OACNUDH en Honduras

Alto funcionario de derechos humanos de la ONU visitará Honduras del 25 al 27 de julio de 2017

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Alto funcionario de derechos humanos de la ONU visitará Honduras del 25 al 27 de julio de 2017

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GINEBRA (24 de julio de 2017) – El Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, visitará Honduras del 25 al 27 de julio para reunirse con altos funcionarios del gobierno y grupos de interés y abordar temas relacionados con la situación de los derechos humanos en el país. Gilmour enfocará su visita en la protección de defensoras y defensores de los derechos humanos, los pueblos indígenas y la lucha contra la impunidad.

Durante su visita, el Secretario General Adjunto tiene previsto reunirse con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), defensoras y defensores de los derechos humanos, representantes de la sociedad civil, miembros del cuerpo diplomático y el Equipo de País de la ONU.

Esta será la segunda visita de un alto funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) al país desde que se firmó el acuerdo con el gobierno de Honduras para abrir una Oficina en mayo de 2015. La visita del Secretario General Adjunto también se centrará en la actual cooperación con el Gobierno de Honduras y en fortalecer el papel de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el país.

En octubre de 2016, Gilmour asumió el papel de Secretario General Adjunto para los Derechos Humanos y Jefe de la Oficina de Derechos Humanos de Nueva York. Gilmour también fue designado por el Secretario General de la ONU como el alto funcionario que dirige los esfuerzos dentro de las Naciones Unidas para abordar la intimidación y represalias contra los que colaboran con la ONU en materia de derechos humanos.

FIN

Para más información y solicitudes de medios, comuníquese con:
En Tegucigalpa: Fernando Neda – +504 9441 2869 / fnedacastro@ohchr.org
En Ginebra: Liz Throssell – +41 22 917 917 9466 / ethrossell@me.com
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CONADEH INSTA A ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNAH CUMPLIR ACUERDO FINAL

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CONADEH INSTA A ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNAH CUMPLIR ACUERDO FINAL

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Defensor del Pueblo:

Partes en conflicto, en la UNAH, deben cumplir compromisos para afirmar la autonomía

Ante eventuales actos de protesta, el Defensor del Pueblo, abogó nuevamente por la tolerancia y el diálogo respetuoso para resolver diferencias, entre los actores universitarios.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, exhortó hoy a los estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a respetar el espíritu del acuerdo suscrito, en julio del 2016, para resolver toda controversia pasada o presente, en afirmación de la autonomía universitaria, necesaria para resguardar la libertad académica y la educación superior de calidad.

El Ombudsman hondureño declaró que, él más que nadie, está interesado en que el clima de conflictividad en la Universidad o en cualquier sector del país sea resuelto con una visión clara del interés común de progresar, resolviendo democráticamente cada problema, para salir de tanto mal público que está afectando a la sociedad.

El titular del CONADEH y la representante de la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) remitieron, el pasado miércoles, una carta a la Rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, recordándole los alcances del acuerdo firmado el 20 de julio de 2016, que puso fin al conflicto en esa casa de estudios superiores, con la mediación del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Indicó que el espíritu y alcance de ese acuerdo llama a poner fin a todas las acciones judiciales relacionadas con los acontecimientos o controversias en el pasado.

En el Acuerdo suscrito en julio de 2016, que contó con la mediación del CONADEH, las autoridades Universitarias se comprometieron a entregar dicho acuerdo a las autoridades competentes en el conocimiento de la problemática universitaria en curso y la precedente.

Además, el Acuerdo afirma la autonomía universitaria y la libertad académica con el compromiso asumido por los actores universitarios de actuar utilizando el diálogo permanente y un mecanismo de solución interna de controversias.

En la carta remitida a la Rectora, ambas instituciones expresaron su preocupación por la no finalización de la acción penal judicial en contra de los estudiantes Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla.

La Sala IV del Tribunal de Sentencia, por unanimidad de votos, declaró culpables a los estudiantes universitarios Cesáreo Alejandro Félix Padilla Figueroa, Moisés David Cáceres Velásquez y Sergio Padilla Figueroa por el delito de usurpación e perjuicio de la UNAH, según hechos ocurridos en el mes de julio de 2015.

Ante eventuales actos de protesta, el Defensor del Pueblo, abogó nuevamente por la tolerancia, el respeto mutuo y el dialogo ejemplar, incluyendo formas idóneas de resolver diferencias, entre los actores universitarios.

Ambas partes han reconocido el derecho a la protesta y manifestación pacífica, con pleno respeto de los demás y la libertad de expresión, con el compromiso de propiciar un entorno universitario pacífico y seguro para ejercer esos derechos fundamentados en el bien común y en el progreso del país.

“Lo que necesitamos es que prevalezca el interés por la educación superior de calidad, reconociendo a los estudiantes sus necesidades y participación activa y responsable, como un aspecto fundamental para la renovación sistemática de la educación superior”

“Para ello se requiere de un ambiente universitario democrático, participativo, pluralista, abierto a la crítica y al debate y propuesta académica, en función de la formación personal de calidad para contribuir con el desarrollo sostenible nacional y participar en sus beneficios”  afirmó finalmente el Defensor del Pueblo.

 

OACNUDH en Honduras

COMUNICADO CONJUNTO

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COMUNICADO CONJUNTO

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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en ejercicio de sus correspondientes mandatos, llaman a actuar de buena fe haciendo prevalecer el derecho a la educación superior de calidad, para resolver integralmente la problemática entre autoridades y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

La institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos actúa en aplicación de su mandato que está claramente enunciado en la Constitución de la República y desarrollado en su Ley Orgánica, y de acuerdo con los requerimientos internacionales señalados en la Resolución de las Naciones Unidas sobre los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos. Ese mandato la caracteriza como garantía creada para velar porque todas y todos los servidores públicos e instituciones del Estado cumplan con todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos constitucionalmente y en la normativa internacional vigente de los derechos humanos, actuando con plena autonomía en la defensa de esos derechos y libertades del pueblo y en el fortalecimiento del Estado de Derecho en Honduras.

A solicitud del Gobierno de Honduras, se firmó el 04 de mayo del año 2015, el Acuerdo relativo al establecimiento de una oficina de país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la cual se estableció oficialmente en el 2016. Su mandato incluye el monitoreo y la observación de la situación de derechos humanos, el asesoramiento a instituciones nacionales y de la sociedad civil, así como la promoción y diseminación de información relacionada con su temática. En el ejercicio del mandato global del Alto Comisionado, y conforme a su mandato de país, la Oficina tiene la facultad de comunicar públicamente sus observaciones y recomendaciones sobre temas de derechos humanos, lo que incluye, según necesidad, posicionar su preocupación en relación a desarrollos que se den en el espacio jurídico a través de procesos penales y sus conclusiones.

Ambas instituciones actuaron como Testigos de Honor en la firma del “Acuerdo entre Autoridades universitarias y el MEU que se validará ante los Órganos Jurisdiccionales Competentes” de 20 de julio de 2016, que tiene el objetivo no sólo de resolver coyuntural y casuísticamente lo acontecido en ese año, sino también lo sucedido anteriormente, superando todos los aspectos que pudiesen incidir sobre su repetición.

Esta intención se desprende claramente del Preámbulo del Acuerdo en sus párrafos primero, cuarto, quinto y sexto y de las cláusulas primera a la cuarta del documento. Bajo este entendido, se facilitaría una solución duradera de toda la problemática universitaria en aplicación del derecho humano a la educación superior de calidad de las y los habitantes y el compromiso de asegurar el diálogo permanente de todos los actores universitarios, con un mecanismo de solución de controversias que garantice los derechos humanos, la libertad académica y el progreso formativo de las y los estudiantes.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, el CONADEH y la OACNUDH recomiendan nuevamente, a los actores universitarios, cumplir de buena fe el precitado Acuerdo de 20 julio de 2016, a fin de posibilitar la solución duradera de la problemática universitaria que es de interés nacional, institucionalizando el diálogo abierto, inclusivo y constructivo, y poniendo en funcionamiento un mecanismo universitario de prevención y solución de controversias. Para ello, se debe avanzar, dentro de la universidad y todo el Estado, hacia un mayor conocimiento y promoción de los derechos humanos inclusive el derecho a la educación superior de calidad; así como a lo concerniente al sentido y el alcance del derecho a la manifestación pacífica y la prevención de situaciones de violencia, en observancia de los estándares internacionales de derechos humanos.

CONADEH y OACNUDH cooperarán, con todas las partes, para alcanzar ese propósito.

Tegucigalpa, Honduras, 13 de junio de 2017

OACNUDH en Honduras

Honduras necesita una reforma progresiva de la ley sobre aborto para avanzar los DDHH de las mujeres, dicen experta/os de la ONU

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Honduras necesita una reforma progresiva de la ley sobre aborto para avanzar los DDHH de las mujeres, dicen experta/os de la ONU

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GINEBRA (28 de abril de 2017) – Honduras debe aprovechar la reforma del Código Penal para despenalizar el aborto y asegurar que las mujeres y las niñas puedan disfrutar plenamente de su derecho humano a la salud sexual y reproductiva.

La Comisión de Dictamen está finalizando su opinión sobre la reforma del Código Penal que el Congreso votará en el Pleno en un futuro próximo.

“Esperamos sinceramente que el Congreso hondureño aproveche esta oportunidad clave para cumplir con su obligación de eliminar la discriminación contra la mujer en su legislación y promover los derechos sexuales y reproductivos, de conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos” dijeron la/os experta/os.
En Honduras, el aborto es ilegal bajo cualquier circunstancia. La Comisión de Dictamen parece, en esta fase, no proponer ninguna enmienda que mejore las normas nacionales permitiendo la interrupción del embarazo al menos en las tres circunstancias establecidas en los estándares internacionales.

“Lamentamos que la penalización del aborto se mantenga en el proyecto de ley como un delito grave a pesar de las recomendaciones del Examen Periódico Universal de la ONU y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, así como del Comité contra la Tortura”.

Cualquier mujer o niña culpable de violar la ley sobre aborto podría ser encarcelada por seis años.

“Negar a las mujeres y niñas el acceso a servicios de aborto seguro en casos de riesgo para la salud de la mujer o niña embarazada, violación o incesto, o inviabilidad del feto causa un sufrimiento físico y psicológico excesivo e irreversible a muchas mujeres y niñas. Es también la forma más flagrante de instrumentalización de los cuerpos de las mujeres y de negación de su autonomía “, agregaron.

“Negar el acceso a esos servicios de salud viola los derechos de las mujeres y niñas a ser protegidas contra la discriminación y la violencia basada en el género, así como contra la tortura y los malos tratos”, dijeron.

“También observamos con profunda preocupación que la distribución y venta de anticoncepción de emergencia fue prohibida por decreto en abril de 2009. Lamentamos la falta de políticas públicas para la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, particularmente en materia de planificación familiar.”

Criminalizar la interrupción del embarazo no reduce las tasas de aborto; Al contrario, es probable que más mujeres recurran a soluciones clandestinas y peligrosas. Los países en los que las mujeres tienen acceso a la interrupción del embarazo, a información y a todos los métodos anticonceptivos son los que tienen las tasas más bajas de aborto, como lo confirman datos de la Organización Mundial de la Salud.

“Las mujeres que viven en situaciones de pobreza y exclusión social tienen más probabilidades de ser víctimas de abortos inseguros, en contravención de la obligación del Estado de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho de la mujer a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva”, según la/os experta/os. “Esperamos que la/os legisladora/es no permitan que la influencia de los grupos conservadores y fundamentalistas perpetúe el actual estancamiento legislativo”, concluyeron.

FIN

(*) La/os experta/os: la Sra. Alda Facio, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, el Sr. Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental; y la Sra. Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.

Los Relatores Especiales y Grupos de Trabajo forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

ONU Derechos Humanos, página de país: Honduras
Para mayor información y solicitudes de prensa en Ginebra, favor contactar a Bernadette Arditi (+41 22 917 9159 / barditi@ohchr.org ) o escribir a wgdiscriminationwomen@ohchr.org )

Para mayor información y solicitudes de prensa en Honduras, favor contactar a Fernando Neda (+504 9441 2869 / fnedacastro@ohchr.org )

Para consultas de prensa sobre otros expertos independientes de la ONU:
Xabier Celaya, Unidad de Medios (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)

Accede aquí a este comunicado de prensa en español
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Relatora Especial de Naciones Unidas: Pueblos indígenas esperan continuar los diálogos con el Gobierno y demás sectores en Honduras

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Relatora Especial de Naciones Unidas: Pueblos indígenas esperan continuar los diálogos con el Gobierno y demás sectores en Honduras

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TEGUCIGALPA, 21 de abril de 2017 – El viernes 21 de abril de 2017, la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, concluyó una visita de trabajo que realizó al país por invitación del Gobierno de la República de Honduras.

Previo a un análisis más profundo de su visita, la Relatora comentó de manera preliminar:
“A invitación del Gobierno de Honduras, llevé a cabo una visita de trabajo al país del 17 al 20 de abril de 2017 con el objetivo de evaluar el seguimiento dado a mis observaciones de diciembre 2016 sobre el Anteproyecto de Ley Marco de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y afrohondureños, en las cuales expresaba unas preocupaciones de procedimiento y de contenido con respecto al proceso en curso.

Durante mi visita, sostuve reuniones con el gobierno, delegados de diferentes ministerios, con las diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas, organizaciones de los pueblos indígenas aquí en Tegucigalpa, así como en La Esperanza. Me he reunido con organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, el sector privado, y la comunidad internacional. El propósito de estas reuniones ha sido escuchar las opiniones de amplios sectores del país sobre la esencia y el desarrollo de este Anteproyecto de Ley, sus expectativas en relación a la regulación de la consulta y el impacto esperado.

He recibido información exhaustiva que revisaré para desarrollar en las próximas semanas mis observaciones, que serán públicas, esperando que sean de utilidad a todos los actores, tanto para los pueblos indígenas como para el Gobierno de Honduras. De forma preliminar, voy entonces a compartir unas observaciones:

En primer lugar, exhorto a las partes a desarrollar un diálogo incluyente sobre la propuesta de reglamentación de la consulta. Los pueblos indígenas solicitan que se dé un diálogo más profundo con el Estado para poder entender la ley que se está proponiendo, sus conceptos claves, las mismas definiciones de las nociones de consulta y de consentimiento en el derecho internacional; además, consideran que la socialización que se ha llevado a cabo hasta el momento no es suficiente para poder expresar sus puntos de vista y hacer propuestas concretas sobre el contenido, y que más tiempo y claridad en los procedimientos es necesario. Considerando que estas observaciones fueron planteadas por varias y diferentes organizaciones e individuos, exhorto a la prudencia y a evaluar cautelosamente si existen las condiciones para la rápida adopción de la ley prevista.

Segundo, es evidente la necesidad de construir confianza entre las partes, y en esta perspectiva, insto al Estado a multiplicar sus esfuerzos para respetar, promover y proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas a la protección de la tierra, sus territorios y los recursos, a la justicia, a los derechos culturales, entre otros. Es a través de avances concretos en estas áreas que se va a crear la confianza necesaria para avanzar en la regulación de la consulta, y los pueblos solicitan que estos temas se aborden al mismo tiempo que se elabore una ley de consulta para que la misma proteja plenamente sus derechos.

La invitación enviada por el Gobierno indica que existe un interés en buscar apoyo para mejorar el proceso que se ha dado y, es de esperar, una voluntad para tomar en cuenta mis recomendaciones, para llegar al resultado deseado de adoptar una ley que protegerá los derechos de los pueblos indígenas.”

La visita de trabajo de la Sra. Victoria Tauli-Corpuz contó con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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Contacto de prensa:
Fernando Neda, Oficial de Información Pública
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras | fnedacastro@ohchr.org | +504.9441.2869