Comunicados de la Alta Comisionada

Webinar Diálogo Interamericano sobre el impacto de la COVID-19 sobre los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres y las niñas en América Latina

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Webinar Diálogo Interamericano sobre el impacto de la COVID-19 sobre los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres y las niñas en América Latina

Discurso de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet 29 abril 2020

Queridos amigos y amigas,

Deseo agradecer a Diálogo Interamericano por haber organizado este webinar y por haberme invitado. Este momento lo recordaremos el resto de nuestras vidas.

Todos somos conscientes que la pandemia de la COVID-19 es la crisis sanitaria más seria en décadas, con impactos severos en los ámbitos social y económico.

Esta es una crisis humana. Un reto para nuestras sociedades, para nuestros gobiernos y para nosotros mismos. Una enorme prueba de liderazgo y humanidad.

Nosotros podemos estar físicamente distantes hoy, pero debemos permanecer unidos. La superación de la pandemia exige una acción decidida, coordinada e innovadora de todos y para todos.

La semana pasada, el Secretario General publicó un Informe que muestra cómo los derechos humanos pueden y deben ser la guía para responder y recuperarnos de la COVID-19.

La prioridad, por supuesto, es proteger las vidas humanas y que la respuesta sea incluyente, trasparente y responsable.

Las medidas de emergencia que están ayudando a contener la propagación de la enfermedad, y que son necesarias, deberían ser temporales, proporcionales, y deben proteger tanto a las personas como al Estado de Derecho.

Y es vital asegurarse que nadie se quede atrás –la salud de todas las personas depende de ello.

Y aunque el virus no discrimina, sus impactos sí.

La pandemia es un riesgo para todos, pero tiene unos efectos desproporcionados sobre la salud y los medios de vida de ciertas personas y comunidades.

Algunos de los más vulnerables ante esta crisis son quienes ya están en riesgo.

La protección de los migrantes en América Latina, por ejemplo, es fuente de preocupación, con denuncias de deportaciones, cierre de fronteras y nueva legislación restrictiva.

En Guatemala, los migrantes están regresando sin ninguna protección sanitaria, incluidos los deportados de los Estados Unidos que han dado positivo a la COVID-19 a su regreso.

Hay también informes de deportados desde México enfrentando creciente discriminación, con comunidades locales que establecen barricadas para evitar su retorno.

De hecho, la pandemia está generando una ola de estigma y discriminación alrededor del mundo: contra ciertos grupos nacionales y étnicos, contra quienes son sospechosos de tener la COVID-19 y contra los trabajadores de la salud.

Necesitamos trabajar juntos para rechazar esta tendencia, que se alimenta de información errónea y miedo. Las campañas de sensibilización y difusión de información precisa, clara y basada en datos son las herramientas más eficaces.

De hecho, el acceso a la información, la participación pública y una respuesta incluyente son esenciales. Este es un momento en el que, más que nunca, los gobiernos deben ser abiertos y transparentes, receptivos y responsables de las personas que buscan proteger.

En algunos países de América Latina las protestas sociales en demanda de derechos básicos han sido enfrentadas con un excesivo uso de la fuerza. Ese fue el caso en Honduras, Colombia y Venezuela en manifestaciones recientes contra la escasez de alimentos, agua y medicamentos, así como la falta de transparencia sobre la situación.

Mi Oficina también ha recibido informes de arrestos y detenciones como formas de aplicación estricta de las medidas de cuarentena. Recordemos que las personas privadas de la libertad, incluyendo en las prisiones, están en muy alto riesgo de contaminación, dado que el distanciamiento físico en esos lugares es difícil de lograr.

En El Salvador, se han denunciado casos de malos tratos y uso excesivo de la fuerza. Muchas personas que supuestamente estaban incumpliendo la cuarentena han sido arrestadas y detenidas en condiciones de hacinamiento durante periodos prolongados, ignorando los fallos reiterados de la Corte Suprema sobre tales medidas. Un procedimiento similar también se ha visto en otros países de la región con más de 11.000 arrestados o detenidos en Guatemala, 35.000 en República Dominicana y 50.000 en Perú.

Aunque todas estas son tendencias preocupantes también hemos visto medidas positivas en la región.

En Perú, la Corte Suprema ha pedido a los jueces que utilicen la detención preventiva solo en circunstancias excepcionales. México ha adoptado una ley que permite la liberación anticipada de prisioneros. Y luego de la asesoría e incidencia de mi Oficina en Bolivia y Chile, ambos países están cooperando en la entrada de nacionales a Bolivia.

Continuaremos trabajando con nuestras contrapartes en la región para apoyar los esfuerzos basados en derechos humanos con el fin de responder a la crisis.

Amigos,

La pandemia de la COVID-19 también representa un alto riesgo para las mujeres y las niñas no debido a una vulnerabilidad inherente, sino por la preexistencia de la discriminación y la inequidad.

En América Latina, esto es particularmente evidente para las mujeres que trabajan en el sector informal, las trabajadoras domésticas, las indígenas, las afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las migrantes, las mujeres con VIH, y con orientación sexual e identidad de género diversa.

Para proteger mejor a todas las personas, la respuesta a la COVID-19 debería considerar experiencias y necesidades específicas de género.

Como en pasadas emergencias de salud, la actual crisis ha estado acompañada por un aumento de la violencia de género.

Este flagelo se ha observado en varios países del mundo, especialmente en lugares donde las cuarentenas, el autoaislamiento y otras medidas restrictivas han sido adoptadas.

Para las víctimas, el acceso a asistencia puede ser difícil debido al confinamiento con el abusador o porque tales servicios también tienen el riesgo de estar menos disponibles.

La situación no es diferente en América Latina, una región donde los niveles de violencia de género, incluyendo feminicidios, están entre los más altos del mundo.

Mi Oficina ha recibido preocupantes informes.

En Brasil, la Defensora Pública para los Derechos de las Mujeres de Río de Janeiro, indicó que los casos de violencia doméstica se han incrementado en un 50% durante el periodo de cuarentena.

En la provincia de Buenos Aires, en Argentina, las llamadas a una línea directa de apoyo se han incrementado en un 60% desde que comenzó la cuarentena.

En Perú, los centros de emergencia y las líneas directas de mujeres trabajan con capacidad limitada, dejando muchos casos sin atención.

Para abordar la problemática, los servicios de apoyo deben declararse esenciales y permanecer abiertos; deben establecerse sistemas accesibles para alertar a las autoridades y proteger a las víctimas; y las víctimas deben estar informadas sobre los servicios disponibles.

Es alentador ver algunas medidas importantes que ya se están tomando.

En Argentina, una campaña del Gobierno permite a las mujeres buscar rescate en farmacias, incluso por teléfono, usando un código que alerta que están en peligro.

Y en Costa Rica, el Gobierno lidera una campaña informativa, la cual cuenta con el apoyo de mi Oficina, y les dice a todas las mujeres: #NoEstásSola

Saludo estos ejemplos, entre muchos otros.

Queridos amigos,

El impacto total de la COVID-19 en las economías globales y nacionales aún no se ha sentido.

Sin embargo, de acuerdo con un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pandemia provocará la mayor depresión de la actividad económica en la historia de la región: una caída del -5.3% en 2020. Esta situación afectará a todos, pero una vez más las mujeres se verán especialmente afectadas.

En la mayoría de los países latinoamericanos, las mujeres están altamente concentradas en sectores informales y con bajos salarios.

Casi el 40% de las mujeres que trabajan en la región están empleadas en áreas que han quedado muy afectadas, como el turismo, el comercio, restaurantes, hoteles y trabajo doméstico.

En Bolivia, Guatemala y Perú, por ejemplo, el 83% de las mujeres están empleadas en el sector informal y sin protección social.

Las mujeres indígenas están representadas desproporcionalmente en la economía informal. Su acceso al sustento está en riesgo y la amenaza de hambre se está volviendo muy real.

Sumado a todo esto, ellas enfrentan barreras para acceder a los cuidados de salud e información. Al vivir en áreas rurales, algunas mujeres indígenas y afrodescendientes no tienen acceso a internet, electricidad ni transporte público.

Mi Oficina también ha recibido informes sobre la disponibilidad limitada de información sanitaria en idiomas indígenas.

Esta situación está afectando particularmente a las mujeres adultas mayores.

Además, las mujeres en América Latina realizan el 73% del trabajo de cuidado no remunerado. Con las escuelas cerradas, están bajo más presión con riesgos para su salud y su bienestar.

En la región, ellas representan la mitad del personal médico y más del 80% de las enfermeras, el porcentaje más alto del mundo

Como cuidadoras en el hogar y en los hospitales, las mujeres corren el riesgo desproporcionado de infección.

Además, los sistemas de salud sobrecargados, la reasignación de recursos y la escasez de insumos médicos podrían socavar la salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres y las niñas.

Por ejemplo, he recibido informes de Honduras sobre el impacto negativo de la pandemia en la atención prenatal y postnatal.

En Guatemala, las parteras indígenas, que desempeñan un papel crucial en sus comunidades, carecen de productos básicos para combatir la COVID-19, incluidos alcohol, gel y jabón.

Amigos,

Aunque los desafíos planteados por la COVID-19 en América Latina son realmente serios, vemos que varias prácticas prometedoras provienen de la región.

Por ejemplo, para abordar el impacto económico de la pandemia, las autoridades de Costa Rica han tomado medidas para proteger los derechos laborales de las mujeres y reducir las obligaciones para proyectos que incluyen jóvenes, mujeres, indígenas, afrodescendientes, campesinos, migrantes y personas mayores y con discapacidad.

En Bolivia, el gobierno otorgó permisos de licencia especiales para proteger los salarios de ciertos grupos, incluidas las mujeres embarazadas y los padres solteros con niños menores de 5 años.

Mi Oficina está apoyando varios esfuerzos de respuesta en diferentes países de la región. Algunos ejemplos incluyen:

Brindar apoyo técnico a organizaciones de la sociedad civil e instituciones estatales que trabajan para la defensa legal de las mujeres privadas de la libertad en El Salvador; trabajar con autoridades indígenas y organizaciones de mujeres, en coordinación con el Gobierno para facilitar acceso a información sobre cuidados de salud en Panamá; y lanzando una campaña de redes sociales #MujeresYCovid19 en Guatemala, la cual provee una plataforma a mujeres expertas, activistas y a otras personas para reflexionar y expresar preocupaciones.

Desafortunadamente, como en otras partes del mundo, las mujeres y sus organizaciones no están representadas igualmente en el diseño de respuestas frente a la COVID-19.

Los Estados tienen la obligación de tomar medidas específicas para asegurar que los derechos de las mujeres y las niñas estén protegidos durante la crisis.

Por supuesto, los derechos de todos tienen que ser protegidos. Pero tal y como hemos dicho,  mientras el virus no discrimina, sus impactos sí, y las mujeres y las niñas son desproporcionadamente afectadas.

Mi Oficina ha emitido directrices con respecto a este tema que incluyen, por ejemplo: garantizar que las trabajadoras de salud tengan acceso adecuado a equipos de protección personal y que todas las mujeres tengan acceso a atención médica, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva; para promover la igualdad de responsabilidades en el cuidado; y declarar los servicios relacionados con la violencia de género como esenciales, como mencioné antes.

También hemos enfatizado sobre la importancia de los incentivos económicos sensibles al género y sobre las redes de seguridad social que deberían alcanzar y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Amigos,

La pandemia está exponiendo el impacto dañino de la desigualdad en todas las sociedades.

Seamos claros: la igualdad de género no es una opción, ni puede descartarse en tiempos de crisis. Es esencial para sociedades pacíficas, justas y resistentes, como lo reconoce la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Pero también tengo que decir esto: los países que tienen mujeres líderes lo han hecho muy bien en la respuesta a la pandemia. Han mostrado que toman decisiones rápidas y efectivas. También tienen un estilo de liderazgo muy importante, con compasión, pero también decisivo.

Y a pesar de que no sabemos cuánto tiempo tendremos que convivir con la pandemia, espero que nos enseñe a mirar al mundo de una manera distinta. Que nos ayude a decidir lo que es relevante, a pensar en la humanidad de otra forma. Pensar en unos sistemas políticos y económicos que sean realmente sostenibles, entender la importancia de la acción climática y el respeto a la biodiversidad. Muchas de las últimas pandemias –SARS, MERS, COVID-19 y otras- han derivado de la zoonosis.

También espero que esto sea una oportunidad para reconocer la contribución de las mujeres en el mundo y darles las oportunidades y los derechos que merecen.

Para finalizar, quiero decir que la igualdad de género es importante e ignorarla no sería solo contraproducente, sino que sería una traición a las promesas más fundamentales que cada país ha hecho a su gente.

Cuando superemos esta pandemia, porque lo haremos, debemos aprovechar la oportunidad de nuestra vida: construirnos mejor que antes.

Estoy segura que esto es posible, si somos conscientes de nuestra interdependencia, de nuestra igualdad y de nuestros derechos

Si somos conscientes de que estos son desafíos globales que necesitan de todos nosotros, y que el mundo necesita trabajar unido de una forma coordinada.

Esta situación nos muestra la importancia de las instituciones multilaterales, que tienen que lidiar con desafíos globales de una forma global, y la importancia de la igualdad de derechos.

Las Naciones Unidas, mi Oficina y yo contamos con ustedes.

Muchas Gracias

Comunicados de la Alta Comisionada

COVID-19: se necesitan acciones específicas para proteger a las personas LGBTI – Bachelet

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COVID-19: se necesitan acciones específicas para proteger a las personas LGBTI - Bachelet

GINEBRA (17 de abril de 2020) – Los Estados deben asegurar que las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) no enfrenten discriminación o temor a represalias por buscar atenciónn médica en medio de la crisis de COVID-19, comentó este viernes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Al respecto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó hoy una nueva nota de orientación para los Estados y otras partes interesadas sobre COVID-19 y los derechos humanos de las personas LGBTI.

«Las personas LGBTI están entre las más vulnerables y marginadas en muchas sociedades, y entre las más expuestas a COVID-19. En los países donde se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo o las personas trans son atacadas, ni siquiera pueden buscar tratamiento por temor a ser arrestadas o a la violencia», expresó Bachelet.

«Sabemos que los esfuerzos para enfrentar la pandemia solo funcionarán si se protegen los derechos de todas las personas a la vida y la salud. Para las personas LGBTI, esto significa identificar y abordar las formas en que son particularmente vulnerables, asegurar que no enfrenten discriminación y buscar soluciones. También significa asegurar que sus voces sean oídas».

La guía publicada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos identifica preocupaciones principales y establece acciones clave en el contexto de la pandemia.

Esto incluye garantizar que las medidas introducidas para disminuir el impacto económico de la crisis tengan plenamente en cuenta a las personas LGBTI, pues tienen más probabilidades de estar desempleadas y vivir en la pobreza que la población general. Dadas las restricciones de quedarse en casa, algunos jóvenes LGBTI están confinados en entornos hostiles con familiares o cohabitantes que no les apoyan, lo que aumenta su exposición a la violencia, así como su ansiedad y depresión. Es esencial que los servicios de apoyo y los refugios permanezcan disponibles durante este período.

FIN

A medida que se desarrolla la crisis de COVID-19, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU está publicando una gama de productos de medios y guías breves sobre las múltiples dimensiones de derechos humanos que tiene la pandemia. Este material se encuentra en nuestro especial web dedicado a COVID-19.

Para obtener más información y solicitudes de medios, comuníquese con: Rupert Colville – + 41 22917 9767 / rcolville@ohchr.org, o Jeremy Laurence – + 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org, o Liz Throssell – + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org, o Marta Hurtado – + 41 22917 9466 / mhurtado@ohchr.org.

Comunicados de la Alta Comisionada

Bachelet insta a los gobiernos de América Latina a permitir el regreso de sus ciudadanos

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Bachelet insta a los gobiernos de América Latina a permitir el regreso de sus ciudadanos

GINEBRA (15 de abril de 2020) – En respuesta a un impasse de varias semanas ocurrido en la frontera entre Chile y Bolivia, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó el miércoles a los países de América Latina y de otros lugares del mundo a abrir las fronteras a sus propios ciudadanos que se encuentran varados en el extranjero, muchos de los cuales carecen de acceso a la atención sanitaria y otros servicios básicos.

“En virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia”, afirmó la Alta Comisionada, y pidió a los gobiernos de la región que hagan todo lo posible por garantizar el regreso seguro, digno y voluntario de sus ciudadanos, así como su reincorporación sostenible a la sociedad.

“Cuando los migrantes desean regresar voluntariamente a sus hogares, los gobiernos tienen la obligación de recibirlos y de velar por que tengan acceso a la atención sanitaria y a otros derechos”, declaró Bachelet. “Si los gobiernos no lo hacen, colocan a los migrantes en situaciones de extrema vulnerabilidad, en particular durante la actual pandemia del COVID-19. En términos generales, son los migrantes más pobres que tratan de volver a casa a través de las fronteras terrestres tras haber sido privados de sus ingresos a causa de las medidas de confinamiento, quienes se ven impedidos de regresar”.

“Los gobiernos deberían incluir a todos los migrantes, cualquiera que sea su estatus migratorio, en los planes de prevención, respuesta y recuperación del COVID-19 y deberían velar por que dispongan de acceso equitativo a la información, a los tests, a los cuidados sanitarios y a la protección social”, añadió la Alta Comisionada.

Bachelet elogió la cooperación y las medidas adoptadas por Chile y Bolivia para solucionar el impasse en el que se encontraba el regreso de los ciudadanos bolivianos, que comenzó cuando la pandemia afectó a sus medios de subsistencia en Chile y Bolivia cerró sus fronteras el 26 de marzo. Como consecuencia de esos hechos, unos 1.300 bolivianos -incluyendo ancianos, niños y mujeres embarazadas- que trataban de regresar a su país quedaron varados en el lado chileno de la frontera, donde cientos de ellos tuvieron que dormir a la intemperie, con poca agua y comida, y con temperaturas inferiores a cero grados centígrados. 

“Eso no tenía por qué haber ocurrido”, dijo Bachelet. “Esta situación demuestra la importancia de que los países puedan prever estos problemas o los solucionen rápidamente, a fin de evitar sufrimientos innecesarios”.

Los días 12 y 13 de abril, las autoridades chilenas transportaron a unos 800 migrantes bolivianos desde Colchane hasta la capital regional de Iquique, donde los instalaron en escuelas y les proporcionaron acceso a cuidados sanitarios y otros servicios básicos. El 13 de abril, otro grupo de unos 200 bolivianos llegó a Iquique.

El gobierno anunció que a finales de la semana alrededor de la mitad de esos migrantes serían trasladados de Iquique a Pisiga, un campamento instalado en el lado boliviano de la frontera, donde un equipo de las Naciones Unidas, en el que figuran varios miembros del personal de Bachelet, han asistido a las autoridades locales y a agentes humanitarios en la prestación de servicios básicos para los migrantes, evaluando sus necesidades y reforzando su protección. Se espera que el resto de los migrantes sean trasladados directamente de Iquique a sus hogares en Bolivia, al concluir la cuarentena obligatoria de 14 días exigida por las autoridades bolivianas.

Ante la perspectiva de que en días venideros otros cientos de migrantes bolivianos traten de cruzar las fronteras de distintos países para volver a sus hogares, es fundamental que las autoridades estatales y locales les garanticen un regreso seguro a sus lugares de origen y los ayuden a reintegrarse en sus comunidades.  

Migrantes que han tratado de cruzar las fronteras en otros lugares de la región para retornar a sus hogares han sufrido problemas similares, y algunos de los que han logrado regresar han sido objeto de hostilidad, discriminación e incluso de actos de violencia.

“Me aflige ver que la pandemia de la COVID-19 está causando estigmatización y discriminación, tanto entre Estados como dentro de ellos, en muchas regiones del mundo”, afirmó Bachelet. “Las personas que han contraído la enfermedad necesitan que les presten atención médica, no que las conviertan en víctimas del odio y el rechazo. Todos los países, tanto los de origen como los de destino, tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes. Los migrantes que regresan a su país de origen deben ser incluidos en las estrategias de respuesta nacional, de protección social y de recuperación, sin discriminación alguna, y deben estar protegidos de la estigmatización y la marginación, lo mismo en la esfera pública que en la privada”. 

FIN

Para más información y solicitudes de prensa, por favor póngase en contacto con: Rupert Colville – + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org o Jeremy Laurence – + 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org or Liz Throssell (español) – + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org o Marta Hurtado (español) – + 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org

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Comunicados de la Alta Comisionada

Declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos

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Pandemia de COVID-19
Sesión informativa informal al Consejo de Derechos Humanos

Declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos

9 de abril de 2020

 

Señora Presidenta,

Excelencias,

Colegas y amigos

En efecto esta es una reunión importante, en un momento que nadie de nosotros olvidará jamás. La pandemia de COVID-19 está generando sufrimiento y daños en todas las regiones. Plantea una amenaza de largo alcance a los derechos humanos. Como advirtió el Secretario General Guterres, amenaza no sólo al desarrollo, pero también fomenta “inestabilidad, conflictividad y conflictos mayores.”

No sabemos cómo el virus en sí mismo va a evolucionar, o si aquellas personas afectadas serán inmunes permanentemente. No tenemos datos completos de quién está siendo infectado y desarrollando los síntomas más severos – o si hay vínculos con factores que contribuyan, como la contaminación. Sí sabemos que se deben tomar medidas vitales para mejorar los sistemas de salud y social para asegurar el mayor apoyo posible a aquellas personas más impactadas por la epidemia. Sabemos que no podemos darnos el lujo de dejar a nadie atrás en este esfuerzo.

Y sabemos que los cierres de emergencia no pueden continuar para siempre. Se deben idear de manera cuidadosa estrategias de salida para asegurar una rápida recuperación de las personas y de la sociedad en su conjunto.

Hoy, nos encontramos aquí en esta reunión informal del Consejo, aunque estemos físicamente separados. Espero que esto contribuya a la creación de un enfoque de la crisis más cooperativo, global y basado en los derechos humanos.

Todos los Estados enfrentan tremendos retos. Muchos están demostrando su compromiso con la protección de los derechos humanos a través de esta epidemia. Otros deberían ser animados a hacerlo, para que sus esfuerzos en atacar la COVID-19 sean más efectivos para todas las personas – tanto en sus naciones, como alrededor del mundo.

Es natural – y necesario – que los esfuerzos nacionales sean una fuerte prioridad en cualquier crisis. Pero esto es una pandemia global, y sólo la solidaridad global asegurará que se le pueda combatir efectivamente. Esta crisis deja claro cuánto necesitamos las acciones internacionales colectivas y demuestra el valor de las organizaciones multilaterales. La Organización de las Naciones Unidas fue creada para prevenir, mitigar y atender de manera más efectiva las crisis internacionales. Hago un llamado a todos nosotros a trabajar juntos para promover un enfoque fuerte, multilateral, cooperativo y global.

Primero, quiero plantear algunas cuestiones urgentes respecto a los derechos económicos y sociales

La pandemia está exponiendo el impacto dañino de las desigualdades en cada sociedad.

En los países desarrollados, de repente se han hecho muy visibles las fallas en el acceso al cuidado de la salud; los derechos laborales y las protecciones sociales; en el espacio vital; y en la dignidad.

En los países en desarrollo, donde una amplia proporción de la población confía en un ingreso diario para sobrevivir, el impacto podría ser mucho mayor. Los millones de personas que tienen poco acceso al cuidado de la salud y quienes, por necesidad, viven en condiciones limitadas con saneamiento pobre y sin una red de seguridad, sin agua limpia, sufrirán más aún. Es menos probable que estas personas puedan protegerse a sí mismas del virus y aguantar una aguda caída en sus ingresos.

Si no se controla, es probable que la pandemia cree aún más amplias desigualdades, a la par que un sufrimiento más extenso.

La universalidad de la amenaza de este virus provee el argumento más convincente que ha habido jamás para un acceso al cuidado de la salud universal y costeable. Son especialmente urgentes acciones para mejorar el cuidado público de la salud, en cada país. La OMS está liderando los esfuerzos para asegurar que todos los países estén equipados para rastrear, aislar y tratar a las personas infectadas por la COVID-19. Este esfuerzo debe contar con recursos completos. Es necesario que haya un esfuerzo regional y global significativo para evitar el colapso del sistema médico de cualquier país – una cuestión de urgente interés para todos.

Se deben adoptar vastas medidas económicas y sociales, en cada país, para paliar los choques de esta epidemia y minimizar la profundización de las desigualdades. El impacto total de la pandemia en las economías globales y nacionales todavía está por venir. Muchos Estados en cada región – en especial en Europa – han adoptado medidas sin precedente para proteger los derechos de los trabajadores y minimizar el número de personas que han quedado desempleadas. Todos los Estados con recursos suficientes deberían ser alentados a hacer lo mismo.

Muchos países en desarrollo tienen menos capacidad de absorber y mitigar los impactos económicos y sociales de la epidemia. También pueden ser más vulnerables a una recesión mundial, a través del aumento de los precios de productos y un declive de la inversión extranjera y las remesas, entre otros factores. El Secretario General ha hecho un llamado para adoptar medidas que incluyen – pero no se limitan a – alivio de deuda, acceso ampliado a financiamiento a través del FMI y contribuciones al Fondo Global Humanitario.

Quizá también debamos explorar nuevos mecanismos financieros para financiar la solidaridad global. La semana pasada, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el más grande bono social a nivel mundial: un fondo de 3.000 millones de dólares estadounidenses para asistir a los gobiernos africanos en la expansión del acceso a la salud y otros servicios y bienes esenciales. Este es precisamente el tipo de pensamiento innovador que necesitamos.

También quiero enfatizar el imperativo de respetar los derechos civiles y políticos durante la crisis.

Muchos Gobiernos enfrentan decisiones difíciles. Las medidas de emergencia bien pueden ser necesarias para responder a esta emergencia de salud pública. Pero una situación de emergencia no es un cheque en blanco para desatender sus obligaciones de derechos humanos.

Las medidas de emergencia deberían ser necesarias y proporcionales para atender esa necesidad. Las personas deben ser completamente informadas sobre las medidas de emergencia y sobre cuánto tiempo tendrán efecto. La aplicación de medidas de emergencia debe ser llevada a cabo de manera justa y humana. Cualquier penalidad debería ser proporcional a la ofensa cometida y conforme lo establecido por la ley.

Estoy profundamente consternada por la adopción de medidas de emergencia de algunos países que son ilimitadas y no están siendo sujeto de revisiones. En algunos casos, la epidemia está siendo usada para justificar cambios represivos en la legislación regular, que seguirían siendo vigentes mucho después de que la emergencia haya terminado.

También estoy preocupada por los pasos adoptados para imponer restricciones en la libertad de los medios y la libertad de expresión. Acciones vagamente formuladas para combatir supuestas “desinformaciones” podrían ser aplicadas a cualquier crítica, y en algunos países ya hemos visto informes de periodistas que están siendo penalizados por reportar la falta de mascarillas; trabajadores de la salud reprendidos por decir que carecen de protección; y personas ordinarias arrestadas por postear en medios sociales sobre la pandemia. La crítica no es un crimen.

Insto a todos los Gobiernos a incrementar de manera significativa el acceso a la información y estadísticas precisas. La transparencia es de suprema importancia y puede salvar vidas en una crisis de salud. También urjo a poner fin a cualquier cierre general de internet y de telecomunicaciones y denegaciones de servicios.

Cuando miembros de las fuerzas militares llevan a cabo funciones para hacer cumplir la ley, deberían ser responsables de sus acciones ante autoridades civiles, y ser sujetos del derecho internacional de los derechos humanos.

La OMS recomienda fuertemente que las medidas de salud y sociales para combatir la COVID-19 sean implementadas contando con la plena participación del público, dado que el respeto de los derechos humanos – incluyendo el derecho a opinar y a participar de manera significativa en las decisiones – es un elemento angular en el éxito de las políticas de salud pública. El único modo efectivo de luchar contra una epidemia es contando con la confianza del público. 

¿Qué hacer?

Veo dos áreas de acción: la respuesta inmediata a la respuesta y la preparación para la recuperación.

Sobre la respuesta, quiero compartir con ustedes algunos puntos de acción que son relevantes de manera inmediata y que ayudarán a imaginar políticas efectivas y humanas.

1 Todos los esfuerzos nacionales deben buscar mitigar el impacto de la epidemia en las mujeres y en grupos vulnerables.

Las mujeres son más proclives que los hombres a trabajar en sectores informales y con salarios bajos, sin licencias médicas pagadas, seguridad médica o protección social. Las mujeres mayores son también más proclives que los hombres a tener que subsistir sin ninguna forma de pensión. Las medidas de confinamiento están creando cargas adicionales para muchas mujeres, incluyendo la carga del cuidado de los enfermos, las personas adultas mayores y niños que no están yendo a la escuela. Las mujeres y las niñas también enfrentan riesgos incrementados de violencia doméstica, como lo han demostrado recientes estadísticas de Francia y España. Para propósitos de enseñanza remota, las niñas globalmente tienen menos acceso a internet y a teléfonos celulares que los niños. Estos impactos pueden no ser inmediatamente visibles, pero podrían generar regresiones en la causa por la igualdad de las mujeres.

Muchos grupos de alto riesgo y vulnerables requieren mayor atención y medidas de mitigación en este momento. Éstos incluyen a personas en lugares de detención y otras instituciones – incluyendo instituciones psiquiátricas y orfanatos; personas con discapacidades; pueblos indígenas y minorías; migrantes, refugiados y personas internamente desplazadas; personas en zonas de conflicto; y, en particular, personas mayores, especialmente aquellas viviendo solas o en instituciones.

Directrices específicas en la mayoría de estas áreas han sido publicadas o están en preparación.

Particularmente, me refiero a nuestras directrices sobre las personas en instituciones de detención, cuyo número podría ser cuidadosamente reducido, para prevenir un brote explosivo del virus en espacios cerrados y sobrepoblados. Recientemente, Irán realizó acciones para liberar, al menos temporalmente, 40% de su población penitenciaria. Indonesia también liberará personas acusadas de crímenes menores. Y así sucesivamente en otros países. Insto a los Estados a liberar a aquellas personas detenidas sin fundamento legal, incluyendo a aquellas que han detenido violando sus obligaciones de derechos humanos. También estoy preocupada de que algunos países consideran infligir sentencias que incluyen prisión por violar órdenes sobre el distanciamiento físico: esto probablemente va a exacerbar la epidemia.

Las personas con discapacidad a menudo se apoyan en otros para que les ayuden en tareas cotidianas, y las regulaciones de confinamiento deberían asegurar que dicho apoyo está disponible.

Muchos migrantes están en un alto riesgo de contagio, dadas sus condiciones de vida y su limitado acceso a la salud. Quiero elogiar a Portugal por tomar acción la semana pasada para otorgar temporalmente a todos los migrantes en el país derechos plenos de ciudadanos, para permitirles tener acceso a los sistemas de salud.

 

2 Medidas extensas deben ser adoptadas en cada país para absorber los choques económicos y sociales de esta epidemia, y para minimizar la expansión de las desigualdades.

En todos lados, es probable que la pandemia cobre un precio desproporcionado en las personas pobres. Por ejemplo, información de las autoridades autonómicas catalanas, en España, indica que los residentes de los barrios más pobres pueden estar seis o siete veces más expuestos a contraer el virus que las personas que viven en las áreas más ricas.

Hay una fuerte necesidad de acciones gubernamentales que aseguren la seguridad del ingreso, la protección del sustento y el acceso a los servicios y bienes esenciales para los miembros más pobres de la sociedad. Es vital evitar que las personas se queden sin hogar como resultado de haber perdido sus trabajos. Subvenciones en efectivo deberían ser consideradas, junto con medidas que aseguren que las familias puedan retrasar los pagos de rentas o préstamos, y poner un alto a los desalojos. Para las personas sin hogar, y otras personas sin viviendas adecuadas, las medidas podrían incluir utilizar alquileres de corto plazo y alojamientos de emergencia.

Mi Oficina está actualmente hacienda una compilación de buenas prácticas económicas y sociales adoptadas por países en cada región del mundo – muchas de ellas en países en desarrollo – y llamaremos su atención sobre ellas. También trabajaremos para integrar los derechos humanos en todo el trabajo de los programas económicos y sociales de la ONU.

 

  1. La protección a los trabajadores y las trabajadoras de la salud y su remuneración adecuada debería ser un punto de máxima preocupación. Quiero hacer notar que 70% de los trabajadores de la salud en el mundo son mujeres, muchas de las cuales pueden estar enfrentando las cargas adicionales que ya mencioné.
  1. Cuando una amenaza existencial nos enfrenta a todos, no hay lugar para nacionalismos o chivos expiatorios – incluyendo a migrantes y comunidades minoritarias. Ha habido un incremento inaceptable de ataques físicos y verbales en contra de personas provenientes del este asiático, y miembros de otras minorías, y se deben tomar acciones para combatir esto. De hecho, personas occidentales también algunas veces son blanco de abuso, incluyendo en nuestras misiones.
  1. En cada estado de esta epidemia – incluyendo la recuperación – se deben hacer esfuerzos para involucrar a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, activistas de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. Aquellas personas que cuentan con un involucramiento de larga data en cuestiones de derechos económicos y sociales, comunidades urbanas y grupos vulnerables específicos, como los pueblos indígenas, han aprendido valiosas lecciones que pueden beneficiar a quienes hacen la política pública hoy.
  1. Cualquier obstáculo a los esfuerzos médicos en un país aumenta el riesgo para todos. Las sanciones sectoriales que han tenido impactos negativos en el cuidado de la salud y los derechos humanos de las personas vulnerables deberían ser urgentemente levantadas o adaptadas, con excepciones humanitarias efectivas para asegurar el acceso a suministros vitales.
  1. Saludo los esfuerzos en marcha para asegurar que el Consejo de Derechos Humanos pueda asistir de manera oportuna las preocupaciones sobre la COVID relacionadas con los derechos humanos. Bajo su liderazgo, Señora Presidenta, el Consejo está retomando su trabajo. Además de este reporte informal, se está planeando una serie de reuniones virtuales con diversas contrapartes y entiendo que están en curso las charlas sobre una sesión especial sobre la COVID-19. Agradezco los análisis prontos y pertinentes de muchos Procedimientos Especiales, titulares de mandatos y presidencias de Órganos de Tratado.

A través de la respuesta y las etapas de recuperación de la pandemia, todos debemos dar un paso adelante y demostrar solidaridad global. En este contexto, le recuerdo a todos los Estados el deber de cooperar y asistir internacionalmente bajo el Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

 

Antes de concluir, quiero subrayar algunos elementos sobre la recuperación de esta crisis. 

Como el Secretario General ha subrayado, debemos salir de esto mejores. Ningún país estaba preparado para este shock, que en cada Estado ha sido exacerbado por las desigualdades, en particular del acceso a la salud, las protecciones sociales y los servicios públicos.

La epidemia ha clarificado la necesidad de incrementar nuestros esfuerzos para asegurar que todas las personas, incluidas las más vulnerables, se beneficien del desarrollo. Necesitamos redoblar los esfuerzos para construir economías más incluyentes y sustentables, y dar forma a sociedades más resilientes de cara a los shocks. La Agenda 2030 ha sido completamente mapeada y aprobada universalmente: sigue siendo nuestra herramienta más fuerte.

Debería también ser claro que proteger el medio ambiente, asegurando la biodiversidad, es el mejor camino para proteger la salud y el bienestar, incluyendo de pandemias. La degradación medioambiental y pérdida de biodiversidad crea las condiciones para el tipo de zoonosis animal a humano que repetidamente ha resultado en epidemias vitales. No sólo con la COVID-19 – recordemos que el SARS, MERS y Ebola también son resultado de zoonosis, entonces debemos asegurar el respeto por el medio ambiente.

Simplemente no podemos regresar a donde estábamos hace algunos meses, antes de la COVID-19.

Esta es una prueba colosal de liderazgo. Demanda acciones decisivas, coordinadas e innovadoras por parte de todos y para todos. Hoy estamos distantes físicamente, pero debemos permanecer unidos.

Todos ustedes han recibido una carta informándoles del trabajo que se está llevando a cabo por parte de mi Oficina en el contexto de la COVID-19, y les proveeré con actualizaciones regulares conforme vaya evolucionando la situación. Tomo esta oportunidad para agradecer públicamente a todo mi equipo por su determinación y trabajo continuos en estos desafiantes momentos.

Gracias Señora Presidenta

FIN

 

Para mayor Información y solicitudes de prensa, favor de contactar a Rupert Colville – + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org o a Jeremy Laurence – + 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org o a Liz Throssell – + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org o a Marta Hurtado – + 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org

Comunicados de la Alta Comisionada

«Hay que tomar medidas urgentes para evitar que el COVID-19 cause estragos en las prisiones» – Bachelet

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"Hay que tomar medidas urgentes para evitar que el COVID-19 cause estragos en las prisiones" – Bachelet

GINEBRA (25 de marzo de 2020) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en otras instalaciones cerradas, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia del COVID-19.

“El COVID-19 ha empezado a propagarse en las prisiones, las cárceles y los centros de detención de migrantes, así como en hospicios y hospitales psiquiátricos, y existe el riesgo de que arrase con las personas recluidas en esas instituciones, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad”, declaró Bachelet.

“En muchos países, los centros de reclusión están atestados y en algunos casos lo están de manera peligrosa. A menudo los internos se encuentran en condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes. En esas condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles”, añadió.

“En esta crisis, los gobiernos se enfrentan a cuantiosas exigencias de recursos y tienen que adoptar decisiones difíciles. Pero les insto a que no olviden a las personas que están encarceladas o recluidas en instalaciones cerradas, tales como hospitales psiquiátricos, hospicios y orfanatos, porque las consecuencias de su abandono podrían ser catastróficas”, dijo la Alta Comisionada.

“Es esencial que en los planes para afrontar la crisis los gobiernos aborden la situación de las personas reclusas, a fin de protegerlas y proteger también al personal de los centros, los visitantes y, por supuesto, al conjunto de la sociedad”, añadió Bachelet.  

“Habida cuenta de que ya se han producido brotes y varios fallecimientos en cárceles y otras instituciones en un número creciente de países, las autoridades deberían actuar de inmediato para prevenir nuevas pérdidas de vidas entre los reclusos y los miembros del personal”, afirmó Bachelet. 

La Alta Comisionada exhortó a los gobiernos y las autoridades competentes a que procedan con rapidez a fin de reducir el número de reclusos y señaló que varios países ya habían adoptado medidas positivas al respecto. Las autoridades deberían examinar la manera de poner en libertad a los individuos especialmente vulnerables al COVID-19, entre otros a los presos de más edad y los enfermos, así como a los detenidos menos peligrosos. Asimismo, las autoridades deberían seguir atendiendo las necesidades sanitarias específicas de las mujeres reclusas, incluso de las que están embarazadas, de los internos con discapacidad y los menores de edad.     

“Ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos politicos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”, insistió Bachelet.

Cuando esas personas sean puestas en libertad, deben recibir exámenes médicos y ser objeto de las medidas necesarias para asegurar que reciban atención y seguimiento adecuado, comprendido el monitoreo sanitario.

“En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para evitar las amenazas prevenibles a la salud pública y tienen el deber de velar por que todo el que necesite atención médica esencial la reciba”, añadió Bachelet.

En relación con las personas detenidas, el Estado tiene el deber específico de proteger la salud física y mental y el bienestar de los reclusos, de conformidad con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (también conocidas como Reglas Nelson Mandela).

Las medidas que se tomen en medio de una crisis sanitaria no deberían vulnerar los derechos fundamentales de los reclusos, que comprenden su derecho a la alimentación y el agua potable. También deberían respetarse plenamente las normas que impiden maltratar a los detenidos y que garantizan su acceso a la atención médida y la asistencia letrada.

“A fin de prevenir nuevos brotes de COVID-19 tal vez sea necesario limitar las visitas a las instituciones de reclusión, pero las medidas de esta índole han de aplicarse de manera transparente y deben comunicarse con claridad a las personas afectadas. La suspensión súbita de contactos con el mundo exterior puede agravar una situación que de por sí quizá sea ya tensa, difícil y potencialmente peligrosa”, dijo Bachelet. La Alta Comisionada señaló varios ejemplos de medidas alternativas adoptadas en determinados países, tales como instalar sistemas de videoconferencia, ampliar el tiempo de conexión telefónica con los familiares y autorizar el uso del correo electrónico.

“El COVID-19 plantea un grave desafío al conjunto de la sociedad, ya que los gobiernos adoptan medidas para cumplir con el distanciamiento físico. Estas medidas son indispensables, pero me preocupa sobremanera que algunos países amenacen con penas de prisión a quienes desobedezcan esas normas. La ejecución de esas amenazas podría agravar la mala situación que ya existe en los centros de reclusión y contribuiría muy poco a frenar la propagación de la enfermedad”, advirtió la Alta Comisionada.   

El encarcelamiento debería ser una medida de último recurso, en particular durante esta crisis”.

En el curso de esta semana, la Oficina del ACNUDH y la Organización Mundial de la Salud van a publicar un documento preliminar con directrices que llevará por título COVID 19: Focus on persons deprived of their liberty (COVID 19: Atención especial a las personas privadas de libertad), que contendrá los principales mensajes y actividades, dirigido a otros organismos de las Naciones Unidas, gobiernos y autoridades competentes, instituciones nacionales de derechos humanos y entidades de la sociedad civil. 

FIN