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Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “Responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras: Avances y Desafíos”, insta a Honduras a redoblar sus esfuerzos para reparar y remediar violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto postelectoral 2017.

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Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “Responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras: Avances y Desafíos”, insta a Honduras a redoblar sus esfuerzos para reparar y remediar violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto postelectoral 2017.

Tegucigalpa. – 22 de enero de 2020. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó su informe titulado “Responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras: Avances y Desafíos”, en el que documenta los retos en cuanto a la investigación de los casos y la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras.

El informe se elaboró a partir del mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en virtud de la Resolución 48/141 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y de conformidad con el acuerdo sobre el establecimiento de una oficina en el país, el cual fue firmado el 4 de mayo de 2015 entre el Alto Comisionado y el Gobierno de Honduras.

El informe proporciona una visión general de las medidas adoptadas e implementadas por el Estado de Honduras para abordar las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto de las elecciones de 2017, en base a un informe publicado por OACNUDH en marzo de 2018. También identifica desafíos y preocupaciones referidas a la investigación y rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos.

Dos años después de los hechos, ningún caso de violación a los derechos humanos ha obtenido una sentencia condenatoria y que la mayoría de las violaciones graves documentadas por la OACNUDH, como ser las presuntas ejecuciones sumarias o extrajudiciales y la desaparición forzada, siguen bajo investigación.

Por último, el informe concluye con una serie de recomendaciones al Estado de Honduras en cuanto a la adopción de las reformas necesarias para evitar la repetición de violaciones, asegurar recursos adecuados para el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias, además del fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, entre otros.

Para más información, por favor contacte a Evelyn Molina, a  emolina@ohchr.org 

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Enlace para descarga del informe; http://oacnudh.hn/oacnudh-presenta-informe-responsabilidad-por-las-violaciones-a-los-derechos-humanos-cometidas-en-el-contexto-de-las-elecciones-de-2017-en-honduras-avances-y-desafios/

Para descargar otros informes de la oficina, visite el sitio web: http://www.oacnudh.hn

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Ante la declaración del estado de emergencia en materia penitenciaria, CIDH y OACNUDH hacen un llamado urgente al Estado de Honduras a proteger la vida e integridad de los privados de libertad en centros penitenciarios y centros pedagógicos

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Ante la declaración del estado de emergencia en materia penitenciaria, CIDH y OACNUDH hacen un llamado urgente al Estado de Honduras a proteger la vida e integridad de los privados de libertad en centros penitenciarios y centros pedagógicos

Washington, D.C. / Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresan profunda consternación por la muerte violenta de al menos 37 personas y múltiples heridos, como resultado de los hechos ocurridos los días 20 y 22 de diciembre en los Centros Penitenciaros de Tela, departamento de Atlántida y del Valle de Siria, el Porvenir del Departamento de Francisco Morazán, de Honduras.

 

El 20 de diciembre en el Centro Penitenciario de Tela, en el marco de hechos violentos, las autoridades confirmaron que al menos 19 personas privadas de libertad perdieron la vida y 15 resultaron heridas. Dos días después, en el Centro Penitenciario de El Porvenir perdieron la vida al menos 18 personas privadas de libertad y hubo varios heridos también víctimas de violencia. Esto se suma a los hechos de violencia registrados el 14 de diciembre en los cuales fueron asesinados 5 privados de libertad en el Centro Penitenciario de Morocelí, módulo de máxima seguridad denominada La Tolva, y luego de que 4 adolescentes fueran asesinados el 3 de diciembre en el Centro Pedagógico Renaciendo.

 

Durante el mes de diciembre de este año, como consecuencia de los hechos violentos ocurridos en los Centros Penitenciarios y Centros Pedagógicos de niños, se han registrado al menos un total de 46 personas privadas de libertad fallecidas, incluyendo 4 adolescentes y múltiples heridos.

 

Los hechos de este fin de semana ocurren luego de que el 16 de diciembre de este año el Estado de Honduras, mediante el decreto PCM-068-2019 del Poder Ejecutivo, declarara emergencia en el Sistema Penitenciario Nacional. En esta declaratoria, se creó una Comisión Interventora integrada por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), con facultad para intervenir por seis meses el Sistema Penitenciario Nacional, incluyendo las principales instituciones encargadas del mismo.

 

Los mecanismos regionales e interamericanos de derechos humanos han recomendado a Honduras de manera sistemática reconsiderar el papel desempeñado por los militares en los Centros Penitenciarios mediante el traspaso de la gestión de los centros penitenciarios a autoridades civiles. En atención a ello, el Estado debe establecer una estrategia para la progresiva desvinculación de las Fuerzas Armadas de las funciones penitenciarias que permita el traspaso de la gestión, tanto a nivel formal como material, de los centros penitenciarios al Instituto Nacional Penitenciario.

 

En este marco, la CIDH y OACNUDH instan al Estado de Honduras a cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos revisando la concordancia del decreto de declaratoria de emergencia nacional del Sistema Penitenciario Nacional, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y las recomendaciones realizadas a Honduras por órganos interamericanos e internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, la CIDH y OACNUDH instan al Estado de Honduras a la inclusión del CONADEH y de CONAPREV en la comisión interventora con el objetivo de que sus observaciones y recomendaciones contribuyan al cumplimiento de sus funciones.

Adicionalmente, la CIDH y OACNUDH reiteran la relevancia de que el diagnóstico del sistema penitenciario, las políticas públicas y las reformas que se pudieran plantear en el marco de la declaración de emergencia, sean resultado de un proceso de análisis a la luz de los estándares para el cual ofrecen asistencia técnica y sugieren que en dicha construcción, se propicien los mecanismos para la participación efectiva de diversos sectores que dan seguimiento a la temática.

La CIDH y OACNUDH exhortan al Estado a realizar una investigación exhaustiva, independiente e imparcial, con el fin de lograr la sanción de los responsables individuales, las responsabilidades estatales y la reparación efectiva de las víctimas y sus familiares. El Estado se encuentra en la obligación de proteger los derechos humanos de toda persona privada de libertad, para lo cual debe tomar las medidas de prevención y garantizar la adopción de medidas de garantía de no repetición. La CIDH y OACNUDH manifiestan su solidaridad con las víctimas de estos hechos y sus familiares, recordando que parte de las obligaciones internacionales del Estado es brindar asistencia integral a las víctimas y sus familiares.

En este contexto, es fundamental facilitar la labor que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos y las instituciones nacionales de protección de derechos humanos y de prevención de la tortura, por lo que el Estado debe garantizar que las mismas lleven a cabo su labor en un entorno propicio que garantice el desarrollo de su trabajo, las cuales incluyen la protección a su integridad personal.

Finalmente, la CIDH y OACNUDH, reiteran la disposición de brindar asistencia técnica al Estado de Honduras para el cumplimiento de sus compromisos internacionales y los estándares interamericanos e internacionales en la materia.

El 4 de mayo de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de la República de Honduras firmaron un acuerdo para establecer una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el país. Con el fin de mejorar el goce de los derechos humanos, la oficina monitorea de manera independiente la situación de los derechos humanos en Honduras, asesora a las instituciones del Estado y a las organizaciones de sociedad civil y difunde información sobre los derechos humanos. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Día Internacional de los Migrantes – 18 de diciembre de 2019 Los Estados deben colocar los derechos humanos en el centro de las políticas y debates migratorios, instan expertos de la ONU

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Día Internacional de los Migrantes - 18 de diciembre de 2019 Los Estados deben colocar los derechos humanos en el centro de las políticas y debates migratorios, instan expertos de la ONU

GINEBRA (18 diciembre 2019) – Los Estados deben poner los derechos humanos como elementos clave de las políticas públicas y los debates sobre migración, y deberían aumentar sus esfuerzos para combatir el discurso de odio, subrayaron expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas en el día internacional del migrante del 18 de diciembre.

Preocupaciones con relación a la seguridad están siendo utilizadas de forma incorrecta para criminalizar a los migrantes y a las personas que tratan de apoyarlos, advirtió Felipe González Morales, Relator Especial sobre los Derechos de los Migrantes, y Can Ünver, quien preside el Comité de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migratorios.

“En un momento crucial en el que las políticas migratorias están siendo criticadas en distintas regiones y países, es vital que las preocupaciones sobre seguridad no anulen los derechos humanos de los migrantes” dijeron los expertos.

“Esto es especialmente cierto para los migrantes en las situaciones más vulnerables, incluidos aquellos que se encuentran indocumentados e irregulares. Si bien la seguridad puede ser una preocupación legítima e invocada como justificación para las limitaciones a ciertos derechos humanos, no debe conducir a la criminalización de la migración o de quienes apoyan a los migrantes.

«La protección de los derechos humanos de todas las personas debería seguir siendo el objetivo principal de todas las políticas públicas».

Los expertos también instaron a los Estados a hacer más para combatir el discurso de odio contra los migrantes.

«El discurso de odio a menudo conduce a la estigmatización y la criminalización de los migrantes, y tiene un grave impacto negativo en la realización de sus derechos humanos», mencionaron. «Es momento de que los Estados incrementen sus medidas para combatirlo».

Los expertos mencionaron que el Pacto Mundial sobre Migración brindó una oportunidad invaluable para garantizar que los derechos humanos de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños fueran respetados en todas las etapas de la migración.

“Es esencial que el Pacto Mundial se implemente por completo, lo cual sólo se puede lograr si los Estados cooperan entre sí, con el apoyo de la ONU, la sociedad civil y otros grupos relevantes. Un objetivo importante del Pacto Mundial que claramente necesita más atención es trabajar hacia alternativas a la detención de migrantes”, mencionó González Morales y Ünver.

«Necesitamos ver una plena cooperación internacional, incluyendo a los Estados que trabajan con sus vecinos regionales y también una acción más fuerte al interior de los países».

Los expertos también instaron a todos los Estados a ratificar la Convención sobre Trabajadores Migratorios, destacando su rol complementario junto con el Pacto Mundial.

«El Pacto Mundial se basa firmemente en las normas internacionales de derechos humanos, en particular la convención», dijeron los expertos. “Uno de los aspectos clave del enfoque de la migración basado en los derechos humanos es garantizar que los temas de género sean colocados en el centro de las políticas, de modo que se promueva la igualdad de género y que todas las normas, políticas y prácticas que sean desarrolladas tengan en cuenta la situación particular de las mujeres y niñas migrantes «.

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CIDH y las presencias de ONU Derechos Humanos reiteran su llamado para la creación de un ambiente propicio y seguro para quienes defienden los derechos humanos en la región

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7 de noviembre de 2019

Bogotá / Ciudad de Guatemala / Ciudad de México / Ciudad de Panamá / Puerto Príncipe / Santiago de Chile / Tegucigalpa / Washington, D.C. –

En el marco del Mecanismo de Acciones Conjuntas para contribuir a la protección de personas defensoras de derechos humanos en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las presencias del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-Derechos Humanos) manifiestan su preocupación por la continuidad, y en algunos casos el agravamiento, de los patrones de violencia y criminalización que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos en las Américas durante los meses de mayo a septiembre de 2019.

La CIDH y las presencias del Alto Comisionado alertan sobre los altos números de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en la región, ataques, amenazas, hostigamientos, actos de intimidación, campañas de estigmatización y desprestigio, así como procesos de criminalización que impactan negativamente en la actividad de las personas defensoras.

Resulta especialmente preocupante que algunos de los ataques registrados en este período, se llevaron a cabo en contra de personas defensoras beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana, así como de medidas de protección adoptadas por mecanismos nacionales. Llama la atención el alto grado de violencia en los ataques contra este grupo. En muchos casos, estos asesinatos se llevaron a cabo en presencia de hijos/as, familiares y seres queridos de las personas defensoras de derechos humanos.

CIDH y la ONU-Derechos Humanos expresan con preocupación que Colombia continúa siendo el país que registra más asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en la región.

Desde enero a la fecha, la Oficina en Colombia ha documentado 63 asesinatos de personas defensoras. Estos 63 casos han ocurrido en un total de 19 departamentos del país. Adicionalmente la Oficina sigue en proceso de verificación de 43 asesinatos más donde se presume que la víctima era defensor o defensora de derechos humanos. Entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre, fechas en las que se enmarca este comunicado, la Oficina de ONU Derechos Humanos confirmó el asesinato de 33 personas defensoras de derechos humanos (7 mujeres, una de ellas se identifica como personas LGBTI y 26 hombres). Varios de estos asesinatos se habrían producido en contra de personas que defienden la tierra y el territorio por denunciar la presencia de grupos armados y/ u oponerse a economías ilícitas.

Entre algunos casos destacan el asesinato de Mauricio Fernando Lezama Rengifo, quien fue asesinado el 9 de mayo en el departamento de Arauca, mientras realizaba un cortometraje sobre la vida de la lideresa Mayo Villareal. El 20 de julio, Humberto Díaz, líder campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal en la vereda Guadalupe que lideraba procesos de desarrollo social y comunitario en el municipio de Gigante, Huila, habría sido sorprendido en su casa junto a su familia por un sujeto armado no identificado que le propinó varios disparos hasta causarle la muerte. Asimismo, la ONU Derechos Humanos-Colombia tuvo información sobre el asesinato de 5 personas que ejercían algún tipo de liderazgo del pueblo Nasa, tres de ellas pertenecían a la Guardia Indígena. Ambos organismos notan asimismo con preocupación los casos reportados de asesinatos a varias personas que han decidido participar como candidatos/as en las elecciones departamentales y locales de octubre 2019.  Según la Misión de Observación Electoral (MOE) 7 candidatos han sido asesinados en el periodo pre-electoral de 27 de julio hasta la fecha. De estos candidatos, una víctima era defensora de derechos humanos.

En Honduras, preocupan los asesinatos y otros actos de violencia cometidos contra personas defensoras que se dieron en el contexto de las manifestaciones y paros convocados por el sector salud y educación, que tuvieron lugar en diferentes partes del país en los últimos meses. Según la información recabada, fuerzas de seguridad del Estado habrían empleado un nivel excesivo en el uso de la fuerza al momento de disuadir las protestas. Cuatro personas fallecieron por heridas de arma de fuego, incluido un menor de edad.

De igual manera, ambos organismos condenan los asesinatos de al menos 10 personas defensoras de derechos humanos que ejercieron su labor fuera del contexto de protestas, como el ambientalista Roberto Antonio Argueta Tejada, el 28 de agosto de 2019. El defensor habría sufrido anteriormente, junto con 32 personas más, actos de criminalización por defender los ríos de San Pedro y Guapinol. Los organismos también condenan el asesinato de Bessy Ferrera, mujer trans y defensora de los derechos delas personas LGBTI y de personas viviendo con VIH, el 8 de julio. Ella fue atacada y asesinada por desconocidos que se conducían en un vehículo; según se reporta, en este ataque también resultó herida otra mujer trans. Ambos organismos toman nota que una investigación está en curso y que dos personas han sido arrestadas. Los días 26 y 29 de septiembre respectivamente fueron hallados muertos los defensores indígenas Tolupán, Milgen Adán Soto Ávila que formaba parte del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y Adolfo Redondo quien se desempeñaba como Coordinador del Comité de apoyo local al Consejo Indígena Tribal de el Portillo, ambos en el departamento de Yoro. Ambos organismos lamentan los asesinatos de las personas defensoras en Tolupán e instan a la toma urgente de medidas para luchar contra la impunidad.

La CIDH y la ONU-Derechos Humanos mantienen su preocupación por el asesinato de personas defensoras de derechos humanos en México. Hasta septiembre de 2019 se tienen registrados 15 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en el país.  Se destaca el asesinato del biólogo José Luis Álvarez Flores, defensor del derecho a un medio ambiente sano, que había previamente recibido amenazas debido a sus denuncias sobre la explotación de recursos naturales en la región de Chiapas y Tabasco.

En Brasil, ambos organismos expresan su especial preocupación por la violencia en contra de quienes defienden el derecho a la tierra en el país. Entre otros, el 5 de junio de 2019, Aluciano Ferreira dos Santos, agricultor y miembro del Movimiento Sin Tierra (MST), fue asesinado en Brejo da Madre de Deus, Pernambuco, con cuatro tiros mientras se dirigía a una estación de radio local para una entrevista. El 11 de junio de 2019 fue asesinado en su residencia, en Río María, sur de Pará, Carlos Cabral Pereira, presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Rurales de Río María y miembro del directorio de la Central de Trabajadores de Brasil, por hombres armados que se transportaban en motocicleta. Asimismo, Luis Ferreira da Costa, militante del MST, fue asesinado durante una protesta el 18 de julio de 2019, cuando un hombre atropelló intencionadamente con su camión a varios manifestantes en Valinhos, São Paulo. El 22 de julio de 2019, fue asesinado el líder indígena Emyra Wajãpi. Los organismos toman nota de las investigaciones que están en curso sobre este caso

Con respecto a los hostigamientos, intimidaciones y amenazas en contra de quienes defienden los derechos humanos en la región, ambos organismos expresan su preocupación por los casos registrados durante los últimos meses.  En Brasil, en el mes de junio, el diputado federal y activista por los derechos de las personas LGBTI, David Miranda, señaló haber entregado un documento a la policía federal con nuevas amenazas de muerte en su contra. Estas últimas amenazas se suman a las recibidas por su marido, Glenn Greenwald, en el ejercicio de su labor como periodista. El 10 de agosto, el defensor de los derechos humanos Antônio Luiz Marchioni, fue amenazado de muerte por parte de extremistas religiosos después de participar en un debate sobre derechos sexuales y reproductivos y política de drogas.

En Colombia, el 14 de mayo, varios miembros de organizaciones defensoras del medioambiente de Cajamarca, recibieron amenazas por parte del grupo armado ilegal Águilas Negras. Según la información recopilada, las amenazas podrían haber estado relacionadas con la resistencia a los proyectos mineros en la región. Durante el mismo mes, circularon panfletos en redes sociales, supuestamente realizados por el mismo grupo, señalando como objetivos a siete lideresas sociales. El 25 de junio, habrían surgido nuevas amenazas en contra de líderes sociales y periodistas, esta vez a través de la difusión de panfletos amenazantes realizados supuestamente por el grupo denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Según medios locales, los panfletos señalaban como objetivos a los líderes indígenas Zenu, Israel Aguilar, Andrés Betin y al periodista Rafael Morelo.

En Cuba, quienes defienden los derechos humanos continuarían siendo víctimas de actos de hostigamiento e intimidación policial. Estos actos consisten en arrestos arbitrarios y de corta duración antes, durante o después de ejercer el derecho a la libre asociación o libertad de expresión de estas personas.  En mayo, el profesor universitario y activista del movimiento LGBTI+, Oscar Casanella, habría sido detenido y agredido presuntamente por participar en una marcha en defensa de los derechos de las personas LGBTI en la capital de dicho país. De acuerdo con información pública, en el contexto de su detención, el defensor fue golpeado en el pecho y el abdomen por cuatro oficiales de policía y luego trasladado al hospital. El 16 de mayo, la defensora de derechos LGBTI, Leodan Suarez, habría sido detenida antes de participar en una reunión con la Embajadora de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, para discutir sobre la situación actual de la población LGBTI en Cuba. De acuerdo con información pública, durante su detención la defensora habría sido humillada por ser trans, además de habérsele negado alimentación y su medicación.

En Haití, los días 23 y 24 de julio, el defensor Gérald Guillaume, coordinador de la ONG IDETTE (Initiative Départementale Contre la Traite et le Trafic des Enfants), habría recibido amenazas de muerte anónimas por teléfono. Desde principios de septiembre 2018, el defensor habría sido víctima de intimidaciones relacionadas con su trabajo con IDETTE por revelar casos de violencia sexual contra niñas y niños cometidos en el Departamento de Grand’Anse..  En agosto, dos agentes de la institución nacional de derechos humanos (Office de la Protection du Citoyen d’Haïti, OPC) también habrían sido víctimas de intimidaciones por denunciar graves irregularidades durante uno de los procesos judiciales.

En Guatemala, el 4 de septiembre fue declarado un estado de sitio que suspende el ejercicio de varios derechos, incluyendo derechos de reunión y manifestación pacífica, en 22 municipios del país, que duró 60 días. Dos organizaciones de derechos humanos, la Defensoría Q’eqchi’ y la Fundación Guillermo Torriello en el Estor, Izabal, tuvieron que suspender sus actividades durante el periodo de estado de sitio, por temores de represalias por sus actividades en defensa de los derechos humanos. El 27 de septiembre, en el marco del estado de sitio, la radio comunitaria q’eqchi’ Xyaab’ Tzuultaq’a, que publicaba información sobre los derechos humanos en la región, fue allanada y cerrada por autoridades del Estado. La declaración del estado de sitio se dio unas semanas después del otorgamiento de un amparo provisional el 19 de julio por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que suspende temporalmente la licencia de explotación de la minera Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), la cual también se encuentra en el municipio de El Estor, Izabal. El amparo, que fue presentado a título personal por más de 60 pobladores de El Estor, en su mayoría integrantes de la Gremial de Pescadores Artesanales, alega que la licencia fue otorgada sin consultar con el pueblo indígena q’eqchi’ afectado y que tiene impactos negativos sobre el medioambiente.

En el contexto de las manifestaciones convocadas en el marco del paro de los sectores de salud y educación en Honduras, ambos organismos recibieron información que indica que manifestantes e integrantes de la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación Pública sufrieron campañas de intimidación y hostigamiento laboral, con motivo de su organización y participación en dichas manifestaciones. Entre otros, se recibió información sobre el despido del señor Marco Garay Caballero, presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras (CCDH) en el mes agosto, por un alegado conflicto de intereses al pertenecer a la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación Pública. Asimismo, el 14 de junio, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de los miembros de la Organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH). La solicitud de medidas cautelares alega que las lideresas y líderes jóvenes se encontrarían en una situación de riesgo tras supuestos actos de violencia, intimidaciones y hostigamientos en su contra, presuntamente relacionados con su labor como defensores y defensoras de derechos humanos. En cuanto a personas defensoras del medioambiente, los ataques, amenazas y agresiones, como la quema de cosechas, siguen contra las y los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y especialmente su lideresa Rosalina Domínguez y la Comunidad de Río Blanco.

Ambos organismos expresan su profunda preocupación por los constantes actos de hostigamiento, y amedrentamiento en contra de personas defensoras de personas migrantes y refugiadas en México. Según información pública, el 20 y el 23 de julio, efectivos de la Policía Federal, Policía Municipal, Policía Militar y Guardia Nacional habrían realizado acciones de inspección de migrantes en las puertas de la Casa del Migrante de Saltillo, en Coahuila, pese a que ello estaría prohibido por la Ley de Migración de México. Asimismo, frente a los reclamos por la supuesta arbitrariedad de esta operación, efectivos de las fuerzas de seguridad habrían procedido a tomar fotos y grabar con sus dispositivos a personal de la Casa.

En Nicaragua, la CIDH y la ONU-Derechos Humanos han documentado casos de hostigamiento y vigilancia contra personas defensoras de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y otros colectivos de abogadas y abogados en el país dedicados/as a la defensa de víctimas de violaciones a derechos humanos y personas privadas de su libertad. Dichos actos serían perpetrados directamente por agentes del Estado, o con su tolerancia en un contexto adverso para desempeñar su labor. Entre otros, destaca la situación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), organizaciones beneficiarias de medidas provisionales por la Corte Interamericana. Respecto de la CPDH, el 1 de junio, la CIDH decidió ampliar las medidas cautelares a 24 integrantes de la organización. Asimismo, El 14 de septiembre, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Freddy Alberto Navas López, líder del movimiento campesino que estuvo privado de libertad por más de seis meses, supuestamente en razón de su involucramiento con el movimiento campesino y su rol de liderazgo en acciones de oposición al actual gobierno. Tras ser liberado el 11 de junio, habría vuelto a ser blanco de seguimientos y hostigamientos.

En Perú, la CIDH conoció que el 29 de julio tres personas armadas habrían disparado cinco tiros a la vivienda de Germán López, Presidente de la Comunidad Ashaninka Nueva Austría en Huánuco. Este acto de intimidación habría ocurrido como represalia por parte de grupos que intentan apropiarse de los territorios indígenas.

En Venezuela, la CIDH y la ONU-Derechos Humanos recibieron información sobre supuestos actos de intimidación y amenazas por parte de grupos civiles armados y fuerzas de seguridad del Estado. En agosto, el defensor Manuel Mir, líder comunitario de la Parroquia 23 de Enero en Caracas, habría sufrido amenazas por parte de personas integrantes de un grupo civil armado que opera en esta localidad. El 15 de julio, la periodista y defensora de derechos humanos Violeta Santiago, habría sido víctima de amenazas e intimidaciones por parte de un agente de la Guardia Nacional Bolivariana cuando acudía a una estación de servicio a constatar la falta de combustible en la ciudad de Mérida. El 1 de julio, el abogado Alonso Medina Roza, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, fue acosado, en el Palacio de Justicia por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), los cuales intentaron despojarlos de sus teléfonos celulares para revisar su contenido. El 6 de septiembre, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Civiles, Penales y Criminalísticas (CICPC) habrían allanado la residencia de la abogada Tamara Suju, defensora de derechos humanos que se encuentra fuera del país. Esa misma semana también fue allanada la residencia de la profesora Carmen Alguindigue, defensora de estudiantes universitarios del centro de derechos humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de la Universidad Metropolitana (UNIMET).

Por otra parte, la CIDH y la ONU-Derechos Humanos han expresado reiteradamente su preocupación por los actos de criminalización que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en la región, mediante los cuales se les somete a procesos penales sin fundamento con el objetivo de obstaculizar sus labores y desacreditar sus causas.

Según información recibida, personas defensoras de migrantes han sido indebidamente investigadas por supuestos delitos, incluyendo el de tráfico de personas. La CIDH, durante su visita de trabajo a la frontera sur de Estados Unidos (19 – 23 de agosto) recibió información sobre las situaciones a las que se enfrentan personas defensoras de derechos de los migrantes tales como: i) restricciones para reunirse con las personas a las que asisten, especialmente si se encuentran en detención; ii) amenazas y hostigamientos, incluso en ocasiones a través de acusaciones formales que invocan trasgresiones a la ley; y, iii) la imposibilidad de establecer contacto telefónico y restricciones a la movilidad.

Tanto los procedimientos especiales de la ONU (5 de junio de 2019) como la CIDH (23 de julio de 2019) manifestaron su preocupación por la criminalización de Scott Warren, profesor universitario y miembro de la organización de la sociedad civil “No More Deaths”, al enfrentar tres cargos de delitos graves por ofrecer agua, comida, ropa limpia y una cama para dormir a personas migrantes en el Ajo, Arizona.

En México, a pesar de una trayectoria de décadas defendiendo los derechos de los pueblos indígenas habiendo conquistado importantes precedentes judiciales en materia de restitución de tierras a comunidades indígenas que habían sido despojadas, la defensora Estela Ángeles Mondragón se ha vuelto el blanco de una campaña de desprestigio y de criminalización.

En Brasil, personas defensoras de derechos humanos y colectivos de defensa de la tierra, fueron hostigadas judicial y policialmente mediante desalojos forzosos de campamentos. El 7 de agosto, residentes de la Comuna Marisa Letícia, organizada por el Movimiento sin Tierra (MST) en São Gonçalo do Amarante, Río Grande del Norte, fueron desalojados/as por la fuerza por la Policía Militar sin previo aviso. La Comuna Marisa Letícia se creó el 21 de junio por 140 familias y, de acuerdo con la información pública, el desalojo se habría llevado a cabo con violencia, utilizando tractores para destruir las pertenencias de quienes vivían allí.

En Guatemala, en el contexto de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) del país el 3 de septiembre, existen preocupaciones sobre el riesgo de represalias hacia personas defensoras de derechos humanos de la lucha contra la impunidad y la corrupción, incluyendo ex funcionarios de la CICIG. Esto se suma a patrones de ataques y represalias, incluyendo estigmatización, criminalización y hostigamiento en contra de fiscales, jueces y juezas y magistrados y magistradas independientes, especialmente aquellos que conocen casos relacionados con delitos de corrupción y justicia de transición. 

En Nicaragua, la CIDH y la ONU-Derechos Humanos han denunciado repetidamente el uso indebido del derecho penal, con el fin de obstaculizar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos. Ambos organismos recibieron información de la criminalización de la defensora de derechos humanos e integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, Maria Oviedo, quien fue declarada culpable el 29 de agosto de obstrucción de funciones en perjuicio de un teniente de la policía, quien la habría agredido verbal y físicamente en la delegación de Masaya, el pasado 26 de julio, mientras este interrogaba a su defendido.

En Cuba, la CIDH ha recibido información sobre actos de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos mediante la imputación de tipos penales como el de peligrosidad social pre-delictiva, desacato y atentado. El 7 de agosto de 2O19 el Tribunal Provincial de Guantánamo, notificó al comunicador social Roberto Quiñones sobre la sentencia a un año de prisión por el delito de resistencia y desobediencia, por un proceso iniciado luego de haber sido detenido por cinco días en el mes de abril. Al respecto, la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la CIDH expresó su preocupación por la persistencia de la criminalización y hostigamiento contra comunicadores y defensores de derechos humanos en dicho país.

En materia de discursos de difamación y deslegitimación, la CIDH y la ONU-Derechos Humanos recibieron información sobre declaraciones deslegitimizantes en contra de activistas ambientales en el marco de los incendios que han afectado durante los últimos meses los territorios de Brasil y Bolivia. En Brasil, el 21 de agosto el Ejecutivo insinuó que detrás de los recientes incendios en el Amazonas, los mayores registrados en los últimos años, podrían estar las organizaciones de la sociedad civil. En Bolivia, los manifestantes y activistas que acudieron a la movilización del 24 de agosto en defensa del ambiente y el Amazonas, fueron señalados en un pronunciamiento público del Ejecutivo de ser también contaminadores.

La CIDH y la ONU-Derechos Humanos también han continuado recibiendo información sobre actos de deslegitimación y restricción del trabajo de defensoras y defensores en Venezuela. El 4 de mayo, el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, en su programa de televisión volvió a desacreditar el trabajo de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y señaló que éstas conspiran contra Venezuela por el hecho de “aceptar dinero” del “imperialismo” y advirtió que aprobarán una ley que les sancione severamente. Asimismo, el 3 de julio, publicó un video en el cual se acusaba a los abogados defensores Joel García y Naremi Silva, de participar en supuestos planes de conspiración para la planificación de la supuesta fuga del diputado Juan Requesens.

Ambos organismos expresan su preocupación por los altos niveles de impunidad que rodean los asesinatos de personas defensoras en la región. 

La Comisión y la ONU-Derechos Humanos recuerdan que los Estados deben garantizar que las personas defensoras de derechos humanos ejerzan su labor de defensa en un ambiente adecuado y libre de obstáculos. Los Estados deben implementar políticas integrales de protección destinadas a personas defensoras de derechos humanos, con un especial énfasis en la prevención, protección e investigación de agresiones en su contra; teniendo en cuenta los enfoques diferenciados de quienes defienden la tierra, el territorio, el medio ambiente, los pueblos indígenas, afrodescendientes y personas campesinas, al igual que de las personas LGBTI.

En este contexto, la CIDH y la ONU-Derechos Humanos reiteran que los Estados deben tomar acciones urgentes para investigar los actos de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y sancionar a los/las responsables materiales e intelectuales. Ello debe incluir el desarrollo de líneas de investigación que incluya o no descarte a priori la hipótesis de que la violencia pudo haber sido cometida en conexión con la labor de defensa de los derechos humanos. Dichas investigaciones además deben ser emprendidas con debida diligencia, de manera exhaustiva, seria e imparcial. La Comisión y la ONU-Derechos Humanos urgen a los Estados a redoblar sus esfuerzos para hacer frente a la situación de impunidad respecto a los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos.

Ambos organismos reconocen  avances como la firma del “Pacto por la Garantía de los Derechos de las Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos” el 11 de julio en Colombia. Este pacto contiene seis puntos fundamentales, entre los que se resalta el reconocimiento del ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos; y el compromiso para trabajar desde las entidades del Gobierno Nacional para la garantía y promoción de los derechos humanos de las lideresas y defensoras, garantizando la protección a su vida y labor con un enfoque de género.

En Colombia, ambos organismos destacan el espacio de confluencia conformado por las plataformas de derechos humanos de la Mesa Nacional de Garantías y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, impulsado por el Ministerio del Interior, con el apoyo técnico de ONU Derechos Humanos y PNUD, que se encuentra trabajando en el diseño y elaboración de la Política Integral de Respeto y Garantía para la Defensa de los Derechos Humanos.

En México, la ONU Derechos Humanos y la CIDH reconocen la gran apertura mostrada por el Gobierno para la realización por la ONU Derechos Humanos-México de un Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como la plena la aceptación de las 104 recomendaciones formuladas en dicho Diagnóstico. Se destaca también la liberación de  seis defensores indígenas del agua de Tlanixco, víctimas de criminalización que habían pasado injustamente entre 12 y 15 años en la cárcel. La sentencia condenatoria en el caso del homicidio del defensor indígena Isidro Baldenegro, la primera vez que en Chihuahua se condena un asesino de defensores de derechos humanos, es también un avance.

La CIDH y la ONU-Derechos Humanos celebran que el 26 de septiembre, el Estado Plurinacional de Bolivia, Saint Kitts and Nevis, Uruguay, Saint Vincent and Granadines hayan depositado el instrumento de ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), el primer tratado internacional de carácter vinculante que reconoce la obligación de protección a las personas defensoras de derechos humanos, en concreto de quienes defienden el medio ambiente. Estos países se juntan a Guyana, que ya había ratificado el Acuerdo el 18 de abril de 2019. En el mismo sentido, reconocen la decisión de otros 21 Estados de la región de firmar el Acuerdo, y confían que los mismos reforzarán su firme compromiso con la protección del medio ambiente y los derechos humanos por medio de la ratificación del mismo.

La CIDH y la ONU-Derechos Humanos reiteran su llamado a los Estados y a la sociedad en su conjunto para que redoblen sus esfuerzos en la creación de un ambiente propicio y seguro para quienes defienden los derechos humanos en la región.  Los Estados deben seguir avanzando para desarrollar, implementar y fortalecer mecanismos y políticas públicas de prevención y protección a la labor que ejercen las personas defensoras de derechos humanos, así como adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar que efectivamente se garantice el derecho a defender los derechos humanos.

La CIDH y la ONU- Derechos Humanos destacan su reconocimiento a quienes desempeñan tan importante labor en la región y aprovechan la oportunidad para exhortar a los Estados de región a reconocer el papel fundamental que ejercen las defensoras y defensores de derechos humanos para la garantía de la democracia y del Estado de Derecho.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) es la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. La Asamblea General encomendó a la Alta Comisionada y a su Oficina la misión de promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas. ONU Derechos Humanos proporciona asistencia en forma de competencias técnicas y fomento de capacidad para apoyar la aplicación sobre el terreno de las normas internacionales de derechos humanos. ONU Derechos Humanos ayuda a los gobiernos, que tienen la responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos, a cumplir con sus obligaciones y apoya a los individuos en la reivindicación de sus derechos. Además, denuncia de manera objetiva las violaciones de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

 

 

Comunicados

Alto a la impunidad y los crímenes contra periodistas y comunicadores sociales

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Alto a la impunidad y los crímenes contra periodistas y comunicadores sociales

Tegucigalpa, 2 de noviembre de 2019 En el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresa su preocupación por la criminalización, persecución e impunidad que afecta periodistas y medios de comunicación en Honduras.

OACNUDH enfatiza el importante papel de las personas que ejercen el periodismo en la sociedad y recuerda que los ataque a comunicadores sociales, periodistas y medios de comunicación son ataques a la Libertad de Expresión y una limitación del Derecho a la Información de toda la sociedad, así como una vulneración a los derechos humanos.

La labor de difundir noticias y comunicar temas de interés para la sociedad, es uno de los pilares de la democracia y ninguna persona debería de estar en riesgo por desempeñar su trabajo. Las amenazas, el hostigamiento, la criminalización y el asesinato como expresión de la máxima violencia contra periodistas, unido a la impunidad, constituyen una manera de intimidar o silenciar que conduce a la autocensura.

Organizaciones de sociedad civil dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, han registrado más de un centenar de alertas por diferentes tipos de ataques contra personas que ejercen el periodismo y contra la libertad de expresión,  resaltan la persecución judicial, a través de querellas y las agresiones en cobertura de protestas, mayormente con bombas lacrimógenas, golpes de los efectivos policiales o militares, persecución física en autos del Gobierno, destrucción de equipo periodístico o detenciones arbitrarias[1].

Durante el 2019, La OACNUDH ha registrado y dado seguimiento al asesinato de dos periodistas y dos comunicadores sociales, en los departamentos de Valle, Copan y Cortes, lamenta no conocer de avances en las investigaciones y que estos crímenes estén en la impunidad. 

OACNUDH Honduras reafirma que la libertad de opinión y expresión es uno de los derechos fundamentales de la persona humana y el Estado de Honduras ratificó convenciones y tratados internacionales de derechos humanos que reconocen este derecho.

 

La Oficina recuerda que el Estado de Honduras se comprometió a adoptar medidas para superar el riesgo de las personas defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de justicia, y valora los avances normativos del Estado en la promulgación de la Ley de protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (Decreto No. 34-2015) y la creación del Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos.

 

Sin embargo, la OACNUDH expresa su preocupación sobre el Capítulo III Titulo VII “Delitos contra la Dignidad y el Honor” del Nuevo Código Penal que debería entrar en vigor en el mes noviembre 2019, específicamente por la tipificación de los delitos de injuria y calumnia en este nuevo Código. Si bien reconoce la derogación de la figura delictiva de “difamación”, reitera y recomienda al Estado de Honduras, la necesidad de despenalizar los delitos de injuria y calumnia por la restricción de la libertad de expresión y opinión.

En cuanto a la impunidad, OACNUDH recuerda que esta constituye una seria amenaza al Estado de Derecho, dado que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidos a leyes que se deben hacer cumplir por igual y aplicarse con independencia, normas que deben ser compatibles con los estándares y principios internacionales de derechos humanos.

Asimismo, la Oficina reitera su disposición para brindar al Estado hondureño la asistencia técnica que contribuya a fortalecer las capacidades del Estado en la investigación, persecución y sanción de estas graves violaciones de derechos humanos, condición para avanzar en el compromiso de poner fin a la impunidad y los crímenes contra periodistas y comunicadores sociales así como para generar un clima propicio para el ejercicio de sus labores.

 

[1] C- libre, a través de su Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales de Honduras (RAPCOS) ha registrado 106 alertas en lo que va del 2019. http://www.clibrehonduras.com/alertas