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OACNUDH-Honduras condena la muerte de miembros de la comunidad LGBTI.

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OACNUDH-Honduras condena la muerte de miembros de la comunidad LGBTI.

Tegucigalpa, 15 de julio de 2019 – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras condena las muertes violentas de al menos 20 personas LGBTI durante el transcurso de 2019, incluyendo tres personas trans y una persona bisexual durante el mes de julio. La OACNUDH expresa su preocupación frente a estos graves hechos y a las reiteradas denuncias sobre ataques, amenazas y hostigamiento que enfrentan las personas miembros de la comunidad LGBTI en el país.

De manera sistemática, los órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas han afirmado que la orientación sexual y la identidad de género, incluida la expresión de género, son motivos prohibidos de discriminación, como lo son la raza, el sexo, el color o la religión. Estos órganos también han expresado su preocupación con respecto a las violaciones de los derechos humanos por motivos de identidad de género, incluida la expresión de género, y han exhortado a los Estados a  hacer frente a estos flagelos.[1]

La situación de los derechos humanos de las personas LGBTI es una gran preocupación en Honduras por las continuas y graves violaciones de derechos humanos que sufren a diario. En efecto, de acuerdo al Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación de la Red Lésbica Catrachas, durante 2019, se han reportado 21 muertes violentas de personas LGBTI.

Al respecto, cabe recordar que la OACNUDH en su informe anual de 2018 recomendó al Estado de Honduras “Tomar medidas concretas para eliminar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, y garantizar investigaciones y enjuiciamientos prontos, eficaces y con enfoque de género de los delitos cometidos contra mujeres y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, con la inclusión de recursos efectivos”. La OACNUDH reitera la necesidad de fortalecer las unidades responsables y procesos para la investigación de los ataques contra los miembros de la comunidad LGBTI.

Asimismo, en su última visita a Honduras de mayo de 2018, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, expresó su preocupación por el elevado número de asesinatos y ataques violentos contra personas LGBTI y la falta de rendición de cuentas y la impunidad casi total.[2]

En ese sentido, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género expresó que: “El principio de diligencia debida, que exige que los Estados protejan a las personas que corren especial riesgo de sufrir violencia y discriminación y adopten medidas para comprender y eliminar la estigmatización cultural y otras causas sociales de la violencia y la discriminación, también forma parte de la responsabilidad del Estado cuando este sabe, o tiene motivos razonables para creer, que se están perpetrando abusos”.[3]

Honduras ha recibido recomendaciones por parte de mecanismos de derechos humanos, entre estos particularmente del Examen Periodico Universal (EPU) de 2015, vinculadas a implementar políticas y programas que promuevan la tolerancia y la no discriminación de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, así como garantizar el cumplimiento de la normativa vigente para sancionar los delitos y la violencia motivada por prejuicios.

Ante este contexto, la OACNUDH expresa su solidaridad con las personas LGBTI del país y hace un llamado al Estado a implementar acciones enfocadas a terminar con los ataques violentos en contra los miembros de esta comunidad, así como para eliminar cualquier acción de discriminación o tipo de violación de los derechos humanos que obstaculice el desarrollo pleno e integral de las personas LGBTI.

Por último, la OACNUDH reafirma su compromiso con la defensa, respeto y promoción de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales. De igual manera, la OACNUDH insta al Estado hondureño a realizar las pertinentes investigaciones de los referidos ataques, brindar justicia y reparación integral ante los graves hechos acaecidos durante los últimos días y las al menos 20 muertes violentas de personas LGBTI que han ocurrido en lo que va trascurrido de este año.

 

Para más información, por favor contacte a Evelyn Molina, Oficial de Información Pública, a  emolina@ohchr.org 

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[1] Véase A/73/152 Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/73/152

[2]  Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Declaración de Fin de Misión de Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, visita a Honduras, 29 de abril al 12 de mayo.

[3] Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Recopilación y gestión de datos como medio para fomentar la sensibilización acerca de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, A/HRC/41/45.

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CIDH y OACNUDH expresan preocupación por disposiciones del Código Penal en Honduras y hacen un llamamiento para revisarlas de acuerdo a los estándares internacionales e interamericanos en materia de derechos humanos

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CIDH y OACNUDH expresan preocupación por disposiciones del Código Penal en Honduras y hacen un llamamiento para revisarlas de acuerdo a los estándares internacionales e interamericanos en materia de derechos humanos

Washington, D.C. / Tegucigalpa 12 de Julio de 2019– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) manifiestan su preocupación ante la publicación el pasado mes de mayo del texto final del nuevo Código Penal, que contiene restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión, la libertad de prensa, así como determinadas disposiciones que por su formulación pueden afectar el derecho a la protesta y a defender derechos humanos en el país, entre otras.

En lo que se refiere a las restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y de prensa, la CIDH, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y OACNUDH expresan su preocupación, entre otros, por la tipificación de la “responsabilidad penal en delitos cometidos a través de medios de difusión”, por mantener la tipificación de los delitos de “injuria” y “calumnia”, y por la tipificación del “concepto de publicidad”. Igualmente, expresan su preocupación en relación a la tipificación del delito de “aprovechamiento de secreto o información privilegiada”, de los delitos de “espionaje” y de “desórdenes públicos”. Sobre este último, la CIDH, su Relatoría Especial y OACNUDH observan que su actual formulación podría indebidamente criminalizar conductas de ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, así como podría afectar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión. Por otra parte, con respecto a las disposiciones que afectarían el ejercicio efectivo de la libertad de reunión pacífica y asociación, ambas organizaciones expresan su inquietud, por la tipificación de los delitos de “reuniones y manifestaciones ilícitas”, de “asociación para delinquir”, “perturbación del orden” y de “asociación terrorista”. Sobre este último delito, la CIDH y OACNUDH observan que tal como está contenido en el nuevo Código, la noción de asociación terrorista tiene un alcance excesivamente amplio y podría llevar a la criminalización de una serie amplia de conductas que no merecen la calificación de terrorismo a la luz de la jurisprudencia internacional y de estándares de derechos humanos.

Asimismo, la CIDH y OACNUDH expresan su preocupación, entre otros, por la tipificación del delito de “tortura” de manera que, en su actual formulación, excluye la comisión de dicho delito por particulares que actúan a instigación o con la aquiescencia de funcionarios públicos. De acuerdo con los estándares internacionales y regionales sobre la prohibición y prevención de la tortura, en la tipificación de dicho delito se debe prever la posible autoría de particulares que, a instigación de funcionarios o empleados públicos, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.

En materia de derechos de las mujeres, ambas organizaciones observan con preocupación que el Código mantiene la penalización del aborto en todas las circunstancias. La CIDH y OACNUDH manifiestan que la criminalización absoluta del aborto resulta contrario a las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la integridad.

Por otra parte, en relación con el delito de usurpación -cuando quien con violencia o
intimidación grave en las personas, ocupa un bien inmueble o usurpa un derecho real inmobiliario ajeno-, preocupa la falta de precisión en cuanto a la intencionalidad requerida para su comisión, de manera que su actual formulación ambigua aumenta la discrecionalidad de operadores de justicia de hacer un uso indebido de este tipo penal en perjuicio de defensoras y defensores de derechos humanos, tal y como la CIDH y OACNUDH han observado sobre la utilización de este delito en procesos de criminalización de personas defensoras de derechos humanos en Honduras.

Finalmente, la CIDH y OACNUDH tomaron nota de la falta de transparencia y acceso a la información que se observó en algunas etapas claves del proceso de discusión del referido Código Penal en el Congreso Nacional, en detrimento de la participación de algunos sectores sociales. Lo anterior, en omisión a lo dispuesto en estándares internacionales y la normativa interna, particularmente en relación con la publicación de los dictámenes que estaban siendo discutidos en el pleno y la publicidad del cronograma de sesiones. 

OACNUDH recuerda que los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas ya habían participado con asistencia técnica durante las consultas realizadas por el Congreso en el marco de la discusión del referido Código y habían hecho saber algunas de estas observaciones. 

La CIDH y OACNUDH hacen un llamado al Estado de Honduras a revisar las normas a las que se refiere el presente comunicado durante la vacatio legis del Código Penal aprobado, de acuerdo a los estándares y compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por Honduras. Al respecto, la CIDH y la OACNUDH destacan la apertura del Ejecutivo para llevar a cabo una revisión del texto. En este sentido, ambos organismos reiteran su disponibilidad de continuar brindando asistencia técnica y harán llegar a la brevedad un análisis técnico de dicho cuerpo legal. Lo anterior con la finalidad de que sus observaciones sean consideradas por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo de Honduras, a la luz del anuncio hecho por el Congreso en su comunicado del día 11 de julio. en el marco de un proceso formal de reforma que contemple una participación amplia de distintos actores interesados, dada la importancia medular que la ley penal tiene en el funcionamiento democrático.

El 4 de mayo de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de la República de Honduras firmaron un acuerdo para establecer una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el país. La OACNUDH, observa e informa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre la situación de derechos humanos, a fin de asesorar a las autoridades hondureñas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas que contribuyan a la promoción y protección de los derechos humanos en el país, rigiéndose por los principios de imparcialidad e independencia. Como parte de la Secretaria General de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) coordina los esfuerzos globales en la promoción y protección de los derechos humanos a través de la cooperación y el fortalecimiento de las instituciones nacionales del Estado y la sociedad civil.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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A 10 años del golpe de Estado, Honduras sigue enfrentando desafios en términos de derechos humanos

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A 10 años del golpe de Estado, Honduras sigue enfrentando desafios en términos de derechos humanos

Tegucigalpa 29 de junio de 2019. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras ha monitoreado el desarrollo de las manifestaciones anunciadas para el 28 de junio en conmemoración del 10 aniversario del golpe de Estado a traves de equipos de observación en Tegucigalpa, Tocoa, La Ceiba, Tela, Choluteca, El Progreso, Choloma y sus alrededores, así como en San Pedro Sula.  

 

La Oficina ha podido verificar un despliegue masivo de fuerzas de seguridad, incluyendo policía militar, policía nacional y militares, acorde con lo anunciado por la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa a través de FUSINA. En su monitoreo, la Oficina ha obervado que en unas ocasiones el numero de las fuerzas se seguidad superaban el numero de manifestantes.

 

En su Informe sobre las Violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009, la Oficina documentó como el golpe de Estado dio lugar a múltiples violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales siguen impunes. El golpe, además, reveló y exacerbó problemas estructurales existentes que afectan a los derechos humanos, intensificó una atmósfera política y social difícil y tensa, y profundizó la polarización dentro de la mayoría de las instituciones del Estado y la sociedad en general.

 

Diez años más tarde, Honduras sigue enfrentando dificultades en términos de derechos humanos, en un contexto social y político inestable.

 

La Oficina destaca que los derechos humanos solo pueden progresar en democracia y alienta el Estado de Honduras a fortalecer sus fundamentos, como la independencia de los poderes, la rendición de cuenta, la lucha a la corrupción, la libertad de opinión y expresión, y de participación efectiva en asuntos públicos,

 

Al respecto, la Oficina resalta la necesidad de avanzar en acciones concretas relativas a implementación de las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos y las de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y Comisión de Verdad, mediante políticas de Estado que permitan superar esas debilidades institucionales.

 

Finalmente, la Oficina se solidariza con las víctimas del golpe de Estado y sus familiares y enfatiza la necesidad de que las violaciones de derechos humanos ocurridas en ese contexto puedan ser debidamente investigadas y sancionadas, y que sus derechos a la verdad, reparación y no repetición puedan garantizarse efectivamente.

 

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Tegucigalpa 31 de mayo de 2019.-La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) ha venido dando seguimiento a las manifestaciones y al paro nacional convocado por los sectores salud y educación, y que se han desarrollado en diferentes partes del país.

La Oficina reitera su llamado al Estado a garantizar el derecho a la reunión pacífica y la protección de su ejercicio. La Oficina insiste en que los organizadores de las manifestaciones no deben ser considerados responsables por el comportamiento violento de otras personas o actos de violencia que ocurran paralelamente.

La prevención y el control de dichos actos de violencia deberán desarrollarse en virtud de los principios de necesidad y proporcionalidad. La Oficina enfatiza su preocupación por el gran uso de gases lacrimógenos y de incidentes reportados de utilización de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad que resultaron en personas heridas en Siguatepeque y Villanueva, Cortés; así como destaca la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas en funciones de orden público. En este sentido, reitera las recomendaciones a Honduras de los mecanismos universales y regionales de derechos humanos a que las funciones de orden público sean de exclusiva responsabilidad de las fuerzas civiles de seguridad y exhorta a que se investiguen los incidentes con prontitud, imparcialidad y diligencia.

La Oficina nota que estas convocatorias se han dado en un contexto de gran polarización y movilización social, que deriva de un amplio reclamo social a participar en la dirección de los asuntos públicos que contribuya a la mejora de las condiciones de vida de las y los hondureños. La Oficina ha observado con preocupación el desarrollo en medios sociales de campañas de desprestigio en contra de los gremios organizadores de dicha movilización, que agravan la existente polarización y tienen como consecuencia el cierre de espacios de interlocución entre las partes sociales y el gobierno. En este aspecto, destaca el rol de los defensores de los derechos humanos y de los medios de comunicación en promover el derecho a la libertad de opinión y expresión, a la participación en asuntos públicos y a defender los derechos, como elementos centrales del estado de derecho.

La Oficina alienta al desarrollo de medidas de confianza que contribuyan a crear las bases para la generación de espacios de interlocución constructivos y participativos sobre el derecho a la salud y a la educación, como temas claves en el desarrollo del país.

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CIDH y las Oficinas de ONU Derechos Humanos expresan su preocupación por la situación de personas defensoras de derechos humanos en el primer cuatrimestre del año

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CIDH y las Oficinas de ONU Derechos Humanos expresan su preocupación por la situación de personas defensoras de derechos humanos en el primer cuatrimestre del año.

Bogotá / Ciudad de Guatemala / Ciudad de México / Ciudad de Panamá / Santiago de Chile/ Tegucigalpa –
Honduras/ Washington, D.C. (30 de mayo de 2019) – En el marco del Mecanismo de Acciones Conjuntas para
contribuir a la protección de personas defensoras de derechos humanos en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) expresan su preocupación por la continuidad de actos de violencia e intimidación que han enfrentado quienes defienden los derechos humanos en las Américas en los primeros cuatro meses del año.

La CIDH y las Oficinas del Alto Comisionado advierten que la región americana continúa siendo una de las más peligrosas para ejercer la labor de defensa de derechos humanos en el mundo. Varios países del continente lideran las cifras mundiales de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, quienes además enfrentan amenazas, ataques, hostigamientos, actos de intimidación, campañas de estigmatización y
desprestigio, así como procesos de criminalización por su legítima labor de defensa. Entre las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales que han sido asesinados se encuentran beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y personas que recibían protección por parte de autoridades nacionales.

La CIDH y la ONU Derechos Humanos advierten con preocupación que Colombia se mantiene como uno de los
países con más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales registrados en el continente. Entre el 1 de enero y el 30 de abril, la ONU Derechos Humanos recibió 51 quejas sobre asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en el país, de los cuales al menos 21 han sido verificados por ONU Derechos Humanos como asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos (3 mujeres y 18 hombres).

El mes de enero de 2019 estuvo marcado por varios ataques y asesinatos de personas que defienden los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. Por ejemplo, en enero de 2019 se registró el asesinato de Maritza Quiroz Leiva, reclamante de tierras y lideresa de mujeres afrodescendientes víctimas de desplazamiento en Santa Marta, Colombia, a causa de disparos que le habrían propinado hombres desconocidos. El 11 de enero, la Sra. Alfamir Castillo Bermúdez, una defensora y madre de una víctima de una ejecución extrajudicial, fue atacada en el Valle del Cauca, también en Colombia, cuando varios disparos impactaron el vehículo en el cual se movilizaba. El día siguiente, el 12 de enero, se desarrolló un intento de allanamiento en la oficina de Bogotá de la Fundación Nydia Erika Bautista (ONG).

Tanto la Sra. Alfamir como la Fundación, acompañan y apoyan a víctimas, en casos de graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Por otra parte, la ONU Derechos Humanos sigue observando que el grupo de defensores y defensoras comunitarias y comunales continúan siendo el grupo de defensores en más alto riesgo en Colombia y representan la mayoría de las víctimas mortales, hasta la fecha.

Asimismo, se registraron otras situaciones de ataques y asesinatos en otras partes del país. Cabe resaltar que
el 4 de abril, la CIDH y la ONU Derechos Humanos en Colombia hicieron un llamado conjunto en el marco de la
MINGA señalando la importancia del diálogo para la atención a las demandas sociales como única salida que
contiene la violencia. Asimismo, destacaron que el enfoque de derechos humanos siempre allana el camino hacia el fortalecimiento de las democracias y el Estado de Derecho.

La CIDH y la ONU Derechos Humanos expresan su preocupación por el aumento de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos en México durante los primeros cuatro meses del año, en comparación con años anteriores. De acuerdo con información al alcance de ambos organismos, al menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas durante este periodo, 9 hombres y una mujer, una cifra cercana a los al menos 13 casos documentados durante todo el año 2018, lo cual supone un significativo aumento de la violencia. Preocupa especialmente que 8 de las personas defensoras asesinadas sean indígenas.

Así el 3 de enero se produjo en Arriaga, Chiapas, el asesinato del defensor de derechos humanos Sinar Corzo
quien formaba parte del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos «El Coloso de Piedra» y que
en 2013 fue víctima de detención arbitraria en el marco de su participación en actividades de defensa del derecho al agua. El 17 de enero fueron víctimas de desaparición los defensores de derechos humanos Noé
Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez cuando participaban en un plantón frente al Palacio Municipal de Amatán, Chiapas, y sus cuerpos sin vida fueron localizados el 18 de enero. Noé Jiménez era beneficiario del
Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El 9 de febrero fue asesinado Óscar Cazorla, activista por los derechos de las personas LGBTI y defensor de la comunidad muxe, en su domicilio en Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca. El 20 de febrero Samir Flores, defensor indígena de la tierra y el territorio frente a megaproyectos y comunicador comunitario fue asesinado en su casa de Amilcingo, Morelos. Además, el 30 de marzo se reportó el asesinato de Abiram Hernández Fernández, activista y defensor de derechos humanos en el estado de Veracruz, quien habría sido agredido en su domicilio.

Por otra parte, la CIDH y la ONU Derechos Humanos expresaron su preocupación por la desaparición en México de los defensores de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, quienes estuvieron desaparecidos desde el 12 de febrero hasta el 19 de febrero de 2019, hasta que fueron liberados por sus captores tras una intensa campaña de búsqueda. Otilia e Hilario se dirigían en transporte público desde Tierra Colorada a Chilpancingo, en el estado de Guerrero, cuando fueron privados de su libertad. Obtilia Eugenio Manuel fue beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y es beneficiaria de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2009.

Asimismo, la CIDH y la ONU Derechos Humanos observan con preocupación los homicidios de personas defensoras registrados en otros países como Honduras, Brasil, Costa Rica, Perú y Guatemala. Por ejemplo, en Honduras, la CIDH y la ONU Derechos Humanos condenaron el asesinato de Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute en febrero de 2019, ambos indígenas tolupanes integrantes de la tribu San Francisco Locomapa y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en el departamento de Yoro. Salomón Matute era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 2013, debido a las amenazas, hostigamientos y actos de violencia en el marco de su labor como defensor del medio ambiente y pueblos indígenas. En Brasil, se reportaron los homicidios en marzo de 2019 de Dilma Ferreira Silva, coordinadora de Tucuruí del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB), su esposo, Claudionor Costa da Silva, y un amigo, Milton Lopes en el municipio de Baião, en el estado de Pará. Dilma Ferreira Silva era una destacada defensora y reconocida lideresa que luchó por los derechos de las personas afectadas por la presa hidroeléctrica de Tucuruí. Adicionalmente, se registró la muerte de la activista ambiental, Rosane Santiago, torturada y asesinada, en la ciudad de Nova Viçosa, el Estado de Bahia, el 29 de enero.

En el mismo mes, la CIDH repudió el asesinato de Sergio Rojas, líder indígena bribri, en Salitre, Costa Rica.
Sergio Rojas era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 2015. En Perú, en abril de 2019, según información pública, Cristian Java Ríos, indígena urarina de la comunidad nativa La Petrolera y
defensor del medio ambiente, fue asesinado por invasores de sus tierras y varias personas de la comunidad que lo acompañaban resultaron heridas. En Guatemala, en enero de 2019 fue asesinado en el departamento de Jalapa, Delfino Agustín Vidal, miembro de la organización campesina CODECA, un acto que podría tener
posibles motivos políticos.

La CIDH y la ONU Derechos Humanos expresan su preocupación por el aumento de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos en México durante los primeros cuatro meses del año, en comparación con años anteriores. De acuerdo con información al alcance de ambos organismos, al menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas durante este periodo, 9 hombres y una mujer, una cifra cercana a los al menos 13 casos documentados durante todo el año 2018, lo cual supone un significativo aumento de la violencia. Preocupa especialmente que 8 de las personas defensoras asesinadas sean indígenas.

Así el 3 de enero se produjo en Arriaga, Chiapas, el asesinato del defensor de derechos humanos Sinar Corzo quien formaba parte del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos «El Coloso de Piedra» y que en 2013 fue víctima de detención arbitraria en el marco de su participación en actividades de defensa del derecho al agua. El 17 de enero fueron víctimas de desaparición los defensores de derechos humanos Noé
Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez cuando participaban en un plantón frente al Palacio Municipal de Amatán, Chiapas, y sus cuerpos sin vida fueron localizados el 18 de enero. Noé Jiménez era beneficiario del
Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El 9 de febrero fue asesinado Óscar Cazorla, activista por los derechos de las personas LGBTI y defensor de la comunidad muxe, en su domicilio en Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca. El 20 de febrero Samir Flores, defensor indígena de la tierra y el territorio frente a megaproyectos y comunicador comunitario fue asesinado en su casa de Amilcingo, Morelos. Además, el 30 de marzo se reportó el asesinato de Abiram Hernández Fernández, activista y defensor de derechos humanos en el estado de Veracruz, quien habría sido agredido en su domicilio.

Por otra parte, la CIDH y la ONU Derechos Humanos expresaron su preocupación por la desaparición en Méxicode los defensores de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, quienes estuvieron desaparecidos desde el 12 de febrero hasta el 19 de febrero de 2019, hasta que fueron liberados por sus captores tras una intensa campaña de búsqueda. Otilia e Hilario se dirigían en transporte público desde Tierra Colorada a Chilpancingo, en el estado de Guerrero, cuando fueron privados de su libertad. Obtilia Eugenio Manuel fue beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y es beneficiaria de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2009.

Asimismo, la CIDH y la ONU Derechos Humanos observan con preocupación los homicidios de personas
defensoras registrados en otros países como Honduras, Brasil, Costa Rica, Perú y Guatemala. Por ejemplo, en
Honduras, la CIDH y la ONU Derechos Humanos condenaron el asesinato de Salomón Matute y su hijo Juan
Samael Matute en febrero de 2019, ambos indígenas tolupanes integrantes de la tribu San Francisco Locomapa y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en el departamento de Yoro. Salomón Matute era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 2013, debido a las amenazas, hostigamientos y actos de violencia en el marco de su labor como defensor del medio ambiente y pueblos indígenas. En Brasil, se reportaron los homicidios en marzo de 2019 de Dilma Ferreira Silva, coordinadora de Tucuruí del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB), su esposo, Claudionor Costa da Silva, y un amigo, Milton Lopes en el municipio de Baião, en el estado de Pará. Dilma Ferreira Silva era una destacada defensora y reconocida lideresa que luchó por los derechos de las personas afectadas por la presa hidroeléctrica de Tucuruí. Adicionalmente, se registró la muerte de la activista ambiental, Rosane Santiago, torturada y asesinada, en la ciudad de Nova Viçosa, el Estado de Bahia, el 29 de enero.

En el mismo mes, la CIDH repudió el asesinato de Sergio Rojas, líder indígena bribri, en Salitre, Costa Rica. Sergio Rojas era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 2015. En Perú, en abril de 2019, según información pública, Cristian Java Ríos, indígena urarina de la comunidad nativa La Petrolera y
defensor del medio ambiente, fue asesinado por invasores de sus tierras y varias personas de la comunidad que lo acompañaban resultaron heridas. En Guatemala, en enero de 2019 fue asesinado en el departamento de Jalapa, Delfino Agustín Vidal, miembro de la organización campesina CODECA, un acto que podría tener
posibles motivos políticos.

La CIDH y la ONU Derechos Humanos expresan su preocupación por el aumento de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos en México durante los primeros cuatro meses del año, en comparación con años anteriores. De acuerdo con información al alcance de ambos organismos, al menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas durante este periodo, 9 hombres y una mujer, una cifra cercana a los al menos 13 casos documentados durante todo el año 2018, lo cual supone un significativo aumento de la violencia. Preocupa especialmente que 8 de las personas defensoras asesinadas sean indígenas.

Así el 3 de enero se produjo en Arriaga, Chiapas, el asesinato del defensor de derechos humanos Sinar Corzo quien formaba parte del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos «El Coloso de Piedra» y que en 2013 fue víctima de detención arbitraria en el marco de su participación en actividades de defensa del derecho al agua. El 17 de enero fueron víctimas de desaparición los defensores de derechos humanos Noé
Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez cuando participaban en un plantón frente al Palacio Municipal de Amatán, Chiapas, y sus cuerpos sin vida fueron localizados el 18 de enero. Noé Jiménez era beneficiario del
Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El 9 de febrero fue asesinado Óscar Cazorla, activista por los derechos de las personas LGBTI y defensor de la comunidad muxe, en su domicilio en Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca. El 20 de febrero Samir Flores, defensor indígena de la tierra y el territorio frente a megaproyectos y comunicador comunitario fue asesinado en su casa de Amilcingo, Morelos. Además, el 30 de marzo se reportó el asesinato de Abiram Hernández Fernández, activista y defensor de derechos humanos en el estado de Veracruz, quien habría sido agredido en su domicilio.

Por otra parte, la CIDH y la ONU Derechos Humanos expresaron su preocupación por la desaparición en México de los defensores de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, quienes estuvieron desaparecidos desde el 12 de febrero hasta el 19 de febrero de 2019, hasta que fueron liberados por sus captores tras una intensa campaña de búsqueda. Otilia e Hilario se dirigían en transporte público desde Tierra Colorada a Chilpancingo, en el estado de Guerrero, cuando fueron privados de su libertad. Obtilia Eugenio Manuel fue beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y es beneficiaria de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2009.


Asimismo, la CIDH y la ONU Derechos Humanos observan con preocupación los homicidios de personas defensoras registrados en otros países como Honduras, Brasil, Costa Rica, Perú y Guatemala. Por ejemplo, en Honduras, la CIDH y la ONU Derechos Humanos condenaron el asesinato de Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute en febrero de 2019, ambos indígenas tolupanes integrantes de la tribu San Francisco Locomapa y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en el departamento de Yoro. Salomón Matute era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 2013, debido a las amenazas, hostigamientos y actos de violencia en el marco de su labor como defensor del medio ambiente y pueblos indígenas. En Brasil, se reportaron los homicidios en marzo de 2019 de Dilma Ferreira Silva, coordinadora de Tucuruí del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB), su esposo, Claudionor Costa da Silva, y un amigo, Milton Lopes en el municipio de Baião, en el estado de Pará. Dilma Ferreira Silva era una destacada defensora y reconocida lideresa que luchó por los derechos de las personas afectadas por la presa hidroeléctrica de Tucuruí. Adicionalmente, se registró la muerte de la activista ambiental, Rosane Santiago, torturada y asesinada, en la ciudad de Nova Viçosa, el Estado de Bahia, el 29 de enero.


En el mismo mes, la CIDH repudió el asesinato de Sergio Rojas, líder indígena bribri, en Salitre, Costa Rica.
Sergio Rojas era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 2015. En Perú, en abril de 2019, según información pública, Cristian Java Ríos, indígena urarina de la comunidad nativa La Petrolera y
defensor del medio ambiente, fue asesinado por invasores de sus tierras y varias personas de la comunidad que lo acompañaban resultaron heridas. En Guatemala, en enero de 2019 fue asesinado en el departamento de Jalapa, Delfino Agustín Vidal, miembro de la organización campesina CODECA, un acto que podría tener
posibles motivos políticos.

ambiente. La CIDH y la ONU Derechos Humanos confían en que este importante paso sea seguido a la brevedad por el resto de países de la región dando un nuevo impulso al reconocimiento y protección de la labor de las personas defensoras de derechos humanos.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) es la principal entidad
de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. La Asamblea General encomendó al Alto Comisionado y a su Oficina la misión de promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas. ONU Derechos Humanos proporciona asistencia en forma de competencias técnicas y fomento de capacidad para apoyar la aplicación sobre el terreno de las normas internacionales de derechos humanos. ONU Derechos Humanos ayuda a los gobiernos, que tienen la responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos, a cumplir con sus obligaciones y apoya a los individuos en la reivindicación de sus derechos. Además, denuncia de manera objetiva las violaciones de derechos humanos.


La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.