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OACNUDH alerta sobre riesgos graves para los derechos humanos derivados de recientes reformas penales.

19/11/2026
Código penal

Tegucigalpa, Honduras. 12 de noviembre 2026. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresa su preocupación por las reformas legales en materia penal aprobadas en el marco de la lucha contra el crimen organizado, aprobadas mediante los Decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026, particularmente en relación con el delito de asociación terrorista.

 

OACNUDH reconoce los importantes desafíos que enfrenta Honduras en materia de violencia, extorsión y criminalidad organizada. El Estado tiene no solo la facultad, sino también la obligación de adoptar medidas para proteger a la población frente a las amenazas que representan las estructuras criminales y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

 

Sin embargo, esas medidas deben adoptarse dentro del marco de las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el Estado hondureño. En ese sentido, la Oficina ha identificado que disposiciones en dichas reformas presentan un riesgo para derechos y garantías fundamentales, como la presunción de inocencia, el debido proceso, la libertad personal, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y la inviolabilidad del domicilio.

 

OACNUDH llama la atención sobre los siguientes aspectos:

 

a)    La ampliación del tipo penal de asociación terrorista a organizaciones sin objetivos ideológicos, su designación como delito permanente con flagrancia continua y su acreditación mediante tatuajes, vulneran el principio de legalidad, responsabilidad individual penal, presunción de inocencia y la libertad personal. La Oficina recuerda que las normas y estándares internacionales de derechos humanos prohíben fundamentar privaciones de libertad o responsabilidades penales sobre la base exclusiva o predominante de características físicas, apariencia personal, formas de vestir, tatuajes u otros criterios de perfilamiento.

 

b)    La autorización de allanamientos sin la posibilidad de revisión, control o convalidación judicial posterior debilita las salvaguardias destinadas a prevenir actuaciones arbitrarias y afectar el derecho a la inviolabilidad del domicilio.

 

c)    La aplicación obligatoria de la prisión preventiva, en régimen de máxima seguridad y sin posibilidad de revisión judicial individualizada, contraviene el principio de excepcionalidad de la medida, adelantando penas sin sentencia y reduciendo la independencia judicial.

 

d)    La ampliación a 48 horas del plazo de detención sin comparecencia inmediata ante una autoridad judicial particularmente cuando la identificación de las personas detenidas se basa principalmente en indicios externos, incrementa significativamente el riesgo de detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y situaciones que podrían facilitar desapariciones forzadas.

 

e)    La aplicación de regímenes penitenciarios altamente restrictivos, especialmente en centros de máxima seguridad, pueden ser incompatibles con la dignidad humana. Según el monitoreo de la Oficina, se están implementando medidas confinamiento, aislamiento prolongado, limitaciones al contacto con el exterior y restricciones en el acceso a atención médica adecuada, lo que constituye tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y son además medidas incompatibles con la finalidad de rehabilitación social de la pena.

 

f)     La creación de un régimen especial de protección frente a allanamientos para personas que ostentan o hayan ostentado determinados cargos públicos genera preocupaciones respecto del principio de igualdad ante la ley y del deber estatal de investigar de manera efectiva posibles conductas delictivas[1].

 

La Oficina observa con preocupación que el conjunto de medidas aprobadas incorpora restricciones excepcionales a derechos fundamentales que, apreciadas de manera integral, se asemejan a facultades propias de un estado de excepción sin que exista una declaratoria formal de suspensión de garantías. La Oficina recuerda que estas medidas tienen que ser de carácter excepcional, temporal, proporcional, no discriminatorias y sujetas a control judicial y legislativo.

Además. estas medidas podrían generar impactos particularmente graves en comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad, incluidos mujeres, niñas, niños y adolescentes. Asimismo, podrían incrementar el riesgo de criminalizaciones indebidas, especialmente en contextos de protesta social, defensa de derechos humanos y restricciones al espacio cívico. 

 

En virtud de lo anterior, la Oficina recomienda reformar la legislación aprobada a la luz de las obligaciones internacionales de derechos humanos. La Oficina también insta a adoptar medidas que prevengan y mitiguen cualquier riesgo de violaciones a los derechos humanos, como las siguientes:

 

1.   Implementar a la mayor brevedad el Registro Central de Personas Detenidas, accesible y público, que permita prevenir detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

 

2.  Asegurar la conducción y supervisión efectiva de las investigaciones penales por parte del Ministerio Público, garantizando la adecuada recolección, preservación y valoración de la prueba.  

                         

3.  Asignar al servicio de Defensa Pública del Poder Judicial los recursos necesarios y suficientes para que pueda ejercer, en guardia permanente, la garantía de defensa y de habeas corpus.

 

4.   Asignar al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y al Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV) los recursos necesarios para ejercer su mandato de monitoreo y control de la actuación estatal.

 

5.  Asegurar la clasificación individualizada de las personas privadas de libertad basada en criterios técnicos que incluyan, entre otros, la condición jurídica y el nivel de peligrosidad.

 

6.  Establecer y reforzar mecanismos efectivos de supervisión y sanciones para el personal de las fuerzas de seguridad y defensa que incumplan sus funciones.

 

La seguridad y los derechos humanos son objetivos complementarios y mutuamente reforzantes. OACNUDH reitera que las respuestas frente al crimen organizado deben desarrollarse dentro del marco del Estado de derecho y de las obligaciones internacionales de derechos humanos, y expresa su disposición a continuar brindando asistencia técnica a los poderes del Estado para fortalecer una política criminal eficaz y respetuosa de los derechos fundamentales.

 

FIN

Documento relacionado

121126 comunicado oacnudh reformas penales.pdf

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