribunal como abandono del proceso y nombró al Ministerio Público como representante de las víctimas.

Asimismo, la OACNUDH y CIDH observan que a lo largo del proceso judicial se ha producido la demora en la tramitación de otros tres recursos de amparo que hasta la fecha continúan estando pendientes de resolución. Estos recursos de amparo corresponden, además de la recusación del tribunal, la incorporación del COPINH como víctima, la exclusión de la acusación privada por abandono de proceso y la incorporación de una de las víctimas como acusación privada.

Ante el anuncio de la emisión de fallo próximamente por parte del Tribunal de Sentencia, la OACNUDH y CIDH resaltan que la exclusión en la fase de juicio oral y público de la acusación privada socava significativamente el derecho de las víctimas a un acceso efectivo y equitativo a la justicia así como su derecho a la verdad.1 Esta exclusión, además, tiene efectos concretos en la evacuación de los medios probatorios, que habrían sido propuestos por la acusación privada y cuya finalidad probatoria no puede ser orientada por la misma. Como lo ha señalado la Relatoría sobre sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, “la persecución penal solo es efectiva si las víctimas y sus familias son efectivamente involucrados en el proceso” y esa participación pone de manifiesto y afianza el derecho a la verdad.2

En relación con la demora en la tramitación de los recursos de amparo, la OACNUDH y CIDH recuerdan que estos se constituyen como una garantía esencial para la protección de los derechos humanos, entre ellos el debido proceso y el derecho a un recurso judicial efectivo, reconocidos en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por ello el retardo en la resolución de dicha acción disminuye la efectividad de su función de protección, sobre todo ante hechos irreparables y el deber de debida diligencia que corresponde al Estado en relación a este tipo de enjuiciamientos. A este respecto, es oportuno resaltar lo señalado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el sentido de que un aspecto importante de la imparcialidad del órgano de justicia es su carácter expeditivo y por ello ha señalado que las demoras que no pueden justificarse por la complejidad del caso o el comportamiento de las partes no son compatibles con el principio de una vista imparcial.3

La justicia para las víctimas será efectiva e integral cuando se judicialice y responsabilice a todos los autores materiales e intelectuales del crimen. En ese sentido la Corte Interamericana, ha expresado que “es un derecho internacional y deber general de los Estados garantizar el cumplimiento de la obligación de investigar el caso ex officio, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva para poder judicializar a los verdaderos responsables de vulneraciones a derechos humanos”.

Finalmente, la OACNUDH y CIDH advierten que es imperativo, que el sistema de justicia pueda garantizar el absoluto cumplimiento de las garantías del debido proceso y la protección judicial efectiva en este primer juicio por el asesinato de la defensora Berta Cáceres. Para ello, la impartición de justicia en un caso tan paradigmático, enmarcada en los principios de transparencia y acceso a la información, es clave para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia y sus resoluciones, para la búsqueda de justicia de su familia, así como para la salvaguarda de la labor de las personas defensoras en Honduras.

La OACNUDH, observa e informa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre la situación de derechos humanos, a fin de asesorar a las autoridades hondureñas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas que contribuyan a la promoción y protección de los derechos humanos en el país, rigiéndose por los principios de imparcialidad e independencia. Como parte de la Secretaria General de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) coordina los esfuerzos globales en la promoción y protección de los derechos humanos a través de la cooperación y el fortalecimiento de las instituciones nacionales del Estado y la sociedad civil.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

1 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, artículo 2b).
2 Pablo de Greiff, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. A/HRC/24/42, 28 de agosto, 2013.
3 Comité de Derechos Humanos, Observación General número 32, párrafo 27. 

 

Comunicados

OACNUDH: “Preocupante la vulnerable situación de más de 3 mil migrantes que se desplazan desde Honduras hacia el norte del continente americano”

Publicada en

OACNUDH: “Preocupante la vulnerable situación de más de 3 mil migrantes que se desplazan desde Honduras hacia el norte del continente americano”

Descargar

16 de octubre 2018.- Las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, Guatemala y México, en el marco de sus mandatos, expresan su preocupación por la situación de inseguridad y la necesidad de protección de las personas que forman parte de la “Caravana de Migrantes”, integrada por más de 3.000 personas hondureñas, entre ellas personas en situación especial de vulnerabilidad, incluyendo particularmente niñas, niños, mujeres y adultos mayores, que desde el 13 de octubre de 2018 transitan por Centroamérica con la intención de llegar a México y los Estados Unidos de América, huyendo de la violencia, de la pobreza y de las dificultades para acceder a sus derechos humanos.

Ante los importantes retos que representa este desplazamiento masivo de personas, así como la naturaleza mixta de los flujos migratorios en la región, la OACNUDH reitera las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de los países de origen, tránsito y destino. Asimismo, hace un llamado a los Estados de Honduras, Guatemala y México a proteger la integridad y garantizar la seguridad de migrantes y personas sujetas a protección internacional. Igualmente, la OACNUDH considera vital brindarles ayuda humanitaria y asistencia adecuada a las necesidades específicas de mujeres, niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad y personas LGTBI, entre otras.

Todos los migrantes, con independencia de su estatus migratorio o situación irregular, o la forma como llegan a la frontera, el lugar de donde proceden, tienen derecho a disfrutar de sus derechos humanos y los estados la obligación de garantizar su efectivo cumplimiento. 1 Los Estados además deben asegurar en las fronteras internacionales sus capacidades para identificar las necesidades de protección, prevenir la devolución y asegurar el acceso a los procedimientos de protección internacional que correspondan. 2

En este sentido, la OACNUDH insta a las autoridades de Honduras, Guatemala y México a que continúen coordinando esfuerzos para garantizar el respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes y recuerda sobre el deber de respetar el principio de excepcionalidad del uso de la fuerza y de la detención y garantizar el enfoque de derechos humanos en la atención de la población migrante.

Finalmente, la OACNUDH reitera a las autoridades su disposición para continuar brindando asesoría y asistencia técnica para implementar los estándares internacionales en materia de derechos humanos aplicables a las personas en contexto de movilidad y asegurar su acceso a servicios básicos, asistencia humanitaria y mecanismos de protección de sus derechos sin discriminación alguna. Asimismo, manifiesta su disposición para seguir brindando el apoyo necesario para que estos Estados puedan abordar los cambios estructurales que les permitan combatir la pobreza, la desigualdad y la violencia y asegurar las bases de un desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás.

 

________________________

1 Ver informe de la CIDH Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas
y desplazados internos: Normas y Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
2 Para más información ver informe de la OACNUDH sobre “Principios y directrices recomendados sobre los
derechos humanos en las fronteras internacionales”, disponible en:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines_SP.pdf

Comunicados

OACNUDH preocupada por campaña de desprestigio contra el Padre Ismael Moreno

Publicada en

OACNUDH preocupada por campaña de desprestigio contra el Padre Ismael Moreno

La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) muestra su preocupación por las acciones que en los últimos días, se han ejecutado contra integrantes de Radio Progreso.

Recientemente la periodista y defensora de derechos humanos, Sandra Maribel Sánchez, fue objeto de amenazas en contra de su vida, producto de su ejercicio periodístico, por otro lado, el Director de Radio Progreso, Padre Ismael Moreno, nuevamente es víctima de una campaña de desprestigio.

La Representante de país, María Soledad Pazo ve con alta preocupación ambos sucesos; “La Oficina exhorta al Estado de Honduras a asegurar que las personas defensoras de los derechos humanos puedan ejercer sus labores legítimas de defensa, sin intimidación, amenazas o represalias, e investigar las fuentes de toda campaña de desprestigio y amenazas”.

En este sentido la alta diplomática destacó; “los ataques en contra de integrantes de medios de comunicación son lesivos en la defensa y promoción de los derechos humanos en un país, los medios de comunicación, desarrollan un rol estratégico en el proceso de informar y sensibilizar sobre derechos humanos, la libertad de expresión es esencial para velar por la transparencia y responsabilidad de las instituciones estatales”

La oficina reitera lo expresado en su Informe Anual de 2016 sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, dónde instó al Ministerio Público y a la Policía Nacional a intensificar la investigación de las agresiones a defensores de derechos humanos y a avanzar en su enjuiciamiento… (Recomendación 61.b).

También, en su Informe Anual de 2017 la OACNUDH la Oficina advirtió, sobre la situación del Padre Ismael Moreno; “Se dirigieron ataques en contra los líderes sociales, a menudo mediante campañas de difamación e intimidación como en el caso del sacerdote jesuita Ismael Moreno (….) Desde el inicio de las protestas post-electorales, la OACNUDH también ha documentado la intensificación de una campaña de intimidación contra los defensores activos de derechos humanos” (numeral 45).

Por lo anterior, OACNUDH hace un llamado al cese inmediato de las campañas de desprestigio dirigidas a defensoras y defensores de derechos humanos.

Retomando las observaciones de la Declaración de Fin de Misión del Relator Especial sobre la situación de Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, La Oficina insta al Ministerio Público, a abordar la impunidad de los ataques contra defensores de derechos humanos y adoptar medidas enérgicas, como la elaboración de protocolos específicos para este tipo de delitos. Asimismo, a desarrollar una investigación exhaustiva de los hechos, apegados a los más altos estándares establecidos para este tipo de casos.

La Oficina exhorta a que la labor de estas personas sea reconocida y protegida como un elemento central de un estado democrático de derecho.

OACNUDH reitera su solidaridad al personal de Radio Progreso y destaca su preocupación, por los hechos en mención.

Comunicados

OACNUDH preocupada por campaña de desprestigio contra el Padre Ismael Moreno

Publicada en

OACNUDH preocupada por campaña de desprestigio contra el Padre Ismael Moreno

Descargar

La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) muestra su preocupación por las acciones que en los últimos días, se han ejecutado contra integrantes de Radio Progreso.

Recientemente la periodista y defensora de derechos humanos, Sandra Maribel Sánchez, fue objeto de amenazas en contra de su vida, producto de su ejercicio periodístico, por otro lado, el Director de Radio Progreso, Padre Ismael Moreno, nuevamente es víctima de una campaña de desprestigio.

La Representante de país, María Soledad Pazo ve con alta preocupación ambos sucesos: “es necesario redoblar los esfuerzos para asegurar que las personas defensoras de los derechos humanos puedan ejercer sus labores legítimas de defensa, sin intimidación, amenazas o represalias, e investigar las fuentes de toda campaña de desprestigio y amenazas”.

La OACNUDH en su Informe Anual de 2017 advirtió sobre la situación del Padre Ismael Moreno; “Se dirigieron ataques en contra los líderes sociales, a menudo mediante campañas de difamación e intimidación como en el caso del sacerdote jesuita Ismael Moreno (….) Desde el inicio de las protestas post-electorales, la OACNUDH también ha documentado la intensificación de una campaña de intimidación contra los defensores activos de derechos humanos” (numeral 45). En este sentido, OACNUDH quisiera ponderar la instalación de la nueva Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y reitera que un rol robusto en la pronta investigación de agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos es de vital importancia en el contexto actual.

Retomando las observaciones de la Declaración de Fin de Misión del Relator Especial sobre la situación de Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, la OACNUDH insta al Ministerio Público, a abordar la impunidad de los ataques contra defensores de derechos humanos y a adoptar medidas enérgicas, como la elaboración de protocolos específicos para la investigación de este tipo de delitos. OACNUDH hace un llamado al cese inmediato de las campañas de desprestigio dirigidas a defensoras y defensores de derechos humanos y exhorta a que la labor de estas personas sea reconocida y protegida como un elemento central de un estado democrático de derecho.

OACNUDH reitera su solidaridad al personal de Radio Progreso y al Padre Ismael Moreno.



Comunicados

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 30 de agosto

Publicada en

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 30 de agosto

Descargar

TEGUCIGALPA, 30 de agosto de 2018.- En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, reitera su solidaridad y apoyo a las víctimas de desapariciones forzadas, sus familiares y defensores y defensoras de derechos humanos, que los apoyan en su lucha por la verdad y la justicia.

La OACNUDH reconoce los avances del Estado de Honduras por ratificar la totalidad de los instrumentos fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas, entre ellos la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y por haber participado en las revisiones periódicas de los varios Comités.

“Los familiares tienen el derecho, también en su calidad de víctimas, a conocer la verdad sobre las circunstancias de cualquier desaparición forzada, el paradero de sus seres queridos, los avances y los resultados de la investigación y, finalmente, el destino de la persona desaparecida” dijeron los expertos del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y los miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, en una declaración conjunta con ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto de 2018.

“Las autoridades a cargo de la búsqueda deben ser independientes y tener suficientes recursos humanos y financieros; deben coordinar adecuadamente la búsqueda y tener acceso irrestricto a toda la información relevante para la localización de la persona desaparecida; siempre deben permitir la completa participación de los familiares o de sus representantes, quienes deben ser informados regularmente y ser protegidos en situaciones de inseguridad. El deber de buscar es permanente y continúa hasta que el destino y paradero de aquellos que han desaparecido sean determinados”, añadieron los expertos .

El Gobierno de Honduras presentó el informe periódico ante el Comité contra la Desaparición Forzada de conformidad al artículo 29 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas el pasado mayo. La oportunidad significó sostener un diálogo franco y directo con los miembros del Comité, donde se identificaron los avances, retos y desafíos, a fin de mejorar la implementación de tan importante instrumento internacional en materia de derechos humanos.

En dicha oportunidad el Comité realizó una serie de recomendaciones al Estado de Honduras alentándolo a que aplique las mismas con el fin de garantizar que el marco jurídico vigente y la forma en que es aplicado sean plenamente compatible con los derechos y las obligaciones que se consagran en esta convención. Estas recomendaciones se refieren a la coherencia del nuevo proyecto de código penal recientemente aprobado con el contenido de la Convención; la necesidad de que la legislación penal prevea la responsabilidad penal del superior jerárquico bajo criterios de responsabilidad o subordinación; el carácter continuo del delito de desaparición forzada; la jurisdicción de los tribunales hondureños para casos de desaparición forzada cometidos en el exterior en perjuicio de personas hondureñas; la importancia de que la investigación y enjuiciamiento de miembros de las fuerzas de seguridad sea realizada por jueces competentes, independientes e imparciales; la participación de las víctimas en los procesos penales sin que ello suponga un riesgo para las mismas; el avance en la coordinación regional para la búsqueda de personas migrantes y en la investigación de las personas responsables; la adopción de las salvaguardas contenidas en la convención para personas privadas de libertad o la importancia de continuar con la formación en derechos humanos.

En este sentido, OACNUDH insta a que se pueda reconsiderar la aceptación de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, para recibir y examinar comunicaciones individuales.

Con el objeto de facilitar la implementación de las recomendaciones emitidas, así como acompañar el dialogo con la sociedad civil y con las víctimas sobre cómo lograr que la legislación y su aplicación estén conformes con el contenido de la Convención, la experta del Comité la abogada María Clara Galvis realizó una visita académica al país el 20 de agosto pasado. La experta prestó especial atención a las tres recomendaciones prioritarias que identifica el Comité y que tienen que ver con la necesidad de contar con un registro consolidado de todos los casos de desaparición forzada ocurridos en el territorio nacional o de personas de nacionalidad hondureña desaparecidas en la ruta migratoria; la obligación de investigación cuando se presenten indicios de desaparición forzada y la necesidad de acelerar las investigaciones en los casos pendientes de las desapariciones ocurridas durante las décadas de 1980 y 1990; y por último el Comité prioriza la necesidad de prevenir actos de intimidación y violencia contra defensores de  erechos humanos y familiares de víctimas de desaparición forzada.

El relator presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, Bernard Duhaime, dijo: “si bien los estándares internacionales proveen una guía para establecer un marco legal sólido en materia de investigación de las desapariciones forzadas, la cuestión de cómo los Estados deben implementar esta obligación en la práctica debe ser estudiada con mayor profundidad. La Representante de País, María Soledad Pazo destacó en el marco del seguimiento de estas recomendaciones que: “Continua siendo urgente que el Estado de Honduras asegure que todos los casos de desaparición forzada, incluidos los perpetrados durante las décadas de 1980 y 1990, sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados y sancionados”

La Representante, además recordó: “la persecución penal de las desapariciones forzadas puede ser ejercida en cualquier momento sin limitaciones de tiempo en virtud de la imprescriptibilidad de dicho delito” y enfatizó que, “la desaparición forzada es particularmente grave dado que, pone a las victimas al margen de la protección de la ley, privándolas de su personalidad jurídica y derechos y garantías fundamentales”.

Finalmente, OACNUDH reafirma la continuidad de sus esfuerzos por apoyar al Estado en la prevención de las desapariciones forzadas, en la atención pronta e integral de las víctimas, incluyendo su derecho a la verdad, justicia y reparación, en el marco del seguimiento a las recomendaciones internacionales.