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Día Internacional de las Lenguas de Signos

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Día Internacional de las Lenguas de Signos

Los estados deberían reconocer a las personas sordas como miembros de minorías lingüísticas y garantizar el pleno disfrute de sus derechos humanos, dice experto de la ONU.

GINEBRA (20 de septiembre de 2019) – En una declaración para conmemorar el Día Internacional de las Lenguas de Signos, el Relator Especial de la ONU sobre Asuntos Minoritarios, Fernand de Varennes, destaca que las lenguas de signos son lenguas completas y que sus usuarios tienen los mismos derechos humanos y libertades como miembros de otras minorías lingüísticas:

“Hay alrededor de 72 millones de personas sordas en todo el mundo, según la Federación Mundial de Sordos”

Los Estados deberían adoptar medidas legislativas, institucionales y políticas concretas para garantizar que sean reconocidos como usuarios de lenguas minoritarias de pleno derecho y que sus derechos como miembros de minorías lingüísticas estén protegidos y promovidos sin discriminación y de conformidad con todas las normas internacionales de derechos humanos pertinentes.

Los derechos humanos están interconectados e interrelacionados, y los desafíos que enfrentan las personas sordas en todo el mundo exigen acciones coordinadas basadas en marcos de defensa integrales que se basen en los compromisos del Estado en virtud de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el marco internacional sobre los derechos humanos de las minorías, incluida la Declaración de 1992 sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.

Debe prestarse especial atención a la inclusión sistemática de los lenguajes de señas en la prestación de servicios y en áreas como el empleo, la educación, la justicia y la asistencia sanitaria.

Los Estados deben facilitar el aprendizaje de las lenguas de signos, así como una educación de calidad en estos idiomas, y promover la identidad lingüística de los miembros de las minorías lingüísticas sordas como parte de sus obligaciones de derechos humanos.

Las personas sordas de todo el mundo están logrando un reconocimiento cada vez mayor, incluso mediante la aprobación por consenso el 19 de diciembre de 2017 de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que declaró el 23 de septiembre como el Día Internacional de las Lenguas de Signos.

Este importante desarrollo fue seguido por mi compromiso en el 10º Foro de la ONU sobre Cuestiones de las Minorías en Ginebra el 1 de diciembre de 2017, que los usuarios de lenguas de señas también serían reconocidos como miembros de minorías lingüísticas bajo mi mandato «

Fin

El Sr. Fernand de Varennes (Canadá), fue designado Relator Especial de la ONU sobre asuntos de minorías por el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2017. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU le encomienda promover la implementación de la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, entre otras cosas. Es uno de los principales expertos mundiales en derechos de las minorías en derecho internacional, con más de 200 publicaciones en unos 30 idiomas.

(*) Esta declaración está respaldada por la Sra. Catalina Devandas Aguilar (Costa Rica), la primera Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad.

 

Los Relatores Especiales son parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.

Para consultas y solicitudes de medios, comuníquese con: Sr. Damianos Serefidis (+41 22917 9488 / dserifidis@ohchr.org)

Para consultas de los medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU: Sr. Jeremy Laurence, Derechos Humanos de la ONU – Unidad de Medios (+ 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

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Los Estados deben actuar ante las desapariciones de migrantes, dicen expertos de la ONU

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Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas 30 de agosto de 2019

Los Estados deben actuar ante las desapariciones de migrantes, dicen expertos de la ONU

GINEBRA (29 de agosto de 2019) – Los movimientos cada vez más precarios de migrantes que emprenden viajes largos y peligrosos -a menudo como resultado de las rígidas políticas migratorias de los Estados- exponen a muchos a mayores riesgos de violaciones de los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas, dicen los expertos de la ONU*.

 

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto, los expertos hacen un llamamiento a los Estados para que actúen urgentemente en la búsqueda de migrantes que hayan sido víctimas de desapariciones forzadas, y para que investiguen este delito.

 

«Mi nombre es María Elena Larios. Estoy buscando a mi hijo. Mi hijo se llama Heriberto Antonio González Larios. Tenía 18 años cuando se fue, así que ya tiene 27 años. Me despedí de él cuando aún estaba en casa y desde entonces no he recibido ninguna noticia de él. Unos meses antes de su desaparición, me dijo que planeaba irse, pero yo desaprobaba sus planes porque no tenía un destino en mente. Le dije que marcharse no era una buena idea, ya que habría situaciones peligrosas en el viaje».

 

«La historia de María Elena es una de las miles de tragedias humanas que hoy afectan a miles de familias de migrantes», señalaron los expertos.

 

Observando que las desapariciones en el contexto de la migración se producen a menudo en el marco de procesos de detención o deportación o como consecuencia del tráfico ilícito o la trata, los expertos subrayaron que aún queda mucho por hacer en materia de prevención, protección, búsqueda e investigación de esta cuestión.

 

«Debería prohibirse la expulsión, devolución (refoulement) o extradición de migrantes a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estarían en peligro de desaparición forzada. Al evaluar este riesgo, las autoridades competentes deberían tener en cuenta toda la información pertinente, incluida, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones graves, flagrantes o masivas de los derechos humanos, de conformidad con la Convención** y la Declaración***», subrayaron. Esto también se aplica al “rechazo” de los migrantes.

 

Refiriéndose a los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Presidente en funciones del Comité contra la Desaparición Forzada, Mohammed Ayat, hizo

hincapié en que: «Dada la particular vulnerabilidad de las personas que cruzan las fronteras internacionales de manera regular u ocasional, especialmente los niños no acompañados, la búsqueda de migrantes desaparecidos requiere procedimientos, experiencia y conocimientos específicos que satisfagan sus necesidades particulares. El respeto de la dignidad de las víctimas debe ser un principio rector en todas las etapas de la búsqueda del migrante desaparecido».

 

El Presidente-Relator del Grupo de Trabajo, Bernard Duhaime, hizo hincapié en que los Estados deberían adoptar todas las medidas necesarias para buscar y localizar a los migrantes desaparecidos utilizando todos los medios a su alcance, incluidos los recursos de investigación forense. «Los Estados deberían aumentar urgentemente la cooperación internacional, regional y bilateral, dado el carácter transnacional de la desaparición forzada de migrantes, tanto en la búsqueda de los migrantes como en el enjuiciamiento de los presuntos responsables, añadió, refiriéndose al último informe temático del Grupo de Trabajo».

 

«Reiteramos nuestro llamamiento a todos los Estados que aún no lo hayan hecho para que se adhieran rápidamente a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y acepten la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar denuncias individuales», concluyeron.

 

FIN

 

(*) Esta declaración conjunta es emitida por el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

 

(**) Lea la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas

 

(***) Lea la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

 

Para más información y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con nosotros: Sr. Ugo Cedrangolo (+41 22 917 9286 / ucedrangolo@ohchr.org) o escriba a wgeid@ohchr.org; Sr. Jorge Araya (+41 22 917 9106 / jaraya@ohchr.org o escriba a ced@ohchr.org

 

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Honduras: El gobierno y las empresas hondureñas deben garantizar la protección de los derechos de las personas afectadas por los proyectos de desarrollo, dicen expertos de la ONU

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Honduras: El gobierno y las empresas hondureñas deben garantizar la protección de los derechos de las personas afectadas por los proyectos de desarrollo, dicen expertos de la ONU

GINEBRA (29 de agosto de 2019) – El Gobierno de Honduras necesita actuar ahora para abordar las profundas causas de los conflictos sociales, así como la desconfianza extrema en la capacidad de las instituciones estatales para promover una economía justa e inclusiva; concluyó un equipo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, después de una visita de 10 días.*

Todas las personas afectadas por los proyectos de desarrollo deben tener sus derechos plenamente respetados y protegidos por el Gobierno y las empresas para evitar los conflictos, dijo el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.

«La mayoría de los conflictos relacionados con las inversiones a gran escala son el resultado de la falta sistemática de transparencia y de participación significativa de las comunidades afectadas en cualquier decisión relacionada con la actividad empresarial», dijo uno de los miembros del Grupo de Trabajo, Anita Ramasastry, al presentar un informe al final de la visita.

«El derecho de las personas y comunidades afectadas a participar de manera significativa en la toma de decisiones desde una etapa temprana es un requisito básico para crear un entorno propicio para una conducta empresarial responsable. El Estado y las empresas deben darse cuenta de que escuchar todas las voces ayuda a identificar, mitigar y abordar las quejas antes de que se conviertan en conflictos», afirmó.

Los Expertos reconocen el compromiso del Gobierno de implementar los Principios Rectores de las Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos (UNGPs) como un elemento crítico para el desarrollo sostenible. Como parte de este compromiso los expertos dijeron que se necesitaban reformas institucionales y jurídicas inmediatas y profundas.

«Es urgente que el Congreso hondureño de conformidad con las normas internacionales elabore una ley sobre el consentimiento libre, previo e informado y la consulta de los pueblos indígenas y otras comunidades. La práctica de la socialización de los proyectos no equivale a una consulta significativa», señaló la Sra. Ramasastry.

Los expertos señalaron que la identificación y el tratamiento de los daños potenciales y reales a las personas que se derivan de las operaciones comerciales constituían el núcleo del concepto de la debida diligencia en materia de derechos humanos, establecido en los Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta norma mundial para la acción de los gobiernos y las empresas para prevenir y abordar los daños a las comunidades y los trabajadores aclara que las empresas tienen la responsabilidad independiente de respetar los derechos humanos, incluso en el contexto de instituciones débiles.

«En los países donde la capacidad o la voluntad de las instituciones del Estado para proteger a las personas de los impactos negativos de las inversiones y las operaciones empresariales es limitada, las empresas deben actuar con sumo cuidado y ejercer la debida diligencia correspondiente para asegurarse de que no causan, contribuyen o se vinculan con abusos a los derechos humanos», dijo otro miembro del equipo visitante de la ONU, Dante Pesce.

«Con demasiada frecuencia, las empresas y los inversores se benefician de la corrupción y descuidan su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Apreciamos la voluntad genuina de algunas asociaciones empresariales de cambiar este enfoque y mejorar el respeto corporativo por los derechos humanos, entendiendo que el respeto por los derechos humanos también es bueno para las empresas. Apoyamos este enfoque que puede inspirar a otras empresas», afirmó el Sr. Pesce.

Los expertos expresaron su profunda preocupación por los riesgos a los que se enfrentan los defensores del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas. «El Estado debe actuar ahora para poner fin a los ataques recurrentes, el hostigamiento y la intimidación de los defensores de los derechos humanos, los dirigentes sindicales, los pueblos indígenas y los representantes de las comunidades que denuncian las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la actividad empresarial y los proyectos de desarrollo a gran escala», afirmaron los expertos.

Debería haber una acción inmediata para derogar las disposiciones del nuevo proyecto de Código Penal destinadas a penalizar la disidencia y silenciar a quienes defienden a las víctimas de abusos, al tiempo que se reducen las penas por fraude y corrupción, agregaron los Expertos.

También es esencial garantizar la independencia del sistema judicial para fortalecer la rendición de cuentas y el acceso a recursos para las víctimas de abusos de los derechos humanos por parte de las empresas, dijeron.

Los miembros del Grupo de Trabajo hicieron eco del llamado de otro experto de la ONU, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, instando a la renovación del mandato actual de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), cuando esta expire en enero 2020, y el fortalecimiento de sus funciones y mandato.

El informe final del Grupo de Trabajo, incluidos los hallazgos y las recomendaciones clave, se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2020.

FIN

El Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas comerciales  fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. Sus miembros actuales son: Sr. Surya Deva, Sra. Elżbieta Karska (Presidente), Sr. Githu Muigai (Vicepresidente), Sr. Dante Pesce y Sra. Anita Ramasastry.

 

El Grupo de Trabajo forma parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de vigilancia de los derechos humanos del Consejo. El Grupo de Trabajo informa al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los titulares de mandatos de los procedimientos especiales son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para que se ocupen de las situaciones específicas de los países o de cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos no son personal de las Naciones Unidas y son independientes de cualquier gobierno u organización. Sirven en su capacidad individual y no reciben un salario por su trabajo.

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, aprobados unánimemente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011 (resolución 17/4), constituyen la norma mundial autorizada para la adopción de medidas destinadas a salvaguardar los derechos humanos en un contexto empresarial, y aclaran lo que se espera de los gobiernos y las empresas para prevenir y abordar las repercusiones de la actividad empresarial en los derechos humanos.

Derechos Humanos de la ONU, página del país – Honduras

Para obtener información adicional y solicitudes de los medios de comunicación, comuníquese con la Secretaría del Grupo de Trabajo:

En Honduras (durante las fechas de la visita): tel. + 504 9441 2860; correo electrónico wg-business@ohchr.org

En Ginebra: Federica Morvay, Oficial de Derechos Humanos, Secretaría del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, +41 22928 8863, correo electrónico electrónico wg-business@ohchr.org

Para consultas de los medios de comunicación relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, comuníquese con

Jeremy Laurence, Derechos Humanos de la ONU – Unidad de medios jlaurence@ohchr.org)  

Para consultas de los medios de comunicación relacionadas con otros expertos independientes de las Naciones Unidas, sírvase ponerse en contacto con nosotros: Sr. Jeremy Laurence (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

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Honduras: Visita de expertos de la ONU para evaluar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas

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Honduras: Visita de expertos de la ONU para evaluar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas

GINEBRA (15 de agosto de 2019) – El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos realizará su primera visita oficial a Honduras del 19 al 28 de agosto para evaluar los esfuerzos por identificar, prevenir y abordar los efectos adversos de las actividades empresariales en los derechos humanos.

 

Durante la visita, los expertos examinarán los esfuerzos e iniciativas actuales del Gobierno y de las empresas hondureñas para cumplir con sus respectivas obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos en virtud de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

 

«Acogemos con beneplácito la invitación cursada al Grupo de Trabajo para que visite Honduras, ya que indica la voluntad del Gobierno de redoblar los esfuerzos para promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, entre otras cosas mediante la elaboración de un marco normativo y de políticas públicas amplio sobre las empresas y los derechos humanos», dijo el Sr. Dante Pesce, miembro del Grupo de Trabajo.

 

«Prestaremos especial atención a la situación de las personas y comunidades, como los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos, que corren un mayor riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos relacionadas con las empresas, en particular en el contexto de los proyectos de extracción de recursos naturales y el sector energético», dijo la Sra Anita Ramasastry, miembro del Grupo de Trabajo.

 

«Esperamos que la visita ayude tanto al Gobierno como a las empresas a promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, de conformidad con la legislación y las normas internacionales de derechos humanos», añadió.

 

«Además de entablar un diálogo constructivo con diversos ministerios y organismos gubernamentales, nos reuniremos con una serie de agentes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y sindicatos, así como con representantes de empresas», concluyó el Sr. Pesce.

 

Durante su visita a Honduras, los expertos se reunirán en Tegucigalpa, San Pedro Sula así como en los departamentos de Colón, Intibucá y Francisco Morazán.

 

Al final de su misión, el miércoles 28 de agosto a las 10:30 horas, los expertos celebrarán una conferencia de prensa para presentar las observaciones preliminares de su visita. Se celebrará en el Hotel Hyatt en Tegucigalpa. El acceso estará estrictamente limitado a periodistas.

 

El Grupo de Trabajo presentará un informe completo de sus conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2020.

 

FIN

 

El Grupo de Trabajo sobre sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. Sus miembros actuales son: Sr. Surya Deva, Sra Elżbieta Karska (Presidente), Sr. Githu Muigai (Vicepresidente), Sr. Dante Pesce y Sra. Anita Ramasastry.

 

El Grupo de Trabajo forma parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de vigilancia de los derechos humanos del Consejo. El Grupo de Trabajo informa al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los titulares de mandatos de los procedimientos especiales son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para que atiendan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos no son personal de las Naciones Unidas y son independientes de cualquier gobierno u organización. Sirven en su capacidad individual y no reciben un salario por su trabajo.

 

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, respaldados unánimemente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011 (resolución 17/4), constituyen la norma de aplicación mundial con legitimidad para la adopción de medidas destinadas a salvaguardar los derechos humanos en un contexto empresarial, y aclaran lo que se espera de los gobiernos y las empresas para prevenir y abordar las repercusiones de la actividad empresarial en los derechos humanos.

 

Derechos Humanos de la ONU, página de país – Honduras

 

Para más información y solicitudes de los medios de comunicación, sírvase ponerse en contacto con la Secretaría del Grupo de Trabajo:

En Honduras (durante las fechas de la visita): tel. + 504 9441 2860; correo electrónico fmorvay@ohchr.org con wg-business@ohchr.org en copia

En Ginebra: Secretaría del Grupo de Trabajo sobre las Empresas y los Derechos Humanos: (+41 22 917 9657, email wg-business@ohchr.org)

 

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Experto de Naciones Unidas visita Honduras para evaluar la independencia de su sistema judicial

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Experto de Naciones Unidas visita Honduras para evaluar la independencia de su sistema judicial

GINEBRA / TEGUCIGALPA (14 de agosto de 2019) – El Relator Especial de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, realizará una visita oficial a Honduras del 16 al 22 de agosto de 2019 para evaluar el estado de la independencia de los jueces y fiscales y el libre ejercicio de la profesión legal, así como las medidas adoptadas por el estado para asegurar la independencia judicial.

 

El experto de las Naciones Unidas examinará los diversos problemas y amenazas a los que se enfrentan los jueces, fiscales y abogados en el ejercicio de sus funciones, así como las medidas adoptadas por el Estado para mitigar los riesgos a los que están expuestos los profesionales del derecho y los miembros de sus familias. El experto analizará también el impacto que la corrupción en las instituciones públicas y privadas pueda tener en la independencia judicial.

 

«Demasiadas personas están amenazadas o han perdido la vida en el ejercicio del derecho en Honduras, a manos de redes de corrupción y del crimen organizado, y la gran mayoría de estos crímenes permanecen impunes. Esto no se puede aceptar en absoluto en un Estado de derecho», dijo García-Sayán, quien fue designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para monitorear e informar sobre la independencia de los jueces y abogados.

 

El Relator Especial expresó su preocupación el año pasado por el hecho de que la sociedad civil hubiera sido excluida de las más importantes deliberaciones del proceso de selección de un nuevo Fiscal General y del Fiscal General Adjunto en Honduras.

 

«Tengo la intención de establecer un diálogo constructivo con el Gobierno sobre las medidas para garantizar que la selección y el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo, el Fiscal General y el Fiscal General Adjunto se basen en criterios objetivos previamente establecidos por la ley, y que los magistrados y fiscales de alto rango sean seleccionados únicamente sobre la base de sus méritos, teniendo en cuenta las calificaciones, aptitudes y capacidades de los candidatos, así como su integridad, independencia e imparcialidad», dijo.

 

Durante su visita, el experto se reunirá con funcionarios del Gobierno y autoridades legislativas, así como con jueces, fiscales y abogados. También se reunirá con representantes de la sociedad civil, el mundo académico, los organismos de las Naciones Unidas, donantes y la comunidad diplomática.

 

Al término de la visita, el jueves 22 de agosto de 2019, García-Sayán ofrecerá una conferencia de prensa para presentar sus observaciones preliminares. Se celebrará a las 11:00 hora local en el Hotel Clarion, Salón Madrid 1. El acceso estará estrictamente limitado a periodistas acreditados.

 

El Relator Especial presentará un informe exhaustivo con sus conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en junio de 2020.

 

FIN

 

El Sr. Diego García-Sayán (Perú) es Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados desde diciembre de 2016. Anteriormente fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante dos mandatos consecutivos. Durante su mandato, fue elegido Vicepresidente de la Corte (2008-2009) y Presidente de la Corte por dos períodos consecutivos (2009-2013). Tiene una larga experiencia trabajando en cuestiones de derechos humanos en diversas instituciones, incluyendo las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Entre otros fue: Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los Acuerdos de Paz en El Salvador y para la posterior verificación de los acuerdos informando directamente al Consejo de Seguridad; miembro y Presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias durante varios años; miembro del Grupo de Rediseño del Sistema de Administración de Justicia de las Naciones Unidas, nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas en 2006; Jefe de la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Guatemala durante las elecciones generales (2007).

 

Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

 

Derechos Humanos de la ONU, Página de País – Honduras

 

Para más información y solicitudes de prensa, favor ponerse en contacto con:

En Tegucigalpa (durante la visita): Stefano Sensi (email: ssensi@ohchr.org)

En Ginebra (antes, durante y después de la visita): Gotzon Onandia (email: gonandia@ohchr.org)

 

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