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España sienta un precedente en el derecho internacional de los derechos humanos, afirman expertos de las Naciones Unidas en los derechos de la mujer

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GINEBRA (8 de noviembre de 2018) – El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), aplaudió la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de España a favor de una víctima de violencia doméstica, que reafirma que la legislación española debe incorporar los derechos y libertades estipulados en los tratados de derechos humanos.

Esta sentencia histórica se centra en la decisión del Comité CEDAW sobre un caso de denuncia individual presentado por Ángela González Carreño contra España. En 1999, cuando su hija Andrea tenía tres años de edad, la Sra. González Carreño se separó de su esposo después de que él la amenazara con un cuchillo.

Durante varios años, la Sra. González Carreño presentó denuncias contra él ante el sistema jurídico español, con el fin de proteger a su hija de manera que la niña no tuviera que pasar tiempo a solas con su padre, tal y como habían ordenado los tribunales. El 24 de abril de 2003, tras una audiencia judicial sobre el asunto , el esposo de la Sra. González Carreño “se acercó a ella y le dijo que le iba a quitar lo que más le importaba”, según figura en los documentos del caso examinados por el Comité. Más tarde ese mismo día, la policía encontró los cuerpos sin vida de Andrea y su padre, y concluyó que había disparado a su hija y posteriormente se suicidó.

“Me sorprendió la gravedad de este caso, que es una de las denuncias individuales más inquietantes y críticas que han sido recibidas en los últimos años. Una niña inocente asesinada por su padre, a pesar de las reiteradas solicitudes de su madre a las autoridades gubernamentales para que impidieran cualquier agresión”, declaró la Sra. Yoko Hayashi, miembro del Comité.

En el 2012, la Sra. González Carreño presentó su caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer alegando que las acciones de las autoridades policiales, administrativas y judiciales constituían una violación de su derecho a no ser objeto de discriminación por motivos de género. En el 2014, el Comité CEDAW concluyó que España había violado sus derechos humanos en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Entre otras recomendaciones, la CEDAW recomendó a España que pagara una indemnización a la Sra. González Carreño y que adoptara medidas para que los actos de violencia doméstica cometidos en el pasado se tuvieran en cuenta al determinar los derechos de custodia y visita de los niños.

La Sra. González Carreño se vio obligada a llevar el caso a los tribunales españoles para hacer cumplir la recomendación del Comité; un caso que llegó hasta el Tribunal Supremo de España. En apelación, el Tribunal Supremo hizo cumplir las recomendaciones del Comité y reconoció la violación de sus derechos por parte de España, ordenando al Gobierno el pago de 600.000 euros en concepto de indemnización por los daños morales sufridos.

En su decisión, el Tribunal Supremo reconoció que las cláusulas de los tratados internacionales de los que España es Estado signatario, forman parte de su legislación y que las recomendaciones del Comité CEDAW son de carácter vinculante. Por lo tanto, las conclusiones del Comité deben ser efectivamente acatadas y aplicadas, para que los derechos y libertades estipulados en dichos tratados sean “reales y concretos” en España.

“Este caso es un hito y sentará un precedente en el derecho internacional de los derechos humanos. que España aplique las demás recomendaciones que adoptamos con respecto a los derechos de tutela y visita, el ejercicio de la debida diligencia en los casos de violencia doméstica y la obligación de capacitar a los jueces y funcionarios encargados de aplicar la ley”, afirmó la Sra. Hayashi.

 

FIN

 

Antecedentes

 

Si desea información adicional o quiere solicitar material de prensa, puede ponerse en contacto con Julia Grønnevet jgronnevet@ohchr.org / (+41) 22 917 93 10

 

El Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) supervisa el cumplimiento en los Estados Partes de la Convención Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que hasta la fecha cuenta con 189 Estados Partes. El Comité también tiene autoridad para realizar investigaciones confidenciales en los Estados que han ratificado el Protocolo Facultativo. El Comité está compuesto por 23 miembros, que son expertos independientes en materia de derechos humanos, procedentes de todas las regiones del mundo y que sirven a título personal y no como representantes de los Estados Partes.

 

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Spain sets milestone in international human rights law, say UN women’s rights experts

GENEVA (8 November 2018) — The UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) welcomes the decision by Spain’s highest court in favour of a victim of domestic violence, which reaffirmed that Spanish law must incorporate the rights and freedoms of human rights treaties.

This historic judgment centres on the CEDAW’s decision in an individual complaint case brought by Angela González Carreño against Spain. In 1999, when her daughter Andrea was three years old, Ms.González Carreño left her husband after he threatened her with a knife. Over a number of years, she brought complaints against him to the Spanish legal system, seeking to protect her daughter from having to spend time with her father, as ordered by the courts. On 24 April 2003, following a judicial hearing on the matter, Ms. González Carreño’s husband “approached her and told her that he was going [to] take away what mattered most to her,” according to CEDAW’s documents on the case. Later the same day, the police found the lifeless bodies of Andrea and her father, and concluded that he had shot his daughter and then committed suicide.

“I was struck by the gravity of this case, which is one of the most disturbing and critical complaints received over the years. An innocent girl was murdered by her father despite her mother’s repeated requests to Government authorities to prevent any harm,” said Yoko Hayashi, a member of CEDAW.

In 2012, Ms. González Carreño took her case to CEDAW  alleging that the actions of the police, administrative and judicial authorities constituted a violation of her right not to be subjected to gender based discrimination. In 2014, CEDAW found that Spain had violated her human rights under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Among other recommendations, CEDAW recommended Spain pay Ms. González Carreño compensation, and to take measures to ensure that past acts of domestic violence are taken into consideration when determining custody and visitation rights regarding children.

Ms. González Carreño was obliged to take the case to the Spanish courts to enforce compliance with the Committee’s recommendation; a case that went all the way to Spain’s Supreme Court. On appeal, the Supreme Court enforced compliance with the Committee’s recommendations, and recognized the violation of her rights by Spain, ordering the Government to pay 600,000 Euros as compensation for the moral damages she had suffered.

In reaching its decision, the Supreme Court acknowledged that the provisions of international treaties to which Spain is a party, form part of its law and that the recommendations of CEDAW are binding in nature. Therefore, the findings of the Committee need to be effectively respected and applied so that the rights and liberties provided for in such treaties are “real and concrete” in Spain.

“This case is a milestone for international human rights law. We hope that Spain will apply the other recommendations we made with regard to custody and visitation rights, the application of due diligence in domestic violence cases and the provision of mandatory training for judges and law enforcement officers,” said Hayashi.

ENDS

Background

For more information and media requests, please contact Julia Grønnevet jgronnevet@ohchr.org / (+41) 22 917 93 10

The Committee on the Elimination of Discrimination against Women monitors States parties’ adherence to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, which to date has 189 States parties. The Committee also has the authority to undertake confidential inquiries in States which have ratified its Optional Protocol. The Committee is made up of 23 members who are independent human rights experts drawn from around the world, who serve in their personal capacity and not as representatives of States parties. 

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Comunicado 70 años

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Han pasado 70 años desde que diversos líderes del mundo plantearon explícitamente los derechos que todos en el planeta deben esperar y demandar simplemente por el hecho de ser seres humanos. Nacida del deseo de prevenir otro Holocausto, la Declaración Universal de Derechos Humanos continúa demostrando el poder de las ideas para cambiar el mundo.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) fue adoptada el 10 de diciembre de 1948. Para marcar este aniversario, cada día durante los siguientes 30 días, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos publicará notas informativas para poner en perspectiva cada uno de los 30 artículos de la Declaración. Esta serie pretende mostrar lo lejos que se ha llegado y lo lejos que aún se tiene que llegar, así como honrar a aquellos que ayudaron a dar vida a estas emotivas aspiraciones.

A pesar de que el mundo ha cambiado dramáticamente en 70 años – los redactores no previeron los retos de la privacidad digital, la inteligencia artificial o el cambio climático – su foco en la dignidad humana continúa proporcionando una sólida base para los conceptos de las libertades, siempre en evolución.

Los ideales universales contenidos en los 30 artículos de la Declaración van desde lo más fundamental – el derecho a la vida – hasta  aquellos que hacen que la vida merezca la pena ser vivida, como los derechos a la alimentación, la educación, el trabajo, la salud y la libertad. Al recalcar la dignidad inherente de cada ser humano, su Preámbulo subraya que los derechos humanos son “la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo”.

Con la memoria de ambas Guerras Mundiales y la Gran Depresión aún frescas en sus mentes, los redactores dejaron por escrito aquello que no debe hacerse a los seres humanos y lo que debe hacerse por ellos.

El redactor chileno Hernán Santa Cruz comentó que los entonces 58 Estados miembros de la ONU habían acordado que los derechos humanos se derivaban del “hecho de existir” – no los otorgaba ningún Estado. Fue este reconocimiento, dijo, “lo que dio origen al derecho inalienable de vivir sin privaciones ni opresión, y a desarrollar completamente la propia personalidad.”

Dado que son inherentes para todas las mujeres, hombres y niños, los derechos enumerados en los 30 artículos de la DUDH son indivisibles – son todos igualmente importantes y no pueden ser posicionados en ninguna jerarquía. Ningún derecho humano puede ejercerse completamente sin que se ejerzan todos los otros. Dicho de otra forma, la negación de un derecho dificulta el disfrute de los otros.

La DUDH ofrece un legado maravilloso. Su carácter universal se ve reflejado en el hecho de que posee el récord Guinness mundial como documento más traducido – disponible en este momento en 512 lenguas, desde el abjasio al zulú.

El documento presentado a la ONU en 1948 no fue el tratado vinculante detallado que algunos de los delegados esperaban. Al tratarse de una Declaración, fue una exposición de principios, con una notable ausencia de fórmulas jurídicas detalladas. Eleanor Roosevelt, primera Presidenta de la recién creada Comisión de Derechos Humanos de la ONU y viuda del presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, subrayó repetidamente la necesidad de contar con “un texto claro y breve, que pudiera ser entendido fácilmente por cualquier hombre o mujer”. Tardaron más de 18 años  en conseguir que los dos pactos internacionales vinculantes que dieron forma a los derechos humanos  a nivel global fueran adoptados: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fueron adoptados en 1966 y, junto con la Declaración, son conocidos como la Carta Internacional de Derechos Humanos.

Durante estos 70 años, la DUDH ha impregnado virtualmente cada rincón del derecho internacional. Sus principios se encuentran en legislaciones nacionales, así como en importantes tratados regionales, y más de 90 Estados han consagrado su lenguaje y principios en sus Constituciones. Muchos tratados de la ONU, incluyendo aquellos sobre mujeres y niños, tortura y discriminación racial, se derivan de artículos específicos de la DUDH.

Hoy en día, todos los Estados Miembros de la ONU han ratificado al menos uno de los nueve tratados internacionales fundamentales, y 80% han ratificado cuatro o más, otorgándole una expresión concreta a la universalidad de la DUDH y a los derechos humanos a nivel internacional. 

Dicho progreso a menudo ha sido el resultado de las luchas heroicas de quienes defienden los derechos humanos. “Los derechos humanos no son algo que se pone en la mesa para que la gente disfrute de ellos,” dijo Wangari Maathai, la ya fallecida activista medioambiental de Kenia y galardonada con el Nóbel. “Son cosas por las que luchas y luego proteges.”

Todo el texto de la DUDH fue redactado en menos de dos años, un consenso extraordinario alcanzado en un momento en el que el mundo había sido recientemente dividido entre los bloques del Este comunista y de Occidente, cuando los linchamientos aún eran habituales en Estados Unidos y el Apartheid se estaba consolidando en Sudáfrica.

El entonces representante sirio ante la ONU declaró que la Declaración no fue el trabajo de la Asamblea General, sino “el logro de generaciones de seres humanos que habían trabajado con ese propósito.”

Sin embargo, la tarea de cristalizarla en papel recayó en un pequeño grupo de redactores con conocimientos diversos, incluyendo al dramaturgo chino Chang Peng-Chun y al Dr. Charles Malik, filósofo y diplomático libanés. El hecho de que en documentos previos de la DUDH se transformara la palabra “hombre” en “todos” fue gracias a las mujeres delegadas, como Hansa Mehta, de la India, Minerva Bernardino, de la República Dominicana y Begum Shaista Ikramullah, de Pakistán.

El borrador final fue presentado a la Asamblea General, en una sesión nocturna en París, el 9 de diciembre de 1948, por un descendiente de esclavos, un delegado haitiano, Emil Saint-Lot. El borrador de la resolución sobre derechos humanos, dijo, fue “el esfuerzo más grande hecho hasta ahora por la humanidad para dar a la sociedad nuevos fundamentos legales y morales.”

Incluso la sede de la Asamblea General para la sesión fue conmovedora. El Palacio de Chaillot fue el lugar desde el que Adolf Hitler había sido fotografiado, con la Torre Eiffel de fondo, durante su corta visita a la ciudad en 1940 – una imagen icónica de la Segunda Guerra Mundial.

Al día siguiente, el 10 de diciembre (ahora celebrado anualmente como el Día de los Derechos Humanos), 58 países llevaron los derechos humanos al terreno del derecho internacional, ampliando las siete referencias a dicho término en la Carta fundacional de la ONU, que hizo de la promoción y la protección de los derechos humanos un propósito clave así como un principio de referencia de la organización.

Los redactores examinaron alrededor de 50 constituciones contemporáneas para asegurar la inclusión de los derechos alrededor del mundo. Las Cuatro Libertades proclamadas por el presidente de Estados Unidos Franklin Roosevelt en 1941 también aportaron una gran fuente de inspiración. Fue él quien definió las libertades humanas esenciales, que incluían la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de vivir sin privaciones y la libertad de vivir sin miedo, y explicó que “la libertad significa la supremacía de los derechos humanos en todas partes.”

La DUDH hizo avanzar el concepto de los derechos, partiendo de los derechos restringidos a los ciudadanos (como en la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789) hasta los derechos para los seres humanos, iguales para todos, pertenecieran a un determinado país o no. También repudió claramente la noción de que los Estados tuvieran absoluta libertad para hacer lo que quisieran con las personas en su territorio. En el Tribunal Militar de Nuremberg en 1945 y 1946, los líderes nazis mantenían que no podían ser declarados culpables del recién concebido concepto de “crímenes contra la humanidad” porque, en las palabras del adjunto de Hitler, Hermann Goering, “¡…ese era nuestro derecho! Éramos un Estado soberano y eso era un asunto estrictamente nuestro.”

La elevación de los derechos humanos hasta ese nivel internacional significó que el comportamiento ya no se rige sólo por los estándares nacionales. Y desde la adopción de la DUDH, su principio central según el cual los derechos humanos no pueden ser dejados de lado para privilegiar cuestiones políticas o militares, ha sido asumido progresivamente no sólo en el derecho internacional, sino también por la red de legislaciones e instituciones regionales y nacionales en permanente expansión, incluyendo a aquellas establecidas por la Organización de Estados Americanos, la Unión Africana y Europa.

Actualmente cada país es sometido a un escrutinio externo – un concepto que dio lugar al establecimiento de la Corte Penal Internacional en 1998, así como a los tribunales penales internacionales de la ONU y tribunales especiales para Ruanda, la antigua Yugoslavia, Sierra Leona, Líbano, Camboya y Timor Oriental. También ha habido un incremento importante en el número de expertos independientes de la ONU y comités que monitorean la implementación de los tratados internacionales clave de derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha establecido un sistema, conocido como Examen Periódico Universal, bajo el cual todos los Estados examinan la situación de los derechos humanos de los otros cada cinco años.

Alabado como un documento vivo, la DUDH ha estimulado movimientos, como el que se opuso al Apartheid, y abrió la puerta a la elaboración de nuevos derechos, como el derecho al desarrollo. El listón sigue poniéndose más alto para algunos derechos enumerados en la DUDH, como el concepto de lo que constituye un juicio justo. Nuevos tratados de derechos humanos, como el de discapacidad, han sido redactados no sólo por expertos, sino con intervención directa de personas afectadas.

Por otro lado, tras 70 años, el racismo, la discriminación y la intolerancia siguen estando entre los mayores retos de nuestro tiempo. Los derechos a la libertad de expresión, asociación y asamblea – indispensables para el funcionamiento de la sociedad civil – continúan siendo atacados en todas las regiones del mundo. A menudo los gobiernos están dispuestos a dejar a un lado o a pisotear derechos en pos de la seguridad, o para mantener el poder o la corrupción. A pesar de que los 193 Estados Miembros de la ONU han suscrito la Declaración, ninguno de ellos ha cumplido plenamente su promesa. Como observó Nelson Mandela ante la Asamblea General en su discurso conmemorativo del 50 aniversario de la DUDH en 1998, sus fracasos en cumplir dicha promesa “no son el resultado preestablecido de las fuerzas de la naturaleza o producto de la maldición de las deidades. Son la consecuencia de decisiones que toman o se niegan a tomar hombres y mujeres.” El resultado de mediocres liderazgos políticos, económicos o de otro tipo. 

Sin embargo, al mismo tiempo, la DUDH continúa proporcionando la base para un debate en asuntos nuevos y apremiantes, como el cambio climático, que “socava el disfrute de todos los derechos humanos – desde el derecho a la vida, a la alimentación, a la vivienda y a la salud,” en palabras de la antigua jefa de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson. Además, los derechos  establecidos en la DUDH están en el corazón de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS), que buscan crear un mundo mejor para 2030, terminando con la pobreza y el hambre, entre otros.



El primer artículo sobre el artículo 1 de la DUDH – “Todos los seres humanos nacen libres e iguales” – será enviado a los medios y publicado en www.ohchr.org mañana, 10 de noviembre.



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Día internacional para poner fin a la impunidad de los delitos contra periodistas 2 de noviembre de 2018 Expertos de la ONU: es hora de poner fin a la crisis mundial de impunidad por los delitos contra periodistas

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Día internacional para poner fin a la impunidad de los delitos contra periodistas 2 de noviembre de 2018 Expertos de la ONU: es hora de poner fin a la crisis mundial de impunidad por los delitos contra periodistas

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GINEBRA (31 de octubre de 2018) – Hablando antes del Día Internacional contra la Impunidad para los Crímenes Contra Periodistas, los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas * instan a los Estados a tomar medidas firmes para garantizar la responsabilidad por la violencia y los ataques contra periodistas, revirtiendo y resistiendo la atroz tendencia de impunidad. Su declaración dice:

Los periodistas de todo el mundo enfrentan amenazas y ataques, a menudo instigados por funcionarios del gobierno, el crimen organizado o grupos terroristas. Los líderes políticos incitan a la hostilidad al encuadrar a los reporteros como «enemigos del pueblo» o «terroristas». Cientos de periodistas son detenidos o desaparecidos por la fuerza debido a su trabajo periodístico. Los gobiernos vigilan a los periodistas y socavan la seguridad digital como parte del ataque diario a los medios libres e independientes. Las organizaciones de libertad de prensa estiman de forma conservadora que docenas de periodistas han sido asesinados solo este año.

Los Estados no han respondido adecuadamente a estos crímenes contra periodistas. Más recientemente, los Estados y la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, no han abordado la desaparición forzada y el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. La única forma de avanzar es establecer una investigación independiente, transparente y creíble sobre su asesinato, autorizada por la ONU e informando a la misma. Todo lo que no sea una investigación completa, reconocida como tal por la comunidad internacional, se burlará de las afirmaciones del gobierno sobre el compromiso con la seguridad de los periodistas.

La impunidad por los delitos contra periodistas provoca más violencia y ataques. Instamos a los Estados a cumplir con sus obligaciones de llevar a cabo investigaciones imparciales, rápidas, exhaustivas, independientes y efectivas, incluidas las investigaciones internacionales cuando sea necesario. Los perpetradores, incluidos aquellos que ordenan o de lo contrario son responsables, deben ser llevados ante la justicia y rendir cuentas. Las víctimas y sus familias deben tener acceso a recursos.

Como cuestión de urgencia, hacemos un llamado a todos los Estados para que implementen el marco legal internacional sobre seguridad de los periodistas. Se deben implementar compromisos de alto nivel, como la última resolución sobre la seguridad de los periodistas adoptada este año por el Consejo de Derechos Humanos. Hacemos un llamado a todos los líderes en todo el mundo para que terminen su papel en la incitación al odio y la violencia contra los medios de comunicación. Estas últimas semanas han demostrado una vez más la naturaleza tóxica y el extenso alcance de la incitación política contra los periodistas, y exigimos que se detenga «.

FIN

Los expertos de la ONU: el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, la Sra. Agnes Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Sr. Tae-Ung ​​Baik (Vicepresidente), Sr. Bernard Duhaime (Presidente), Sra. Houria Es-Slami, Sr. Luciano Hazan, Sr. Henrikas Mickevičius, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Los Relatores Especiales son parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos especiales, el cuerpo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que abordan situaciones específicas de países o problemas temáticos en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.

Para más información y solicitudes de medios por favor contacte a:

Sra. Marina Narvaez (+ 41-22917 9615 / mnarvaez@ohchr.org) o Sra. Azin Tadjdini (+41 22 917 9400 / atadjdini@ohchr.org) o escriba a freedex@ohchr.org.

Para consultas de medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU:

Jeremy Laurence, ONU Derechos Humanos – Unidad de medios (+ 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

Este año se cumple el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la ONU el 10 de diciembre de 1948. La Declaración Universal, traducida a un récord mundial de 500 idiomas, se basa en el principio de que «todos los seres humanos nacen libres e iguales». en dignidad y derechos”. Sigue siendo relevante para todos, todos los días. En honor al 70 aniversario de este documento extraordinariamente influyente, y para evitar que sus principios vitales se erosionen, instamos a las personas de todas partes a defender los derechos humanos: www.standup4humanrights.org





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Discriminación contra la mujer: Grupo de expertas de la ONU anuncia su primera visita oficial a Honduras

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Discriminación contra la mujer: Grupo de expertas de la ONU anuncia su primera visita oficial a Honduras

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GINEBRA / TEGUCIGALPA (30 de octubre de 2018) – El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica llevará a cabo su primera visita oficial a Honduras del 1 al 14 de noviembre 2018 para evaluar la situación de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en el país.

“Nuestro Grupo de expertas está particularmente interesado en las reformas legislativas y políticas implementadas por el Gobierno de Honduras, y sus impactos en la práctica, para promover los derechos humanos de la mujer y la igualdad de género”, dijo la experta en derechos humanos Ivana Radačić, quien actualmente encabeza el grupo de expertas.

“Examinaremos aspectos de la legislación y la práctica que afectan la participación de las mujeres en la vida pública y política, su salud, en particular su salud sexual y reproductiva, su acceso a la justicia, a servicios sociales y educativos, sus oportunidades laborales,” indicó.

Ivana Radačić agregó que el grupo de expertas también prestaría una atención particular a la violencia de género, los derechos humanos de las mujeres víctimas de múltiples formas de discriminación, como las mujeres en situación de pobreza, las mujeres indígenas, garífunas, mujeres migrantes, rurales y LBTIQ+, entre otras.

Durante su visita oficial, la delegación del Grupo de Trabajo, integrada por las Sras. Ivana Radačić y Alda Facio, se reunirá con funcionarios del Gobierno a nivel nacional y local, representantes de organizaciones de la sociedad civil, comunidades, mujeres víctimas, así como académicos.

Las expertas tendrán reuniones en Tegucigalpa, La Esperanza, San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba con el fin de recabar información de primera mano sobre los temas relacionados con la discriminación contra la mujer y la igualdad de género en diferentes contextos.

La delegación compartirá las conclusiones preliminares de su misión en una conferencia de prensa que tendrá lugar el miércoles 14 de noviembre de 2018 a las 12h00 en el “Salón Conferencia” del Hotel Plaza San Martín. El acceso a la conferencia de prensa está reservado a representantes de medios acreditados.

El Grupo de Trabajo presentará su informe sobre la visita al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2019.

FIN
El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de las Naciones Unidas fue creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2011 para identificar, promover e intercambiar opiniones, en consulta con los Estados y otros actores, sobre las buenas prácticas relacionadas con la eliminación de las leyes que discriminan a las mujeres. El Grupo también tiene la tarea de desarrollar un diálogo con los Estados y otros actores sobre las leyes que tienen un efecto discriminatorio cuando se trata de mujeres.

El Grupo de Trabajo está integrado por cinco expertas independientes: la actual Presidenta-Relatora Ivana Radačić (Croacia), Alda Facio (Costa Rica), Elizabeth Broderick(Australia), eskerem Geset Techane (Etiopia) y Melissa Upreti (Nepal). Para mayor información, visite: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx

Derechos Humanos de la ONU, página del país –
Honduras
*Para consultas y solicitudes de prensa, contacte a:
En Tegucigalpa (durante la visita): Evelyn Molina (+504 9441 2869/consultantmolina@ohchr.org)
En Ginebra: Bernadette Arditi (+41 22 917 9159 /barditi@ohchr.org) o escribir a wgdiscriminationwomen@ohchr.org*

Para solicitudes de prensa sobre otros expertos independientes de la ONU:

Jeremy Laurence, ONU Derechos Humanos – Unidad de Medios (+ 41 22 917 9383 /jlaurence@ohchr.org)

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Expertos de la ONU instan a la pronta ratificación de un histórico tratado ambiental en América Latina y el Caribe

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Expertos de la ONU instan a la pronta ratificación de un histórico tratado ambiental en América Latina y el Caribe

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GINEBRA (13 de septiembre de 2018) – Expertos* en derechos humanos de la ONU celebran la adopción del histórico acuerdo de Escazú e ahora instan a los Estados en América Latina y el Caribe a firmar y ratificar, a la mayor brevedad posible, un tratado ambiental pionero para la región.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado el pasado 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y se estará abierto a la firma a partir del 27 de septiembre en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

El tratado es el primero de su tipo en el mundo que incluye disposiciones vinculantes específicas para la protección y promoción de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Fue negociado bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y es el único tratado vinculante emanado de la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20).

Este histórico tratado regional no solo garantiza una buena gobernanza y derechos democráticos básicos, sino que también facilita la protección medioambiental y el desarrollo sostenible”, señalaron los 27 expertos en una declaración conjunta.

Hay un énfasis especial en las personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad y en las medidas para intentar ayudar a quienes más lo necesitan. Saludamos el enfoque de este tratado en superar las barreras y dificultades que obstaculizan el pleno disfrute de los derechos humanos relativos al medio ambiente, lo que resulta especialmente crucial en América Latina y el Caribe”, añadieron. También elogiaron el reconocimiento explícito del tratado a los derechos de los pueblos indígenas, así como a la diversidad cultural de América Latina y de sus pueblos.

El Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente, David R. Boyd subrayó especialmente el artículo 1 del tratado, que reconoce el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano.

El Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, señaló que: “este acuerdo es un importante paso adelante en la protección y salvaguardia de las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Al establecer disposiciones vinculantes específicas, los Estados latinoamericanos y caribeños no solo reconocen la grave y preocupante situación a la que se enfrentan los defensores ambientales en países de la región, sino que también están tomando medidas concretas para reafirmar su papel y respetar, proteger y realizar todos sus derechos”.

Los expertos de la ONU también saludaron las disposiciones en el tratado que buscan garantizar el acceso a la información y a la justicia, en los distintos idiomas utilizados en cada uno de los países, y fomentar la cooperación y participación pública.

En conformidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos, el acuerdo regional establece importantes estándares que serán fundamentales a la hora de enfrentar algunos de los desafíos más apremiantes del mundo, tales como el cambio climático, la degradación de la tierra, la contaminación del agua, los desastres naturales y el agotamiento y uso no sostenible de los recursos naturales”, enfatizaron los expertos.

Los expertos añadieron que los Estados deben adoptar, en sus estrategias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, un enfoque que englobe a la sociedad en su conjunto. También señalaron que un aspecto esencial de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos es garantizar la protección, el respeto y el apoyo a los individuos que plantean preocupaciones respecto al impacto negativo sobre los derechos humanos, incluyendo en el contexto del desarrollo de proyectos que involucran a empresas.

Este enfoque permitiría que cualquier persona (particularmente aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como las personas de edad) tenga acceso a información oportuna y fidedigna, y así puedan participar de manera significativa en las decisiones que afectan a sus vidas y acceder a procedimientos de resarcimiento de daños y los recursos pertinentes cuando sus derechos sean vulnerados”.

Al firmar y ratificar prontamente este innovador tratado, los Estados latinoamericanos y caribeños reforzarán su firme compromiso con la protección ambiental y los derechos humanos, y sobre todo, enviarán un inequívoco mensaje en favor del multilateralismo, la solidaridad, la igualdad y la integración regional, a la vez que promueven la colaboración con otras regiones”, dijeron.

En seguimiento al acuerdo, los Estados deben asegurar también que las actividades empresariales y las inversiones no ocurran a expensas de impactos adversos en términos medioambientales y de derechos humanos. En ese contexto, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU presentan el marco de deberes y responsabilidades de los Estados y empresas, acordado a nivel global, para prevenir y abordar los impactos sobre los derechos humanos relacionados con las empresas. A su vez, en la implementación del acuerdo, los Estados deben tomar en consideración los diversos y desproporcionados impactos ambientales en las mujeres y niñas, y los desafíos específicos que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos, asegurando que todas las acciones incorporen una perspectiva de género.

El acuerdo regional está abierto a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe, y requiere un mínimo de 11 Estados para entrar en vigor.

FIN