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OACNUDH insta al Estado de Honduras a garantizar el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas de desaparición forzada del pasado y del presente

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OACNUDH insta al Estado de Honduras a garantizar el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas de desaparición forzada del pasado y del presente

Tegucigalpa, 30 de Agosto de 2021. En el día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, OACNUDH saluda la incansable labor de familiares en busca de sus seres queridos, así como de las organizaciones de derechos humanos en Honduras que les acompañan en su lucha por la justicia, verdad, reparación y no repetición.

OACNUDH enfatiza la urgencia de que los casos de desaparición forzada perpetrados durante las décadas de 1980 y 1990, así como los casos de desaparición forzada del presente, sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados y sancionados. Hasta la fecha no se han realizado avances significativos en la investigación y sanción de los delitos documentados por el CONADEH respecto de, al menos, 179 personas que fueron desaparecidas forzosamente entre los años 1980 y 1993. Por su parte, en el año 2020, la Oficina documentó, al menos, ocho víctimas de desapariciones forzadas ocurridas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Tela.[1]

 “La desaparición forzada es una violación múltiple de derechos humanos que constituye un delito continuado y permanente, además de imprescriptible, mientras no se establezca el paradero de la persona desaparecida. Por ello resulta imprescindible que el Estado brinde respuesta a las víctimas que viven con la incertidumbre de no conocer el paradero de sus familiares. Debe avanzarse con urgencia en el acceso a la justicia, la investigación pronta, imparcial y exhaustiva de los hechos, la creación de un sistema de búsqueda inmediata y urgente y la reparación integral”, dijo Isabel Albaladejo, Representante en Honduras de OACNUDH.

 

A nivel normativo, OACNUDH saluda avances del Estado de Honduras en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia tales como la adopción de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, así como tipificación del delito de desaparición forzosa como un delito autónomo y su inclusión como delito de lesa humanidad en el Código Penal vigente. Sin embargo, los retos persisten. OACNUDH resalta la importancia de la adopción de un marco normativo que permita fortalecer la tipificación y sanción de dicho delito, así como medidas de política pública orientadas a la prevención de la desaparición forzada.

Haciendo eco de las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada, OACNUDH insta al Estado a adoptar las medidas para garantizar que el delito de desaparición forzada sea sancionado con la pena más alta que contemple la legislación penal dada su extrema gravedad. Asimismo, garantice que todas las formas de comisión del delito y grados de participación reconocidas en la Convención se encuentren recogidas en la normativa penal interna, incluyendo la responsabilidad penal de particulares y la del superior jerárquico. De igual manera, establezca un registro consolidado de todos los casos de desaparición forzada ocurridos en el territorio nacional o cuyas víctimas son personas de nacionalidad hondureña desaparecidas en el exterior. Finalmente, el Comité resalta la necesidad de adoptar medidas legislativas para regular la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte o paradero no haya sido esclarecido, en ámbitos tales como la protección social, el derecho de familia y los derechos de propiedad.

Aunadas a estas medidas, la Oficina considera primordial consolidar los esfuerzos que se han iniciado en relación a una propuesta de Ley de Víctimas y a la creación de un Plan de Búsqueda de Personas Desaparecidas que permita el inicio de la búsqueda de oficio y sin dilaciones, para acrecentar las posibilidades de encontrar a la persona con vida. En relación al acceso a la justicia, OACNUDH llama a las autoridades a avanzar en las investigaciones por desaparición forzada y asegurar que todos los casos de desaparición forzada del pasado y del presente sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la extrema gravedad de sus actos, garantizando que los casos de desaparición forzada no queden en la impunidad. Para ello, recuerda que la Convención establece que el Estado debe velar porque las autoridades competentes dispongan de las facultades y recursos necesarios para llevar a cabo eficazmente la investigación, inclusive el acceso a la documentación y demás informaciones pertinentes para la misma.

En ese sentido, OACNUDH reitera su disposición de asistir técnicamente al Estado hondureño, con la participación de la sociedad civil, para la adecuación del marco legislativo y para la adopción de medidas de política pública que permitan avanzar en sus obligaciones internacionales en la materia, y garantizar acceso a la justicia, la verdad, reparación y no repetición a las víctimas y sus familiares.

 

[1] Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, A/HRC/46/75, párr. 28, disponible en: http://oacnudh.hn/wp-content/uploads/2021/03/TRADUCCION-NO-OFICIAL_-INFORME-DEL-ALTO-COMISIONADO-DE-LAS-NACIONES-UNIDAS-PARA-LOS-DERECHOS-HUMANOS-SOBRE-LA-SITUACION-DE-LOS-DERECHOS-HUMANOS-EN-HONDURAS.pdf.

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A un año de las desapariciones en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, OACNUDH reitera la obligación del Estado para el esclarecimiento de los hechos

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A un año de las desapariciones en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, OACNUDH reitera al Estado la obligación de esclarecimiento de los hechos

TEGUCIGALPA, 17 de julio de 2021 –El 18 de julio se cumple un año desde la desaparición forzada de cinco personas en la comunidad de Triunfo de la Cruz, departamento de Atlántida. OACNUDH hace un llamado a las autoridades a redoblar esfuerzos para la búsqueda con vida de los cinco desaparecidos y el esclarecimiento de los hechos, a través de investigaciones eficaces que resulten en la sanción de todas las personas responsables.

Los relatos de testigos presenciales, describieron a la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que un grupo de aproximadamente 30 hombres fuertemente armados y con chalecos con distintivos de la Dirección Policial de Investigaciones irrumpió en al menos siete viviendas y se llevó por la fuerza a los cinco hombres, entre ellos los cuatro garífunas Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Trochez Calix y Alberth Sneider Centeno, este último Presidente del Patronato de la comunidad y miembro de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).

Desde entonces, y a pesar de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las Acciones Urgentes del Comité contra la Desaparición Forzada, se desconoce el paradero de las personas desaparecidas y la investigación no ha dado a conocer avances significativos que permitan conocer la verdad de los hechos.

En este sentido, la Representante de OACNUDH en Honduras, Isabel Albaladejo Escribano, señaló que “OACNUDH continúa dando seguimiento al caso de la desaparición forzada de las cinco personas desaparecidas, entre ellos cuatro garífunas, y recuerda la necesidad de incluir dentro de sus líneas de investigación la labor de defensoría de derechos humanos que las víctimas desempeñan en su comunidad.” Además, resaltó su “preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los familiares de las víctimas, testigos y miembros de la comunidad, por lo que es urgente adoptar las medidas de protección y de prevención necesarias para salvaguardar su seguridad”.

Finalmente, la Oficina manifiesta su solidaridad a las familias de las personas desaparecidas, así como a la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) y al pueblo garífuna que sigue siendo víctima de violaciones de derechos humanos. En este sentido reitera su disponibilidad para brindar asistencia técnica al Estado hondureño en la búsqueda de soluciones estructurales y sostenibles para avanzar en la protección de los derechos humanos del pueblo garífuna y, de manera especial, de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

Para más información y solicitudes de prensa, sírvase contactar a aamaya@ohchr.org, cel: +504 9436-0183

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OACNUDH condena el asesinato del defensor de derechos humanos Juan Manuel Moncada, líder de la empresa campesina “Gregorio Chavez”

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OACNUDH condena el asesinato del defensor de derechos humanos Juan Manuel Moncada, líder de la empresa campesina “Gregorio Chávez”

TEGUCIGALPA, 8 de julio de 2021 – La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condena la muerte violenta de Juan Manuel Moncada, defensor de derechos humanos y líder de la empresa campesina “Gregorio Chávez”, quien falleció como consecuencia de heridas de arma de fuego el día martes 6 de julio en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. El señor Moncada había denunciado amenazas previas ante el Ministerio Público y era beneficiario del Sistema Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de derechos humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

OACNUDH lamenta que el Estado de Honduras no haya tomado las medidas preventivas suficientes para evitar hechos como este nuevo asesinato, pese a las reiteradas denuncias y alertas sobre el inminente riesgo que enfrentan las y los defensores de derechos humanos de la zona del Bajo Aguán, incluido el asesinato de Santos Marcelo Torres, ex miembro de la empresa campesina “Gregorio Chávez”, ocurrido el 26 de junio de 2021. La Medida Cautelar 50-14 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo de 2014 describía ya la situación de grave riesgo enfrentada por dirigentes campesinos de la zona, incluyendo integrantes del grupo campesino “Gregorio Chávez”.[1]     

OACNUDH insta a las autoridades competentes a realizar las investigaciones necesarias de forma pronta e imparcial y a esclarecer las responsabilidades por estos dos recientes asesinatos. A la vez, hace un llamado a que se adopten las medidas de protección necesarias para salvaguardar la seguridad integral de los demás defensores y defensoras de la zona, considerando para el efecto las campañas de estigmatización, desprestigio e intimidación en su contra.

Finalmente, OACNUDH expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas, con las organizaciones campesinas y con la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos del Bajo Aguán y manifiesta su disponibilidad para brindar asistencia técnica al Estado hondureño en la búsqueda de soluciones estructurales y sostenibles a la conflictividad en esta región.

 

[1] https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2014/MC50-14-ES.pdf

 

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OACNUDH y CIDH hacen un llamado a garantizar el acceso efectivo e imparcial a la justicia en el juicio por el asesinato de Berta Cáceres

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OACNUDH y CIDH hacen un llamado a garantizar el acceso efectivo e imparcial a la justicia en el juicio por el asesinato de Berta Cáceres

Tegucigalpa/Washington D.C. (28 de junio de 2021) – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacen un llamado a las autoridades hondureñas a garantizar el acceso efectivo a la justicia, a establecer la verdad de lo ocurrido y a sancionar a los autores materiales e intelectuales en el asesinato de Berta Cáceres, con el fin de evitar la impunidad.

Berta Cáceres, reconocida defensora de derechos humanos, lideresa indígena y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fue asesinada en marzo de 2016. Era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en 2009. Desde su asesinato, tanto la CIDH como OACNUDH han dado un seguimiento cercano a la investigación y al desarrollo del juicio y han compartido su preocupación por las reiteradas dilaciones, limitaciones a los derechos de los familiares, afectaciones al debido proceso e incluso posibles riesgos a la independencia judicial.

En ese sentido, OACNUDH y la CIDH han observado que las y los familiares, el COPINH y otras organizaciones que les acompañan, han denunciado, en las diferentes etapas del juicio, diversos obstáculos, incluidos la falta de su reconocimiento y participación efectiva en el proceso judicial, así como la exclusión de diferentes procedimientos penales, limitaciones en el acceso a la información, revictimización, estigmatización y amenazas.

La pandemia de Covid-19 agravó problemas preexistentes del sistema de justicia. La ausencia de protocolos claros sobre la transmisión de audiencias a través de videoconferencias afectó la transparencia y publicidad de los juicios, generando preocupaciones sobre el derecho a un juicio justo y al debido proceso. En este contexto, no se permitió a OACNUDH ni a otras organizaciones nacionales y misiones internacionales la observación presencial de las audiencias del juicio oral y público que actualmente se desarrolla contra uno de los presuntos autores intelectuales.

OACNUDH y la CIDH reconocen los esfuerzos del Ministerio Público y el equipo de fiscales a cargo del caso. Asimismo, llaman a las autoridades a que, en el marco de las obligaciones de debida diligencia, continúen las investigaciones exhaustivas para procesar a quienes hubieran tenido responsabilidad en el crimen, garantizando así el acceso efectivo a la justicia de las víctimas y el derecho a la verdad de la sociedad hondureña en su conjunto. De acuerdo con información pública, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional estaría próximo a la emisión de sentencia.

OACNUDH y la CIDH toman nota de los avances en la investigación del caso “Fraude sobre el Gualcarque”, relacionado con presuntos hechos de corrupción denunciados en su momento por Berta Cáceres, por lo que alientan a que todas las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con esta causa continúen y avancen, con la efectiva participación de las víctimas.

OACNUDH y la CIDH destacan que la impunidad, sea total o parcial, además de una afectación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas, constituye un factor tendiente a obstaculizar las causas que promueven defensoras y defensores de derechos humanos, en virtud del temor a nuevas represalias y peligro latente que genera el desconocimiento de los verdaderos móviles de las agresiones, o en muchos casos la falta de sanción a los autores intelectuales o materiales.

Adicionalmente, la impunidad propicia la repetición de las violaciones de derechos humanos e impide a las víctimas y sus familiares el acceso a una reparación integral adecuada, que incluye conocer la verdad de lo ocurrido. Por ello, y a cinco años de su asesinato, reiteran su llamado al Estado para garantizar el acceso efectivo a la justicia, el esclarecimiento de todos los hechos, el establecimiento de la verdad sobre lo ocurrido y la sanción de todos los autores materiales e intelectuales.Finalmente, OACNUDH y la CIDH reiteran su compromiso para contribuir a garantizar un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos, de la tierra y del medio ambiente, así como fomentar y proteger la independencia judicial en el país. En Honduras, las personas defensoras de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la construcción y consolidación de la democracia y el Estado de derecho.

 

OACNUDH es la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. La Asamblea General encomendó a la Alta Comisionada y a su Oficina la misión de promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas. OACNUDH proporciona asistencia en forma de competencias técnicas y fomento de capacidad para apoyar la aplicación sobre el terreno de las normas internacionales de derechos humanos. OACNUDH ayuda a los gobiernos, quienes tienen la responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos, a cumplir con sus obligaciones y apoya a los individuos en la reivindicación de sus derechos. Además, denuncia de manera objetiva las violaciones de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana promueve la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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OACNUDH llama al Estado de Honduras a implementar la Opinión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y liberar inmediatamente los defensores de Guapinol

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OACNUDH llama al Estado de Honduras a implementar la Opinión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y liberar inmediatamente los defensores de Guapinol

TEGUCIGALPA (17 de marzo de 2021) –  Tras la revisión del caso de los ocho defensores del Río Guapinol que guardan prisión preventiva, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha concluido que la detención de estos es arbitraria, al no cumplir, por parte de las autoridades nacionales, normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, así como por contravenir la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Para remediar esta situación de vulneración de derechos, el Grupo de Trabajo insta al Estado de Honduras “a poner a los ocho defensores inmediatamente en libertad, concediéndoles el derecho efectivo a obtener tanto una indemnización como la necesaria reparación a la vulneración de sus derechos”[1]. Además, hace un llamado a tomar estas medidas de forma urgente teniendo en cuenta el contexto actual de la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con la metodología del Grupo de Trabajo, en el caso Guapinol se ha podido determinar que la detención es arbitraria porque no existe fundamento jurídico alguno que la justifique, ya que “los ocho defensores permanecen detenidos, sin base legal (…), en violación del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Además, su detención “no se llevó a cabo de conformidad con el procedimiento legal establecido y no contempló las debidas garantías de un Estado de Derecho”.

Este grupo de expertos independientes también considera que los ocho defensores se encuentran detenidos arbitrariamente porque la privación de su libertad guarda relación con “el ejercicio de derechos en particular la libertad de opinión, expresión y reunión, (…) lo que constituyen una violación de las garantías consagradas en el artículo 19 de la Declaración Universal y del Pacto”. En su Opinión, los expertos hacen especial énfasis en que “ha quedado demostrado que la organización a la que representan los ocho detenidos no solo se declara, sino que ha sido reconocida por las autoridades competentes de Honduras, como una organización que trabaja en defensa y procura la implementación de los derechos humanos -entre ellos los ambientales- de los ciudadanos hondureños”.

Adicionalmente, el Grupo de Trabajo señaló que, aunque no existen bases que justifiquen el proceso contra los defensores, el proceso penal ha avanzado sin cumplir con los criterios de juicio justo, independiente e imparcial. Al respecto, la Opinión indica que “se ha demostrado una violación de los elementos que garantizan un juicio justo para los ocho defensores, incluyendo la violación de sus derechos de igualdad de tratamiento frente a la ley, de la garantía de la no discriminación y de la independencia de los tribunales”.

OACNUDH ha dado seguimiento al caso de los defensores de Guapinol desde octubre de 2018, a través de diferentes acciones de asistencia técnica e incidencia, incluyendo monitoreo de audiencias, visitas a los detenidos y envío de comunicaciones sobre las obligaciones internacionales de derechos humanos a los operadores de justicia que conocen el caso. La Oficina ha hecho un llamado reiterado a la revisión de la detención preventiva de los defensores y al cumplimiento de las garantías del debido proceso.

OACNUDH recuerda al Estado de Honduras que, conforme el artículo 15 y 16 de la Constitución de la República, los tratados internacionales, una vez ratificados, forman parte del derecho interno. Por lo tanto, el Estado de Honduras deviene en la obligación de cumplir con los instrumentos internacionales que fortalecen la protección de las personas. OACNUDH hace un llamado a las y los operadores de justicia para que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución hondureña, garanticen la aplicación de la Opinión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y el respeto de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Según expresó Isabel Albaladejo, Representante de OACNUDH en Honduras, “a la Oficina le preocupa el uso indebido del derecho penal, afectando de manera desproporcionada a las personas defensoras de los derechos humanos y generando un efecto inhibidor en sus comunidades. En este sentido, la Oficina insta a todas las autoridades responsables a adoptar de forma urgente la Opinión del Grupo de Trabajo, para remediar las violaciones y prevenir futuras vulneraciones a los derechos y libertades de los ocho defensores del río Guapinol.”  

Finalmente, OACNUDH reconoce la participación de las organizaciones de la sociedad civil y los equipos de defensa que han acompañado este caso y reafirma su disponibilidad para brindar asesoría técnica a las autoridades hondureñas en esta materia.

 

FIN

Para más información y solicitudes de prensa, contacte a aamaya@ohchr.org, cel: +504 9436-0183. Siga a OACNUDH Honduras en las redes sociales:

 

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria tiene el mandato de investigar las denuncias de personas que están siendo privadas de su libertad de manera arbitraria o incompatible con las normas internacionales de derechos humanos, y de recomendar recursos tales como la liberación de la detención y la indemnización, cuando proceda. Este Grupo de Trabajo está compuesto por cinco expertos independientes de todo el mundo.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países concretos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

Más información sobre el mandato y las actividades del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria en: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx

 

[1] Todas las citas corresponden a: Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 89º período de sesiones, 23 a 27 de noviembre de 2020. Opinión núm. 85/2020, A/HRC/WGAD/2020/85. Párrafos 66, 73, 75, 80, 93 y 96.