OACNUDH en Honduras

OACNUDH condena el asesinato del defensor de derechos humanos Juan Manuel Moncada, líder de la empresa campesina “Gregorio Chavez”

Publicada en

OACNUDH condena el asesinato del defensor de derechos humanos Juan Manuel Moncada, líder de la empresa campesina “Gregorio Chávez”

TEGUCIGALPA, 8 de julio de 2021 – La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condena la muerte violenta de Juan Manuel Moncada, defensor de derechos humanos y líder de la empresa campesina “Gregorio Chávez”, quien falleció como consecuencia de heridas de arma de fuego el día martes 6 de julio en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. El señor Moncada había denunciado amenazas previas ante el Ministerio Público y era beneficiario del Sistema Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de derechos humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

OACNUDH lamenta que el Estado de Honduras no haya tomado las medidas preventivas suficientes para evitar hechos como este nuevo asesinato, pese a las reiteradas denuncias y alertas sobre el inminente riesgo que enfrentan las y los defensores de derechos humanos de la zona del Bajo Aguán, incluido el asesinato de Santos Marcelo Torres, ex miembro de la empresa campesina “Gregorio Chávez”, ocurrido el 26 de junio de 2021. La Medida Cautelar 50-14 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo de 2014 describía ya la situación de grave riesgo enfrentada por dirigentes campesinos de la zona, incluyendo integrantes del grupo campesino “Gregorio Chávez”.[1]     

OACNUDH insta a las autoridades competentes a realizar las investigaciones necesarias de forma pronta e imparcial y a esclarecer las responsabilidades por estos dos recientes asesinatos. A la vez, hace un llamado a que se adopten las medidas de protección necesarias para salvaguardar la seguridad integral de los demás defensores y defensoras de la zona, considerando para el efecto las campañas de estigmatización, desprestigio e intimidación en su contra.

Finalmente, OACNUDH expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas, con las organizaciones campesinas y con la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos del Bajo Aguán y manifiesta su disponibilidad para brindar asistencia técnica al Estado hondureño en la búsqueda de soluciones estructurales y sostenibles a la conflictividad en esta región.

 

[1] https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2014/MC50-14-ES.pdf

 

OACNUDH en Honduras

OACNUDH y CIDH hacen un llamado a garantizar el acceso efectivo e imparcial a la justicia en el juicio por el asesinato de Berta Cáceres

Publicada en

OACNUDH y CIDH hacen un llamado a garantizar el acceso efectivo e imparcial a la justicia en el juicio por el asesinato de Berta Cáceres

Tegucigalpa/Washington D.C. (28 de junio de 2021) – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacen un llamado a las autoridades hondureñas a garantizar el acceso efectivo a la justicia, a establecer la verdad de lo ocurrido y a sancionar a los autores materiales e intelectuales en el asesinato de Berta Cáceres, con el fin de evitar la impunidad.

Berta Cáceres, reconocida defensora de derechos humanos, lideresa indígena y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fue asesinada en marzo de 2016. Era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en 2009. Desde su asesinato, tanto la CIDH como OACNUDH han dado un seguimiento cercano a la investigación y al desarrollo del juicio y han compartido su preocupación por las reiteradas dilaciones, limitaciones a los derechos de los familiares, afectaciones al debido proceso e incluso posibles riesgos a la independencia judicial.

En ese sentido, OACNUDH y la CIDH han observado que las y los familiares, el COPINH y otras organizaciones que les acompañan, han denunciado, en las diferentes etapas del juicio, diversos obstáculos, incluidos la falta de su reconocimiento y participación efectiva en el proceso judicial, así como la exclusión de diferentes procedimientos penales, limitaciones en el acceso a la información, revictimización, estigmatización y amenazas.

La pandemia de Covid-19 agravó problemas preexistentes del sistema de justicia. La ausencia de protocolos claros sobre la transmisión de audiencias a través de videoconferencias afectó la transparencia y publicidad de los juicios, generando preocupaciones sobre el derecho a un juicio justo y al debido proceso. En este contexto, no se permitió a OACNUDH ni a otras organizaciones nacionales y misiones internacionales la observación presencial de las audiencias del juicio oral y público que actualmente se desarrolla contra uno de los presuntos autores intelectuales.

OACNUDH y la CIDH reconocen los esfuerzos del Ministerio Público y el equipo de fiscales a cargo del caso. Asimismo, llaman a las autoridades a que, en el marco de las obligaciones de debida diligencia, continúen las investigaciones exhaustivas para procesar a quienes hubieran tenido responsabilidad en el crimen, garantizando así el acceso efectivo a la justicia de las víctimas y el derecho a la verdad de la sociedad hondureña en su conjunto. De acuerdo con información pública, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional estaría próximo a la emisión de sentencia.

OACNUDH y la CIDH toman nota de los avances en la investigación del caso “Fraude sobre el Gualcarque”, relacionado con presuntos hechos de corrupción denunciados en su momento por Berta Cáceres, por lo que alientan a que todas las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con esta causa continúen y avancen, con la efectiva participación de las víctimas.

OACNUDH y la CIDH destacan que la impunidad, sea total o parcial, además de una afectación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas, constituye un factor tendiente a obstaculizar las causas que promueven defensoras y defensores de derechos humanos, en virtud del temor a nuevas represalias y peligro latente que genera el desconocimiento de los verdaderos móviles de las agresiones, o en muchos casos la falta de sanción a los autores intelectuales o materiales.

Adicionalmente, la impunidad propicia la repetición de las violaciones de derechos humanos e impide a las víctimas y sus familiares el acceso a una reparación integral adecuada, que incluye conocer la verdad de lo ocurrido. Por ello, y a cinco años de su asesinato, reiteran su llamado al Estado para garantizar el acceso efectivo a la justicia, el esclarecimiento de todos los hechos, el establecimiento de la verdad sobre lo ocurrido y la sanción de todos los autores materiales e intelectuales.Finalmente, OACNUDH y la CIDH reiteran su compromiso para contribuir a garantizar un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos, de la tierra y del medio ambiente, así como fomentar y proteger la independencia judicial en el país. En Honduras, las personas defensoras de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la construcción y consolidación de la democracia y el Estado de derecho.

 

OACNUDH es la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. La Asamblea General encomendó a la Alta Comisionada y a su Oficina la misión de promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas. OACNUDH proporciona asistencia en forma de competencias técnicas y fomento de capacidad para apoyar la aplicación sobre el terreno de las normas internacionales de derechos humanos. OACNUDH ayuda a los gobiernos, quienes tienen la responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos, a cumplir con sus obligaciones y apoya a los individuos en la reivindicación de sus derechos. Además, denuncia de manera objetiva las violaciones de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana promueve la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

******

OACNUDH en Honduras

OACNUDH llama al Estado de Honduras a implementar la Opinión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y liberar inmediatamente los defensores de Guapinol

Publicada en

OACNUDH llama al Estado de Honduras a implementar la Opinión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y liberar inmediatamente los defensores de Guapinol

TEGUCIGALPA (17 de marzo de 2021) –  Tras la revisión del caso de los ocho defensores del Río Guapinol que guardan prisión preventiva, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha concluido que la detención de estos es arbitraria, al no cumplir, por parte de las autoridades nacionales, normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, así como por contravenir la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Para remediar esta situación de vulneración de derechos, el Grupo de Trabajo insta al Estado de Honduras “a poner a los ocho defensores inmediatamente en libertad, concediéndoles el derecho efectivo a obtener tanto una indemnización como la necesaria reparación a la vulneración de sus derechos”[1]. Además, hace un llamado a tomar estas medidas de forma urgente teniendo en cuenta el contexto actual de la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con la metodología del Grupo de Trabajo, en el caso Guapinol se ha podido determinar que la detención es arbitraria porque no existe fundamento jurídico alguno que la justifique, ya que “los ocho defensores permanecen detenidos, sin base legal (…), en violación del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Además, su detención “no se llevó a cabo de conformidad con el procedimiento legal establecido y no contempló las debidas garantías de un Estado de Derecho”.

Este grupo de expertos independientes también considera que los ocho defensores se encuentran detenidos arbitrariamente porque la privación de su libertad guarda relación con “el ejercicio de derechos en particular la libertad de opinión, expresión y reunión, (…) lo que constituyen una violación de las garantías consagradas en el artículo 19 de la Declaración Universal y del Pacto”. En su Opinión, los expertos hacen especial énfasis en que “ha quedado demostrado que la organización a la que representan los ocho detenidos no solo se declara, sino que ha sido reconocida por las autoridades competentes de Honduras, como una organización que trabaja en defensa y procura la implementación de los derechos humanos -entre ellos los ambientales- de los ciudadanos hondureños”.

Adicionalmente, el Grupo de Trabajo señaló que, aunque no existen bases que justifiquen el proceso contra los defensores, el proceso penal ha avanzado sin cumplir con los criterios de juicio justo, independiente e imparcial. Al respecto, la Opinión indica que “se ha demostrado una violación de los elementos que garantizan un juicio justo para los ocho defensores, incluyendo la violación de sus derechos de igualdad de tratamiento frente a la ley, de la garantía de la no discriminación y de la independencia de los tribunales”.

OACNUDH ha dado seguimiento al caso de los defensores de Guapinol desde octubre de 2018, a través de diferentes acciones de asistencia técnica e incidencia, incluyendo monitoreo de audiencias, visitas a los detenidos y envío de comunicaciones sobre las obligaciones internacionales de derechos humanos a los operadores de justicia que conocen el caso. La Oficina ha hecho un llamado reiterado a la revisión de la detención preventiva de los defensores y al cumplimiento de las garantías del debido proceso.

OACNUDH recuerda al Estado de Honduras que, conforme el artículo 15 y 16 de la Constitución de la República, los tratados internacionales, una vez ratificados, forman parte del derecho interno. Por lo tanto, el Estado de Honduras deviene en la obligación de cumplir con los instrumentos internacionales que fortalecen la protección de las personas. OACNUDH hace un llamado a las y los operadores de justicia para que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución hondureña, garanticen la aplicación de la Opinión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y el respeto de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Según expresó Isabel Albaladejo, Representante de OACNUDH en Honduras, “a la Oficina le preocupa el uso indebido del derecho penal, afectando de manera desproporcionada a las personas defensoras de los derechos humanos y generando un efecto inhibidor en sus comunidades. En este sentido, la Oficina insta a todas las autoridades responsables a adoptar de forma urgente la Opinión del Grupo de Trabajo, para remediar las violaciones y prevenir futuras vulneraciones a los derechos y libertades de los ocho defensores del río Guapinol.”  

Finalmente, OACNUDH reconoce la participación de las organizaciones de la sociedad civil y los equipos de defensa que han acompañado este caso y reafirma su disponibilidad para brindar asesoría técnica a las autoridades hondureñas en esta materia.

 

FIN

Para más información y solicitudes de prensa, contacte a aamaya@ohchr.org, cel: +504 9436-0183. Siga a OACNUDH Honduras en las redes sociales:

 

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria tiene el mandato de investigar las denuncias de personas que están siendo privadas de su libertad de manera arbitraria o incompatible con las normas internacionales de derechos humanos, y de recomendar recursos tales como la liberación de la detención y la indemnización, cuando proceda. Este Grupo de Trabajo está compuesto por cinco expertos independientes de todo el mundo.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países concretos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

Más información sobre el mandato y las actividades del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria en: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx

 

[1] Todas las citas corresponden a: Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 89º período de sesiones, 23 a 27 de noviembre de 2020. Opinión núm. 85/2020, A/HRC/WGAD/2020/85. Párrafos 66, 73, 75, 80, 93 y 96.

OACNUDH en Honduras

OACNUDH honra la memoria de Berta Cáceres y reitera la responsabilidad del Estado en el esclarecimiento de la verdad sobre su asesinato

Publicada en

OACNUDH honra la memoria de Berta Cáceres y reitera la responsabilidad del Estado en el esclarecimiento de la verdad sobre su asesinato

TEGUCIGALPA (2 de marzo 2021) En el marco del quinto aniversario del asesinato de la defensora de derechos humanos y ambientalista Berta Cáceres, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH) honra su memoria y recuerda su valioso legado en favor de los derechos humanos en Honduras.

OACNUDH observa con preocupación los obstáculos en el acceso a la justicia en varios procesos judiciales en Honduras, incluido el juicio relacionado con el asesinato de Berta Cáceres, tal y como fue expresado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michele Bachelet, el 26 de febrero del presente año ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

La Representante de OACNUDH en Honduras, Isabel Albaladejo Escribano, señaló que “OACNUDH continúa dando seguimiento a la causa de Berta Cáceres y reitera al Estado hondureño su responsabilidad de profundizar la investigación de este caso, permitiendo conocer la verdad de los hechos y garantizar la reparación de las víctimas y sus familiares, recordando que la justicia para las víctimas solamente será efectiva e integral cuando se judicialice y responsabilice a todos los autores materiales e intelectuales del crimen.”

OACNUDH resalta que el asesinato de Berta Cáceres se dio en un contexto de vulneración de derechos de los pueblos indígenas, tal como fue constatado por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, quien en su informe de visita al país señaló que los pueblos indígenas de Honduras viven una situación crítica a causa de la desprotección de sus derechos sobre sus tierras, territorios, y recursos naturales y los actos de violencia que enfrentan por reivindicar sus derechos en un contexto general de violencia e impunidad[1].

En este sentido, OACNUDH considera fundamental que el Estado de Honduras redoble sus esfuerzos para respetar, proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños, y haga efectivo el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, conforme a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

OACNUDH reitera su apoyo y acompañamiento a la familia de Berta Cáceres y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en los esfuerzos por la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Asimismo, reitera su ofrecimiento de asistencia técnica a las instituciones correspondientes para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.

 

Para más información y solicitudes de prensa, contacte a aamaya@ohchr.org, cel: +504 9436-0183

Siga a OACNUDH Honduras en las redes sociales:

 

 

 

[1] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/162/06/PDF/G1616206.pdf?OpenElement

 

OACNUDH en Honduras

OACNUDH condena la muerte violenta de Keyla Martínez bajo custodia policial y urge a las autoridades a una investigación pronta, exhaustiva e imparcial

Publicada en

OACNUDH condena la muerte violenta de Keyla Martínez bajo custodia policial y urge a las autoridades a una investigación pronta, exhaustiva e imparcial

TEGUCIGALPA (10 de febrero de 2021) – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) condena la muerte violenta de Keyla Patricia Martínez, quien se encontraba en custodia policial tras haber sido detenida por agentes de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá.

En seguimiento a las acciones de documentación realizadas sobre el caso, ocurrido el 6 de febrero, OACNUDH considera que los hechos podrían ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y que, por tanto, la investigación deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas. La Representante de OACNUDH en Honduras, Isabel Albaladejo, recordó que “de acuerdo al Protocolo de Minnesota, las investigaciones deben orientarse a identificar no solo a los autores directos, sino también a todos los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios de la cadena de mando que fueron cómplices en ella”.

OACNUDH insta a las autoridades a desarrollar sin dilación y por todos los medios legales disponibles una investigación pronta, exhaustiva, diligente e imparcial orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, así como la reparación de las víctimas y sus familiares. Además, tratándose de una muerte violenta de una mujer que pudo ser cometida por razones de género, la investigación debe permitir establecer o descartar que se trate de un femicidio y conducirse de acuerdo a los criterios de profesionalidad y responsabilidad basada en el conocimiento de las características asociadas a los femicidios.

En este sentido, OACNUDH recuerda las normas y estándares internacionales para la investigación de los casos de esta naturaleza, reflejados en el Modelo de protocolo latinoamericano para la investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. El Protocolo indica que, en los casos en que exista un femicidio cometido por un funcionario público, es imprescindible que el Estado adopte medidas eficaces para evitar la repetición de estas conductas, incluyendo la depuración de los entes involucrados y sanciones disciplinarias o judiciales para los funcionarios que obstaculizan las investigaciones o se comporten de manera negligente en relación con su deber de investigar a los posibles responsables. De igual manera, el Protocolo recomienda la eventual reforma de leyes que propicien el abuso de la función pública o que permitan la violación de derechos humanos de las mujeres.

Con relación al establecimiento de toque de queda en el marco del estado de excepción en el que se produjo la detención de Keyla Martínez, OACNUDH reitera que, de acuerdo a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, las restricciones a algunos derechos con el fin de proteger la salud pública deben respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Asimismo, recuerda que esas medidas de emergencia no deben servir de pretexto para abusos y vulneraciones de derechos humanos[1].

OACNUDH expresa su profunda solidaridad hacia la familia de la víctima y urge a las autoridades a adoptar todas las medidas necesarias que garanticen la no repetición de los hechos.

Finalmente, OACNUDH reconoce los avances en la investigación por parte del Ministerio Público y reafirma su disponibilidad para brindar asesoría técnica a las autoridades hondureñas en esta materia.

FIN

[1] OACNUDH-Honduras. COVID-19: Las medidas de emergencia no deben servir de pretexto para abusos y vulneraciones de derechos humanos, dice Bachelet. Disponible en: https://oacnudh.hn/covid-19-las-medidas-de-emergencia-no-deben-servir-de-pretexto-para-abusos-y-vulneraciones-de-derechos-humanos-dice-bachelet/

Para más información y solicitudes de prensa, contacte a aamaya@ohchr.org, cel: +504 9436-0183

Siga a OACNUDH Honduras en las redes sociales: