Comunicados de la Alta Comisionada

Bachelet insta a los gobiernos de América Latina a permitir el regreso de sus ciudadanos

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Bachelet insta a los gobiernos de América Latina a permitir el regreso de sus ciudadanos

GINEBRA (15 de abril de 2020) – En respuesta a un impasse de varias semanas ocurrido en la frontera entre Chile y Bolivia, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó el miércoles a los países de América Latina y de otros lugares del mundo a abrir las fronteras a sus propios ciudadanos que se encuentran varados en el extranjero, muchos de los cuales carecen de acceso a la atención sanitaria y otros servicios básicos.

“En virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia”, afirmó la Alta Comisionada, y pidió a los gobiernos de la región que hagan todo lo posible por garantizar el regreso seguro, digno y voluntario de sus ciudadanos, así como su reincorporación sostenible a la sociedad.

“Cuando los migrantes desean regresar voluntariamente a sus hogares, los gobiernos tienen la obligación de recibirlos y de velar por que tengan acceso a la atención sanitaria y a otros derechos”, declaró Bachelet. “Si los gobiernos no lo hacen, colocan a los migrantes en situaciones de extrema vulnerabilidad, en particular durante la actual pandemia del COVID-19. En términos generales, son los migrantes más pobres que tratan de volver a casa a través de las fronteras terrestres tras haber sido privados de sus ingresos a causa de las medidas de confinamiento, quienes se ven impedidos de regresar”.

“Los gobiernos deberían incluir a todos los migrantes, cualquiera que sea su estatus migratorio, en los planes de prevención, respuesta y recuperación del COVID-19 y deberían velar por que dispongan de acceso equitativo a la información, a los tests, a los cuidados sanitarios y a la protección social”, añadió la Alta Comisionada.

Bachelet elogió la cooperación y las medidas adoptadas por Chile y Bolivia para solucionar el impasse en el que se encontraba el regreso de los ciudadanos bolivianos, que comenzó cuando la pandemia afectó a sus medios de subsistencia en Chile y Bolivia cerró sus fronteras el 26 de marzo. Como consecuencia de esos hechos, unos 1.300 bolivianos -incluyendo ancianos, niños y mujeres embarazadas- que trataban de regresar a su país quedaron varados en el lado chileno de la frontera, donde cientos de ellos tuvieron que dormir a la intemperie, con poca agua y comida, y con temperaturas inferiores a cero grados centígrados. 

“Eso no tenía por qué haber ocurrido”, dijo Bachelet. “Esta situación demuestra la importancia de que los países puedan prever estos problemas o los solucionen rápidamente, a fin de evitar sufrimientos innecesarios”.

Los días 12 y 13 de abril, las autoridades chilenas transportaron a unos 800 migrantes bolivianos desde Colchane hasta la capital regional de Iquique, donde los instalaron en escuelas y les proporcionaron acceso a cuidados sanitarios y otros servicios básicos. El 13 de abril, otro grupo de unos 200 bolivianos llegó a Iquique.

El gobierno anunció que a finales de la semana alrededor de la mitad de esos migrantes serían trasladados de Iquique a Pisiga, un campamento instalado en el lado boliviano de la frontera, donde un equipo de las Naciones Unidas, en el que figuran varios miembros del personal de Bachelet, han asistido a las autoridades locales y a agentes humanitarios en la prestación de servicios básicos para los migrantes, evaluando sus necesidades y reforzando su protección. Se espera que el resto de los migrantes sean trasladados directamente de Iquique a sus hogares en Bolivia, al concluir la cuarentena obligatoria de 14 días exigida por las autoridades bolivianas.

Ante la perspectiva de que en días venideros otros cientos de migrantes bolivianos traten de cruzar las fronteras de distintos países para volver a sus hogares, es fundamental que las autoridades estatales y locales les garanticen un regreso seguro a sus lugares de origen y los ayuden a reintegrarse en sus comunidades.  

Migrantes que han tratado de cruzar las fronteras en otros lugares de la región para retornar a sus hogares han sufrido problemas similares, y algunos de los que han logrado regresar han sido objeto de hostilidad, discriminación e incluso de actos de violencia.

“Me aflige ver que la pandemia de la COVID-19 está causando estigmatización y discriminación, tanto entre Estados como dentro de ellos, en muchas regiones del mundo”, afirmó Bachelet. “Las personas que han contraído la enfermedad necesitan que les presten atención médica, no que las conviertan en víctimas del odio y el rechazo. Todos los países, tanto los de origen como los de destino, tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes. Los migrantes que regresan a su país de origen deben ser incluidos en las estrategias de respuesta nacional, de protección social y de recuperación, sin discriminación alguna, y deben estar protegidos de la estigmatización y la marginación, lo mismo en la esfera pública que en la privada”. 

FIN

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Comunicados de la Alta Comisionada

Declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos

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Pandemia de COVID-19
Sesión informativa informal al Consejo de Derechos Humanos

Declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos

9 de abril de 2020

 

Señora Presidenta,

Excelencias,

Colegas y amigos

En efecto esta es una reunión importante, en un momento que nadie de nosotros olvidará jamás. La pandemia de COVID-19 está generando sufrimiento y daños en todas las regiones. Plantea una amenaza de largo alcance a los derechos humanos. Como advirtió el Secretario General Guterres, amenaza no sólo al desarrollo, pero también fomenta “inestabilidad, conflictividad y conflictos mayores.”

No sabemos cómo el virus en sí mismo va a evolucionar, o si aquellas personas afectadas serán inmunes permanentemente. No tenemos datos completos de quién está siendo infectado y desarrollando los síntomas más severos – o si hay vínculos con factores que contribuyan, como la contaminación. Sí sabemos que se deben tomar medidas vitales para mejorar los sistemas de salud y social para asegurar el mayor apoyo posible a aquellas personas más impactadas por la epidemia. Sabemos que no podemos darnos el lujo de dejar a nadie atrás en este esfuerzo.

Y sabemos que los cierres de emergencia no pueden continuar para siempre. Se deben idear de manera cuidadosa estrategias de salida para asegurar una rápida recuperación de las personas y de la sociedad en su conjunto.

Hoy, nos encontramos aquí en esta reunión informal del Consejo, aunque estemos físicamente separados. Espero que esto contribuya a la creación de un enfoque de la crisis más cooperativo, global y basado en los derechos humanos.

Todos los Estados enfrentan tremendos retos. Muchos están demostrando su compromiso con la protección de los derechos humanos a través de esta epidemia. Otros deberían ser animados a hacerlo, para que sus esfuerzos en atacar la COVID-19 sean más efectivos para todas las personas – tanto en sus naciones, como alrededor del mundo.

Es natural – y necesario – que los esfuerzos nacionales sean una fuerte prioridad en cualquier crisis. Pero esto es una pandemia global, y sólo la solidaridad global asegurará que se le pueda combatir efectivamente. Esta crisis deja claro cuánto necesitamos las acciones internacionales colectivas y demuestra el valor de las organizaciones multilaterales. La Organización de las Naciones Unidas fue creada para prevenir, mitigar y atender de manera más efectiva las crisis internacionales. Hago un llamado a todos nosotros a trabajar juntos para promover un enfoque fuerte, multilateral, cooperativo y global.

Primero, quiero plantear algunas cuestiones urgentes respecto a los derechos económicos y sociales

La pandemia está exponiendo el impacto dañino de las desigualdades en cada sociedad.

En los países desarrollados, de repente se han hecho muy visibles las fallas en el acceso al cuidado de la salud; los derechos laborales y las protecciones sociales; en el espacio vital; y en la dignidad.

En los países en desarrollo, donde una amplia proporción de la población confía en un ingreso diario para sobrevivir, el impacto podría ser mucho mayor. Los millones de personas que tienen poco acceso al cuidado de la salud y quienes, por necesidad, viven en condiciones limitadas con saneamiento pobre y sin una red de seguridad, sin agua limpia, sufrirán más aún. Es menos probable que estas personas puedan protegerse a sí mismas del virus y aguantar una aguda caída en sus ingresos.

Si no se controla, es probable que la pandemia cree aún más amplias desigualdades, a la par que un sufrimiento más extenso.

La universalidad de la amenaza de este virus provee el argumento más convincente que ha habido jamás para un acceso al cuidado de la salud universal y costeable. Son especialmente urgentes acciones para mejorar el cuidado público de la salud, en cada país. La OMS está liderando los esfuerzos para asegurar que todos los países estén equipados para rastrear, aislar y tratar a las personas infectadas por la COVID-19. Este esfuerzo debe contar con recursos completos. Es necesario que haya un esfuerzo regional y global significativo para evitar el colapso del sistema médico de cualquier país – una cuestión de urgente interés para todos.

Se deben adoptar vastas medidas económicas y sociales, en cada país, para paliar los choques de esta epidemia y minimizar la profundización de las desigualdades. El impacto total de la pandemia en las economías globales y nacionales todavía está por venir. Muchos Estados en cada región – en especial en Europa – han adoptado medidas sin precedente para proteger los derechos de los trabajadores y minimizar el número de personas que han quedado desempleadas. Todos los Estados con recursos suficientes deberían ser alentados a hacer lo mismo.

Muchos países en desarrollo tienen menos capacidad de absorber y mitigar los impactos económicos y sociales de la epidemia. También pueden ser más vulnerables a una recesión mundial, a través del aumento de los precios de productos y un declive de la inversión extranjera y las remesas, entre otros factores. El Secretario General ha hecho un llamado para adoptar medidas que incluyen – pero no se limitan a – alivio de deuda, acceso ampliado a financiamiento a través del FMI y contribuciones al Fondo Global Humanitario.

Quizá también debamos explorar nuevos mecanismos financieros para financiar la solidaridad global. La semana pasada, el Banco Africano de Desarrollo lanzó el más grande bono social a nivel mundial: un fondo de 3.000 millones de dólares estadounidenses para asistir a los gobiernos africanos en la expansión del acceso a la salud y otros servicios y bienes esenciales. Este es precisamente el tipo de pensamiento innovador que necesitamos.

También quiero enfatizar el imperativo de respetar los derechos civiles y políticos durante la crisis.

Muchos Gobiernos enfrentan decisiones difíciles. Las medidas de emergencia bien pueden ser necesarias para responder a esta emergencia de salud pública. Pero una situación de emergencia no es un cheque en blanco para desatender sus obligaciones de derechos humanos.

Las medidas de emergencia deberían ser necesarias y proporcionales para atender esa necesidad. Las personas deben ser completamente informadas sobre las medidas de emergencia y sobre cuánto tiempo tendrán efecto. La aplicación de medidas de emergencia debe ser llevada a cabo de manera justa y humana. Cualquier penalidad debería ser proporcional a la ofensa cometida y conforme lo establecido por la ley.

Estoy profundamente consternada por la adopción de medidas de emergencia de algunos países que son ilimitadas y no están siendo sujeto de revisiones. En algunos casos, la epidemia está siendo usada para justificar cambios represivos en la legislación regular, que seguirían siendo vigentes mucho después de que la emergencia haya terminado.

También estoy preocupada por los pasos adoptados para imponer restricciones en la libertad de los medios y la libertad de expresión. Acciones vagamente formuladas para combatir supuestas “desinformaciones” podrían ser aplicadas a cualquier crítica, y en algunos países ya hemos visto informes de periodistas que están siendo penalizados por reportar la falta de mascarillas; trabajadores de la salud reprendidos por decir que carecen de protección; y personas ordinarias arrestadas por postear en medios sociales sobre la pandemia. La crítica no es un crimen.

Insto a todos los Gobiernos a incrementar de manera significativa el acceso a la información y estadísticas precisas. La transparencia es de suprema importancia y puede salvar vidas en una crisis de salud. También urjo a poner fin a cualquier cierre general de internet y de telecomunicaciones y denegaciones de servicios.

Cuando miembros de las fuerzas militares llevan a cabo funciones para hacer cumplir la ley, deberían ser responsables de sus acciones ante autoridades civiles, y ser sujetos del derecho internacional de los derechos humanos.

La OMS recomienda fuertemente que las medidas de salud y sociales para combatir la COVID-19 sean implementadas contando con la plena participación del público, dado que el respeto de los derechos humanos – incluyendo el derecho a opinar y a participar de manera significativa en las decisiones – es un elemento angular en el éxito de las políticas de salud pública. El único modo efectivo de luchar contra una epidemia es contando con la confianza del público. 

¿Qué hacer?

Veo dos áreas de acción: la respuesta inmediata a la respuesta y la preparación para la recuperación.

Sobre la respuesta, quiero compartir con ustedes algunos puntos de acción que son relevantes de manera inmediata y que ayudarán a imaginar políticas efectivas y humanas.

1 Todos los esfuerzos nacionales deben buscar mitigar el impacto de la epidemia en las mujeres y en grupos vulnerables.

Las mujeres son más proclives que los hombres a trabajar en sectores informales y con salarios bajos, sin licencias médicas pagadas, seguridad médica o protección social. Las mujeres mayores son también más proclives que los hombres a tener que subsistir sin ninguna forma de pensión. Las medidas de confinamiento están creando cargas adicionales para muchas mujeres, incluyendo la carga del cuidado de los enfermos, las personas adultas mayores y niños que no están yendo a la escuela. Las mujeres y las niñas también enfrentan riesgos incrementados de violencia doméstica, como lo han demostrado recientes estadísticas de Francia y España. Para propósitos de enseñanza remota, las niñas globalmente tienen menos acceso a internet y a teléfonos celulares que los niños. Estos impactos pueden no ser inmediatamente visibles, pero podrían generar regresiones en la causa por la igualdad de las mujeres.

Muchos grupos de alto riesgo y vulnerables requieren mayor atención y medidas de mitigación en este momento. Éstos incluyen a personas en lugares de detención y otras instituciones – incluyendo instituciones psiquiátricas y orfanatos; personas con discapacidades; pueblos indígenas y minorías; migrantes, refugiados y personas internamente desplazadas; personas en zonas de conflicto; y, en particular, personas mayores, especialmente aquellas viviendo solas o en instituciones.

Directrices específicas en la mayoría de estas áreas han sido publicadas o están en preparación.

Particularmente, me refiero a nuestras directrices sobre las personas en instituciones de detención, cuyo número podría ser cuidadosamente reducido, para prevenir un brote explosivo del virus en espacios cerrados y sobrepoblados. Recientemente, Irán realizó acciones para liberar, al menos temporalmente, 40% de su población penitenciaria. Indonesia también liberará personas acusadas de crímenes menores. Y así sucesivamente en otros países. Insto a los Estados a liberar a aquellas personas detenidas sin fundamento legal, incluyendo a aquellas que han detenido violando sus obligaciones de derechos humanos. También estoy preocupada de que algunos países consideran infligir sentencias que incluyen prisión por violar órdenes sobre el distanciamiento físico: esto probablemente va a exacerbar la epidemia.

Las personas con discapacidad a menudo se apoyan en otros para que les ayuden en tareas cotidianas, y las regulaciones de confinamiento deberían asegurar que dicho apoyo está disponible.

Muchos migrantes están en un alto riesgo de contagio, dadas sus condiciones de vida y su limitado acceso a la salud. Quiero elogiar a Portugal por tomar acción la semana pasada para otorgar temporalmente a todos los migrantes en el país derechos plenos de ciudadanos, para permitirles tener acceso a los sistemas de salud.

 

2 Medidas extensas deben ser adoptadas en cada país para absorber los choques económicos y sociales de esta epidemia, y para minimizar la expansión de las desigualdades.

En todos lados, es probable que la pandemia cobre un precio desproporcionado en las personas pobres. Por ejemplo, información de las autoridades autonómicas catalanas, en España, indica que los residentes de los barrios más pobres pueden estar seis o siete veces más expuestos a contraer el virus que las personas que viven en las áreas más ricas.

Hay una fuerte necesidad de acciones gubernamentales que aseguren la seguridad del ingreso, la protección del sustento y el acceso a los servicios y bienes esenciales para los miembros más pobres de la sociedad. Es vital evitar que las personas se queden sin hogar como resultado de haber perdido sus trabajos. Subvenciones en efectivo deberían ser consideradas, junto con medidas que aseguren que las familias puedan retrasar los pagos de rentas o préstamos, y poner un alto a los desalojos. Para las personas sin hogar, y otras personas sin viviendas adecuadas, las medidas podrían incluir utilizar alquileres de corto plazo y alojamientos de emergencia.

Mi Oficina está actualmente hacienda una compilación de buenas prácticas económicas y sociales adoptadas por países en cada región del mundo – muchas de ellas en países en desarrollo – y llamaremos su atención sobre ellas. También trabajaremos para integrar los derechos humanos en todo el trabajo de los programas económicos y sociales de la ONU.

 

  1. La protección a los trabajadores y las trabajadoras de la salud y su remuneración adecuada debería ser un punto de máxima preocupación. Quiero hacer notar que 70% de los trabajadores de la salud en el mundo son mujeres, muchas de las cuales pueden estar enfrentando las cargas adicionales que ya mencioné.
  1. Cuando una amenaza existencial nos enfrenta a todos, no hay lugar para nacionalismos o chivos expiatorios – incluyendo a migrantes y comunidades minoritarias. Ha habido un incremento inaceptable de ataques físicos y verbales en contra de personas provenientes del este asiático, y miembros de otras minorías, y se deben tomar acciones para combatir esto. De hecho, personas occidentales también algunas veces son blanco de abuso, incluyendo en nuestras misiones.
  1. En cada estado de esta epidemia – incluyendo la recuperación – se deben hacer esfuerzos para involucrar a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, activistas de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. Aquellas personas que cuentan con un involucramiento de larga data en cuestiones de derechos económicos y sociales, comunidades urbanas y grupos vulnerables específicos, como los pueblos indígenas, han aprendido valiosas lecciones que pueden beneficiar a quienes hacen la política pública hoy.
  1. Cualquier obstáculo a los esfuerzos médicos en un país aumenta el riesgo para todos. Las sanciones sectoriales que han tenido impactos negativos en el cuidado de la salud y los derechos humanos de las personas vulnerables deberían ser urgentemente levantadas o adaptadas, con excepciones humanitarias efectivas para asegurar el acceso a suministros vitales.
  1. Saludo los esfuerzos en marcha para asegurar que el Consejo de Derechos Humanos pueda asistir de manera oportuna las preocupaciones sobre la COVID relacionadas con los derechos humanos. Bajo su liderazgo, Señora Presidenta, el Consejo está retomando su trabajo. Además de este reporte informal, se está planeando una serie de reuniones virtuales con diversas contrapartes y entiendo que están en curso las charlas sobre una sesión especial sobre la COVID-19. Agradezco los análisis prontos y pertinentes de muchos Procedimientos Especiales, titulares de mandatos y presidencias de Órganos de Tratado.

A través de la respuesta y las etapas de recuperación de la pandemia, todos debemos dar un paso adelante y demostrar solidaridad global. En este contexto, le recuerdo a todos los Estados el deber de cooperar y asistir internacionalmente bajo el Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

 

Antes de concluir, quiero subrayar algunos elementos sobre la recuperación de esta crisis. 

Como el Secretario General ha subrayado, debemos salir de esto mejores. Ningún país estaba preparado para este shock, que en cada Estado ha sido exacerbado por las desigualdades, en particular del acceso a la salud, las protecciones sociales y los servicios públicos.

La epidemia ha clarificado la necesidad de incrementar nuestros esfuerzos para asegurar que todas las personas, incluidas las más vulnerables, se beneficien del desarrollo. Necesitamos redoblar los esfuerzos para construir economías más incluyentes y sustentables, y dar forma a sociedades más resilientes de cara a los shocks. La Agenda 2030 ha sido completamente mapeada y aprobada universalmente: sigue siendo nuestra herramienta más fuerte.

Debería también ser claro que proteger el medio ambiente, asegurando la biodiversidad, es el mejor camino para proteger la salud y el bienestar, incluyendo de pandemias. La degradación medioambiental y pérdida de biodiversidad crea las condiciones para el tipo de zoonosis animal a humano que repetidamente ha resultado en epidemias vitales. No sólo con la COVID-19 – recordemos que el SARS, MERS y Ebola también son resultado de zoonosis, entonces debemos asegurar el respeto por el medio ambiente.

Simplemente no podemos regresar a donde estábamos hace algunos meses, antes de la COVID-19.

Esta es una prueba colosal de liderazgo. Demanda acciones decisivas, coordinadas e innovadoras por parte de todos y para todos. Hoy estamos distantes físicamente, pero debemos permanecer unidos.

Todos ustedes han recibido una carta informándoles del trabajo que se está llevando a cabo por parte de mi Oficina en el contexto de la COVID-19, y les proveeré con actualizaciones regulares conforme vaya evolucionando la situación. Tomo esta oportunidad para agradecer públicamente a todo mi equipo por su determinación y trabajo continuos en estos desafiantes momentos.

Gracias Señora Presidenta

FIN

 

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Comunicados de la Alta Comisionada

Bachelet pide que se alivien las sanciones para facilitar a los sistemas sanitarios la lucha contra el COVID-19 y limitar el contagio a escala mundial

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Bachelet pide que se alivien las sanciones para facilitar a los sistemas sanitarios la lucha contra el COVID-19 y limitar el contagio a escala mundial

GINEBRA (24 de marzo de 2020) – Las sanciones sectoriales de amplio espectro que se aplican a países que se enfrentan a la pandemia del coronavirus deberían ser objeto de una reevaluación urgente, en vista de su posible repercusión negativa sobre el sector de la salud y los derechos humanos, declaró el martes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

 

“Es fundamental que se evite el colapso de los sistemas sanitarios nacionales, habida cuenta de la explosiva repercusión que eso podría tener en términos de muerte, sufrimiento y ampliación del contagio”, afirmó Bachelet. “En este momento decisivo, las sanciones sectoriales deberían atenuarse o suspenderse, tanto por razones de salud pública como para reforzar los derechos y defender las vidas de millones de personas en esos países. En un contexto de pandemia mundial, las medidas que obstaculizan la atención médica en cualquier país incrementan el riesgo que todos afrontamos”.   

 

“Las exenciones humanitarias anejas a las sanciones deberían aplicarse de manera más amplia y eficaz, mediante la autorización rápida y flexible de suministrar equipos y material médico”, dijo la Alta Comisionada. 

 

Por ejemplo, en Irán, donde al menos 1.800 personas han fallecido ya a causa del COVID-19, los informes de derechos humanos han insistido reiteradamente en la repercusión de las sanciones sectoriales sobre el acceso a equipos y medicamentos esenciales, incluidos los respiradores y el material de protección que necesitan los trabajadores sanitarios.

Desde que se detectaron los primeros casos de COVID-19, hace cinco semanas, más de 50 médicos iraníes han fallecido a causa del virus. La epidemia que afecta a Irán está propagándose a países vecinos, lo que aumentará la presión sobre los sistemas sanitarios en países como Afganistán y Pakistán.   

 

Asimismo, una amplia gama de sanciones podría obstaculizar los esfuerzos sanitarios en Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Myanmar, Venezuela y Zimbabwe, señaló Bachelet. “En la mayoría de estos países los sistemas sanitarios se encuentran en situación de debilidad o fragilidad. El progreso en la defensa de los derechos humanos es fundamental para mejorar esos sistemas, pero las medidas que obstaculizan la importación de suministros médicos esenciales, -entre otras el exceso de celo de los bancos en el cumplimiento de las sanciones-, causarán perjuicios duraderos a las comunidades más vulnerables. La población de esos países no es responsable en modo alguno de las políticas que han motivado las sanciones y, en diverso grado, ya han tenido que vivir en condiciones muy adversas durante largos periodos”.  

 

En Venezuela, algunos hospitales experimentan cortes regulares de agua y electricidad, así como carencia de medicamentos, equipos, jabón y desinfectante. Aunque esta situación ya existía antes de las sanciones, la atenuación de estas permitiría una mayor asignación de recursos para tratar y prevenir la epidemia.

 

“Es de especial importancia la proteción de la salud de los propios trabajadores sanitarios y las autoridades nunca deberían sancionar a los profesionales de la medicina porque estos señalen las deficiencias de que adolece la respuesta a la crisis”, declaró Bachelet. “Los médicos, el personal sanitario y todos los empleados de los servicios de salud se encuentran en la vanguardia de esta lucha y nos protegen a todos”.

 

La Alta Comisionada instó a la unidad de los dirigentes mundiales. “La cooperación y la solidaridad internacionales son fundamentales en todo momento para promover los derechos humanos; y ahora también son vitales para promover los intereses nacionales de cada país”.  

 

Bachelet señaló que los países sancionados deberían proporcionar información transparente, aceptar las ofertas de asistencia humanitaria y dar prioridad a las necesidades y los derechos de los sectores más vulnerables de la población. Además, deberían aprobar medidas que ofrezcan a las organizaciones nacionales e internacionales las garantías necesarias para realizar su labor humanitaria sin interferencias.

 

“Ningún país puede combatir eficazmente esta epidemia actuando en solitario. Debemos proceder de manera solidaria, cooperativa y cuidadosa”, afirmó, en alusión al llamamiento formulado la semana pasada por el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que instó a “una acción política coordinada, decisiva e innovadora” para frenar la propagación del COVID-19.  

 

FIN

 

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Comunicados de la Alta Comisionada

Coronavirus: La respuesta debe basarse íntegramente en los derechos humanos, afirma Bachelet

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Coronavirus: La respuesta debe basarse íntegramente en los derechos humanos, afirma Bachelet

GINEBRA (6 de marzo de 2020) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró el viernes que es esencial que los gobiernos tomen medidas para detener la difusión del coronavirus COVID-19 y también que emprendan otras iniciativas para reducir la posible repercusión negativa que esas medidas podrían tener sobre la vida de las personas.   

“En mi condición dedoctora en Medicina, comprendo la necesidad de aplicar una gama de medidas para combatir el COVID-19 y, por haber sido Jefe de Estado, entiendo que a menudo es difícil equilibrar las arduas decisiones que es preciso adoptar”, afirmó Bachelet. “Pero nuestros esfuerzos para combatir el virus no darán resultados a menos que apliquemos un enfoque holístico, lo que significa que debemos proteger cuidadosamente a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, tanto en términos médicos como económicos”.

“Entre quienes conforman esos sectores figuran las personas que perciben bajos ingresos, las poblaciones rurales de zonas remotas, las que tienen otros padecimientos previos, las que viven con discapacidades y los mayores que viven solos o en instituciones”, añadió la Alta Comisionada. 

Los confinamientos, las cuarentenas y otras medidas de esa índole orientadas a combatir la expansión del COVID-19 deben aplicarse siempre en la más estricta observación de las normas de derechos humanos y de manera proporcional y ponderada al riesgo en que se incurre, pero aún así pueden repercutir gravemente sobre la vida de las personas, dijo Bachelet.

Si bien las autoridades pueden considerar que es necesario cerrar las escuelas, esa clausura podría obligar a los padres a permanecer en casa e impedirles trabajar, una medida que con toda probabilidad afectará a las mujeres de manera más que proporcional.

Dejar de acudir al centro de trabajo a fin de cumplir una “auto cuarentena” puede traducirse en merma de salario o en pérdida de empleo, con importantes consecuencias para los medios de subsistencia y la vida de la gente. La respuesta al brote del virus puede dificultar o impedir la atención sanitaria a personas con padecimientos graves o crónicos. Los trastornos causados en el comercio y el transporte pueden tener severas repercusiones, en particular sobre las empresas pequeñas o medianas, así como sobre sus empleados y clientes.

“Sectores de la población que actualmente sobreviven en condiciones precarias pueden verse abocados a la miseria por las medidas orientadas a contener el virus. Es preciso que los gobiernos estén preparados para responder de múltiples maneras a las consecuencias imprevistas de las medidas que adopten contra el coronavirus. También las empresas han de contribuir, respondiendo con flexibilidad a las repercusiones que puedan padecer sus empleados”, añadió Bachelet.

La Alta Comisionada elogió el hecho de que algunos gobiernos y organismos internacionales hayan empezado a poner en vigor medidas orientadas a paliar las repercusiones sobre los derechos económicos y sociales de la población.

“Habida cuenta de que todos estamos trabajando en terreno desconocido, insto a los Estados a que establezcan sistemas de intercambio de información sobre las prácticas idóneas que estén aplicando actualmente para atenuar las consecuencias socioeconómicas negativas del COVID-19 y los esfuerzos encaminados a prevenir su difusión. La solidaridad y la cooperación internacional son más necesarias que nunca. También resulta obvio que será necesario destinar recursos a la protección social, de modo que las personas puedan sobrevivir económicamente durante una crisis que podría resultar muy larga”, declaró la Alta Comisionada.

“El COVID-19 pone a prueba a nuestras sociedades y todos aprendemos y nos adaptamos a medida que respondemos al virus. Pero es preciso que la dignidad y los derechos humanos sean los pilares fundamentales de ese esfuerzo y no una consideración accesoria”, agregó Bachelet.

Para combatir eficazmente la epidemia, es preciso velar por que todos tengan acceso al tratamiento y que no se niegue a nadie la atención sanitaria por motivos económicos o a causa de la estigmatización.

Los gobiernos deben asegurarse de que la población en su conjunto, sin excepción, recibe toda la información pertinente en formatos e idiomas comprensibles y adaptados a las personas con necesidades específicas, tales como los niños, los que tengan discapacidades visuales o auditivas y quienes no saben leer o lo hacen con dificultad.

“La franqueza y la transparencia son cualidades fundamentales para empoderar a la gente y alentarla a participar en las medidas orientadas a proteger la salud de cada uno y de la población en general, especialmente cuando la confianza en las autoridades ha sufrido menoscabo. Esos factores también ayudan a contrarrestar las informaciones falsas o tendenciosas que tanto daño pueden causar, al azuzar el miedo y los prejuicios”, dijo la Alta Comisionada. 

“Asimismo exhorto a los países afectados por el COVID-19 a que adopten todas las medidas necesarias para hacer frente a los incidentes de xenophobia y estigmatización”, añadió Bachelet.

FIN

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