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CIDH y las presencias de ONU Derechos Humanos reiteran su llamado para la creación de un ambiente propicio y seguro para quienes defienden los derechos humanos en la región

Publicada en
7 de noviembre de 2019

Bogotá / Ciudad de Guatemala / Ciudad de México / Ciudad de Panamá / Puerto Príncipe / Santiago de Chile / Tegucigalpa / Washington, D.C. –

En el marco del Mecanismo de Acciones Conjuntas para contribuir a la protección de personas defensoras de derechos humanos en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las presencias del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-Derechos Humanos) manifiestan su preocupación por la continuidad, y en algunos casos el agravamiento, de los patrones de violencia y criminalización que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos en las Américas durante los meses de mayo a septiembre de 2019.

La CIDH y las presencias del Alto Comisionado alertan sobre los altos números de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en la región, ataques, amenazas, hostigamientos, actos de intimidación, campañas de estigmatización y desprestigio, así como procesos de criminalización que impactan negativamente en la actividad de las personas defensoras.

Resulta especialmente preocupante que algunos de los ataques registrados en este período, se llevaron a cabo en contra de personas defensoras beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana, así como de medidas de protección adoptadas por mecanismos nacionales. Llama la atención el alto grado de violencia en los ataques contra este grupo. En muchos casos, estos asesinatos se llevaron a cabo en presencia de hijos/as, familiares y seres queridos de las personas defensoras de derechos humanos.

CIDH y la ONU-Derechos Humanos expresan con preocupación que Colombia continúa siendo el país que registra más asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en la región.

Desde enero a la fecha, la Oficina en Colombia ha documentado 63 asesinatos de personas defensoras. Estos 63 casos han ocurrido en un total de 19 departamentos del país. Adicionalmente la Oficina sigue en proceso de verificación de 43 asesinatos más donde se presume que la víctima era defensor o defensora de derechos humanos. Entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre, fechas en las que se enmarca este comunicado, la Oficina de ONU Derechos Humanos confirmó el asesinato de 33 personas defensoras de derechos humanos (7 mujeres, una de ellas se identifica como personas LGBTI y 26 hombres). Varios de estos asesinatos se habrían producido en contra de personas que defienden la tierra y el territorio por denunciar la presencia de grupos armados y/ u oponerse a economías ilícitas.

Entre algunos casos destacan el asesinato de Mauricio Fernando Lezama Rengifo, quien fue asesinado el 9 de mayo en el departamento de Arauca, mientras realizaba un cortometraje sobre la vida de la lideresa Mayo Villareal. El 20 de julio, Humberto Díaz, líder campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal en la vereda Guadalupe que lideraba procesos de desarrollo social y comunitario en el municipio de Gigante, Huila, habría sido sorprendido en su casa junto a su familia por un sujeto armado no identificado que le propinó varios disparos hasta causarle la muerte. Asimismo, la ONU Derechos Humanos-Colombia tuvo información sobre el asesinato de 5 personas que ejercían algún tipo de liderazgo del pueblo Nasa, tres de ellas pertenecían a la Guardia Indígena. Ambos organismos notan asimismo con preocupación los casos reportados de asesinatos a varias personas que han decidido participar como candidatos/as en las elecciones departamentales y locales de octubre 2019.  Según la Misión de Observación Electoral (MOE) 7 candidatos han sido asesinados en el periodo pre-electoral de 27 de julio hasta la fecha. De estos candidatos, una víctima era defensora de derechos humanos.

En Honduras, preocupan los asesinatos y otros actos de violencia cometidos contra personas defensoras que se dieron en el contexto de las manifestaciones y paros convocados por el sector salud y educación, que tuvieron lugar en diferentes partes del país en los últimos meses. Según la información recabada, fuerzas de seguridad del Estado habrían empleado un nivel excesivo en el uso de la fuerza al momento de disuadir las protestas. Cuatro personas fallecieron por heridas de arma de fuego, incluido un menor de edad.

De igual manera, ambos organismos condenan los asesinatos de al menos 10 personas defensoras de derechos humanos que ejercieron su labor fuera del contexto de protestas, como el ambientalista Roberto Antonio Argueta Tejada, el 28 de agosto de 2019. El defensor habría sufrido anteriormente, junto con 32 personas más, actos de criminalización por defender los ríos de San Pedro y Guapinol. Los organismos también condenan el asesinato de Bessy Ferrera, mujer trans y defensora de los derechos delas personas LGBTI y de personas viviendo con VIH, el 8 de julio. Ella fue atacada y asesinada por desconocidos que se conducían en un vehículo; según se reporta, en este ataque también resultó herida otra mujer trans. Ambos organismos toman nota que una investigación está en curso y que dos personas han sido arrestadas. Los días 26 y 29 de septiembre respectivamente fueron hallados muertos los defensores indígenas Tolupán, Milgen Adán Soto Ávila que formaba parte del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y Adolfo Redondo quien se desempeñaba como Coordinador del Comité de apoyo local al Consejo Indígena Tribal de el Portillo, ambos en el departamento de Yoro. Ambos organismos lamentan los asesinatos de las personas defensoras en Tolupán e instan a la toma urgente de medidas para luchar contra la impunidad.

La CIDH y la ONU-Derechos Humanos mantienen su preocupación por el asesinato de personas defensoras de derechos humanos en México. Hasta septiembre de 2019 se tienen registrados 15 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en el país.  Se destaca el asesinato del biólogo José Luis Álvarez Flores, defensor del derecho a un medio ambiente sano, que había previamente recibido amenazas debido a sus denuncias sobre la explotación de recursos naturales en la región de Chiapas y Tabasco.

En Brasil, ambos organismos expresan su especial preocupación por la violencia en contra de quienes defienden el derecho a la tierra en el país. Entre otros, el 5 de junio de 2019, Aluciano Ferreira dos Santos, agricultor y miembro del Movimiento Sin Tierra (MST), fue asesinado en Brejo da Madre de Deus, Pernambuco, con cuatro tiros mientras se dirigía a una estación de radio local para una entrevista. El 11 de junio de 2019 fue asesinado en su residencia, en Río María, sur de Pará, Carlos Cabral Pereira, presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Rurales de Río María y miembro del directorio de la Central de Trabajadores de Brasil, por hombres armados que se transportaban en motocicleta. Asimismo, Luis Ferreira da Costa, militante del MST, fue asesinado durante una protesta el 18 de julio de 2019, cuando un hombre atropelló intencionadamente con su camión a varios manifestantes en Valinhos, São Paulo. El 22 de julio de 2019, fue asesinado el líder indígena Emyra Wajãpi. Los organismos toman nota de las investigaciones que están en curso sobre este caso

Con respecto a los hostigamientos, intimidaciones y amenazas en contra de quienes defienden los derechos humanos en la región, ambos organismos expresan su preocupación por los casos registrados durante los últimos meses.  En Brasil, en el mes de junio, el diputado federal y activista por los derechos de las personas LGBTI, David Miranda, señaló haber entregado un documento a la policía federal con nuevas amenazas de muerte en su contra. Estas últimas amenazas se suman a las recibidas por su marido, Glenn Greenwald, en el ejercicio de su labor como periodista. El 10 de agosto, el defensor de los derechos humanos Antônio Luiz Marchioni, fue amenazado de muerte por parte de extremistas religiosos después de participar en un debate sobre derechos sexuales y reproductivos y política de drogas.

En Colombia, el 14 de mayo, varios miembros de organizaciones defensoras del medioambiente de Cajamarca, recibieron amenazas por parte del grupo armado ilegal Águilas Negras. Según la información recopilada, las amenazas podrían haber estado relacionadas con la resistencia a los proyectos mineros en la región. Durante el mismo mes, circularon panfletos en redes sociales, supuestamente realizados por el mismo grupo, señalando como objetivos a siete lideresas sociales. El 25 de junio, habrían surgido nuevas amenazas en contra de líderes sociales y periodistas, esta vez a través de la difusión de panfletos amenazantes realizados supuestamente por el grupo denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Según medios locales, los panfletos señalaban como objetivos a los líderes indígenas Zenu, Israel Aguilar, Andrés Betin y al periodista Rafael Morelo.

En Cuba, quienes defienden los derechos humanos continuarían siendo víctimas de actos de hostigamiento e intimidación policial. Estos actos consisten en arrestos arbitrarios y de corta duración antes, durante o después de ejercer el derecho a la libre asociación o libertad de expresión de estas personas.  En mayo, el profesor universitario y activista del movimiento LGBTI+, Oscar Casanella, habría sido detenido y agredido presuntamente por participar en una marcha en defensa de los derechos de las personas LGBTI en la capital de dicho país. De acuerdo con información pública, en el contexto de su detención, el defensor fue golpeado en el pecho y el abdomen por cuatro oficiales de policía y luego trasladado al hospital. El 16 de mayo, la defensora de derechos LGBTI, Leodan Suarez, habría sido detenida antes de participar en una reunión con la Embajadora de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, para discutir sobre la situación actual de la población LGBTI en Cuba. De acuerdo con información pública, durante su detención la defensora habría sido humillada por ser trans, además de habérsele negado alimentación y su medicación.

En Haití, los días 23 y 24 de julio, el defensor Gérald Guillaume, coordinador de la ONG IDETTE (Initiative Départementale Contre la Traite et le Trafic des Enfants), habría recibido amenazas de muerte anónimas por teléfono. Desde principios de septiembre 2018, el defensor habría sido víctima de intimidaciones relacionadas con su trabajo con IDETTE por revelar casos de violencia sexual contra niñas y niños cometidos en el Departamento de Grand’Anse..  En agosto, dos agentes de la institución nacional de derechos humanos (Office de la Protection du Citoyen d’Haïti, OPC) también habrían sido víctimas de intimidaciones por denunciar graves irregularidades durante uno de los procesos judiciales.

En Guatemala, el 4 de septiembre fue declarado un estado de sitio que suspende el ejercicio de varios derechos, incluyendo derechos de reunión y manifestación pacífica, en 22 municipios del país, que duró 60 días. Dos organizaciones de derechos humanos, la Defensoría Q’eqchi’ y la Fundación Guillermo Torriello en el Estor, Izabal, tuvieron que suspender sus actividades durante el periodo de estado de sitio, por temores de represalias por sus actividades en defensa de los derechos humanos. El 27 de septiembre, en el marco del estado de sitio, la radio comunitaria q’eqchi’ Xyaab’ Tzuultaq’a, que publicaba información sobre los derechos humanos en la región, fue allanada y cerrada por autoridades del Estado. La declaración del estado de sitio se dio unas semanas después del otorgamiento de un amparo provisional el 19 de julio por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que suspende temporalmente la licencia de explotación de la minera Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), la cual también se encuentra en el municipio de El Estor, Izabal. El amparo, que fue presentado a título personal por más de 60 pobladores de El Estor, en su mayoría integrantes de la Gremial de Pescadores Artesanales, alega que la licencia fue otorgada sin consultar con el pueblo indígena q’eqchi’ afectado y que tiene impactos negativos sobre el medioambiente.

En el contexto de las manifestaciones convocadas en el marco del paro de los sectores de salud y educación en Honduras, ambos organismos recibieron información que indica que manifestantes e integrantes de la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación Pública sufrieron campañas de intimidación y hostigamiento laboral, con motivo de su organización y participación en dichas manifestaciones. Entre otros, se recibió información sobre el despido del señor Marco Garay Caballero, presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras (CCDH) en el mes agosto, por un alegado conflicto de intereses al pertenecer a la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación Pública. Asimismo, el 14 de junio, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de los miembros de la Organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH). La solicitud de medidas cautelares alega que las lideresas y líderes jóvenes se encontrarían en una situación de riesgo tras supuestos actos de violencia, intimidaciones y hostigamientos en su contra, presuntamente relacionados con su labor como defensores y defensoras de derechos humanos. En cuanto a personas defensoras del medioambiente, los ataques, amenazas y agresiones, como la quema de cosechas, siguen contra las y los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y especialmente su lideresa Rosalina Domínguez y la Comunidad de Río Blanco.

Ambos organismos expresan su profunda preocupación por los constantes actos de hostigamiento, y amedrentamiento en contra de personas defensoras de personas migrantes y refugiadas en México. Según información pública, el 20 y el 23 de julio, efectivos de la Policía Federal, Policía Municipal, Policía Militar y Guardia Nacional habrían realizado acciones de inspección de migrantes en las puertas de la Casa del Migrante de Saltillo, en Coahuila, pese a que ello estaría prohibido por la Ley de Migración de México. Asimismo, frente a los reclamos por la supuesta arbitrariedad de esta operación, efectivos de las fuerzas de seguridad habrían procedido a tomar fotos y grabar con sus dispositivos a personal de la Casa.

En Nicaragua, la CIDH y la ONU-Derechos Humanos han documentado casos de hostigamiento y vigilancia contra personas defensoras de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y otros colectivos de abogadas y abogados en el país dedicados/as a la defensa de víctimas de violaciones a derechos humanos y personas privadas de su libertad. Dichos actos serían perpetrados directamente por agentes del Estado, o con su tolerancia en un contexto adverso para desempeñar su labor. Entre otros, destaca la situación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), organizaciones beneficiarias de medidas provisionales por la Corte Interamericana. Respecto de la CPDH, el 1 de junio, la CIDH decidió ampliar las medidas cautelares a 24 integrantes de la organización. Asimismo, El 14 de septiembre, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Freddy Alberto Navas López, líder del movimiento campesino que estuvo privado de libertad por más de seis meses, supuestamente en razón de su involucramiento con el movimiento campesino y su rol de liderazgo en acciones de oposición al actual gobierno. Tras ser liberado el 11 de junio, habría vuelto a ser blanco de seguimientos y hostigamientos.

En Perú, la CIDH conoció que el 29 de julio tres personas armadas habrían disparado cinco tiros a la vivienda de Germán López, Presidente de la Comunidad Ashaninka Nueva Austría en Huánuco. Este acto de intimidación habría ocurrido como represalia por parte de grupos que intentan apropiarse de los territorios indígenas.

En Venezuela, la CIDH y la ONU-Derechos Humanos recibieron información sobre supuestos actos de intimidación y amenazas por parte de grupos civiles armados y fuerzas de seguridad del Estado. En agosto, el defensor Manuel Mir, líder comunitario de la Parroquia 23 de Enero en Caracas, habría sufrido amenazas por parte de personas integrantes de un grupo civil armado que opera en esta localidad. El 15 de julio, la periodista y defensora de derechos humanos Violeta Santiago, habría sido víctima de amenazas e intimidaciones por parte de un agente de la Guardia Nacional Bolivariana cuando acudía a una estación de servicio a constatar la falta de combustible en la ciudad de Mérida. El 1 de julio, el abogado Alonso Medina Roza, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, fue acosado, en el Palacio de Justicia por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), los cuales intentaron despojarlos de sus teléfonos celulares para revisar su contenido. El 6 de septiembre, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Civiles, Penales y Criminalísticas (CICPC) habrían allanado la residencia de la abogada Tamara Suju, defensora de derechos humanos que se encuentra fuera del país. Esa misma semana también fue allanada la residencia de la profesora Carmen Alguindigue, defensora de estudiantes universitarios del centro de derechos humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de la Universidad Metropolitana (UNIMET).

Por otra parte, la CIDH y la ONU-Derechos Humanos han expresado reiteradamente su preocupación por los actos de criminalización que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en la región, mediante los cuales se les somete a procesos penales sin fundamento con el objetivo de obstaculizar sus labores y desacreditar sus causas.

Según información recibida, personas defensoras de migrantes han sido indebidamente investigadas por supuestos delitos, incluyendo el de tráfico de personas. La CIDH, durante su visita de trabajo a la frontera sur de Estados Unidos (19 – 23 de agosto) recibió información sobre las situaciones a las que se enfrentan personas defensoras de derechos de los migrantes tales como: i) restricciones para reunirse con las personas a las que asisten, especialmente si se encuentran en detención; ii) amenazas y hostigamientos, incluso en ocasiones a través de acusaciones formales que invocan trasgresiones a la ley; y, iii) la imposibilidad de establecer contacto telefónico y restricciones a la movilidad.

Tanto los procedimientos especiales de la ONU (5 de junio de 2019) como la CIDH (23 de julio de 2019) manifestaron su preocupación por la criminalización de Scott Warren, profesor universitario y miembro de la organización de la sociedad civil “No More Deaths”, al enfrentar tres cargos de delitos graves por ofrecer agua, comida, ropa limpia y una cama para dormir a personas migrantes en el Ajo, Arizona.

En México, a pesar de una trayectoria de décadas defendiendo los derechos de los pueblos indígenas habiendo conquistado importantes precedentes judiciales en materia de restitución de tierras a comunidades indígenas que habían sido despojadas, la defensora Estela Ángeles Mondragón se ha vuelto el blanco de una campaña de desprestigio y de criminalización.

En Brasil, personas defensoras de derechos humanos y colectivos de defensa de la tierra, fueron hostigadas judicial y policialmente mediante desalojos forzosos de campamentos. El 7 de agosto, residentes de la Comuna Marisa Letícia, organizada por el Movimiento sin Tierra (MST) en São Gonçalo do Amarante, Río Grande del Norte, fueron desalojados/as por la fuerza por la Policía Militar sin previo aviso. La Comuna Marisa Letícia se creó el 21 de junio por 140 familias y, de acuerdo con la información pública, el desalojo se habría llevado a cabo con violencia, utilizando tractores para destruir las pertenencias de quienes vivían allí.

En Guatemala, en el contexto de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) del país el 3 de septiembre, existen preocupaciones sobre el riesgo de represalias hacia personas defensoras de derechos humanos de la lucha contra la impunidad y la corrupción, incluyendo ex funcionarios de la CICIG. Esto se suma a patrones de ataques y represalias, incluyendo estigmatización, criminalización y hostigamiento en contra de fiscales, jueces y juezas y magistrados y magistradas independientes, especialmente aquellos que conocen casos relacionados con delitos de corrupción y justicia de transición. 

En Nicaragua, la CIDH y la ONU-Derechos Humanos han denunciado repetidamente el uso indebido del derecho penal, con el fin de obstaculizar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos. Ambos organismos recibieron información de la criminalización de la defensora de derechos humanos e integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, Maria Oviedo, quien fue declarada culpable el 29 de agosto de obstrucción de funciones en perjuicio de un teniente de la policía, quien la habría agredido verbal y físicamente en la delegación de Masaya, el pasado 26 de julio, mientras este interrogaba a su defendido.

En Cuba, la CIDH ha recibido información sobre actos de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos mediante la imputación de tipos penales como el de peligrosidad social pre-delictiva, desacato y atentado. El 7 de agosto de 2O19 el Tribunal Provincial de Guantánamo, notificó al comunicador social Roberto Quiñones sobre la sentencia a un año de prisión por el delito de resistencia y desobediencia, por un proceso iniciado luego de haber sido detenido por cinco días en el mes de abril. Al respecto, la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la CIDH expresó su preocupación por la persistencia de la criminalización y hostigamiento contra comunicadores y defensores de derechos humanos en dicho país.

En materia de discursos de difamación y deslegitimación, la CIDH y la ONU-Derechos Humanos recibieron información sobre declaraciones deslegitimizantes en contra de activistas ambientales en el marco de los incendios que han afectado durante los últimos meses los territorios de Brasil y Bolivia. En Brasil, el 21 de agosto el Ejecutivo insinuó que detrás de los recientes incendios en el Amazonas, los mayores registrados en los últimos años, podrían estar las organizaciones de la sociedad civil. En Bolivia, los manifestantes y activistas que acudieron a la movilización del 24 de agosto en defensa del ambiente y el Amazonas, fueron señalados en un pronunciamiento público del Ejecutivo de ser también contaminadores.

La CIDH y la ONU-Derechos Humanos también han continuado recibiendo información sobre actos de deslegitimación y restricción del trabajo de defensoras y defensores en Venezuela. El 4 de mayo, el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, en su programa de televisión volvió a desacreditar el trabajo de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y señaló que éstas conspiran contra Venezuela por el hecho de “aceptar dinero” del “imperialismo” y advirtió que aprobarán una ley que les sancione severamente. Asimismo, el 3 de julio, publicó un video en el cual se acusaba a los abogados defensores Joel García y Naremi Silva, de participar en supuestos planes de conspiración para la planificación de la supuesta fuga del diputado Juan Requesens.

Ambos organismos expresan su preocupación por los altos niveles de impunidad que rodean los asesinatos de personas defensoras en la región. 

La Comisión y la ONU-Derechos Humanos recuerdan que los Estados deben garantizar que las personas defensoras de derechos humanos ejerzan su labor de defensa en un ambiente adecuado y libre de obstáculos. Los Estados deben implementar políticas integrales de protección destinadas a personas defensoras de derechos humanos, con un especial énfasis en la prevención, protección e investigación de agresiones en su contra; teniendo en cuenta los enfoques diferenciados de quienes defienden la tierra, el territorio, el medio ambiente, los pueblos indígenas, afrodescendientes y personas campesinas, al igual que de las personas LGBTI.

En este contexto, la CIDH y la ONU-Derechos Humanos reiteran que los Estados deben tomar acciones urgentes para investigar los actos de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y sancionar a los/las responsables materiales e intelectuales. Ello debe incluir el desarrollo de líneas de investigación que incluya o no descarte a priori la hipótesis de que la violencia pudo haber sido cometida en conexión con la labor de defensa de los derechos humanos. Dichas investigaciones además deben ser emprendidas con debida diligencia, de manera exhaustiva, seria e imparcial. La Comisión y la ONU-Derechos Humanos urgen a los Estados a redoblar sus esfuerzos para hacer frente a la situación de impunidad respecto a los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos.

Ambos organismos reconocen  avances como la firma del “Pacto por la Garantía de los Derechos de las Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos” el 11 de julio en Colombia. Este pacto contiene seis puntos fundamentales, entre los que se resalta el reconocimiento del ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos; y el compromiso para trabajar desde las entidades del Gobierno Nacional para la garantía y promoción de los derechos humanos de las lideresas y defensoras, garantizando la protección a su vida y labor con un enfoque de género.

En Colombia, ambos organismos destacan el espacio de confluencia conformado por las plataformas de derechos humanos de la Mesa Nacional de Garantías y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, impulsado por el Ministerio del Interior, con el apoyo técnico de ONU Derechos Humanos y PNUD, que se encuentra trabajando en el diseño y elaboración de la Política Integral de Respeto y Garantía para la Defensa de los Derechos Humanos.

En México, la ONU Derechos Humanos y la CIDH reconocen la gran apertura mostrada por el Gobierno para la realización por la ONU Derechos Humanos-México de un Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como la plena la aceptación de las 104 recomendaciones formuladas en dicho Diagnóstico. Se destaca también la liberación de  seis defensores indígenas del agua de Tlanixco, víctimas de criminalización que habían pasado injustamente entre 12 y 15 años en la cárcel. La sentencia condenatoria en el caso del homicidio del defensor indígena Isidro Baldenegro, la primera vez que en Chihuahua se condena un asesino de defensores de derechos humanos, es también un avance.

La CIDH y la ONU-Derechos Humanos celebran que el 26 de septiembre, el Estado Plurinacional de Bolivia, Saint Kitts and Nevis, Uruguay, Saint Vincent and Granadines hayan depositado el instrumento de ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), el primer tratado internacional de carácter vinculante que reconoce la obligación de protección a las personas defensoras de derechos humanos, en concreto de quienes defienden el medio ambiente. Estos países se juntan a Guyana, que ya había ratificado el Acuerdo el 18 de abril de 2019. En el mismo sentido, reconocen la decisión de otros 21 Estados de la región de firmar el Acuerdo, y confían que los mismos reforzarán su firme compromiso con la protección del medio ambiente y los derechos humanos por medio de la ratificación del mismo.

La CIDH y la ONU-Derechos Humanos reiteran su llamado a los Estados y a la sociedad en su conjunto para que redoblen sus esfuerzos en la creación de un ambiente propicio y seguro para quienes defienden los derechos humanos en la región.  Los Estados deben seguir avanzando para desarrollar, implementar y fortalecer mecanismos y políticas públicas de prevención y protección a la labor que ejercen las personas defensoras de derechos humanos, así como adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar que efectivamente se garantice el derecho a defender los derechos humanos.

La CIDH y la ONU- Derechos Humanos destacan su reconocimiento a quienes desempeñan tan importante labor en la región y aprovechan la oportunidad para exhortar a los Estados de región a reconocer el papel fundamental que ejercen las defensoras y defensores de derechos humanos para la garantía de la democracia y del Estado de Derecho.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) es la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. La Asamblea General encomendó a la Alta Comisionada y a su Oficina la misión de promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas. ONU Derechos Humanos proporciona asistencia en forma de competencias técnicas y fomento de capacidad para apoyar la aplicación sobre el terreno de las normas internacionales de derechos humanos. ONU Derechos Humanos ayuda a los gobiernos, que tienen la responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos, a cumplir con sus obligaciones y apoya a los individuos en la reivindicación de sus derechos. Además, denuncia de manera objetiva las violaciones de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

 

 

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Alto a la impunidad y los crímenes contra periodistas y comunicadores sociales

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Alto a la impunidad y los crímenes contra periodistas y comunicadores sociales

Tegucigalpa, 2 de noviembre de 2019 En el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresa su preocupación por la criminalización, persecución e impunidad que afecta periodistas y medios de comunicación en Honduras.

OACNUDH enfatiza el importante papel de las personas que ejercen el periodismo en la sociedad y recuerda que los ataque a comunicadores sociales, periodistas y medios de comunicación son ataques a la Libertad de Expresión y una limitación del Derecho a la Información de toda la sociedad, así como una vulneración a los derechos humanos.

La labor de difundir noticias y comunicar temas de interés para la sociedad, es uno de los pilares de la democracia y ninguna persona debería de estar en riesgo por desempeñar su trabajo. Las amenazas, el hostigamiento, la criminalización y el asesinato como expresión de la máxima violencia contra periodistas, unido a la impunidad, constituyen una manera de intimidar o silenciar que conduce a la autocensura.

Organizaciones de sociedad civil dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, han registrado más de un centenar de alertas por diferentes tipos de ataques contra personas que ejercen el periodismo y contra la libertad de expresión,  resaltan la persecución judicial, a través de querellas y las agresiones en cobertura de protestas, mayormente con bombas lacrimógenas, golpes de los efectivos policiales o militares, persecución física en autos del Gobierno, destrucción de equipo periodístico o detenciones arbitrarias[1].

Durante el 2019, La OACNUDH ha registrado y dado seguimiento al asesinato de dos periodistas y dos comunicadores sociales, en los departamentos de Valle, Copan y Cortes, lamenta no conocer de avances en las investigaciones y que estos crímenes estén en la impunidad. 

OACNUDH Honduras reafirma que la libertad de opinión y expresión es uno de los derechos fundamentales de la persona humana y el Estado de Honduras ratificó convenciones y tratados internacionales de derechos humanos que reconocen este derecho.

 

La Oficina recuerda que el Estado de Honduras se comprometió a adoptar medidas para superar el riesgo de las personas defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de justicia, y valora los avances normativos del Estado en la promulgación de la Ley de protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (Decreto No. 34-2015) y la creación del Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos.

 

Sin embargo, la OACNUDH expresa su preocupación sobre el Capítulo III Titulo VII “Delitos contra la Dignidad y el Honor” del Nuevo Código Penal que debería entrar en vigor en el mes noviembre 2019, específicamente por la tipificación de los delitos de injuria y calumnia en este nuevo Código. Si bien reconoce la derogación de la figura delictiva de “difamación”, reitera y recomienda al Estado de Honduras, la necesidad de despenalizar los delitos de injuria y calumnia por la restricción de la libertad de expresión y opinión.

En cuanto a la impunidad, OACNUDH recuerda que esta constituye una seria amenaza al Estado de Derecho, dado que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidos a leyes que se deben hacer cumplir por igual y aplicarse con independencia, normas que deben ser compatibles con los estándares y principios internacionales de derechos humanos.

Asimismo, la Oficina reitera su disposición para brindar al Estado hondureño la asistencia técnica que contribuya a fortalecer las capacidades del Estado en la investigación, persecución y sanción de estas graves violaciones de derechos humanos, condición para avanzar en el compromiso de poner fin a la impunidad y los crímenes contra periodistas y comunicadores sociales así como para generar un clima propicio para el ejercicio de sus labores.

 

[1] C- libre, a través de su Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales de Honduras (RAPCOS) ha registrado 106 alertas en lo que va del 2019. http://www.clibrehonduras.com/alertas

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OACNUDH-Honduras condena la muerte de miembros de la comunidad LGBTI.

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OACNUDH-Honduras condena la muerte de miembros de la comunidad LGBTI.

Tegucigalpa, 15 de julio de 2019 – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras condena las muertes violentas de al menos 20 personas LGBTI durante el transcurso de 2019, incluyendo tres personas trans y una persona bisexual durante el mes de julio. La OACNUDH expresa su preocupación frente a estos graves hechos y a las reiteradas denuncias sobre ataques, amenazas y hostigamiento que enfrentan las personas miembros de la comunidad LGBTI en el país.

De manera sistemática, los órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas han afirmado que la orientación sexual y la identidad de género, incluida la expresión de género, son motivos prohibidos de discriminación, como lo son la raza, el sexo, el color o la religión. Estos órganos también han expresado su preocupación con respecto a las violaciones de los derechos humanos por motivos de identidad de género, incluida la expresión de género, y han exhortado a los Estados a  hacer frente a estos flagelos.[1]

La situación de los derechos humanos de las personas LGBTI es una gran preocupación en Honduras por las continuas y graves violaciones de derechos humanos que sufren a diario. En efecto, de acuerdo al Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación de la Red Lésbica Catrachas, durante 2019, se han reportado 21 muertes violentas de personas LGBTI.

Al respecto, cabe recordar que la OACNUDH en su informe anual de 2018 recomendó al Estado de Honduras “Tomar medidas concretas para eliminar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, y garantizar investigaciones y enjuiciamientos prontos, eficaces y con enfoque de género de los delitos cometidos contra mujeres y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, con la inclusión de recursos efectivos”. La OACNUDH reitera la necesidad de fortalecer las unidades responsables y procesos para la investigación de los ataques contra los miembros de la comunidad LGBTI.

Asimismo, en su última visita a Honduras de mayo de 2018, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, expresó su preocupación por el elevado número de asesinatos y ataques violentos contra personas LGBTI y la falta de rendición de cuentas y la impunidad casi total.[2]

En ese sentido, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género expresó que: “El principio de diligencia debida, que exige que los Estados protejan a las personas que corren especial riesgo de sufrir violencia y discriminación y adopten medidas para comprender y eliminar la estigmatización cultural y otras causas sociales de la violencia y la discriminación, también forma parte de la responsabilidad del Estado cuando este sabe, o tiene motivos razonables para creer, que se están perpetrando abusos”.[3]

Honduras ha recibido recomendaciones por parte de mecanismos de derechos humanos, entre estos particularmente del Examen Periodico Universal (EPU) de 2015, vinculadas a implementar políticas y programas que promuevan la tolerancia y la no discriminación de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, así como garantizar el cumplimiento de la normativa vigente para sancionar los delitos y la violencia motivada por prejuicios.

Ante este contexto, la OACNUDH expresa su solidaridad con las personas LGBTI del país y hace un llamado al Estado a implementar acciones enfocadas a terminar con los ataques violentos en contra los miembros de esta comunidad, así como para eliminar cualquier acción de discriminación o tipo de violación de los derechos humanos que obstaculice el desarrollo pleno e integral de las personas LGBTI.

Por último, la OACNUDH reafirma su compromiso con la defensa, respeto y promoción de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales. De igual manera, la OACNUDH insta al Estado hondureño a realizar las pertinentes investigaciones de los referidos ataques, brindar justicia y reparación integral ante los graves hechos acaecidos durante los últimos días y las al menos 20 muertes violentas de personas LGBTI que han ocurrido en lo que va trascurrido de este año.

 

Para más información, por favor contacte a Evelyn Molina, Oficial de Información Pública, a  emolina@ohchr.org 

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[1] Véase A/73/152 Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/73/152

[2]  Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Declaración de Fin de Misión de Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, visita a Honduras, 29 de abril al 12 de mayo.

[3] Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Recopilación y gestión de datos como medio para fomentar la sensibilización acerca de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, A/HRC/41/45.

Comunicados

CIDH y OACNUDH expresan preocupación por disposiciones del Código Penal en Honduras y hacen un llamamiento para revisarlas de acuerdo a los estándares internacionales e interamericanos en materia de derechos humanos

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CIDH y OACNUDH expresan preocupación por disposiciones del Código Penal en Honduras y hacen un llamamiento para revisarlas de acuerdo a los estándares internacionales e interamericanos en materia de derechos humanos

Washington, D.C. / Tegucigalpa 12 de Julio de 2019– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) manifiestan su preocupación ante la publicación el pasado mes de mayo del texto final del nuevo Código Penal, que contiene restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión, la libertad de prensa, así como determinadas disposiciones que por su formulación pueden afectar el derecho a la protesta y a defender derechos humanos en el país, entre otras.

En lo que se refiere a las restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y de prensa, la CIDH, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y OACNUDH expresan su preocupación, entre otros, por la tipificación de la “responsabilidad penal en delitos cometidos a través de medios de difusión”, por mantener la tipificación de los delitos de “injuria” y “calumnia”, y por la tipificación del “concepto de publicidad”. Igualmente, expresan su preocupación en relación a la tipificación del delito de “aprovechamiento de secreto o información privilegiada”, de los delitos de “espionaje” y de “desórdenes públicos”. Sobre este último, la CIDH, su Relatoría Especial y OACNUDH observan que su actual formulación podría indebidamente criminalizar conductas de ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, así como podría afectar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión. Por otra parte, con respecto a las disposiciones que afectarían el ejercicio efectivo de la libertad de reunión pacífica y asociación, ambas organizaciones expresan su inquietud, por la tipificación de los delitos de “reuniones y manifestaciones ilícitas”, de “asociación para delinquir”, “perturbación del orden” y de “asociación terrorista”. Sobre este último delito, la CIDH y OACNUDH observan que tal como está contenido en el nuevo Código, la noción de asociación terrorista tiene un alcance excesivamente amplio y podría llevar a la criminalización de una serie amplia de conductas que no merecen la calificación de terrorismo a la luz de la jurisprudencia internacional y de estándares de derechos humanos.

Asimismo, la CIDH y OACNUDH expresan su preocupación, entre otros, por la tipificación del delito de “tortura” de manera que, en su actual formulación, excluye la comisión de dicho delito por particulares que actúan a instigación o con la aquiescencia de funcionarios públicos. De acuerdo con los estándares internacionales y regionales sobre la prohibición y prevención de la tortura, en la tipificación de dicho delito se debe prever la posible autoría de particulares que, a instigación de funcionarios o empleados públicos, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.

En materia de derechos de las mujeres, ambas organizaciones observan con preocupación que el Código mantiene la penalización del aborto en todas las circunstancias. La CIDH y OACNUDH manifiestan que la criminalización absoluta del aborto resulta contrario a las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la integridad.

Por otra parte, en relación con el delito de usurpación -cuando quien con violencia o
intimidación grave en las personas, ocupa un bien inmueble o usurpa un derecho real inmobiliario ajeno-, preocupa la falta de precisión en cuanto a la intencionalidad requerida para su comisión, de manera que su actual formulación ambigua aumenta la discrecionalidad de operadores de justicia de hacer un uso indebido de este tipo penal en perjuicio de defensoras y defensores de derechos humanos, tal y como la CIDH y OACNUDH han observado sobre la utilización de este delito en procesos de criminalización de personas defensoras de derechos humanos en Honduras.

Finalmente, la CIDH y OACNUDH tomaron nota de la falta de transparencia y acceso a la información que se observó en algunas etapas claves del proceso de discusión del referido Código Penal en el Congreso Nacional, en detrimento de la participación de algunos sectores sociales. Lo anterior, en omisión a lo dispuesto en estándares internacionales y la normativa interna, particularmente en relación con la publicación de los dictámenes que estaban siendo discutidos en el pleno y la publicidad del cronograma de sesiones. 

OACNUDH recuerda que los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas ya habían participado con asistencia técnica durante las consultas realizadas por el Congreso en el marco de la discusión del referido Código y habían hecho saber algunas de estas observaciones. 

La CIDH y OACNUDH hacen un llamado al Estado de Honduras a revisar las normas a las que se refiere el presente comunicado durante la vacatio legis del Código Penal aprobado, de acuerdo a los estándares y compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por Honduras. Al respecto, la CIDH y la OACNUDH destacan la apertura del Ejecutivo para llevar a cabo una revisión del texto. En este sentido, ambos organismos reiteran su disponibilidad de continuar brindando asistencia técnica y harán llegar a la brevedad un análisis técnico de dicho cuerpo legal. Lo anterior con la finalidad de que sus observaciones sean consideradas por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo de Honduras, a la luz del anuncio hecho por el Congreso en su comunicado del día 11 de julio. en el marco de un proceso formal de reforma que contemple una participación amplia de distintos actores interesados, dada la importancia medular que la ley penal tiene en el funcionamiento democrático.

El 4 de mayo de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de la República de Honduras firmaron un acuerdo para establecer una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el país. La OACNUDH, observa e informa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre la situación de derechos humanos, a fin de asesorar a las autoridades hondureñas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas que contribuyan a la promoción y protección de los derechos humanos en el país, rigiéndose por los principios de imparcialidad e independencia. Como parte de la Secretaria General de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) coordina los esfuerzos globales en la promoción y protección de los derechos humanos a través de la cooperación y el fortalecimiento de las instituciones nacionales del Estado y la sociedad civil.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Comunicados

A 10 años del golpe de Estado, Honduras sigue enfrentando desafios en términos de derechos humanos

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A 10 años del golpe de Estado, Honduras sigue enfrentando desafios en términos de derechos humanos

Tegucigalpa 29 de junio de 2019. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras ha monitoreado el desarrollo de las manifestaciones anunciadas para el 28 de junio en conmemoración del 10 aniversario del golpe de Estado a traves de equipos de observación en Tegucigalpa, Tocoa, La Ceiba, Tela, Choluteca, El Progreso, Choloma y sus alrededores, así como en San Pedro Sula.  

 

La Oficina ha podido verificar un despliegue masivo de fuerzas de seguridad, incluyendo policía militar, policía nacional y militares, acorde con lo anunciado por la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa a través de FUSINA. En su monitoreo, la Oficina ha obervado que en unas ocasiones el numero de las fuerzas se seguidad superaban el numero de manifestantes.

 

En su Informe sobre las Violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009, la Oficina documentó como el golpe de Estado dio lugar a múltiples violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales siguen impunes. El golpe, además, reveló y exacerbó problemas estructurales existentes que afectan a los derechos humanos, intensificó una atmósfera política y social difícil y tensa, y profundizó la polarización dentro de la mayoría de las instituciones del Estado y la sociedad en general.

 

Diez años más tarde, Honduras sigue enfrentando dificultades en términos de derechos humanos, en un contexto social y político inestable.

 

La Oficina destaca que los derechos humanos solo pueden progresar en democracia y alienta el Estado de Honduras a fortalecer sus fundamentos, como la independencia de los poderes, la rendición de cuenta, la lucha a la corrupción, la libertad de opinión y expresión, y de participación efectiva en asuntos públicos,

 

Al respecto, la Oficina resalta la necesidad de avanzar en acciones concretas relativas a implementación de las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos y las de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y Comisión de Verdad, mediante políticas de Estado que permitan superar esas debilidades institucionales.

 

Finalmente, la Oficina se solidariza con las víctimas del golpe de Estado y sus familiares y enfatiza la necesidad de que las violaciones de derechos humanos ocurridas en ese contexto puedan ser debidamente investigadas y sancionadas, y que sus derechos a la verdad, reparación y no repetición puedan garantizarse efectivamente.

 

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