Comunicados de la Alta Comisionada

Día Internacional de los Pueblos Indígenas Mensaje de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 9 de agosto de 2020

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Día Internacional de los Pueblos Indígenas Mensaje de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 9 de agosto de 2020

El COVID 19 representa una amenaza crítica para los pueblos indígenas, en una época donde también luchan contra afectaciones ambientales producidas por el ser humano además de depredación económica.

En casi la totalidad los 90 países donde se encuentran estos pueblos, frecuentemente en lugares remotos, muchas comunidades indígenas tienen un acceso inadecuado a servicios de salud, agua potable y saneamiento básico. Su estilo de vida comunitario puede incrementar la probabilidad de contagio aunque  en todo el mundo hemos visto ejemplos inspiradores de cómo las comunidades indígenas han tomado medidas basadas en su fuerte organización interna para limitar la propagación del virus y reducir sus impactos. Aquellos que viven en áreas urbanas sufren usualmente de pobreza multidimensional y estas afectaciones se agravan por la severa discriminación – incluyendo en el contexto de acceso a la salud.

Hasta la fecha en las Américas, más de 70,000 personas indígenas has sido contagiados por el COVID-19. Entre estos se incluyen al menos 23,000 miembros de 190 pueblos indígenas en la cuenca del Amazonas. Más de 1,000 muertes se han registrado incluyendo varios adultos mayores que guardan un profundo conocimiento de tradiciones ancestrales. Los fallecimientos incluyen la trágica defunción del Jefe Aritana del pueblo Yawalapiti esta semana en Brasil.

En esta vasta región que se expande por Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa, 420 o más pueblos indígenas viven en tierras que están siendo  dañados y contaminados de manera incrementada por la minería ilegal, la explotación forestal, la agricultura de tala y quema. A pesar de regulaciones que restringen el movimiento y actividades económicas, muchas de estas actividades económicas ilegales han continuado en los meses recientes, junto con los movimientos de los misioneros religiosos que también exponen a las comunidades a un alto riesgo de infección.

Los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario de las sociedades modernas – o que se encuentran en las etapas iniciales de contacto – pueden tener una inmunidad particularmente baja a la infección viral, lo que crea riesgos especialmente agudos. Las comunidades y pueblos que han sido expulsados de sus tierras también son muy vulnerables, particularmente los que viven en territorios transfronterizos.

En junio mi Oficina publicó una Nota de Orientación sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto del COVID-19. Este documento destaca prácticas prometedoras adoptadas por varios países – muchas en consulta cercana a los pueblos indígenas – y enfatiza recomendaciones prácticas con impactos inmediatos y a largo plazo en la salud.

En general, la pandemia hace evidente la importancia de garantizar que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos de autonomía y de autodeterminación. Ellos siempre deben ser consultados, y deben poder participar en la formulación e implementación de políticas públicas que les afecten, por medio de sus entidades representativas, líderes y autoridades tradicionales.

Se trata de salvar vidas y proteger las preciosas redes de cultura, lenguaje y conocimiento tradicional que nos conecta con nuestras raíces profundas de la humanidad.

En este día internacional de los pueblos indígenas, mi Oficina se compromete a trabajar con pueblos indígenas, la OMS, los Equipos de País de Naciones Unidas, los mecanismos de derechos humanos, y los Estados, para ayudar a apoyar una mejor protección de sus derechos humanos fundamentales.

Comunicados de la Alta Comisionada

COVID-19: Bachelet insta a los Estados a tomar medidas adicionales para incluir a las personas con discapacidad

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COVID-19: Bachelet insta a los Estados a tomar medidas adicionales para incluir a las personas con discapacidad

GINEBRA (30 de abril de 2020) – Se necesitan medidas específicas para abordar los riesgos desproporcionados que enfrentan las personas con discapacidad durante la pandemia de COVID-19, lo que lleva a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a publicar una guía para los Estados y otras partes interesadas sobre la COVID-19 y los derechos humanos de las personas con discapacidad.

“Las personas con discapacidad no solo enfrentan mayores riesgos por la COVID-19, sino que también se ven desproporcionadamente afectadas por las medidas de respuesta, incluyendo la cuarentena. Para abordar este doble riesgo, debemos involucrar a las personas con discapacidad en la respuesta contra la COVID-19 y adaptar los planes para abordar sus necesidades”, dijo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Las personas con discapacidades están en peligro en sus propios hogares, donde el acceso al apoyo y los servicios diarios pueden verse limitados debido a la cuarentena, y algunos pueden sufrir mucho por estar aislados o confinados. Estos no son problemas irresolubles, pero requieren pasos específicos que se deben tomar o excepciones que se deben hacer para evitar daños mayores.

“Las personas con discapacidad enfrentan amenazas aún mayores dentro de instituciones, ya que estos centros de atención han registrado altas tasas de mortalidad por la COVID-19 y han surgido terribles informes de negligencia durante la pandemia. Ahora es el momento de apoyar los acuerdos basados ​​en la comunidad, siempre que sea posible «.

Hacer que la información sobre la COVID-19 esté disponible en formatos accesibles para personas con discapacidad es vital, al igual que garantizar la accesibilidad a la educación en línea, agregó Bachelet.

La Alta Comisionada también expresó su preocupación por la discriminación y el estigma contra las personas con discapacidad durante la pandemia de la COVID-19.

«Me han inquietado profundamente los informes de que la vida de las personas con discapacidad puede tener un peso diferente al de otras personas durante esta pandemia», dijo. «Las decisiones médicas deben basarse en evaluaciones clínicas individualizadas y necesidades médicas, y no en la edad u otras características como la discapacidad».

La guía publicada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos identifica las principales preocupaciones y establece acciones clave en el contexto de la pandemia.

La guía tiene como objetivo concienciar sobre el impacto de la pandemia en las personas con discapacidad y sus derechos; llamar la atención sobre algunas prácticas prometedoras que ya se están llevando a cabo en todo el mundo; identificar acciones clave para los Estados y otras partes interesadas; y proporcionar recursos para seguir aprendiendo sobre cómo garantizar respuestas contra la COVID-19 basadas en los derechos, incluyendo a las personas con discapacidad.

FIN

A medida que se desarrolla la crisis de la COVID-19, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU está emitiendo una gama de productos para medio de comunicación y guías sobre las muchas dimensiones de derechos humanos de la pandemia. Estos se pueden encontrar en nuestra página web dedicada a la COVID-19.

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Webinar Diálogo Interamericano sobre el impacto de la COVID-19 sobre los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres y las niñas en América Latina

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Webinar Diálogo Interamericano sobre el impacto de la COVID-19 sobre los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres y las niñas en América Latina

Discurso de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet 29 abril 2020

Queridos amigos y amigas,

Deseo agradecer a Diálogo Interamericano por haber organizado este webinar y por haberme invitado. Este momento lo recordaremos el resto de nuestras vidas.

Todos somos conscientes que la pandemia de la COVID-19 es la crisis sanitaria más seria en décadas, con impactos severos en los ámbitos social y económico.

Esta es una crisis humana. Un reto para nuestras sociedades, para nuestros gobiernos y para nosotros mismos. Una enorme prueba de liderazgo y humanidad.

Nosotros podemos estar físicamente distantes hoy, pero debemos permanecer unidos. La superación de la pandemia exige una acción decidida, coordinada e innovadora de todos y para todos.

La semana pasada, el Secretario General publicó un Informe que muestra cómo los derechos humanos pueden y deben ser la guía para responder y recuperarnos de la COVID-19.

La prioridad, por supuesto, es proteger las vidas humanas y que la respuesta sea incluyente, trasparente y responsable.

Las medidas de emergencia que están ayudando a contener la propagación de la enfermedad, y que son necesarias, deberían ser temporales, proporcionales, y deben proteger tanto a las personas como al Estado de Derecho.

Y es vital asegurarse que nadie se quede atrás –la salud de todas las personas depende de ello.

Y aunque el virus no discrimina, sus impactos sí.

La pandemia es un riesgo para todos, pero tiene unos efectos desproporcionados sobre la salud y los medios de vida de ciertas personas y comunidades.

Algunos de los más vulnerables ante esta crisis son quienes ya están en riesgo.

La protección de los migrantes en América Latina, por ejemplo, es fuente de preocupación, con denuncias de deportaciones, cierre de fronteras y nueva legislación restrictiva.

En Guatemala, los migrantes están regresando sin ninguna protección sanitaria, incluidos los deportados de los Estados Unidos que han dado positivo a la COVID-19 a su regreso.

Hay también informes de deportados desde México enfrentando creciente discriminación, con comunidades locales que establecen barricadas para evitar su retorno.

De hecho, la pandemia está generando una ola de estigma y discriminación alrededor del mundo: contra ciertos grupos nacionales y étnicos, contra quienes son sospechosos de tener la COVID-19 y contra los trabajadores de la salud.

Necesitamos trabajar juntos para rechazar esta tendencia, que se alimenta de información errónea y miedo. Las campañas de sensibilización y difusión de información precisa, clara y basada en datos son las herramientas más eficaces.

De hecho, el acceso a la información, la participación pública y una respuesta incluyente son esenciales. Este es un momento en el que, más que nunca, los gobiernos deben ser abiertos y transparentes, receptivos y responsables de las personas que buscan proteger.

En algunos países de América Latina las protestas sociales en demanda de derechos básicos han sido enfrentadas con un excesivo uso de la fuerza. Ese fue el caso en Honduras, Colombia y Venezuela en manifestaciones recientes contra la escasez de alimentos, agua y medicamentos, así como la falta de transparencia sobre la situación.

Mi Oficina también ha recibido informes de arrestos y detenciones como formas de aplicación estricta de las medidas de cuarentena. Recordemos que las personas privadas de la libertad, incluyendo en las prisiones, están en muy alto riesgo de contaminación, dado que el distanciamiento físico en esos lugares es difícil de lograr.

En El Salvador, se han denunciado casos de malos tratos y uso excesivo de la fuerza. Muchas personas que supuestamente estaban incumpliendo la cuarentena han sido arrestadas y detenidas en condiciones de hacinamiento durante periodos prolongados, ignorando los fallos reiterados de la Corte Suprema sobre tales medidas. Un procedimiento similar también se ha visto en otros países de la región con más de 11.000 arrestados o detenidos en Guatemala, 35.000 en República Dominicana y 50.000 en Perú.

Aunque todas estas son tendencias preocupantes también hemos visto medidas positivas en la región.

En Perú, la Corte Suprema ha pedido a los jueces que utilicen la detención preventiva solo en circunstancias excepcionales. México ha adoptado una ley que permite la liberación anticipada de prisioneros. Y luego de la asesoría e incidencia de mi Oficina en Bolivia y Chile, ambos países están cooperando en la entrada de nacionales a Bolivia.

Continuaremos trabajando con nuestras contrapartes en la región para apoyar los esfuerzos basados en derechos humanos con el fin de responder a la crisis.

Amigos,

La pandemia de la COVID-19 también representa un alto riesgo para las mujeres y las niñas no debido a una vulnerabilidad inherente, sino por la preexistencia de la discriminación y la inequidad.

En América Latina, esto es particularmente evidente para las mujeres que trabajan en el sector informal, las trabajadoras domésticas, las indígenas, las afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las migrantes, las mujeres con VIH, y con orientación sexual e identidad de género diversa.

Para proteger mejor a todas las personas, la respuesta a la COVID-19 debería considerar experiencias y necesidades específicas de género.

Como en pasadas emergencias de salud, la actual crisis ha estado acompañada por un aumento de la violencia de género.

Este flagelo se ha observado en varios países del mundo, especialmente en lugares donde las cuarentenas, el autoaislamiento y otras medidas restrictivas han sido adoptadas.

Para las víctimas, el acceso a asistencia puede ser difícil debido al confinamiento con el abusador o porque tales servicios también tienen el riesgo de estar menos disponibles.

La situación no es diferente en América Latina, una región donde los niveles de violencia de género, incluyendo feminicidios, están entre los más altos del mundo.

Mi Oficina ha recibido preocupantes informes.

En Brasil, la Defensora Pública para los Derechos de las Mujeres de Río de Janeiro, indicó que los casos de violencia doméstica se han incrementado en un 50% durante el periodo de cuarentena.

En la provincia de Buenos Aires, en Argentina, las llamadas a una línea directa de apoyo se han incrementado en un 60% desde que comenzó la cuarentena.

En Perú, los centros de emergencia y las líneas directas de mujeres trabajan con capacidad limitada, dejando muchos casos sin atención.

Para abordar la problemática, los servicios de apoyo deben declararse esenciales y permanecer abiertos; deben establecerse sistemas accesibles para alertar a las autoridades y proteger a las víctimas; y las víctimas deben estar informadas sobre los servicios disponibles.

Es alentador ver algunas medidas importantes que ya se están tomando.

En Argentina, una campaña del Gobierno permite a las mujeres buscar rescate en farmacias, incluso por teléfono, usando un código que alerta que están en peligro.

Y en Costa Rica, el Gobierno lidera una campaña informativa, la cual cuenta con el apoyo de mi Oficina, y les dice a todas las mujeres: #NoEstásSola

Saludo estos ejemplos, entre muchos otros.

Queridos amigos,

El impacto total de la COVID-19 en las economías globales y nacionales aún no se ha sentido.

Sin embargo, de acuerdo con un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pandemia provocará la mayor depresión de la actividad económica en la historia de la región: una caída del -5.3% en 2020. Esta situación afectará a todos, pero una vez más las mujeres se verán especialmente afectadas.

En la mayoría de los países latinoamericanos, las mujeres están altamente concentradas en sectores informales y con bajos salarios.

Casi el 40% de las mujeres que trabajan en la región están empleadas en áreas que han quedado muy afectadas, como el turismo, el comercio, restaurantes, hoteles y trabajo doméstico.

En Bolivia, Guatemala y Perú, por ejemplo, el 83% de las mujeres están empleadas en el sector informal y sin protección social.

Las mujeres indígenas están representadas desproporcionalmente en la economía informal. Su acceso al sustento está en riesgo y la amenaza de hambre se está volviendo muy real.

Sumado a todo esto, ellas enfrentan barreras para acceder a los cuidados de salud e información. Al vivir en áreas rurales, algunas mujeres indígenas y afrodescendientes no tienen acceso a internet, electricidad ni transporte público.

Mi Oficina también ha recibido informes sobre la disponibilidad limitada de información sanitaria en idiomas indígenas.

Esta situación está afectando particularmente a las mujeres adultas mayores.

Además, las mujeres en América Latina realizan el 73% del trabajo de cuidado no remunerado. Con las escuelas cerradas, están bajo más presión con riesgos para su salud y su bienestar.

En la región, ellas representan la mitad del personal médico y más del 80% de las enfermeras, el porcentaje más alto del mundo

Como cuidadoras en el hogar y en los hospitales, las mujeres corren el riesgo desproporcionado de infección.

Además, los sistemas de salud sobrecargados, la reasignación de recursos y la escasez de insumos médicos podrían socavar la salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres y las niñas.

Por ejemplo, he recibido informes de Honduras sobre el impacto negativo de la pandemia en la atención prenatal y postnatal.

En Guatemala, las parteras indígenas, que desempeñan un papel crucial en sus comunidades, carecen de productos básicos para combatir la COVID-19, incluidos alcohol, gel y jabón.

Amigos,

Aunque los desafíos planteados por la COVID-19 en América Latina son realmente serios, vemos que varias prácticas prometedoras provienen de la región.

Por ejemplo, para abordar el impacto económico de la pandemia, las autoridades de Costa Rica han tomado medidas para proteger los derechos laborales de las mujeres y reducir las obligaciones para proyectos que incluyen jóvenes, mujeres, indígenas, afrodescendientes, campesinos, migrantes y personas mayores y con discapacidad.

En Bolivia, el gobierno otorgó permisos de licencia especiales para proteger los salarios de ciertos grupos, incluidas las mujeres embarazadas y los padres solteros con niños menores de 5 años.

Mi Oficina está apoyando varios esfuerzos de respuesta en diferentes países de la región. Algunos ejemplos incluyen:

Brindar apoyo técnico a organizaciones de la sociedad civil e instituciones estatales que trabajan para la defensa legal de las mujeres privadas de la libertad en El Salvador; trabajar con autoridades indígenas y organizaciones de mujeres, en coordinación con el Gobierno para facilitar acceso a información sobre cuidados de salud en Panamá; y lanzando una campaña de redes sociales #MujeresYCovid19 en Guatemala, la cual provee una plataforma a mujeres expertas, activistas y a otras personas para reflexionar y expresar preocupaciones.

Desafortunadamente, como en otras partes del mundo, las mujeres y sus organizaciones no están representadas igualmente en el diseño de respuestas frente a la COVID-19.

Los Estados tienen la obligación de tomar medidas específicas para asegurar que los derechos de las mujeres y las niñas estén protegidos durante la crisis.

Por supuesto, los derechos de todos tienen que ser protegidos. Pero tal y como hemos dicho,  mientras el virus no discrimina, sus impactos sí, y las mujeres y las niñas son desproporcionadamente afectadas.

Mi Oficina ha emitido directrices con respecto a este tema que incluyen, por ejemplo: garantizar que las trabajadoras de salud tengan acceso adecuado a equipos de protección personal y que todas las mujeres tengan acceso a atención médica, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva; para promover la igualdad de responsabilidades en el cuidado; y declarar los servicios relacionados con la violencia de género como esenciales, como mencioné antes.

También hemos enfatizado sobre la importancia de los incentivos económicos sensibles al género y sobre las redes de seguridad social que deberían alcanzar y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Amigos,

La pandemia está exponiendo el impacto dañino de la desigualdad en todas las sociedades.

Seamos claros: la igualdad de género no es una opción, ni puede descartarse en tiempos de crisis. Es esencial para sociedades pacíficas, justas y resistentes, como lo reconoce la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Pero también tengo que decir esto: los países que tienen mujeres líderes lo han hecho muy bien en la respuesta a la pandemia. Han mostrado que toman decisiones rápidas y efectivas. También tienen un estilo de liderazgo muy importante, con compasión, pero también decisivo.

Y a pesar de que no sabemos cuánto tiempo tendremos que convivir con la pandemia, espero que nos enseñe a mirar al mundo de una manera distinta. Que nos ayude a decidir lo que es relevante, a pensar en la humanidad de otra forma. Pensar en unos sistemas políticos y económicos que sean realmente sostenibles, entender la importancia de la acción climática y el respeto a la biodiversidad. Muchas de las últimas pandemias –SARS, MERS, COVID-19 y otras- han derivado de la zoonosis.

También espero que esto sea una oportunidad para reconocer la contribución de las mujeres en el mundo y darles las oportunidades y los derechos que merecen.

Para finalizar, quiero decir que la igualdad de género es importante e ignorarla no sería solo contraproducente, sino que sería una traición a las promesas más fundamentales que cada país ha hecho a su gente.

Cuando superemos esta pandemia, porque lo haremos, debemos aprovechar la oportunidad de nuestra vida: construirnos mejor que antes.

Estoy segura que esto es posible, si somos conscientes de nuestra interdependencia, de nuestra igualdad y de nuestros derechos

Si somos conscientes de que estos son desafíos globales que necesitan de todos nosotros, y que el mundo necesita trabajar unido de una forma coordinada.

Esta situación nos muestra la importancia de las instituciones multilaterales, que tienen que lidiar con desafíos globales de una forma global, y la importancia de la igualdad de derechos.

Las Naciones Unidas, mi Oficina y yo contamos con ustedes.

Muchas Gracias

Comunicados de la Alta Comisionada

COVID-19: se necesitan acciones específicas para proteger a las personas LGBTI – Bachelet

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COVID-19: se necesitan acciones específicas para proteger a las personas LGBTI - Bachelet

GINEBRA (17 de abril de 2020) – Los Estados deben asegurar que las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) no enfrenten discriminación o temor a represalias por buscar atenciónn médica en medio de la crisis de COVID-19, comentó este viernes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Al respecto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó hoy una nueva nota de orientación para los Estados y otras partes interesadas sobre COVID-19 y los derechos humanos de las personas LGBTI.

«Las personas LGBTI están entre las más vulnerables y marginadas en muchas sociedades, y entre las más expuestas a COVID-19. En los países donde se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo o las personas trans son atacadas, ni siquiera pueden buscar tratamiento por temor a ser arrestadas o a la violencia», expresó Bachelet.

«Sabemos que los esfuerzos para enfrentar la pandemia solo funcionarán si se protegen los derechos de todas las personas a la vida y la salud. Para las personas LGBTI, esto significa identificar y abordar las formas en que son particularmente vulnerables, asegurar que no enfrenten discriminación y buscar soluciones. También significa asegurar que sus voces sean oídas».

La guía publicada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos identifica preocupaciones principales y establece acciones clave en el contexto de la pandemia.

Esto incluye garantizar que las medidas introducidas para disminuir el impacto económico de la crisis tengan plenamente en cuenta a las personas LGBTI, pues tienen más probabilidades de estar desempleadas y vivir en la pobreza que la población general. Dadas las restricciones de quedarse en casa, algunos jóvenes LGBTI están confinados en entornos hostiles con familiares o cohabitantes que no les apoyan, lo que aumenta su exposición a la violencia, así como su ansiedad y depresión. Es esencial que los servicios de apoyo y los refugios permanezcan disponibles durante este período.

FIN

A medida que se desarrolla la crisis de COVID-19, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU está publicando una gama de productos de medios y guías breves sobre las múltiples dimensiones de derechos humanos que tiene la pandemia. Este material se encuentra en nuestro especial web dedicado a COVID-19.

Para obtener más información y solicitudes de medios, comuníquese con: Rupert Colville – + 41 22917 9767 / rcolville@ohchr.org, o Jeremy Laurence – + 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org, o Liz Throssell – + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org, o Marta Hurtado – + 41 22917 9466 / mhurtado@ohchr.org.

Comunicados de la Alta Comisionada

Bachelet insta a los gobiernos de América Latina a permitir el regreso de sus ciudadanos

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Bachelet insta a los gobiernos de América Latina a permitir el regreso de sus ciudadanos

GINEBRA (15 de abril de 2020) – En respuesta a un impasse de varias semanas ocurrido en la frontera entre Chile y Bolivia, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó el miércoles a los países de América Latina y de otros lugares del mundo a abrir las fronteras a sus propios ciudadanos que se encuentran varados en el extranjero, muchos de los cuales carecen de acceso a la atención sanitaria y otros servicios básicos.

“En virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia”, afirmó la Alta Comisionada, y pidió a los gobiernos de la región que hagan todo lo posible por garantizar el regreso seguro, digno y voluntario de sus ciudadanos, así como su reincorporación sostenible a la sociedad.

“Cuando los migrantes desean regresar voluntariamente a sus hogares, los gobiernos tienen la obligación de recibirlos y de velar por que tengan acceso a la atención sanitaria y a otros derechos”, declaró Bachelet. “Si los gobiernos no lo hacen, colocan a los migrantes en situaciones de extrema vulnerabilidad, en particular durante la actual pandemia del COVID-19. En términos generales, son los migrantes más pobres que tratan de volver a casa a través de las fronteras terrestres tras haber sido privados de sus ingresos a causa de las medidas de confinamiento, quienes se ven impedidos de regresar”.

“Los gobiernos deberían incluir a todos los migrantes, cualquiera que sea su estatus migratorio, en los planes de prevención, respuesta y recuperación del COVID-19 y deberían velar por que dispongan de acceso equitativo a la información, a los tests, a los cuidados sanitarios y a la protección social”, añadió la Alta Comisionada.

Bachelet elogió la cooperación y las medidas adoptadas por Chile y Bolivia para solucionar el impasse en el que se encontraba el regreso de los ciudadanos bolivianos, que comenzó cuando la pandemia afectó a sus medios de subsistencia en Chile y Bolivia cerró sus fronteras el 26 de marzo. Como consecuencia de esos hechos, unos 1.300 bolivianos -incluyendo ancianos, niños y mujeres embarazadas- que trataban de regresar a su país quedaron varados en el lado chileno de la frontera, donde cientos de ellos tuvieron que dormir a la intemperie, con poca agua y comida, y con temperaturas inferiores a cero grados centígrados. 

“Eso no tenía por qué haber ocurrido”, dijo Bachelet. “Esta situación demuestra la importancia de que los países puedan prever estos problemas o los solucionen rápidamente, a fin de evitar sufrimientos innecesarios”.

Los días 12 y 13 de abril, las autoridades chilenas transportaron a unos 800 migrantes bolivianos desde Colchane hasta la capital regional de Iquique, donde los instalaron en escuelas y les proporcionaron acceso a cuidados sanitarios y otros servicios básicos. El 13 de abril, otro grupo de unos 200 bolivianos llegó a Iquique.

El gobierno anunció que a finales de la semana alrededor de la mitad de esos migrantes serían trasladados de Iquique a Pisiga, un campamento instalado en el lado boliviano de la frontera, donde un equipo de las Naciones Unidas, en el que figuran varios miembros del personal de Bachelet, han asistido a las autoridades locales y a agentes humanitarios en la prestación de servicios básicos para los migrantes, evaluando sus necesidades y reforzando su protección. Se espera que el resto de los migrantes sean trasladados directamente de Iquique a sus hogares en Bolivia, al concluir la cuarentena obligatoria de 14 días exigida por las autoridades bolivianas.

Ante la perspectiva de que en días venideros otros cientos de migrantes bolivianos traten de cruzar las fronteras de distintos países para volver a sus hogares, es fundamental que las autoridades estatales y locales les garanticen un regreso seguro a sus lugares de origen y los ayuden a reintegrarse en sus comunidades.  

Migrantes que han tratado de cruzar las fronteras en otros lugares de la región para retornar a sus hogares han sufrido problemas similares, y algunos de los que han logrado regresar han sido objeto de hostilidad, discriminación e incluso de actos de violencia.

“Me aflige ver que la pandemia de la COVID-19 está causando estigmatización y discriminación, tanto entre Estados como dentro de ellos, en muchas regiones del mundo”, afirmó Bachelet. “Las personas que han contraído la enfermedad necesitan que les presten atención médica, no que las conviertan en víctimas del odio y el rechazo. Todos los países, tanto los de origen como los de destino, tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes. Los migrantes que regresan a su país de origen deben ser incluidos en las estrategias de respuesta nacional, de protección social y de recuperación, sin discriminación alguna, y deben estar protegidos de la estigmatización y la marginación, lo mismo en la esfera pública que en la privada”. 

FIN

Para más información y solicitudes de prensa, por favor póngase en contacto con: Rupert Colville – + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org o Jeremy Laurence – + 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org or Liz Throssell (español) – + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org o Marta Hurtado (español) – + 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org

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