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La OACNUDH-Honduras condena la muerte de dos miembros de la Tribu Indígena Tolupán de San Francisco de Locomapa, Yoro.

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La OACNUDH-Honduras condena la muerte de dos miembros de la Tribu Indígena Tolupán de San Francisco de Locomapa, Yoro.

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Tegucigalpa, 27 de febrero de 2019 – La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena la muerte de los líderes y defensores de los derechos humanos del pueblo Tolupán, Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute, quienes fallecieron como consecuencia de heridas de armas de fuego, el día 25 de febrero en la comunidad de El Palmar, Locomapa, Yoro. Ambos eran beneficiarios de la Medida Cautelar MC 416-13 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diciembre del 20131.

Según el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organización de la que las victimas formaban parte, Juan Samael Matute era parte del Consejo Preventivo de la comunidad indígena, y su padre Salomón fue un defensor permanente de los derechos de su pueblo.

La OACNUDH expresa su preocupación frente a las reiteradas denuncias sobre los ataques, amenazas y hostigamiento que enfrentan miembros de la tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa por la defensa de sus tierras y recursos naturales ancestrales, razón por la cual la CIDH les había otorgado las medidas cautelares.

La OACNUDH también recuerda que, en su informe sobre su visita a Honduras en noviembre de 2015, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas expresó su preocupación sobre la situación del pueblo indígena Tolupán debido a que en las últimas décadas alrededor de 100 líderes tolupanes habían sido asesinados. La Relatora también constató que miembros de la tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa habían enfrentado persecución, criminalización y asesinatos por oponerse a actividades madereras, mineras e hidroeléctricas en sus tierras ancestrales.

Debido a esa situación, miembros de esta tribu han tenido que huir de sus comunidades en 2013.

La OACNUDH exhorta a las autoridades competentes a realizar las diligencias investigativas de forma pronta e imparcial, que permitan el esclarecimiento de las múltiples violaciones a derechos humanos que sufren las y los defensores de derechos humanos, incluso los defensores de los pueblos indígenas, así como la criminalización, las amenazas de muerte y en particular los recientes asesinatos de Salomón Matute y Juan Samael Matute. De igual manera, la OACNUDH insta al Estado hondureño a brindar justicia y reparación integral a las víctimas y sus familiares, teniendo en cuenta su pertenencia a un pueblo indígena. La debida protección y garantía de los derechos de la tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa y de otros pueblos indígenas del país sobre sus tierras y recursos naturales ancestrales representa una importante medida para prevenir estos sucesos de violencia. Por tanto, OACNUDH también insta a las autoridades del Estado correspondientes a que, de manera integral y de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de pueblos indígenas, tomen medidas decisivas para resolver la problemática de conflictos sociales sobre tierras y recursos naturales que afecta a la tribu de San Francisco de Locomapa.

La OACNUDH expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas, con el pueblo Tolupan y con el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.



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OACNUDH preocupada por restricciones a la libertad de expresión

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OACNUDH preocupada por restricciones a la libertad de expresión

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Tegucigalpa, 19 de febrero de 2019. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, manifiesta su preocupación por las recientes condenas que restringen el derecho a la libertad de expresión. Estas condenas involucran a una defensora de derechos humanos, también diputada del Congreso Nacional condenada por el delito de calumnia constitutivo de difamación a 2 años y 8 meses de pena privativa de libertad y una pena accesoria de inhabilitación especial e interdicción civil, y un periodista sentenciado a 10 años de reclusión no conmutable por 6 delitos de difamación constitutivos de injurias y calumnias.

La representante de la Alta Comisionada, Sra. María Soledad Pazo recuerda que el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión en su informe de misión a Honduras, señaló: “Noto con seria preocupación […] que la criminalización de los delitos de injuria, calumnia y difamación puede ser utilizada para silenciar a la prensa y limitar el derecho a la libertad de expresión de manera excesiva. De este modo, existe la posibilidad de que se empiecen procesos penales en contra de cualquier persona que exprese una opinión que pueda ser considerada contraria a la dignidad de una autoridad pública, debilitando de esta manera el derecho a la libertad de opinión y expresión”.

El Relator Especial señaló en el mismo informe que: “las medidas legales relativas a la libertad de opinión y expresión deben existir para eliminar obstáculos legales para el libre ejercicio de ese derecho fundamental, así como para sancionar a quienes violan ese derecho. En este sentido, las medidas legales no deben restringir indebidamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión ni tampoco deben permitir que se usen para censurar y sancionar a personas que hagan uso de su derecho a la libertad de expresión. El Estado también tiene la obligación de tomar medidas para prevenir crímenes contra la libertad de expresión donde haya riesgo de que estos ocurran 1

La OACNUDH recuerda el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Asimismo, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.

El Estado de Honduras ha recibido recomendaciones por parte del Comité de derechos humanos, el Examen Periódico Universal y del Relator Especial sobre la libertad de expresión en las que solicita se considere la posibilidad de despenalizar la difamación y, en todo caso, que la normativa penal solo debería aplicarse en los casos más graves, ya que la pena de prisión no es nunca apropiada.

En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado alienta al Gobierno de Honduras a avanzar en la reforma penal para despenalizar la difamación, calumnia e injuria, y adoptar soluciones adecuadas a través de los procedimientos civiles a los que las personas puedan recurrir en casos de difamación. En atención a todo lo expuesto, la OACNUDH se pone a disposición para acompañar técnicamente este proceso.



1 Ver en: https://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/Download.aspx?SymbolNo=A%2fHRC%2f23%2f40%2fAdd.1&Lang=eshttps://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/Download.aspx?SymbolNo=A%2fHRC%2f23%2f40%2fAdd.1&Lang=es

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Ante el próximo fallo en el Caso de Berta Cáceres, OACNUDH y CIDH expresan su preocupación por la exclusión de la representación de las víctimas y las demoras injustificadas en el proceso

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Ante el próximo fallo en el Caso de Berta Cáceres, OACNUDH y CIDH expresan su preocupación por la exclusión de la representación de las víctimas y las demoras injustificadas en el proceso

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28 de noviembre de 2018

Tegucigalpa / Washington, D.C. – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresan su preocupación por la exclusión de la acusación privada en representación de las víctimas y las demoras injustificadas en el proceso de Berta Cáceres. CIDH y OACNUDH observan que el 19 de octubre la acusación privada presentó un recurso de recusación contra el tribunal que conoce del caso, motivo por el que se ausentaron en la audiencia de inicio de juicio hasta contar con decisión final sobre dicho recurso, lo cual fue interpretado por el tribunal como abandono del proceso y nombró al Ministerio Público como representante de las víctimas.

Asimismo, la OACNUDH y CIDH observan que a lo largo del proceso judicial se ha producido la demora en la tramitación de otros tres recursos de amparo que hasta la fecha continúan estando pendientes de resolución. Estos recursos de amparo corresponden, además de la recusación del tribunal, la incorporación del COPINH como víctima, la exclusión de la acusación privada por abandono de proceso y la incorporación de una de las víctimas como acusación privada.

Ante el anuncio de la emisión de fallo próximamente por parte del Tribunal de Sentencia, la OACNUDH y CIDH resaltan que la exclusión en la fase de juicio oral y público de la acusación privada socava significativamente el derecho de las víctimas a un acceso efectivo y equitativo a la justicia así como su derecho a la verdad.1 Esta exclusión, además, tiene efectos concretos en la evacuación de los medios probatorios, que habrían sido propuestos por la acusación privada y cuya finalidad probatoria no puede ser orientada por la misma. Como lo ha señalado la Relatoría sobre sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, “la persecución penal solo es efectiva si las víctimas y sus familias son efectivamente involucrados en el proceso” y esa participación pone de manifiesto y afianza el derecho a la verdad.2

En relación con la demora en la tramitación de los recursos de amparo, la OACNUDH y CIDH recuerdan que estos se constituyen como una garantía esencial para la protección de los derechos humanos, entre ellos el debido proceso y el derecho a un recurso judicial efectivo, reconocidos en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por ello el retardo en la resolución de dicha acción disminuye la efectividad de su función de protección, sobre todo ante hechos irreparables y el deber de debida diligencia que corresponde al Estado en relación a este tipo de enjuiciamientos. A este respecto, es oportuno resaltar lo señalado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el sentido de que un aspecto importante de la imparcialidad del órgano de justicia es su carácter expeditivo y por ello ha señalado que las demoras que no pueden justificarse por la complejidad del caso o el comportamiento de las partes no son compatibles con el principio de una vista imparcial.3

La justicia para las víctimas será efectiva e integral cuando se judicialice y responsabilice a todos los autores materiales e intelectuales del crimen. En ese sentido la Corte Interamericana, ha expresado que “es un derecho internacional y deber general de los Estados garantizar el cumplimiento de la obligación de investigar el caso ex officio, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva para poder judicializar a los verdaderos responsables de vulneraciones a derechos humanos”.

Finalmente, la OACNUDH y CIDH advierten que es imperativo, que el sistema de justicia pueda garantizar el absoluto cumplimiento de las garantías del debido proceso y la protección judicial efectiva en este primer juicio por el asesinato de la defensora Berta Cáceres. Para ello, la impartición de justicia en un caso tan paradigmático, enmarcada en los principios de transparencia y acceso a la información, es clave para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia y sus resoluciones, para la búsqueda de justicia de su familia, así como para la salvaguarda de la labor de las personas defensoras en Honduras.

La OACNUDH, observa e informa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre la situación de derechos humanos, a fin de asesorar a las autoridades hondureñas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas que contribuyan a la promoción y protección de los derechos humanos en el país, rigiéndose por los principios de imparcialidad e independencia. Como parte de la Secretaria General de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) coordina los esfuerzos globales en la promoción y protección de los derechos humanos a través de la cooperación y el fortalecimiento de las instituciones nacionales del Estado y la sociedad civil.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

1 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, artículo 2b).
2 Pablo de Greiff, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. A/HRC/24/42, 28 de agosto, 2013.
3 Comité de Derechos Humanos, Observación General número 32, párrafo 27. 

 

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OACNUDH: “Preocupante la vulnerable situación de más de 3 mil migrantes que se desplazan desde Honduras hacia el norte del continente americano”

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OACNUDH: “Preocupante la vulnerable situación de más de 3 mil migrantes que se desplazan desde Honduras hacia el norte del continente americano”

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16 de octubre 2018.- Las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, Guatemala y México, en el marco de sus mandatos, expresan su preocupación por la situación de inseguridad y la necesidad de protección de las personas que forman parte de la “Caravana de Migrantes”, integrada por más de 3.000 personas hondureñas, entre ellas personas en situación especial de vulnerabilidad, incluyendo particularmente niñas, niños, mujeres y adultos mayores, que desde el 13 de octubre de 2018 transitan por Centroamérica con la intención de llegar a México y los Estados Unidos de América, huyendo de la violencia, de la pobreza y de las dificultades para acceder a sus derechos humanos.

Ante los importantes retos que representa este desplazamiento masivo de personas, así como la naturaleza mixta de los flujos migratorios en la región, la OACNUDH reitera las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de los países de origen, tránsito y destino. Asimismo, hace un llamado a los Estados de Honduras, Guatemala y México a proteger la integridad y garantizar la seguridad de migrantes y personas sujetas a protección internacional. Igualmente, la OACNUDH considera vital brindarles ayuda humanitaria y asistencia adecuada a las necesidades específicas de mujeres, niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad y personas LGTBI, entre otras.

Todos los migrantes, con independencia de su estatus migratorio o situación irregular, o la forma como llegan a la frontera, el lugar de donde proceden, tienen derecho a disfrutar de sus derechos humanos y los estados la obligación de garantizar su efectivo cumplimiento. 1 Los Estados además deben asegurar en las fronteras internacionales sus capacidades para identificar las necesidades de protección, prevenir la devolución y asegurar el acceso a los procedimientos de protección internacional que correspondan. 2

En este sentido, la OACNUDH insta a las autoridades de Honduras, Guatemala y México a que continúen coordinando esfuerzos para garantizar el respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes y recuerda sobre el deber de respetar el principio de excepcionalidad del uso de la fuerza y de la detención y garantizar el enfoque de derechos humanos en la atención de la población migrante.

Finalmente, la OACNUDH reitera a las autoridades su disposición para continuar brindando asesoría y asistencia técnica para implementar los estándares internacionales en materia de derechos humanos aplicables a las personas en contexto de movilidad y asegurar su acceso a servicios básicos, asistencia humanitaria y mecanismos de protección de sus derechos sin discriminación alguna. Asimismo, manifiesta su disposición para seguir brindando el apoyo necesario para que estos Estados puedan abordar los cambios estructurales que les permitan combatir la pobreza, la desigualdad y la violencia y asegurar las bases de un desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás.

 

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1 Ver informe de la CIDH Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas
y desplazados internos: Normas y Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
2 Para más información ver informe de la OACNUDH sobre “Principios y directrices recomendados sobre los
derechos humanos en las fronteras internacionales”, disponible en:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines_SP.pdf

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OACNUDH preocupada por campaña de desprestigio contra el Padre Ismael Moreno

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OACNUDH preocupada por campaña de desprestigio contra el Padre Ismael Moreno

La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) muestra su preocupación por las acciones que en los últimos días, se han ejecutado contra integrantes de Radio Progreso.

Recientemente la periodista y defensora de derechos humanos, Sandra Maribel Sánchez, fue objeto de amenazas en contra de su vida, producto de su ejercicio periodístico, por otro lado, el Director de Radio Progreso, Padre Ismael Moreno, nuevamente es víctima de una campaña de desprestigio.

La Representante de país, María Soledad Pazo ve con alta preocupación ambos sucesos; “La Oficina exhorta al Estado de Honduras a asegurar que las personas defensoras de los derechos humanos puedan ejercer sus labores legítimas de defensa, sin intimidación, amenazas o represalias, e investigar las fuentes de toda campaña de desprestigio y amenazas”.

En este sentido la alta diplomática destacó; “los ataques en contra de integrantes de medios de comunicación son lesivos en la defensa y promoción de los derechos humanos en un país, los medios de comunicación, desarrollan un rol estratégico en el proceso de informar y sensibilizar sobre derechos humanos, la libertad de expresión es esencial para velar por la transparencia y responsabilidad de las instituciones estatales”

La oficina reitera lo expresado en su Informe Anual de 2016 sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, dónde instó al Ministerio Público y a la Policía Nacional a intensificar la investigación de las agresiones a defensores de derechos humanos y a avanzar en su enjuiciamiento… (Recomendación 61.b).

También, en su Informe Anual de 2017 la OACNUDH la Oficina advirtió, sobre la situación del Padre Ismael Moreno; “Se dirigieron ataques en contra los líderes sociales, a menudo mediante campañas de difamación e intimidación como en el caso del sacerdote jesuita Ismael Moreno (….) Desde el inicio de las protestas post-electorales, la OACNUDH también ha documentado la intensificación de una campaña de intimidación contra los defensores activos de derechos humanos” (numeral 45).

Por lo anterior, OACNUDH hace un llamado al cese inmediato de las campañas de desprestigio dirigidas a defensoras y defensores de derechos humanos.

Retomando las observaciones de la Declaración de Fin de Misión del Relator Especial sobre la situación de Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, La Oficina insta al Ministerio Público, a abordar la impunidad de los ataques contra defensores de derechos humanos y adoptar medidas enérgicas, como la elaboración de protocolos específicos para este tipo de delitos. Asimismo, a desarrollar una investigación exhaustiva de los hechos, apegados a los más altos estándares establecidos para este tipo de casos.

La Oficina exhorta a que la labor de estas personas sea reconocida y protegida como un elemento central de un estado democrático de derecho.

OACNUDH reitera su solidaridad al personal de Radio Progreso y destaca su preocupación, por los hechos en mención.