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Día internacional de los pueblos indígenas

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Día internacional de los pueblos indígenas

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GINEBRA/NUEVA YORK (8 de agosto de 2018) – Los Estados alrededor del mundo deben llevar a cabo acciones efectivas para garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas, indicó un grupo de expertos de la ONU*. En un comunicado conjunto con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los expertos declararon que es crucial que los derechos de los pueblos indígenas sean garantizados cuando migran o son desplazados de sus tierras:

“En muchos lugares del mundo, los pueblos indígenas se han convertido en migrantes, pues están huyendo de la privación económica, del desplazamiento forzado, de los desastres medioambientales incluyendo los impactos del cambio climático, de la conflictividad social y política y la militarización. Los pueblos indígenas han mostrado una notable resiliencia y determinación en estas situaciones extremas.

Deseamos recordar a los Estados que todos los pueblos indígenas, migrantes o no, tienen derechos bajo los instrumentos internacionales, incluyendo la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Si bien los Estados tienen la prerrogativa soberana de administrar sus fronteras, deben también reconocer los estándares internacionales de derechos humanos y asegurar que las personas migrantes no son sujetas a violencia, discriminación u otros tratos que pudieran violar sus derechos. Adicionalmente, los Estados deben reconocer los derechos de los pueblos indígenas a la auto-determinación; a la tierra, el territorio y los recursos; a la nacionalidad, así como a los derechos a la familia, la educación, la salud, la cultura y al lenguaje.

La Declaración específicamente plantea que los Estados deben asegurar los derechos de los pueblos indígenas a través de las fronteras internacionales que puedan dividir actualmente sus territorios tradicionales.

Dentro de los países, las iniciativas gubernamentales e industriales, incluyendo el desarrollo nacional, la infraestructura, los agro-negocios, la extracción de los recursos naturales y la mitigación del cambio climático, u otros asuntos que afecten a los pueblos indígenas, deben contar con el consentimiento libre, previo e informado, de tal manera que no sean obligados a reubicarse en contra de su voluntad. Los Estados deben reconocer que la reubicación de pueblos indígenas de manera similar requiere un consentimiento libre, previo e informado, así como una restitución y una compensación, según la Declaración.

Nos preocupan las violaciones de derechos humanos durante la detención, el procesamiento y la deportación por parte de los Estados. Existe también escasez de datos adecuados sobre los pueblos indígenas que además son migrantes. Como resultado de esta invisibilidad, a aquellos detenidos en fronteras internacionales a menudo les es negado el acceso a un debido proceso, incluyendo la interpretación y otros servicios que son esenciales para una representación justa en un proceso legal.

Llamamos a los Estados a reunir inmediatamente a niñas, niños, padres y cuidadores que hayan sido separados en detenciones o deportaciones fronterizas.

Adicionalmente, los Estados deben asegurar que los pueblos indígenas que migran de sus territorios, incluyendo la migración de áreas rurales a las urbanas dentro de sus países, vean garantizados sus derechos a la identidad y estándares adecuados de vida, así como a los servicios sociales necesarios y culturalmente apropiados.

Los Estados también deben asegurar que las diferencias entre las jurisdicciones regionales o municipales no creen condiciones de desigualdad, precariedad y discriminación contra los pueblos indígenas.

Expresamos particular preocupación por las mujeres, niñas y niños indígenas que están expuestos al tráfico de personas y de drogas y a la violencia sexual, así como por las personas indígenas con discapacidades a quienes se les niegan servicios de accesibilidad.

Esperamos con especial interés el involucramiento que habrá de cara a la implementación del Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular en relación con las problemáticas de los pueblos indígenas.

En este Día internacional de los pueblos indígenas, urgimos a los Estados, a las agencias de la ONU y a otros actores, de la manera más fuerte posible, a asegurar los derechos de los pueblos indígenas tomando como base la Declaración y otros instrumentos, y a reconocer estos derechos, particularmente en el contexto de la migración, incluyendo el desplazamiento y otras problemáticas transfronterizas.”

FIN

(*) Los expertos: el Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas es un órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos. Su mandato es proporcionar al Consejo experiencia y asesoramiento sobre los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y ayudar a los Estados Miembros a alcanzar los objetivos de la Declaración a través de la promoción, protección y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Está compuesto por siete expertos independientes que sirven a título personal y actualmente está presidido por la Sra. Erika Yamada.

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas es un órgano consultivo del Consejo Económico y Social (ECOSOC), con el mandato de debatir cuestiones indígenas relacionadas con el desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos. El Foro está formado por 16 miembros que sirven a título personal como expertos independientes en cuestiones indígenas. Ocho de los miembros son nominados por los gobiernos y ocho por el Presidente del ECOSOC, con base en amplias consultas con los grupos indígenas. Actualmente está presidido por la Sra. Mariam Wallet Aboubakrine.

La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sra. Victoria Tauli-Corpuz, es parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

El Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas fue establecido por la Asamblea General en 1985. El Fondo brinda apoyo a los representantes de los pueblos indígenas para participar en las sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el El Consejo de Derechos, incluido su Examen Periódico Universal, y los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. Su Junta está actualmente presidida por el Sr. Binota Dhamai.

Para más información y solicitudes de medios, comuníquese con:

Mecanismo de expertos: Sr. Juan Fernando Núñez (+41 22 928 9458 jnunez@ohchr.org)

Foro Permanente: Sra. Martina Volpe Donlon (+1 212 963 6816 donlon@un.org) o la Sra. Mirian Masaquiza (+1 917 367 5100, más información en www.un.org/indigenous)

Relatora Especial: Sra. Christine Evans (+41 22 917 9197 cevans@ohchr.org), Sra. Julia Raavad (+41 22 917 92 88 / jraavad@ohchr.org), o escriba a indigenous@ohchr.org.

Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas: Sr. Morse Flores (+41 22 917 9898 mflores@ohchr.org o escriba a indigenousfunds@ohchr.org)

Para consultas de medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, comuníquese con:

Jeremy Laurence, UN Derechos Humanos – Unidad de Medios (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

Este año es el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU el 10 de diciembre de 1948. La Declaración Universal, traducida a 500 idiomas, tiene su base en el principio de que «todos los seres humanos nacen libres e iguales» en dignidad y derechos. Sigue siendo relevante para todas las personas, todos los días. En honor al 70 aniversario de este documento extraordinariamente influyente, y para evitar la erosión de sus principios vitales, instamos a las personas de todo el mundo a Defender los Derechos Humanos: www.standup4humanrights.org

 

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Ecuador violó el derecho a la seguridad social de una mujer afiliada al sistema voluntario

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Ecuador violó el derecho a la seguridad social de una mujer afiliada al sistema voluntario

GINEBRA (11 de junio de 2018) – Ecuador violó el derecho a la seguridad social de una mujer al negarle la pensión de jubilación, concluyeron expertos de la ONU hoy, en respuesta a una denuncia presentada por ella en 2015. La peticionaria también sufrió un trato discriminatorio por razón de género debido a las condiciones de afiliación voluntaria en el sistema de seguridad social, encontraron los expertos.

Los expertos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, basado en Ginebra, decidieron a favor de la peticionaria, a quien se le denegó una pensión de jubilación especial reducida, a pesar de que había realizado aportes al sistema de seguridad social de Ecuador durante un período de 29 años. En 1989-90, no realizó el pago de las contribuciones durante 8 meses consecutivos, lo que de acuerdo a la ley producía el cese de su afiliación. Sin embargo, solo después de que decidiera jubilarse en 2001, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) invalidó las 65 contribuciones mensuales voluntarias que la peticionaria había realizado entre 1989 y 1995. 

“Es injusto y desproporcional para una persona, que sea desafiliada por no haber podido pagar 6 o más contribuciones mensuales de forma consecutiva. En este caso, la peticionaria realizó un número considerable de contribuciones por muchos años en buena fe. Más aún, el IESS recibió todas sus aportaciones hasta cuando ella decidió jubilarse, creando una expectativa legítima de que cumplía con los requisitos para la jubilación especial reducida” señaló Virginia Bras Gomes, Presidenta del Comité, agregando que la situación de la peticionaria se vio agravada por el hecho de que Ecuador no cuenta con un esquema integral de pensiones por vejez de carácter no contributivo.

Habiendo perdido su caso ante los tribunales ecuatorianos, la peticionaria pudo presentar una denuncia al Comité debido a que en 2010 Ecuador ratificó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  El hecho de que ella realizara aportaciones mensuales en el régimen de aportaciones voluntarias mientras se dedicaba al cuidado de su propia familia y por tanto no recibía un salario también fue resaltado por el Comité en su decisión, al encontrar que las condiciones de afiliación de la peticionaria en el esquema voluntario de seguridad social constituían un trato discriminatorio por razón de género.

“A veces las normas legales, aunque estén formuladas de una manera neutral, de hecho podrían estar afectando claramente a un más alto porcentaje de mujeres que hombres” dijo Rodrigo Uprimny, miembro del Comité. La aplicación de estas normas legales puede constituir discriminación indirecta por razón de género, explicó. “En este caso, Ecuador no ha aportado suficientes detalles con relación a la razonabilidad y proporcionalidad de los criterios para acceder y las condiciones para mantenerse como afiliada voluntaria”, resaltó haciendo referencia al trabajo doméstico no remunerado realizado por mujeres.

La decisión del Comité insta a Ecuador, como Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a proporcionar a la peticionaria las prestaciones a las que tenga derecho como parte de su derecho a la jubilación, en atención a los aportes que realizó al IESS o, alternativamente, otras prestaciones de la seguridad social equivalentes que le permitan tener un nivel de vida adecuado y digno. El Comité también insta a Ecuador a adoptar las medidas legislativas y administrativas para asegurarse, hasta el máximo de sus recursos disponibles, que situaciones similares no ocurran en el futuro.

La decisión complete está disponible aquí:  http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f63%2fD%2f10%2f2015&Lang=en

FIN

Para más información y solicitudes de prensa, favor de ponerse en contacto con Julia Gronnevet: +41 (0) 22 917 9310 jgronnevet@ohchr.org

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales se encarga de monitorear la implementación y cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturares. El Comité está conformado por 18 expertos independientes, provenientes de todas partes del mundo, quienes desempeñan sus funciones a título personal y no como representantes de los Estados partes. Para más información sobre el Comité visite: LINK. Cualquier persona puede presentar un problema de derechos humanos a la atención de las Naciones Unidas y miles de personas de todo el mundo lo hacen cada año. Para conocer más sobre los procedimientos de quejas individuales ante los órganos de tratados de derechos humanos, visite: Link. ¡Siga a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en las redes sociales!  Estamos en Twitter @UNHumanRights, Facebook @unitednationshumanrights e Instagram @unitednationshumanrights

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UN Committee on Enforced Disappearances publishes findings on Albania, Austria, and Honduras

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UN Committee on Enforced Disappearances publishes findings on Albania, Austria, and Honduras

GENEVA (June 4, 2018) — The UN Committee on Enforced Disappearances (CED) has published its findings on the countries it examined during its latest session from May 22 to June 1: Albania, Austria, and Honduras.

The findings contain positive aspects of how the respective States are implementing the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, highlight matters of concern and make recommendations.

The reports, officially known as concluding observations, may be found here: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1152&Lang=en

During its session, the Committee also adopted a statement on the draft articles on crimes against humanity prepared by the International Law Commission. The document may be found here: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCED%2fSTA%2f14%2f27312&Lang=en

The next session of the Committee on Enforced Disappearances will be from November 5 to 16 to review Japan and Portugal. More information may be found here: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1154&Lang=en

ENDS

For more information and media requests please contact Julia Gronnevet at +41 (0) 22 917 9310 jgronnevet@ohchr.org

 

Background

Members of CED are independent human rights experts drawn from around the world, who serve in their personal capacity and not as representatives of States parties. The Committee’s concluding observations are an independent assessment of States’ compliance with their human rights obligations under the treaty. More information on the Committee here.

 Tag and share – Twitter: @UNHumanRights and Facebook: unitednationshumanrights

Concerned about the world we live in? Then STAND UP for someone’s rights today. #Standup4humanrights and visit the web page at http://www.standup4humanrights.org

 

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Nicaragua: Expertos de la ONU expresan su consternación por la respuesta violenta del Gobierno a las protestas pacíficas

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Nicaragua: Expertos de la ONU expresan su consternación por la respuesta violenta del Gobierno a las protestas pacíficas

GINEBRA (27 de abril de 2018) – Expertos en derechos humanos de la ONU * han expresado su consternación por la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad nicaragüenses a las protestas contra las reformas de la seguridad social y han pedido a las autoridades que respeten las libertades fundamentales de expresión y de reunión pacífica.

Al menos 30 personas han resultado muertas, en su mayoría estudiantes universitarios, así como un periodista y dos policías, y decenas de personas han sido heridas durante las protestas nacionales contra las reformas anunciadas por el presidente Ortega el 18 de abril. Decenas de personas más han sido detenidas y un número indeterminado se encuentran desaparecidas.

Violentas confrontaciones estallaron entre los manifestantes, las fuerzas de seguridad y los grupos afiliados al partido gobernante, y la policía respondió disparando munición real contra los manifestantes.

«El alto número de muertes de manifestantes es una clara indicación de que se empleó un uso excesivo de la fuerza, en violación de los principios de necesidad y proporcionalidad, tal como lo requieren las leyes y normas internacionales para hacer legal el uso de la fuerza», dijeron los expertos. «De confirmarse, esto calificaría las muertes como ejecuciones ilegales  incurriendo el Estado en responsabilidad por actos contrarios al Derecho Internacional.

 «Estamos consternados por la respuesta de las fuerzas de seguridad. La violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas, pues solo allana el camino para una  violencia mayor, lo que desemboca en disturbios sociales y políticos.

«Estamos aún más indignados de que los funcionarios del Estado hayan estigmatizado abiertamente a los manifestantes, llamándolos ‘vándalos’ y acusándolos de ‘manipulaciones políticas’. También nos preocupa la información recibida en relación a  campañas de desprestigio, amenazas e intimidación contra defensores de los derechos humanos por su papel de defensa y supervisión durante las protestas”.

Los expertos también se refirieron con preocupación a la información obtenida indicando que algunos periodistas fueron atacados mientras cubrían las protestas, así como a la orden de bloqueo de varios canales de televisión por el Gobierno. Los ataques contra periodistas y organizaciones de radiodifusión deben terminar inmediatamente.

«Recordamos que los derechos a la libertad de expresión y a la protesta pacífica son la piedra angular de las sociedades democráticas, sin las cuales no puede haber una solución pacífica y duradera a los conflictos», declararon.

«Instamos al Estado de Nicaragua a proporcionar a la sociedad civil suficiente espacio para operar libremente, con respeto al derecho internacional, a fin de sentar las bases para un diálogo fructífero e inclusivo con todas las partes interesadas.

«También hacemos un llamado a Nicaragua para llevar a cabo investigaciones independientes y transparentes sin demora y para enjuiciar a los responsables de la muerte de estas personas».

Los expertos han estado en contacto con las autoridades para buscar aclaraciones.

FIN

 *Los expertos: El Sr. Clément Nyaletsossi Voulé, Relator Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; El Sr. David Kaye, Relator Especial de la ONU sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión; La Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; El. Sr. Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos.

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OACNUDH observara elección de Fiscales MP 26 de abril de 2018

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OACNUDH participará como ente observador en el proceso de elección del/la Fiscal General y Fiscal General Adjunto y resalta la importancia de realizar un proceso transparente, participativo y público.

TEGUCIGALPA, 26 de abril de 2018. – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras agradece la aceptación de su solicitud de observación del proceso de selección y nominación de candidatas/as a Fiscal General y Fiscal General Adjunto por parte de la Junta Proponente.

En este sentido, OACNUDH destaca la importancia de la observación como una herramienta que contribuye a la adherencia a los principios de transparencia, publicidad y objetividad, contribuyendo así a fortalecer la veeduría y confianza ciudadana en el proceso de selección y nominación.

Aunado a lo anterior, OACNUDH desea destacar que en la etapa de Evaluación de Aspirantes a Candidatos/as que se iniciará a partir del 30 de abril, será fundamental que el trabajo de la Junta Proponente se encuentre orientado por criterios objetivos en la discusión y valoración de cada candidata o candidato. De igual manera, será central para fortalecer la confianza en el proceso que las oposiciones e impugnaciones previstas según el Reglamento puedan ser tramitadas y resueltas en un plazo razonable, incluyendo la impugnación ya presentada contra las actuaciones de la Junta. Para ello, el rol de la sociedad hondureña como veedora es sumamente importante.

OACNUDH resalta lo expuesto por el Relator Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados, el Dr. Diego García- Sayán, en su comunicado emitido el pasado 02 de abril en relación al proceso:

“Los medios de comunicación, los órganos de vigilancia independiente y las organizaciones de la sociedad civil deben desempeñar una función de supervisión y comunicarse con el público sin temor a represalias”.

Finalmente, la Oficina destaca la centralidad del rol del Fiscal General para el fortalecimiento del sistema de justicia, la efectiva garantía y protección de los derechos humanos y la continuidad de los esfuerzos en el combate a la corrupción.

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Acceda a la “Compilación de los principales estándares de derechos humanos aplicables al proceso de selección y elección de Fiscal General y Fiscal General Adjunto del Ministerio Público 2018- 2022” https://drive.google.com/file/d/1cHIu0aS8zEDBbmTVEnRUqJFh2nFOemQd/view