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OACNUDH y MACCIH/OEA realizan el Foro Ciudadano “PATRONES ESTRUCTURALES DE LAS REDES DE CORRUPCIÓN Y LAS VIOLACIONES GENERALIZADAS DE DERECHOS HUMANOS”

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OACNUDH y MACCIH/OEA realizan el Foro Ciudadano

“PATRONES ESTRUCTURALES DE LAS REDES DE CORRUPCIÓN Y LAS VIOLACIONES GENERALIZADAS DE DERECHOS HUMANOS”

Tegucigalpa 13 de agosto de 2019. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos en Honduras (OACNUDH) conjuntamente con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la OEA (MACCIH/OEA) organizaron el foro ciudadano “PATRONES ESTRUCTURALES DE LAS REDES DE CORRUPCIÓN Y LAS VIOLACIONES GENERALIZADAS DE DERECHOS HUMANOS”, que contó con la participación de expertos nacionales e internacionales.

 

Se trató de un espacio de intercambio y debate, desarrollado para operadores de justicia, organizaciones sociales y la sociedad en general, en donde se conversó sobre la corrupción y su relación con las violaciones generalizadas de derechos humano, con el fin de analizar y aproximarse a la problemática, así como explorar recomendaciones para la mejora de la investigación.

 

El foro permitió a los participantes compartir y conversar con expertos nacionales e internacionales acerca de maneras para  identificar los elementos comunes del funcionamiento de las redes criminales en el marco de la corrupción sistemática y violaciones generalizadas de derechos humanos; así como también analizar la respuesta de la justicia en la investigación y sanción de este tipo de casos.

 

El evento, iniciado por La Vocera de la MACCIH/OEA, Ana María Calderón y María Soledad Pazo, Representante de País de OACNUDH, introdujo la temática sobre los Vínculos entre Corrupción – Violaciones de Derechos Humanos y el Rol de las Redes Criminales, abordando los conceptos claves en la relación entre corrupción y violaciones de derechos humanos, así como la evolución de las redes criminales y su rol en casos de graves violaciones de derechos humanos y corrupción.

 

Durante su intervención la Representante de OACNUDH  en Honduras, María Soledad Pazo enfatizó “La lucha contra la corrupción y la garantía de los derechos humanos,  también son factores clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los grupos en situación de vulnerabilidad corren un riesgo particular de sufrir las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos a su vez, esas consecuencias negativas pueden dar lugar a discriminación y agravadas por esta”.

 

Por su parte, la Vocera de la MACCIH/OEA destacó “la corrupción no solo es un fenómeno en el que participan numerosos actores, tanto estatales como entidades privadas y personas particulares, sino también, con múltiples consecuencias, entre ellas, la afectación a los derechos humanos, al derecho al desarrollo de los pueblos y especialmente a la institucionalidad y al Estado constitucional democrático”

 

El foro contó, en primer lugar, con un panel de expertos integrado por Juan Francisco Soto, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala(CALDH); Eduardo Salcedo Albarán, Director de la Fundación Vortex-Colombia; Katya Salazar, Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), quienes conversaron sobre el funcionamiento y estructuras básicas de redes criminales en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos, presentando los principales elementos del funcionamiento de las redes criminales en casos de corrupción y en casos de violaciones de derechos humanos, e identificando patrones comunes a la luz de casos paradigmáticos en Latinoamérica.

 

Seguidamente, se realizó un conversatorio sobre “Elementos básicos y recomendaciones para fortalecer la investigación de redes de corrupción y violaciones generalizadas de Derechos Humanos” moderado por el Juez Internacional Marco Villeda, Coordinador de División de Prevención y Combate a la Corrupción de la MACCIH/OEA y en la que  Luis Javier Santos, Jefe de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC); y Juan Francisco Sandoval, Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala (FECI); presentaron la situación del sistema de justicia en la investigación efectiva de casos de corrupción y violaciones de derechos humanos, identificando avances, lecciones aprendidas, vacíos legales o institucionales, recomendaciones y elementos de contexto que condicionan la efectividad de la investigación y sanción de estos fenómenos.

 

Finalmente, el foro ha permitido que los asistentes reflexionaran respecto a que existe una correlación estrecha entre el nivel de corrupción que se percibe y el disfrute de los derechos humanos.  La existencia de redes criminales en la corrupción y violaciones de derechos humanos, hacen inferir que estos fenómenos no son aislados e inconexos; y por consiguiente en esta interrelación se hace evidente que es esencial combatir la corrupción para asegurar el efectivo goce de derechos humanos y al mismo tiempo la lucha contra la corrupción estará inextricablemente vinculada al ejercicio y disfrute de derechos humanos. 

 

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Declaración de Michelle Bachelet sobre las recientes sanciones impuestas a Venezuela

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Declaración de Michelle Bachelet sobre las recientes sanciones impuestas a Venezuela.

Ginebra, 8 de agosto 2019

“Estoy profundamente preocupada por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos de las personas en Venezuela del nuevo conjunto de sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos de América esta semana. Estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables. Temo que tengan implicaciones mayores en los derechos a la salud y a la alimentación, en particular en un país donde ya existe una seria situación de escasez de bienes esenciales.”

La economía venezolana sufrió una contracción del 47,6 por ciento entre 2013 y 2018 según las cifras oficiales. Con las nuevas sanciones que restringen aún más la actividad económica, me preocupa que las compañías y las instituciones financieras puedan preferir ser cautelosas y detener completamente las transacciones relacionadas con el Gobierno de Venezuela, en vez de de correr el riesgo de ser penalizadas por infringir las sanciones.

Como he insistido antes, las causas de la crisis económica en Venezuela son anteriores a la imposición de sanciones económicas. Sin embargo, las sanciones económicas impuestas en agosto de 2017 y enero de 2019 han exacerbado los efectos de la grave crisis –y por extensión de la situación humanitaria- dado que la mayoría de las divisas externas provienen de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están relacionadas con el mercado de los Estados Unidos.

Tomo nota de que las recientes sanciones técnicamente no se aplican a las “transacciones relacionadas con las provisiones de artículos, tales como alimentos, ropa y medicinas que buscan dar respuesta al sufrimiento humano”. Sin embargo, es posible que aun así lleguen a exacerbar la crisis en la que viven millones de personas venezolanas, debido especialmente a la existencia de un escrutinio excesivo (over-compliance) por parte de las instituciones financieras en el mundo que tienen relaciones comerciales con los gobiernos de los Estados Unidos y de Venezuela.

Existe evidencia suficiente que muestra que las sanciones unilaterales con efectos amplios pueden terminar afectando negativamente los derechos fundamentales de las personas, incluyendo sus derechos económicos, así como sus derechos a la alimentación y salud, y que pueden implicar obstáculos para el acceso a la asistencia humanitaria. Incluso las sanciones más dirigidas y concretas, deben de contener garantías estrictas de protección de los derechos humanos.

Llamo a aquellos actores que pueden tener influencia–tanto en Venezuela, como en la comunidad internacional- para que trabajen de manera conjunta y constructiva en la solución política de esta prolongada crisis en el país, colocando en primer plano los derechos humanos de las personas que sufren en Venezuela.

FIN

Para más información y solicitudes de prensa por favor contacte con Rupert Colville – + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org or Ravina Shamdasani – + 41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org

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Llamamiento a la sociedad civil para el envío de contribuciones para la preparación de la visita oficial a Honduras del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, el Sr. García-Sayán (16 -22 de agosto de 2019)

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Llamamiento a la sociedad civil para el envío de contribuciones para la preparación de la visita oficial a Honduras del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, el Sr. García-Sayán (16 -22 de agosto de 2019)

El Relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, el Sr. García-Sayán llevará a cabo una visita oficial a Honduras del 16 al 22 de agosto de 2019.

 

El Relator quisiera invitar cordialmente a las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las asociaciones de jueces, fiscales y abogados, académicos y otras organizaciones a enviar sus contribuciones, entre otras cuestiones, sobre:

 

Jueces y fiscales:

  • Legislación vigente y prácticas relativas a la protección y promoción de la magistratura, fiscalía y abogacía en el país.
  • Proceso de selección de los jueces y fiscales
  • Competencia profesional y formación – la ley sobre la carrera judicial
  • Condiciones de servicio e inamovilidad
  • Libertad de expresión y asociación de jueces y fiscales
  • Medidas disciplinarias, suspensión y separación del cargo (jueces y fiscales)
  • Representación de las mujeres en la judicatura y la fiscalía
  • Consejo nacional de la judicatura u otros mecanismos para la protección de la independencia de la judicatura y la fiscalía
  • Escuela de capacitación
  • Amenazas a través de la prensa

 

Abogados

  • Legislación vigente y prácticas relativas al ejercicio de la carrera de abogado
  • Proceso de selección de los abogados
  • Garantías para el ejercicio de la abogacía y el papel del Colegio de abogados
  • Acceso a la justicia, a la asistencia letrada y a los servicios jurídicos

 

Lucha contra la corrupción

  • Corrupción judicial y crimen organizado
  • La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras

 

 

Sírvanse enviar sus contribuciones a la dirección e-mail: SRindependenceJL@ohchr.org, a ser posible antes del viernes, 2 de agosto de 2019.

 

https://www.ohchr.org/SP/Issues/Judiciary/Pages/VisitHonduras.aspx

 

 

 

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Secretaría de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos certifican 33 formadores en derechos humanos

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Después de varios meses de preparación

Secretaría de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos certifican 33 formadores en derechos humanos

Autoridades de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos y representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), clausuraron el Curso Especializado en Derechos Humanos para Servidoras/es Estatales, el cual se inició en el mes de noviembre de 2018 y culminó en mayo de 2019.  Un total de 33 personas fueron certificadas como formadores/ras en derechos humanos.  

Este esfuerzo forma parte de las acciones estratégicas derivadas del Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras, firmada el 10 de diciembre de 2018.

El Curso Especializado en Derechos Humanos para Servidoras/es Estatales”, con énfasis en el seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos y la Agenda 2030, involucró a funcionarios/as públicos de distintas instituciones y poderes del Estado.

Durante el cierre de SIMOREH, María Soledad Pazo, Representante de País de la Alta Comisionada expresó; “Desde mi oficina hemos apoyo técnicamente a las instituciones aquí presentes para que Honduras pueda incrementar el seguimiento e implementación de recomendaciones, a través de los puntos focales de SIMOREH, quienes además iniciaron el proceso de vincular la agenda nacional de los ODS con las recomendaciones internacionales de derechos humanos”

Del mismo modo, la Representante de País señaló: “reconocemos sus esfuerzos y los alentamos a dar continuidad al trabajo que iniciaron, manteniendo el espacio de trabajo interinstitucional de manera regular, construyendo un plan de trabajo que incluyan los compromisos internacionales en derechos humanos”

La duración del curso fue de ciento diez horas clase (110); durante el mismo se contó con la contribución de expertos nacionales e internacionales, entre ellos:  Mario Coroliano, ex miembro del Subcomité de Prevención contra la Tortura de la ONU y Christian Courtis especialista de la ONU, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, asimismo se contó con la participación de sociedad civil.

La Secretaría de Derechos Humanos agradeció de manera especial a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos por la valiosa colaboración durante el curso.

 

Desarrollo del curso

El curso consistió en la impartición de 10 módulos desarrollados entre noviembre de 2018 y abril 2019, en los cuales se impartieron los siguientes temas:

Módulo I: Introducción a los Mecanismos de Derechos Humanos

Módulo II: Derechos Civiles y Políticos, Módulo III: Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Módulo IV: Políticas Públicas y Presupuesto con Enfoque de Derechos

Módulo V: Derechos de las Mujeres y Violencia de Género

Módulo VI: Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños

Módulo VII: Derechos de las Personas con Discapacidad

Módulo VIII: Grupos de Población en Situación de Vulnerabilidad

Módulo IX: Sociedad Civil y Defensores de Derechos Humanos

Módulo X: Principios Metodológicos y Técnicas de Capacitación en Derechos Humanos. 

 

 

 

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Portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Marta Hurtado, 28 de junio de 2019

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Portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Marta Hurtado, 28 de junio de 2019.

Ubicación: Ginebra

Antes de las manifestaciones planeadas hoy más tarde en Tegucigalpa y otras ciudades hondureñas, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU está pidiendo a las autoridades de Honduras que faciliten el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión y de reunión pacífica. También pedimos a las autoridades que no empleen a las fuerzas armadas y la policía militar en las operaciones de aplicación de la ley durante las manifestaciones, ya que tememos que esto pueda aumentar las tensiones y provocar violencia.

Hoy se han convocado varias manifestaciones para conmemorar el décimo aniversario del golpe de Estado que depuso al presidente Manuel Zelaya. Es probable que varios sectores aprovechen la ocasión para expresar reclamos políticos, sociales y económicos insatisfechos, y su oposición a las políticas gubernamentales actuales, como los cambios planificados en el sector de la educación y la salud.

Lamentamos profundamente la decisión adoptada la semana pasada por el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Honduras para confirmar la práctica no oficial existente de utilizar los servicios militares y de inteligencia para llevar a cabo funciones de orden público.

Las manifestaciones de hoy se llevan a cabo en el contexto de varias semanas de descontento social. Desde el 27 de mayo, se llevaron a cabo protestas en al menos 14 departamentos de Honduras. Varios fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad, usando gas lacrimógeno y munición real. Solo el 19 de junio, 14 personas resultaron heridas con municiones reales cuando las fuerzas de seguridad disolvieron los bloqueos en Tegucigalpa. El 24 de junio, las fuerzas militares ingresaron a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, disparando e hiriendo a cinco estudiantes.

Hasta la fecha, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Honduras está investigando la muerte de cuatro personas, incluidos tres adultos y un niño. Tres de ellos murieron por disparos, y el cuarto murió como resultado de una lesión con la hoja. Otras 78 personas, incluidos periodistas y defensores de los derechos humanos, habrían resultado heridas por las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas.

La participación del personal militar aumenta en gran medida la probabilidad de un uso excesivo de la fuerza, como fue el caso durante las protestas post-electorales en 2017. El personal militar generalmente no tiene la capacitación o el equipo adecuado para las actividades de aplicación de la ley, y su participación en las operaciones de orden público. debe ser excepcional y, si es realmente necesario, debe llevarse a cabo en estricto cumplimiento de las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

En particular, antes de las manifestaciones de hoy, recordamos a las autoridades hondureñas los Principios básicos sobre el uso de la fuerza y ​​las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley *, que incluyen los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad, y dejamos en claro que la munición real solo puede ser utilizado en circunstancias muy específicas y como último recurso, así como del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Tomamos nota de que la Unidad de Procesamiento de Derechos Humanos de la Oficina del Fiscal General ha abierto una investigación sobre las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos en el contexto de las recientes protestas. Instamos a que estas investigaciones se realicen de manera exhaustiva, independiente y transparente.

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx