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Honduras debe dejar de criminalizar la defensa de los derechos humanos de las comunidades garífunas, advierten expertos de la ONU

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Honduras debe dejar de criminalizar la defensa de los derechos humanos de las comunidades garífunas, advierten expertos de la ONU

 GINEBRA (9 de julio de 2021) – Expertos* de la ONU han instado hoy al Gobierno de Honduras a poner fin a la detención arbitraria y criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos de la comunidad garífuna.

La comunidad garífuna cuenta con una población aproximada de 300.000 habitantes en Honduras y es un grupo étnico de herencia mixta africana e indígena. En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la violación de derechos humanos de las comunidades garífunas y estableció una serie de reparaciones, que incluyen la obligación del Estado de titular, delimitar y demarcar los territorios tradicionales de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Honduras aún no ha cumplido con estas medidas.

Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, se pronunció tras la detención de las señoras Silvia Bonilla Flores, Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Mejía Solórzano, defensoras del territorio y los derechos del pueblo garífuna y miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).

El Ministerio Público presentó dos requerimientos fiscales en los que acusa a las defensoras de los delitos de robo con violencia o intimidación, usurpación, daños y amenazas. Según la información recibida, las investigaciones surgen a raíz del conflicto relacionado con la posesión, uso y propiedad de ciertos terrenos respecto de los cuales existen simultáneamente títulos de propiedad privados y un título de propiedad ancestral a favor de la comunidad de Cristales y Río Negro.

Jennifer Mejía Solórzano fue detenida el 3 de marzo de este año y cuando Marianela Mejía Solórzano acudió a la estación de policía para informarse sobre la detención de su hermana, fue igualmente detenida. El pasado 7 de marzo, se dictó auto de formal procesamiento para las dos hermanas y se les impuso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Ambas podrían enfrentarse a 10 años de prisión si son condenadas.

El 16 de junio fue detenida la defensora Silvia Bonilla, a quien el pasado 2 de julio se le dictó sobreseimiento provisional sobre los cargos imputados en su contra. En el marco de estas acusaciones se encuentran pendientes 29 órdenes de captura en contra de personas defensoras de los pueblos garífunas.

 

«El momento de la detención de las hermanas es preocupante, ya que tuvo lugar un día antes de la audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia de las comunidades garífunas emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015», señaló Lawlor.

Ella y otros expertos de la ONU manifestaron al gobierno hondureño su preocupación por el hecho de que la detención de las hermanas se produce en un contexto de «violencia, ataques y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades indígenas y las mujeres en Honduras», cuestiones que los expertos han planteado previamente al gobierno.

«El gobierno debe de abstenerse de utilizar la legislación penal nacional como una herramienta de intimidación en perjuicio de las personas defensoras de derechos humanos. La criminalización debilita los movimientos de la sociedad civil y su capacidad para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad», dijo Lawlor. «Estas tres valientes defensoras están siendo perseguidas por el trabajo que realizan en defensa de esta comunidad y ahora enfrentan penas de larga duración de 10 años o más por el labor que realizan».

Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas añadió que “a 5 años del asesinato de Berta Cáceres, las comunidades garífunas y las personas que se dedican a defender sus derechos siguen siendo objeto de violencia, ataques y persecución”.

Los Relatores instan a las autoridades a que ofrezcan una protección efectiva a todas las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, en especial las que continúan luchando por los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y del medio ambiente.

Los Relatores están en contacto con las autoridades hondureñas sobre este asunto.

El llamamiento de los expertos fue respaldado por: El Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas: la Sra. Melissa Upreti (Presidenta), la Sra. Dorothy Estrada Tanck (Vicepresidenta), la Sra. Elizabeth Broderick, la Sra. Ivana Radačić y la Sra. Meskerem Geset Techane; y Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias: la Sra. Dubravka Simonovic.

 

FINES

*Mary Lawlor es la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. La Sra. Lawlor es actualmente profesora asociada de Empresas y Derechos Humanos en el Centro de Innovación Social (CSI) de la Escuela de Negocios del Trinity College de Dublín. En 2001 fundó Front Line Defenders – la Fundación Internacional para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos para centrarse en los defensores de los derechos humanos en riesgo. Como Directora Ejecutiva entre 2001 y 2016, la Sra. Lawlor representó a Front Line Defenders y desempeñó un papel clave en su desarrollo. Anteriormente, la Sra. Lawlor fue directora de la oficina irlandesa de Amnistía Internacional entre 1988 y 2000, fue miembro de la Junta Directiva en 1975 y fue elegida presidenta entre 1983 y 1987.

*El Sr. José Francisco CALÍ TZAY (Guatemala) es el nuevo Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es maya kaqchikel de Guatemala, con experiencia en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en Guatemala como a nivel de las Naciones Unidas y la OEA. El Sr. Calí Tzay fue fundador y miembro de diferentes organizaciones indígenas de Guatemala y el Embajador de Guatemala en la República Federal de Alemania. Fue Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala; miembro de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas de Guatemala (CODISRA) y Presidente del Programa Nacional de Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno. El Sr. Cali Tzay fue Presidente del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, órgano creado en virtud de un tratado, del que fue elegido por cuatro períodos consecutivos de cuatro años cada uno.

Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión establecidos por el Consejo para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno y organización y actúan a título individual.

Página del país: Honduras

Para más información y consultas, póngase en contacto con Orsolya Toth (correo electrónico: ototh@ohchr.org) o defenders@ohchr.org.

Para consultas de los medios de comunicación sobre otros expertos independientes de la ONU, póngase en contacto con Renato de Souza (+41 22 928 9855 / rrosariodesouza@ohchr.org).

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Los expertos de la ONU instan a los líderes religiosos a mostrar respeto y compasión por las personas LGBT

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Los expertos de la ONU instan a los líderes religiosos a mostrar respeto y compasión por las personas LGBT

GINEBRA (14 de mayo de 2021) – Expertos en derechos humanos de la ONU y de organismos regionales han instado hoy a los gobiernos, a las instituciones confesionales y a los líderes religiosos a acoger con respeto y compasión a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y personas con diversidad de género (LGBT), y a rechazar las políticas, leyes y prácticas que discriminan o alimentan los prejuicios.

 

En la actualidad, 69 países siguen penalizando las relaciones entre personas del mismo sexo o las formas de expresión de género, y algunos incluso prescriben la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo. Varios de ellos, situados en Oriente Medio y el Norte de África, en el sur y el sureste de Asia y en el África subsahariana, justifican el mantenimiento de las prohibiciones legales de la homosexualidad, introducidas en la mayoría de los casos por las autoridades coloniales, con el argumento de que defienden los principios del islam o del cristianismo y, por tanto, son necesarias para mantener la moral pública.” 

 

“La libertad en general, y la libertad de pensamiento, conciencia y religión o creencia en particular, son piedras angulares del marco internacional de los derechos humanos, y debe reconocerse el derecho a la libertad de religión o creencia de todos los seres humanos a lo largo de su vida, incluido el de las personas LGBT», afirmó el experto independiente en protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, Víctor Mad-rigal-Borloz, en una declaración conjunta con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el 17 de mayo.”  

 

“Las autoridades religiosas tienen la responsabilidad de garantizar que la religión y la tradición no se utilizan para promover la discriminación de las personas por su orientación sexual e identidad de género.”   

 

“Ciertas narrativas crean la falsa noción de que existe un conflicto inherente entre el derecho a la libertad religiosa y los derechos humanos básicos de las personas LGBT. Esta es una idea fabricada que contribuye a su exclusión de todos los sectores de la vida social, así como a la violencia que se ejerce contra ellos.” 

 

El experto condenó la incitación a la violencia y a la discriminación por características personales por parte de algunos líderes religiosos. «Dicha incitación constituye un discurso de odio y no está protegida ni por la libertad de expresión ni por la libertad de religión o creencia. Las instituciones religiosas tienen derecho a la autonomía en la administración de sus asuntos y pueden tener opiniones diversas sobre asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, pero en ningún caso sus autoridades deben incitar a la violencia o al odio. ” 

 

“Creemos que el marco internacional de los derechos humanos y los principios humanistas que están en la base de toda religión tienen un papel interdependiente: salvaguardar y promover la dignidad inherente e igual de todo ser humano, guiar a las personas y a las sociedades en su búsqueda de la felicidad y construir un mundo en el que todos puedan vivir libres e iguales. ” 

 

FIN

 

El Sr. Víctor Madrigal-Borloz (Costa Rica) asumió el papel de Experto Independiente de las Naciones Unidas para la protección contra la violencia y la discriminación por motivo de orientación sexual y la identidad de género por un período de tres años a partir del 1 de enero de 2018. Victor Madrigal-Borloz es investigador visitante senior en el Programa de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de Harvard. Se desempeñó como Secretario General del Consejo Internacional de Rehabilitación para Las Víctimas de la Tortura (IRCT). Miembro del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, el Sr. Madrigal-Borloz fue Relator sobre las represalias y supervisó un proyecto de política sobre la tortura y los malos tratos a las personas LGBTI. Antes de esto, dirigió trabajos técnicos sobre numerosos casos, informes y testimonios como Jefe de Litigios y Jefe del Registro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también ha trabajado en el Instituto Danés de Derechos Humanos (Copenhague, Dinamarca) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (San José, Costa Rica).

 

Los Expertos Independientes forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y seguimiento del Consejo que abordan situaciones específicas de los países o cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos en Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de las Naciones Unidas y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.

 

Para obtener más información y solicitudes de medios de comunicación,  póngase en contacto con Catherine de Preux De Baets (cdepreuxdebaets@ohchr.org), Taro Tanaka (ttanaka@ohchr.org) o escriba a  ie-sogi@ohchr.orgv

 

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INDH y ONU Derechos Humanos llaman al respeto y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes

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Comunicado de Prensa conjunto de las instituciones nacionales de Derechos Humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México y las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Guatemala, Honduras y México.
A 10 años del hallazgo de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas:

INDH y ONU Derechos Humanos llaman al respeto y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes

07 de mayo de 2021.- En el décimo aniversario del hallazgo de las fosas clandestinas de San Fernando, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México (en adelante “las Instituciones”) y las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Guatemala, Honduras y México (en adelante “las Oficinas”) hacen un llamado a los Estados de la región para redoblar sus esfuerzos para proteger a las personas migrantes ante las persistentes violaciones a sus derechos humanos, así como para garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, para que hechos como los de San Fernando no se repitan.

En abril de 2011, en San Fernando, Tamaulipas, se hallaron 48 fosas clandestinas con 196 cuerpos de personas de diversas nacionalidades, un año después de la masacre de 72 personas migrantes en el mismo municipio. Hechos similares ocurrieron en 2012, en Cadereyta, Nuevo León; en 2014, en Güémez, Tamaulipas; y recientemente en enero de 2021, en Camargo, Tamaulipas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha emitido recomendaciones con relación a las citadas masacres del 2010, 2011 y 2012, las cuales, han sido aceptadas por las autoridades. A pesar de ello, los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación. De igual manera, está llevando a cabo la investigación sobre los hechos ocurridos este año en Camargo, Tamaulipas, y, en su momento, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, desde el 2011, ha realizado diferentes acciones encaminadas a garantizar el derecho al acceso a la justicia y verdad a las víctimas y sus familias. Entre ellas, la apertura de 3 expedientes de investigación y solicitudes a instituciones competentes, como al Ministerio de Relaciones Exteriores y Fiscalía General de la República del Estado Salvadoreño para exigir la protección consular o las acciones que sean pertinentes a las instancias homologas del ministerio público de México. También, ha registrado los casos en el mecanismo interinstitucional del Banco de Datos Forenses de Migrantes no Localizados de El Salvador, del cual es parte, a efecto de posibilitar -por la vía científica- la identificación de cuerpos o restos. Asimismo, se ha realizado acompañamientos psicosociales a las familias en el contacto que han tenido con las instancias mexicanas y en el proceso de repatriación de uno de los tres casos salvadoreños afectados en esa masacre.

La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, desde 2011 a la fecha, ha realizado acciones de acompañamiento a familiares e instituciones de sociedad civil para el acceso a procesos de búsqueda, identificación y justicia; también se han desarrollado acciones de verificación durante procesos de notificación a familiares sobre avances en investigación y repatriación de víctimas; así como visibilizado ante la sociedad guatemalteca dichos casos a través de pronunciamientos y comunicados, reconociendo los obstáculos que enfrentan las familias para acceder a la verdad y justicia, y las obligaciones que tienen los estados para responder antes dichas atrocidades.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras ha acompañado a los familiares de las victimas durante la repatriación de los cadáveres, y lamenta el daño causado, insta a las autoridades competentes a brindar las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos. Las atrocidades cometidas no deben justificarse y las autoridades competentes deben investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos para que la dignidad de las víctimas sea reconocida y sus condiciones de vida restituidas.

La situación de riesgo que enfrentan las personas migrantes en tránsito no ha mejorado en los últimos años. A lo largo de estos 10 años, las entidades firmantes han registrado numerosas denuncias sobre violencia y violaciones graves a los derechos humanos cometidas en contra de personas migrantes.

En ese sentido, resulta fundamental fortalecer la cooperación entre las autoridades de los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México para garantizar el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes, con énfasis en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

Consideramos impostergable la creación de mecanismos de investigación y cooperación que aseguren investigaciones prontas y efectivas, con la participación de familiares de las víctimas y en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.

Es importante recordar que México, Guatemala, Honduras y El Salvador son signatarios del Pacto Mundial para la Migración Segura Ordenada y Regular, en el que se comprometen, entre otros, a “Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre las personas migrantes desaparecidas.” (Objetivo 8) y abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración (Objetivo 7).

Por todo lo expuesto, consideramos necesaria la creación de una Comisión Especial de Investigación, a través de la cual personas expertas, nacionales e internacionales, apoyen a las autoridades nacionales mexicanas en la investigación de los hechos con perspectiva regional, de conformidad con estándares internacionales. Esto permitirá entender mejor las causas que generan esta violencia sistemática contra las personas migrantes e implementar acciones efectivas para que estos hechos no se vuelvan a repetir.

Las Instituciones y las Oficinas firmantes reiteran su disposición para trabajar con los Estados en beneficio de los derechos de las personas migrantes, dentro de sus respectivos mandatos.

FIN

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Cuatro Relatorías Especiales de la ONU expresan su preocupación por criminalización de defensores lencas de La Paz

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Cuatro Relatorías Especiales de la ONU expresan su preocupación por criminalización de defensores lencas de La Paz

Cuatro Relatorías Especiales de la ONU expresan su preocupación por criminalización de defensores lencas de La Paz

TEGUCIGALPA (28 de abril de 2021) –  Cuatro Relatores Especiales de la ONU enviaron una carta de alegaciones[1] al Estado de Honduras expresando su “profunda preocupación” por la judicialización y prisión preventiva de Víctor Vásquez y José Santos Vijil, defensores de derechos humanos del departamento de La Paz. En el documento, la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jimenez-Damary, la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, y el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay, señalaron el hecho de que las acusaciones presentadas contra los mencionados individuos y las decisiones adoptadas, particularmente la que refiere al mantenimiento de la medida de prisión preventiva, parecerían no estar sustentadas por pruebas objetivas.

Víctor Vásquez y José Santos Vijil, ambos defensores indígenas lencas, fueron detenidos el 11 y el 9 de diciembre de 2020, respectivamente. El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal el 1 de diciembre por los delitos de robo con fuerza agravado, daños y desplazamiento forzado. Los dos primeros delitos ya fueron objeto de sobreseimiento provisional. Sin embargo, dictó auto de formal procesamiento por el delito de desplazamiento forzado.

En su escrito (AL HND 1/2021) los titulares de las Relatorías destacaron “la relevancia de este caso en el contexto de Honduras, en el que los defensores de los derechos humanos indígenas y de la tierra son los que están más expuestos a los riesgos y a los ataques; incluyendo la criminalización mediante la fabricación de acusaciones falsas y la ausencia del disfrute de las garantías del derecho al debido proceso. En consecuencia, expresamos preocupación por el hecho de que la acusación contra los defensores y la posterior privación de su libertad representen una criminalización del ejercicio de su derecho a la libertad de asociación y del derecho a la libertad de expresión.”

Los expertos independientes resaltan su “preocupación ante la utilización por parte del Ministerio Público del tipo penal de desplazamiento forzado mediante una acusación que aparentemente estaría desprovista de contexto y desvinculada de las circunstancias que motivan la creación de dicho tipo penal. Recordamos que este tipo penal se establece como respuesta al desplazamiento forzado que ocurre como consecuencia de la violencia generalizada y el crimen organizado.” En este sentido, entre las acciones que solicitan al Estado, destaca la de proporcionar información sobre la base jurídica para la detención preventiva y sobre las garantías del debido proceso en este caso, especialmente a la luz del Pacto Internacional sobre los derechos civiles y políticos (PIDCP).

OACNUDH visitó en distintas ocasiones a los defensores de derechos humanos en el penal donde se encuentran en prisión preventiva. El impacto del uso indebido del derecho penal es inmenso para las personas defensoras de derechos humanos, en la medida en que afecta tanto a sus familias y comunidades, como a los mismos derechos que su labor protege.

En este sentido, OACNUDH se adhiere a las solicitudes de las Relatorías y reitera el obligado cumplimiento de las garantías del debido proceso. Así, llama a que el Poder Judicial en Honduras revise las medidas cautelares y evite un uso excesivo de la prisión preventiva.

Finalmente, OACNUDH reconoce la labor de las personas defensoras de derechos humanos del departamento de La Paz, incluidas las integrantes del Comité Local de Acompañamiento a Derechos Humanos (CLADH) de Simpinula, del cual Víctor Vásquez es coordinador.

FIN

Para más información y solicitudes de prensa, contacte a aamaya@ohchr.org

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[1] Las cartas de alegaciones son uno de los instrumentos con que cuentan los Procedimientos Especiales para comunicarse con los Estados para solicitar aclaraciones y medidas. Los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos son mandatos para presentar informes y asesorar sobre derechos humanos que ejecutan expertos independientes en la materia, desde una perspectiva temática o en relación con un país específico.

La carta sobre este caso (AL HND1/2021) puede ser consultada en:

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26023

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CIDH y ONU Derechos Humanos celebran la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú

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COMUNICADO DE PRENSA
Con motivo del 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra

CIDH y ONU Derechos Humanos celebran la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú

Bogotá / Ciudad de Guatemala / Ciudad de México / Ciudad de Panamá / Santiago de Chile / Tegucigalpa / La Paz / Washington, D.C., 21 de abril de 2021– En el marco del Mecanismo de Acciones Conjuntas para contribuir a la protección de las personas defensoras de derechos humanos en América y en ocasión del Día Internacional de la Madre Tierra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Culturales y Ambientales (REDESCA) y las presencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina (ONU Derechos Humanos) celebran la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú. La CIDH y ONU Derechos Humanos destacan el rol esencial de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en la consolidación de la democracia, el Estado de derecho y en el desarrollo sostenible y llaman a los Estados a proteger su labor.

El 22 de abril de 2021 entra en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del  medio ambiente.

La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú es un relevante avance para la protección de quienes defienden el medio ambiente y la tierra, ya que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas para su esencial trabajo. En este sentido, la CIDH, su REDESCA y ONU Derechos Humanos saludan a los países que han ratificado este acuerdo, alientan a los países que aún no lo han hecho a hacerlo prontamente e instan a todos los Estados de la región a desarrollar procesos participativos, mediante planes de acción nacionales, para su efectiva implementación.

La defensa de los derechos humanos y del medio ambiente es una actividad legítima y necesaria, cuya promoción y protección deben ser garantizadas por los Estados. A pesar de la importancia de su labor, la CIDH, su REDESCA y ONU Derechos Humanos han observado los riesgos y ataques que enfrentan continuamente las personas que defienden y promueven los derechos a la tierra, territorio y al medio ambiente en la región: actos de hostigamiento, amenazas, criminalización y estigmatización, ataques contra su vida e integridad personal y las de sus familias.

Los riesgos que las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente enfrentan tienen un efecto amedrentador que va más allá de las víctimas directas, pues amenaza con paralizar actividades de defensa que son cruciales para el futuro del planeta y de la humanidad.

En América Latina, un gran número de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente se producen en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales aprobados e implementados sin el respeto debido al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afro descendientes.

El manejo de la pandemia por COVID-19 ha derivado en la limitación al derecho a la participación de las personas defensoras de derechos humanos, incluidos activistas ambientales, así como al acceso efectivo a la información y a la justicia. Se ha observado una reducida capacidad y voluntad de los Estados para fiscalizar los delitos ambientales, proteger la naturaleza, tierras y territorios indígenas, y una erosión de los mecanismos para garantizar que las personas y organizaciones de la sociedad civil puedan participar plenamente en la toma de decisiones.

La CIDH, su REDESCA y ONU Derechos Humanos exhortan a los Estados a cumplir con su deber de proteger la vida y la integridad personal de quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente. Para ello es crucial reconocer de manera pública e inequívoca la importancia de su labor, fortalecer la investigación y el procesamiento de los delitos de los que son víctimas, evitar el uso indebido del derecho penal en su contra y adoptar políticas públicas integrales de protección, incluyendo medidas específicas para proteger las mujeres defensoras.

La CIDH, su REDESCA y ONU Derechos Humanos también alientan a los Estados de la región a buscar alternativas para que sus instituciones públicas tengan activa presencia en los territorios más afectados por la violencia, particularmente a través de su capacidad de respuesta institucional, civil, de desarrollo y ambientalista, para promover los derechos y proteger las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

FIN

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) es la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. La Asamblea General encomendó a la Alta Comisionada y a su Oficina la misión de promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas. ONU Derechos Humanos proporciona asistencia en forma de competencias técnicas y fomento de capacidad para apoyar la aplicación sobre el terreno de las normas internacionales de derechos humanos. ONU Derechos Humanos ayuda a los gobiernos, que tienen la responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos, a cumplir con sus obligaciones y apoya a los individuos en la reivindicación de sus derechos. Además, denuncia de manera objetiva las violaciones de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

La REDESCA es una Oficina de la CIDH con independencia funcional y especialmente creada para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.

 

Para solicitudes de prensa en la CIDH y las presencias nacionales y regionales de OACNUDH en América:

Colombia: Diana Losada. dlosada@ohchr.org

Guatemala:  Estela Morales. emorales@ohchr.org

México: Gabriela Gorjón. ggorjon@ohchr.org

Honduras: Alejandra Amaya. aamaya@ohchr.org

Bolivia: Andrés Barrera. abarrera@ohchr.org

Oficina Regional para América Central: Carlos Rodríguez. crodriguez@ohchr.org

Oficina Regional para América del Sur: María Jeannette Moya.mmoya@ohchr.org

CIDH: Corina Leguizamon. cidh-prensa@oas.org