Covid19-Comunicados de la Alta Comisionada

Las nuevas tecnologías deben reforzar el derecho a la protesta pacífica, no impedirlo, señala Bachelet a los Estados

Publicada en

Las nuevas tecnologías deben reforzar el derecho a la protesta pacífica, no impedirlo, señala Bachelet a los Estados

GINEBRA (25 de junio de 2020) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió el jueves a los Estados y las empresas que velen por que las nuevas tecnologías, incluidas la de reconocimiento facial y las denominadas ‘armas menos letales’, se desarrollen y utilicen de modo que no interfieran o impidan la capacidad de las personas para ejercer sus derechos fundamentales a la reunión pacífica, la libertad de expresión y el derecho a participar en los asuntos públicos.

“Las nuevas tecnologías pueden usarse para movilizar y organizar protestas pacíficas, para formar redes y coaliciones, y para informar mejor a la gente acerca de las manifestaciones y los motivos de su celebración, con lo que contribuyen a impulsar el cambio social”, afirmó la Alta Comisionada. “Pero, como ya hemos visto, también pueden usarse -como es el caso ahora mismo- para limitar y vulnerar los derechos de los manifestantes, vigilarlos, localizar su ubicación e invadir su privacidad”.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó hoy un informe en el que se examina la repercusión de las nuevas tecnologías en la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de asambleas, lo que abarca la celebración de protestas pacíficas.

En el informe se señala que en 2019 hubo protestas en el mundo entero, motivadas por una amplia y compleja gama de razones, entre otras como respuesta a la discriminación racial y estructural y el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas, y que el descontento ha proseguido en el año en curso.

“Habida cuenta de la importancia que reviste para las democracias el ejercicio del derecho a la reunión pacífica y la función que pueden desempeñar las tecnologías aplicadas a través de Internet, es esencial que los Estados cierren la brecha digital y garanticen que el mayor número posible de personas disponga de acceso seguro y económico a la red”, dijo la Alta Comisionada.

Asimismo, los Estados deberían abstenerse de usar los cortes de Internet, también conocidos como “caídas de las redes”, “interruptores de seguridad” o “apagones”, que el informe califica de “maneras especialmente dañinas de obstruir el funcionamiento de las TIC [tecnologías de la información y la comunicación] y, por ende, de interferir en las asambleas”. Al menos 65 de esos apagones se registraron durante las protestas de 2019, con lo que se puso en peligro el derecho de reunión pacífica, tanto en la red como fuera de ella. Además, según los informes, esos cortes de Internet tuvieron una considerable repercusión económica.

La vigilancia por medios tecnológicos ha sido un factor importante en la reducción del espacio cívico en numerosos países por dos razones: la primera es que los Estados recurren a la injerencia en línea y el pirateo de las TIC y de cuentas de redes sociales que los organizadores de las manifestaciones suelen utilizar en su planificación, y, la segunda, porque las autoridades usan esos medios para vigilar directamente a quienes participan en las protestas. 

Un aspecto que el informe destaca particularmente es el uso de la tecnología de reconocimiento facial, que permite la identificación, la vigilancia y el seguimiento automáticos de los manifestantes. En el informe se señala que mucha gente pierde las ganas de manifestarse en público y expresar libremente sus ideas por temor a ser identificado y sufrir luego consecuencias adversas. Además, la tecnología de reconocimiento facial puede también perpetuar y potenciar la discriminación, incluso en perjuicio de los afrodescendientes y otras minorías.

El informe urge a los Estados que se abstengan de utilizar la tecnología de reconocimiento facial para identificar a quienes participan en reuniones pacíficas y que no realicen grabaciones de los manifestantes, a menos de que existan indicios fiables de que los participantes llevan a cabo actividades delictivas o se disponen a hacerlo.

Debería decretarse una moratoria sobre el uso de la tecnología de reconocimiento facial en el contexto de las protestas pacíficas, hasta que los Estados cumplan con determinados requisitos, entre otros el de la diligencia debida en materia de derechos humanos, antes de instalar esos sistemas. Entre esos requisitos figuran además la supervisión eficaz e independiente de su empleo; la aplicación de leyes estrictas que protejan la privacidad y los datos; y la transparencia total en lo tocante al uso de las imágenes registradas y la tecnología de reconocimiento facial en el contexto de las manifestaciones.

“El derecho de reunión pacífica nunca ha sido más importante que ahora, cuando un número mayor de manifestantes protestan contra el racismo, incluso contra el que ejerce la policía”, declaró Bachelet. “El reconocimiento facial no debería aplicarse en este contexto de protestas pacíficas sin las salvaguardas esenciales relativas a la transparencia, la protección de datos y la supervisión”.

En el informe se detalla también la responsabilidad de las empresas privadas en cuanto a la aplicación de la debida diligencia en materia de derechos humanos, especialmente con miras a velar por que los requisitos de protección de datos y no discriminación se incorporen a la concepción y aplicación de dichas tecnologías.

El uso de otras tecnologías de punta, tales como las armas y municiones menos letales, es también objeto de examen en el informe. Aunque las porras, el aerosol de pimienta y el gas lacrimógeno han sido utilizados durante décadas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los progresos tecnológicos recientes han propiciado la elaboración de nuevas armas y municiones menos letales, que también se emplean ahora para reprimir a los manifestantes. Entre esos instrumentos figuran las pistolas eléctricas, tales como las “tasers”, los proyectiles de goma o de plástico conocidos en inglés como “de impacto cinético”, las escopetas que disparan pelotas de gas pimienta, las armas acústicas y los drones con sistemas autónomos que dispersan gas lacrimógeno.   

“Estas armas, supuestamente menos letales, han causado daños terribles cuando se han empleado contra manifestantes pacíficos en el mundo entero. Aunque puedan ser necesarias en determinados contextos para mantener el orden, su uso debe ser vigilado cuidadosamente y debe estar sujeto a una aplicación rigurosa de los criterios de necesidad y proporcionalidad”, dijo Bachelet. “Un arma menos letal puede matar si se usa de manera inadecuada, tanto de forma accidental como deliberada. Es fundamental que el personal encargado de hacer cumplir la ley reciba una formación obligatoria en el empleo de ese armamento y que se garantice la rendición de cuentas en caso de violaciones de derechos humanos vinculadas a su uso indebido”.

La Alta Comisionada pidió a los Estados que cumplan estrictamente lo estipulado en el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y en los  Principios básicos sobre el empleo de la fuera y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Bechelet instó además a los Estados a que tengan en cuenta el documento titulado United Nations Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement [Guía de las Naciones Unidas sobre el uso de armas menos letales para hacer cumplir la ley], publicado recientemente por la Oficina del ACNUDH.

FIN

Para más información y solicitudes de prensa, por favor contacte con: Marta Hurtado (español)  + 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org o  Liz Throssell (español)– + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org o Rupert Colville – + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org o Jeremy Laurence – + 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org


Tag and share – Twitter: @UNHumanRights and Facebook: unitednationshumanrights

Comunicados de la Alta Comisionada

COVID-19: Bachelet insta a los Estados a tomar medidas adicionales para incluir a las personas con discapacidad

Publicada en

COVID-19: Bachelet insta a los Estados a tomar medidas adicionales para incluir a las personas con discapacidad

GINEBRA (30 de abril de 2020) – Se necesitan medidas específicas para abordar los riesgos desproporcionados que enfrentan las personas con discapacidad durante la pandemia de COVID-19, lo que lleva a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a publicar una guía para los Estados y otras partes interesadas sobre la COVID-19 y los derechos humanos de las personas con discapacidad.

“Las personas con discapacidad no solo enfrentan mayores riesgos por la COVID-19, sino que también se ven desproporcionadamente afectadas por las medidas de respuesta, incluyendo la cuarentena. Para abordar este doble riesgo, debemos involucrar a las personas con discapacidad en la respuesta contra la COVID-19 y adaptar los planes para abordar sus necesidades”, dijo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Las personas con discapacidades están en peligro en sus propios hogares, donde el acceso al apoyo y los servicios diarios pueden verse limitados debido a la cuarentena, y algunos pueden sufrir mucho por estar aislados o confinados. Estos no son problemas irresolubles, pero requieren pasos específicos que se deben tomar o excepciones que se deben hacer para evitar daños mayores.

“Las personas con discapacidad enfrentan amenazas aún mayores dentro de instituciones, ya que estos centros de atención han registrado altas tasas de mortalidad por la COVID-19 y han surgido terribles informes de negligencia durante la pandemia. Ahora es el momento de apoyar los acuerdos basados ​​en la comunidad, siempre que sea posible «.

Hacer que la información sobre la COVID-19 esté disponible en formatos accesibles para personas con discapacidad es vital, al igual que garantizar la accesibilidad a la educación en línea, agregó Bachelet.

La Alta Comisionada también expresó su preocupación por la discriminación y el estigma contra las personas con discapacidad durante la pandemia de la COVID-19.

«Me han inquietado profundamente los informes de que la vida de las personas con discapacidad puede tener un peso diferente al de otras personas durante esta pandemia», dijo. «Las decisiones médicas deben basarse en evaluaciones clínicas individualizadas y necesidades médicas, y no en la edad u otras características como la discapacidad».

La guía publicada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos identifica las principales preocupaciones y establece acciones clave en el contexto de la pandemia.

La guía tiene como objetivo concienciar sobre el impacto de la pandemia en las personas con discapacidad y sus derechos; llamar la atención sobre algunas prácticas prometedoras que ya se están llevando a cabo en todo el mundo; identificar acciones clave para los Estados y otras partes interesadas; y proporcionar recursos para seguir aprendiendo sobre cómo garantizar respuestas contra la COVID-19 basadas en los derechos, incluyendo a las personas con discapacidad.

FIN

A medida que se desarrolla la crisis de la COVID-19, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU está emitiendo una gama de productos para medio de comunicación y guías sobre las muchas dimensiones de derechos humanos de la pandemia. Estos se pueden encontrar en nuestra página web dedicada a la COVID-19.

Covid19-Comunicados de la Alta Comisionada

COVID-19: Las medidas de emergencia no deben servir de pretexto para abusos y vulneraciones de derechos humanos, dice Bachelet

Publicada en

COVID-19: Las medidas de emergencia no deben servir de pretexto para abusos y vulneraciones de derechos humanos, dice Bachelet

GINEBRA (27 de abril de 2020) – Mientras los gobiernos se enfrentan al enorme desafío de proteger a sus ciudadanos de la COVID-19, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, les exhorta a que no violen los derechos humanos con el pretexto de implantar medidas de excepción o de emergencia.
 
“Los poderes de emergencia no deben ser armas que los gobiernos puedan usar para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder”, advirtió la Alta Comisionada. “Esos poderes deben usarse para afrontar eficazmente la pandemia; nada más, nada menos”.
 
En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la facultad de limitar algunos derechos con el fin de proteger la salud pública y esa prerrogativa se amplía si se declara el estado de emergencia. En cualquier caso, es preciso que las restricciones sean necesarias, proporcionales y no discriminatorias. Asimismo, esas medidas han de ser de duración limitada y deben ir acompañadas de salvaguardas que impidan su empleo abusivo. 
 
Determinados derechos no derogables, entre ellos el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los malos tratos y el derecho a no ser detenido arbitrariamente, siguen vigentes en todas las circunstancias.
 
Con el fin de ayudar a los Estados en su respuesta a la COVID-19, la Oficina de la Alta Comisionada publicó el lunes un nuevo manual de orientaciones https://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COVID19.pdf políticas sobre la adopción de medidas urgentes y excepcionales.  
 
“Numerosas denuncias, procedentes de diversas regiones, indican que la policía y otros cuerpos de seguridad han estado ejerciendo un uso excesivo de la fuerza excesivo, a veces letal, para obligar a la población a cumplir con las nomas de confinamiento y los toques de queda. A menudo, esas violaciones de derechos humanos se han cometido contra miembros de los segmentos más pobres y vulnerables de la población”, afirmó Bachelet.
 
“Disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque, motivada por la búsqueda desesperada de alimentos, ha violado un toque de queda, es sin duda una respuesta ilícita e inaceptable. También lo es crear una situación en la que a una mujer le resulte difícil o peligroso ir a un hospital a dar a luz. En algunos casos, la gente ha muerto por la aplicación indebida de normas que, supuestamente, se habían implantado para salvarles”, declaró la Alta Comisionada. 
 
“En determinados países, miles de personas han sido detenidas por violar el toque de queda, una práctica que es a la vez insegura e innecesaria. Las cárceles y prisiones son lugares de alto riesgo y los Estados deben esforzarse por poner en libertad a todos los reclusos que puedan ser excarcelados sin peligro, y no por arrestar a más gente”.
 
En el documento orientativo se insiste en que, al igual que ocurre en épocas normales, los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley deben adherirse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución.  
 
“Deben usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario, y la fuerza letal, únicamente cuando exista una amenaza inminente para la vida”, dijo Bachelet.
 
Las medidas y las leyes aplicadas en algunos países contienen referencias a delitos que no están bien definidos, a veces sancionados con dureza, lo que fomenta la preocupación de que esas normas puedan usarse para amordazar a la prensa y detener a críticos y opositores. Aunque las medidas que limitan la libertad de movimiento y la celebración de reuniones pacíficas son legítimas en tales circunstancias, la confianza y el escrutinio de la población son fundamentales para que dichas restricciones operen con eficacia.
 
“Es importante contrarrestar la desinformación, pero cuando se impide el libre intercambio de ideas e informaciones, no solo se violan derechos, sino que también se socava la confianza pública. Los infundios acerca de la COVID-19 son un enorme peligro para las personas. Pero también lo son las malas decisiones gubernamentales”, señaló la Alta Comisionada. “La vulneración de derechos, tales como la libertad de expresión, puede causar daños incalculables al esfuerzo orientado a contener a la COVID-19 y sus nocivas repercusiones socioeconómicas”.
 
El documento orientativo explica claramente que no basta con que las medidas sean necesarias para la consecución de un objetivo legítimo de salud pública, sino que además han de conformar la estrategia “menos intrusiva posible” para lograrlo.
 
“Hemos visto cómo numerosos Estados adoptaban medidas justificadas, razonables y provisionales. Pero también ha habido casos muy inquietantes, en que los gobiernos parecen haber usado la COVID-19 como pretexto para vulnerar los derechos humanos, limitar libertades fundamentales, reducir el espacio cívico y socavar el Estado de Derecho”, declaró Bachelet.
 
La Alta Comisionada añadió que las medidas excepcionales o los estados de emergencia deben someterse a la supervisión del parlamento, el poder judicial y la opinión pública.
 
“Los distintos países atraviesan por fases diferentes de la pandemia. Algunos empiezan a dejar atrás las medidas de emergencia, mientras que otros las amplían o refuerzan. El principio supremo debe ser que esas medidas se apliquen con sentido humanitario. Las penas impuestas por su trasgresión han de ser proporcionales y no deben aplicarse de manera arbitraria o discriminatoria”, añadió Bachelet.
 
“Habida cuenta de la índole excepcional de esta crisis, es evidente que los Estados necesitan poderes adicionales para hacerle frente. Pero, si no se defiende el Estado de Derecho, corremos el riesgo de que una emergencia de salud pública se convierta en un desastre de derechos humanos, con efectos negativos que se prolongarán mucho tiempo después de que la pandemia haya cesado”, concluyó la Alta Comisionada.
 
FIN
 
Para más información y solicitudes de prensa, por favor contacte con: Rupert Colville – + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org o Jeremy Laurence – + 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org o Liz Throssell (español)   – + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org o Marta Hurtado (español)  – + 41 22 917 9466 /mhurtado@ohchr.org
 
Tag and share – Twitter: @UNHumanRights and Facebook: unitednationshumanrights

Comunicados de la Alta Comisionada

COVID-19: se necesitan acciones específicas para proteger a las personas LGBTI – Bachelet

Publicada en

COVID-19: se necesitan acciones específicas para proteger a las personas LGBTI - Bachelet

GINEBRA (17 de abril de 2020) – Los Estados deben asegurar que las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) no enfrenten discriminación o temor a represalias por buscar atenciónn médica en medio de la crisis de COVID-19, comentó este viernes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Al respecto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó hoy una nueva nota de orientación para los Estados y otras partes interesadas sobre COVID-19 y los derechos humanos de las personas LGBTI.

«Las personas LGBTI están entre las más vulnerables y marginadas en muchas sociedades, y entre las más expuestas a COVID-19. En los países donde se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo o las personas trans son atacadas, ni siquiera pueden buscar tratamiento por temor a ser arrestadas o a la violencia», expresó Bachelet.

«Sabemos que los esfuerzos para enfrentar la pandemia solo funcionarán si se protegen los derechos de todas las personas a la vida y la salud. Para las personas LGBTI, esto significa identificar y abordar las formas en que son particularmente vulnerables, asegurar que no enfrenten discriminación y buscar soluciones. También significa asegurar que sus voces sean oídas».

La guía publicada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos identifica preocupaciones principales y establece acciones clave en el contexto de la pandemia.

Esto incluye garantizar que las medidas introducidas para disminuir el impacto económico de la crisis tengan plenamente en cuenta a las personas LGBTI, pues tienen más probabilidades de estar desempleadas y vivir en la pobreza que la población general. Dadas las restricciones de quedarse en casa, algunos jóvenes LGBTI están confinados en entornos hostiles con familiares o cohabitantes que no les apoyan, lo que aumenta su exposición a la violencia, así como su ansiedad y depresión. Es esencial que los servicios de apoyo y los refugios permanezcan disponibles durante este período.

FIN

A medida que se desarrolla la crisis de COVID-19, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU está publicando una gama de productos de medios y guías breves sobre las múltiples dimensiones de derechos humanos que tiene la pandemia. Este material se encuentra en nuestro especial web dedicado a COVID-19.

Para obtener más información y solicitudes de medios, comuníquese con: Rupert Colville – + 41 22917 9767 / rcolville@ohchr.org, o Jeremy Laurence – + 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org, o Liz Throssell – + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org, o Marta Hurtado – + 41 22917 9466 / mhurtado@ohchr.org.