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OACNUDH agradece apoyo financiero de Canadá

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OACNUDH agradece apoyo financiero de Canadá

“Después de la firma del acuerdo entre Honduras y el Alto Comisionado en 2015 para establecer una oficina de país, el equipo inicial quien era solamente compuesto por apenas 3 personas, llegó a instalarse al país. Y comenzó a crecer. Luego de mi llegada en Septiembre de 2016 y la inauguración oficial el 23 de noviembre de ese mismo año, ahora formamos parte de este equipo 16 personas, somos un equipo pequeño pero con el generoso apoyo de Canadá y otros países cooperantes, continuaremos incrementando la capacidad de la oficina” así los manifestó María Soledad Pazo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras durante el evento de oficialización de apoyo financiero del Gobierno de Canadá a la OACNUDH.

“Las profundas desigualdades de género, la discriminación y violencia contra la mujer y personas LGBTI son violaciones de derechos humanos que es necesario abordar desde una comprensión exhaustiva de las estructuras sociales y las relaciones de poder que condicionan, no solo las leyes y las políticas, sino también la economía, la dinámica social y la vida familiar y comunitaria” dijo Soledad Pazo.

La Representante del Alto Comisionado enfatizó en la necesidad de comprender y respetar los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad; “es preciso desactivar los patrones y estereotipos de género, cambiar los lentes con los que miramos nuestra cotidianeidad a todos los niveles, visibilizar es el primer paso para comprender, aceptar, pensar en soluciones y poder mejorar”

Seguidamente, Pazo manifestó que la corrupción limita seriamente que las poblaciones se beneficien de las acciones del Estado, lamentó que la corrupción hace sangrar los recursos públicos destinados justamente a los sectores más necesitados; “a más corrupción más violaciones a los derechos humanos, la impunidad no queda atrás como desafío, donde existe impunidad no existen los derechos humanos, porque la impunidad significa que frente a una ofensa o violación a los derechos humanos no hay justicia”

Por lo anterior, Soledad Pazo agradeció al gobierno de Canadá y demás países cooperantes la confianza en la labor de la OACNUDH al tiempo que reiteró el compromiso de la Oficina en ayudar a mejorar el respeto por los derechos humanos de quienes enfrentan mayores riesgos.

 

Más información

http://humanitariannews.org/20180221/honduras-canad-anuncia-apoyo-proyecto-de-derechos-humanos-en-honduras

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Canadá apoya el respeto de los derechos humanos a través de OACNUDH

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Canadá apoya el respeto de los derechos humanos a través de OACNUDH

Tegucigalpa, 20 de febrero, 2018 – El gobierno de Canadá y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en Honduras (OACNUDH) ejecutaran en los próximos cinco años, acciones para reforzar la promoción, el monitoreo y el respeto por los derechos de grupos vulnerables, especialmente mujeres, jóvenes y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgénero e Intersexuales (LGTBI) en Honduras.

El apoyo del gobierno de Canadá permitirá a la OACNUDH, ayudar a mejorar el respeto por los derechos humanos de quienes enfrentan mayores riesgos, aumentando la concientización, abogando por el respeto de éstos y ayudando  los hondureños a salvaguardar el respeto de sus derechos a nivel nacional, regional e internacional.

El trabajo de la OACNUDH incluirá campañas de concientización en conceptos básicos de derechos humanos, liderar actividades de educación en derechos clave que afectan a mujeres y a la comunidad de personas, (LGTBI) llevar a cabo sesiones de capacitación sobre el tema.

El gobierno de Canadá ha reiterado  que se respeten los derechos humanos en Honduras, donde mujeres y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersex (LGBTI) continúan enfrentando serios desafíos. Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos.

Además, el proyecto busca apoyar al Gobierno de Honduras en sus esfuerzos para aumentar la efectividad de su recién establecido mecanismo nacional de protección de derechos humanos, particularmente, en dar protección a mujeres y a defensores de derechos humanos de población LGBTI.

Del mismo modo el gobierno de Canadá  cuenta con una nueva Política Feminista de Asistencia Internacional, que busca avanzar en la equidad de género y en el empoderamiento de mujeres y niñas.

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OACNUDH- Ley de Ciberseguridad no garantiza la Libre la Expresión.

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OACNUDH- Ley de Ciberseguridad no garantiza la Libre la Expresión

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La oficina del Alto Comisionado de los derechos humanos OACNUDH, exteriorizó ayer su preocupación ante la comisión de dictamen de la Ley de Ciberseguridad del Congreso Nacional.

En su disertación María Soledad Pazo Representante Residente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras manifestó; “Este proyecto de ley no contiene las garantías suficientes para garantizar el cumplimiento de la obligación positiva del Estado en materia de libertad de expresión de la ciudadanía y pone en especial riesgo la labor de los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y propietarios de dominios web, así como personas con discursos críticos hacia el estado y sus instituciones”

Seguidamente la delegada de esta dependencia destacó que la propuesta actual de la ley le genera serias preocupaciones con respecto a su impacto sobre el derecho a la libertad de expresión en internet, el cual podría verse limitado indebidamente en contradicción con el derecho internacional.

La OACNUDH presentó un análisis detallado a la comisión de Dictamen del Congreso Nacional presidida por el diputado Gerardo Martínez, al tiempo que solicito reconsiderar La ley de Ciberseguridad y realizar un mayor análisis en la Cámara Legislativa a la luz de las obligaciones internacionales.

A continuación el detalle de análisis y preocupación de la OACNUDH;

1) Competencias del Comité Interinstitucional de Ciberseguridad. Preocupa la naturaleza de éste órgano en relación al otorgamiento de competencias propias de órganos jurisdiccionales que implicaría, en este extremo no solo una extralimitación de competencias en especial ante figuras penales de especial relevancia tales como ciberterrorismo o terrorismo electrónico, incitación a la discriminación, producción y utilización de pornografía infantil; suplantación de identidad y amenaza. Por otra parte también, suscita preocupación la composición institucional de este órgano y el menoscabo o debilitamiento de la independencia de poderes del estado.

2) Principio de Legalidad. A la luz de este principio que establece que conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas; en este sentido resulta preocupante la generalidad, falta de concreción y precisión en las definiciones de incitación o discurso de odio, incitación a la discriminación, contenido ilegal. Esto supone un riesgo no permisible a que se cometan abusos, arbitrariedades en la aplicación y/o uso partidario de la ley.

3) En relación al debido proceso y principio de mera transmisión, al crear un procedimiento extrajudicial de “notificación y rescisión” sin las debidas garantías y, además exigir a los sitios web que controlen el contenido generado por sus usuarios ley podrían silenciar expresiones que son absolutamente lícitas y censura previa, tal y como señaló el relator de Naciones Unidas para la Libertad de expresión.

“Los sistemas de filtrado de contenidos impuestos por gobiernos o proveedores de servicios comerciales que no sean controlados por el usuario final constituyen una forma de censura previa y no representan una restricción justificada a la libertad de expresión”. “No se debería exigir a los intermediarios que controlen el contenido generado por usuarios y no deberían estar sujetos a normas extrajudiciales sobre cancelación de contenidos que no ofrezcan suficiente protección para la libertad de expresión.”

“Los sistemas de filtrado de contenidos impuestos por gobiernos o proveedores de servicios comerciales que no sean controlados por el usuario final constituyen una forma de censura previa y no representan una restricción justificada a la libertad de expresión”. “No se debería exigir a los intermediarios que controlen el contenido generado por usuarios y no deberían estar sujetos a normas extrajudiciales sobre cancelación de contenidos que no ofrezcan suficiente protección para la libertad de expresión.”

En este sentido, los tiempos previstos por el proyecto de ley para la investigación y retirada del contenido (24 horas) son insuficientes para la conducción de una investigación diligente de la denuncia y notificación a la persona o medio que fue objeto de denuncia.

Por otra parte la resulta extremadamente preocupante que el artículo 9 contemple la sanción administrativa de suspensión y bloqueo del servicio de sitios web. Los estándares internacionales señalan que esta se trata de una medida extrema análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión que ha de estar provista de garantías jurisdiccionales propias de un proceso judicial.

4) Legitimación: finalmente el proyecto otorga la legitimación a terceros para presentar denuncia posibles figuras delictivas tales como la injuria, calumnia, a pesar de que el agraviado no se sienta injuriado y no participe de dicha denuncia, contradiciendo la naturaleza de los delitos de honor.
Principales conclusiones:

-Este proyecto de ley no contiene las garantías suficientes para garantizar el cumplimiento de la obligación positiva del Estado en materia de libertad de expresión de la ciudadanía y pone en especial riesgo la labor de los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y propietarios de dominios web, así como personas con discursos críticos hacia el estado y sus instituciones.

-Debe considerarse la posibilidad de proteger completamente a los intermediarios con respecto de cualquier responsabilidad por los contenidos generados por terceros en las mismas condiciones establecidas en las normas internacionales.

Recomendaciones:

-Firmar y ratificar el Convenio de Ciberdelincuencia, también conocido como Convenio de Budapest, el cual permita al Estado contar con un marco jurídico adecuado para la lucha contra la ciberdelincuencia en armonía con los estándares internacionales.

-Reconsiderar esta iniciativa parlamentaria, ampliando la participación efectiva de diversos actores lo cual permita profundizar en el análisis y lograr un mayor consenso parlamentario y entre la ciudadanía;

-Promover la autorregulación de los sitios web y redes sociales como una herramienta efectiva para abordar las expresiones de odio y discriminación las cuales incluyan información clara dirigida a dichos usuarios acerca del modo en que funcionan los filtros.

-Considerar otorgar mayor relevancia al desarrollo de enfoques alternativos y educativos para el uso responsable de internet, como por ejemplo, realizar acciones para la concienciación sobre valores de tolerancia, respeto a los derechos humanos y prevención de delitos.