Isabel Albaladejo Escribano, Representante de OACNUDH, presentó el 22 de marzo de 2022 el Informe Anual sobre la situación de derechos humanos en Honduras 2021, donde se destacan los principales retos y desafíos para el país y se hacen 17 recomendaciones al Estado hondureño.
Descarga el informe aquí.
Conoce las recomendaciones:
- Diseñar e implementar una política criminal con enfoque de derechos humanos, que defina prioridades de investigación respondiendo a las causas estructurales de la criminalidad, que aborde el uso excesivo de la prisión preventiva y fortalezca las capacidades de los operadores de justicia;
- Fortalecer la independencia del Poder Judicial y el adecuado funcionamiento del sistema de justicia mediante legislación, políticas y prácticas adecuadas que garanticen procesos de selección transparentes, participativos y basados en méritos de los funcionarios judiciales;
- Diseñar e implementar una política de seguridad ciudadana que contemple, entre otros, un plan de desmilitarización progresiva de las funciones de seguridad pública y administración penitenciaria;
- Adoptar medidas urgentes para prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y los crímenes contra mujeres, personas LGBTI, pueblos indígenas, afrohondureños, periodistas y personas defensoras de derechos humanos;
- Conducir investigaciones independientes, imparciales, exhaustivas, efectivas y transparentes; y sancionar adecuadamente a los responsables de los hechos de violencia en el contexto de las elecciones de 28 de noviembre de 2021 y adoptar medidas para evitar su repetición;
- Implementar una política pública anticorrupción con un enfoque de derechos humanos, que incluya la reforma del marco normativo e institucional en la materia, y que permita a las autoridades competentes responder eficazmente a la complejidad de los casos;
- Abordar los problemas estructurales del sistema penitenciario con un enfoque diferenciado, tomando en debida consideración las resoluciones judiciales y recomendaciones de otras autoridades y mecanismos de derechos humanos;
- Adecuar la legislación nacional a las normas y estándares internacionales de derechos humanos para promover y proteger el espacio cívico y asegurar que las prácticas no restrinjan el espacio cívico. En particular, tomar las medidas necesarias para asegurar que la legislación no sea utilizada indebidamente para criminalizar las legítimas actividades de las personas defensoras de derechos humanos;
- Elaborar e implementar un plan de fortalecimiento que asegure que el Sistema Nacional de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia cuente con capacidades efectivas para proteger a las personas beneficiarias;
- Adoptar medidas, incluyendo la elaboración y ejecución de políticas públicas, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, con especial atención en las personas en situación de vulnerabilidad, y en particular para para contrarrestar el incremento de la pobreza, inseguridad alimentaria y precariedad laboral;
- Establecer mecanismos para prevenir y resolver disputas sobre el uso, posesión, tenencia, demarcación y titulación de las tierras y territorios, garantizando la seguridad jurídica y los derechos de las comunidades indígenas y campesinas;
- Revisar la compatibilidad del marco legal de las ZEDE con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado de Honduras;
- Adoptar un marco normativo y prácticas institucionales que aseguren que los proyectos empresariales se desarrollen en pleno respeto a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas afectadas y contribuyan al desarrollo equitativo, incluyente y sostenible;
- Adoptar medidas urgentes para proteger a las mujeres y niñas de la violencia de género, la discriminación y los estereotipos de género; prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia de género, y reparar integralmente a las víctimas;
- Adoptar un marco jurídico y políticas públicas que garanticen los derechos de las personas LGBTI a vivir libres de violencia y de toda forma de discriminación, incluidas modificaciones legislativas con relación a identidad de género y matrimonio y uniones de hecho;
- Tomar medidas inmediatas para fortalecer las capacidades de las instituciones y autoridades competentes para atender adecuadamente las necesidades humanitarias de las personas migrantes y desplazadas forzosamente;
- Adherirse e implementar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
