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OACNUDH presenta informe Post Electoral

OACNUDH presenta informe

“Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras”

Tegucigalpa 8 de junio. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) presentó en marzo su informe temático; “Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras” el documento se deriva de la labor de observación y recomendación de la Oficina en virtud de la resolución 48/141 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de conformidad con el acuerdo entre el Alto Comisionado y el Gobierno de Honduras, firmado el 4 de mayo de 2015, relativo al establecimiento de una oficina en el país.

La redacción del informe se sustenta en información reunida por la oficina de OACNUDH en Tegucigalpa y en misiones realizadas en otras partes del país. Cabe destacar que la OACNUDH, en la etapa postelectoral, desplegó equipos para observar la situación en los departamentos de Atlántida, Cortés, Yoro, La Paz, Choluteca, Colón y Francisco Morazán. Estos equipos observaron las manifestaciones, visitaron los lugares de los incidentes denunciados, centros de salud e instalaciones de detención.

La Oficina entrevistó a más de 200 personas, incluyendo víctimas, testigos y otras fuentes. Solicitó información a una amplia gama de autoridades estatales, para reconstruir los hechos y las circunstancias y establecer sus conclusiones, la OACNUDH se basó en la información de primera mano que recabó y verificó.

Además, la Oficina examinó un gran número de documentos, tales como información oficial, incluyendo registros médicos, así como videos, fotografías y material de los medios de comunicación. La OACNUDH actuó con la debida diligencia para evaluar la credibilidad y fiabilidad de las fuentes, trianguló la información recopilada para confirmar su validez, incluso contrastando la información proporcionada por las autoridades estatales y las víctimas.

En el informe se formulan recomendaciones encaminadas a prevenir nuevos actos de violencia y violaciones a los derechos humanos. Para abordar las preocupaciones crónicas y recientes en materia de derechos humanos en Honduras, la OACNUDH sigue alentando la cooperación por parte de todas las entidades estatales.

Antecedentes

En julio de 2017, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el hecho de que “a pesar del límite constitucional en los mandatos presidenciales, el actual presidente se presenta a la reelección”, e invitó al respeto de los criterios de elegibilidad establecidos por la Constitución, en particular el límite de los mandatos presidenciales_. El 26 de noviembre, en su informe final, la Misión Electoral de la Organización de los Estados Americanos consideró que la derogación de las disposiciones constitucionales por decisión judicial constituía una “mala práctica”, señalando que generaba inseguridad jurídica y revivía “la polarización creada por la crisis política de 2009”

El 26 de noviembre de 2017 se celebraron las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. Los resultados preliminares de las elecciones presidenciales se anunciaron el 27 de noviembre, a la

1 y 30 de la mañana, con el candidato de la Alianza de la Oposición, Salvador Nasralla, a la cabeza de los resultados por sobre el Presidente Hernández, del Partido Nacional, por un margen de casi cinco puntos (45,17% frente a 40,21%). Después del anuncio de los resultados preliminares, el sistema de publicación de votos en línea del Tribunal Supremo Electoral supuestamente colapsó y no se publicaron más resultados durante más de 10 horas. Cuando la transmisión de los resultados se reanudó, ésta comenzó a mostrar una reducción gradual, pero consistente, de la ventaja del candidato de la oposición sobre el presidente en el poder. El 29 de noviembre, según los datos publicados por el Tribunal Supremo Electoral, ambos candidatos tenían el 42,17% de los votos.

Este giro fue recibido con incredulidad, y las denuncias de fraude electoral ocuparon un lugar central, quebrando los intentos de la Organización de Estados Americanos de lograr un acuerdo entre los dos autoproclamados ganadores presidenciales. A partir del 29 de noviembre, los llamamientos de la Alianza de la Oposición para la movilización social llevaron a sectores de la población a las calles en manifestaciones masivas en todo el país.

El 1º de diciembre, argumentando que se habían producido saqueos y actos de vandalismo en el contexto de algunas de las protestas, el Presidente declaró el estado de excepción durante 10 días e impuso un toque de queda nocturno. A pesar del toque de queda y del masivo despliegue militar y policial, las protestas continuaron, con una amplia movilización social.

Preocupaciones en materia de derechos humanos antes de las elecciones

El OACNUDH considera que, en gran medida, las protestas que estallaron en reacción a la percibida falta de imparcialidad en las elecciones presidenciales podrían tener sus raíces en la polarización política y social que surgió después del golpe de Estado de 2009 y en el hecho de que no se hayan emprendido reformas institucionales, políticas, económicas y sociales fundamentales para abordar los enraizados problemas y reclamos por injusticias.

En el transcurso de 2017 y durante el período pre electoral, diversos sectores de la sociedad participaron en protestas sociales, tanto a nivel nacional, como a nivel local, incluyendo campesinos, pueblos indígenas, profesionales de la medicina y estudiantes, para expresarse sobre conflictos relacionados a tenencias de tierra, reajuste salariales y participación en mecanismos de autogobierno universitario.

La OACNUDH siguió documentando actos de violencia, intimidación y amenazas, tanto individuales como colectivos, contra los defensores de los derechos humanos. También documentó violaciones de derechos a la intimidad y a la propiedad, por ejemplo, al ser objeto de vigilancia y seguimiento, toma de fotografías y el robo de computadoras, en un contexto de estigmatización constante de su trabajo, en particular por parte de representantes gubernamentales de alto nivel. En 2017, la Dirección General del Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, establecido en el marco de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, dictó medidas de protección a favor de 69 defensores de derechos humanos.

Conclusiones y recomendaciones

La situación de los derechos humanos en Honduras sigue siendo frágil, caracterizada por los altos

niveles de violencia e inseguridad, un conflicto social generalizado e impunidad por las violaciones a los derechos humanos y la pasada y continúa corrupción.

La OACNUDH considera que las protestas que estallaron como reacción a la falta de imparcialidad percibida del proceso electoral y los resultados presidenciales, tienen sus raíces en el legado no resuelto del golpe de Estado de 2009, entre otros, la polarización política y social y el hecho de que no se hayan abordado las deficiencias del Estado. La OACNUDH considera que el riesgo de que se siga deteriorando la situación de los derechos humanos sigue siendo alto, a menos que se investiguen las violaciones de derechos humanos y se rinda cuentas de las mismas sin demoras y se emprendan y apliquen las reformas pendientes en los sectores social, económico, del estado de derecho y de la seguridad.

En el contexto de las elecciones, la OACNUDH observó que las fuerzas de seguridad habían utilizado una fuerza excesiva, incluida la fuerza letal, para dispersar las protestas, eliminar los bloqueos de carretera y en las operaciones de persecución. La OACNUDH determinó que la mayoría de esas violaciones serían imputables a los miembros de la Policía Militar del Orden Público y del ejército.

En relación con los arrestos masivos que tuvieron lugar durante el período del toque de queda, en particular entre el 1º y el 5 de diciembre de 2017, la OACNUDH considera que hay motivos creíbles para establecer que la libertad de las personas detenidas fue restringida arbitrariamente. Algunos de los detenidos fueron mantenidos en instalaciones militares donde en algunos casos fueron sometidos a malos tratos. A lo largo del período examinado, la OACNUDH encontró pruebas de allanamientos ilegales de viviendas y observó un aumento de las amenazas e intimidaciones contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos y otros agentes de la sociedad civil que se consideraban cercanos a la Alianza de la Oposición o críticos con las autoridades.

La falta de progreso tangible en la investigación y el enjuiciamiento de los miembros de las fuerzas de seguridad en relación con las acusaciones de violaciones de derechos humanos -sin que se haya dictado ninguna suspensión o acusación- plantea dudas acerca del compromiso real de las autoridades estatales con la rendición de cuentas. La OACNUDH subraya la importancia de que se investiguen diligentemente y se rindan cuentas de todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período electoral y de la reparación de las víctimas. Estas medidas serán fundamentales para restablecer la credibilidad de las instituciones.

Sobre la base de estas conclusiones, el Alto Comisionado formula las siguientes recomendaciones, reiterando también las que figuran en el informe de la OACNUDH publicado en el 2010 sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y en su informe anual de 2016 al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras.

Al Gobierno:

a) Abstenerse de imponer un estado de excepción en situaciones que no se ajusten a los criterios establecidos en el Artículo 187 de la Constitución y en el Artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos.

Civiles y Políticos; cumplir con el régimen de notificación internacional.

b) Implementar las recomendaciones contenidas en el informe de 2011 de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y reanudar la presentación de informes públicos sobre sus progresos; restablecer la Dependencia de Seguimiento del informe de la Comisión.

c) Entablar un diálogo nacional participativo, con apoyo internacional, sobre las reformas que promuevan el desarrollo, los derechos humanos y la reconciliación; velar porque la promoción de la verdad, justicia, compensación y garantías de no repetición y reparación en relación con las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el contexto electoral ocupen un lugar central.

d) Apoyar el funcionamiento independiente y eficaz del Comisionado Nacional de Derechos Humanos y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y de los Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; asignar los recursos financieros necesarios a las dos instituciones para que puedan cumplir eficazmente su mandato.

e) Garantizar el libre y seguro ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluso previniendo y castigando las amenazas e intimidaciones contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos y activistas sociales y políticos.

f) Garantizar el libre y seguro ejercicio del derecho de reunión pacífica, incluso reformando los protocolos existentes sobre el manejo de las asambleas y el control de multitudes.

g) Reformar el sistema y los procesos electorales para garantizar el pleno disfrute de los derechos políticos de todos, incluyendo la participación de las mujeres, las minorías étnicas, las personas con discapacidad y las personas de la comunidad LGTBI como votantes y candidatos, de conformidad con las recomendaciones de las misiones internacionales de observación electoral.

h) Velar por que todas las entidades del Estado cumplan el Acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relativo al establecimiento de una oficina en el país; en particular, promover y garantizar el acceso de la OACNUDH a todos los lugares de detención y a los documentos y materiales oficiales; promover el conocimiento del mandato de la OACNUDH por parte de todos sus funcionarios y de las instituciones del Estado, así como la cooperación con la OACNUDH.

A la Secretaría de Seguridad y Defensa y a FUSINA:

i) Adoptar medidas concretas para restringir el uso de la Policía Militar del Orden Público y las Fuerzas Armadas en las funciones de aplicación de la ley.

j) Revisar las reglas de enfrentamiento para asegurar que las fuerzas del orden y las fuerzas de seguridad sólo utilicen la fuerza, en particular la fuerza letal, como último recurso, de conformidad con los principios de necesidad, precaución, proporcionalidad y legalidad, y de conformidad con las normas internacionales; adoptar los reglamentos necesarios para controlar y normalizar el uso de la fuerza; revisar y actualizar los manuales y la capacitación correspondiente; revisar el equipo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de los organismos de seguridad.

k) Emitir instrucciones claras a todo el personal de seguridad y encargados de hacer cumplir la ley

para que reconozcan el papel y la labor de periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos y organizaciones de sociedad civil, y para que prevengan los ataques y amenazas de ese personal contra ellos.

l) Iniciar sin demora los procedimientos para determinar la responsabilidad, a nivel operacional y de mando, del uso de la fuerza en relación con las protestas y los malos tratos durante el arresto y la detención.

A la Secretaría de Derechos Humanos:

m) Fortalecer el Mecanismo Nacional para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, periodistas, personal de los medios de comunicación y funcionarios judiciales, incluso mediante el despliegue rápido de equipos o el establecimiento de oficinas regionales

Al Congreso Nacional:

n) Adoptar urgentemente una legislación comprehensiva que regule el uso de la fuerza por parte de todos los organismos de seguridad y encargados de hacer cumplir la ley, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

o) Reformar la Ley de la Policía Militar del Orden Público para aclarar el rol y las responsabilidades de esta entidad en la seguridad pública; revisar y restringir las circunstancias de su participación en el trabajo de la policía civil.

Reformar la legislación sobre terrorismo y derogar los Artículos 335 y 335 B del Código Penal.

q) Reformar la Ley de secretos oficiales y clasificación de la información oficial para adecuarla a las normas internacionales de derechos humanos.

Al Ministerio Público y al Poder Judicial:

r) Llevar a cabo investigaciones rápidas, imparciales, independientes y transparentes de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos, dando prioridad a las muertes y lesiones ocurridas en el contexto de las elecciones, incluso durante las protestas, así como a los casos de malos tratos durante las detenciones; llevar ante la justicia a todos los presuntos perpetradores.

s) Revisar las competencias y responsabilidades internas del Ministerio Público en relación con la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones de los derechos humanos atribuidas a las fuerzas de seguridad; asegurar la dirección de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos en la investigación y el enjuiciamiento de esos casos, incluso asegurando una dotación adecuada de personal y recursos.

t) Establecer los mecanismos necesarios para fortalecer el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares de violaciones a los derechos humanos, en particular mediante la prestación de asistencia legal y apoyo psicosocial; fortalecer y aprovechar plenamente los mecanismos para garantizar la protección de las víctimas y los testigos.

u) Velar por el respeto del debido proceso legal y de las garantías judiciales en el enjuiciamiento de

las personas que participaron pacíficamente en las protestas; evaluar cuidadosamente la necesidad de la detención preventiva.

Al CONADEH

v) Investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto electoral y hacer pleno uso de su autoridad para acceder a toda la documentación pertinente que obre en poder de las autoridades civiles y militares, incluso cuando esté clasificada como secreta o reservada; informar públicamente de sus conclusiones.

w) Establecer los mecanismos para facilitar el acceso a la justicia y la reparación por parte de las víctimas y a los familiares de las violaciones a los derechos humanos.

A todos los partidos políticos y medios de comunicación:

x) Hacer llamamientos sistemáticos al ejercicio pacífico del derecho de reunión y condenar todas las formas de violencia.

A la comunidad internacional:

y) Participar y apoyar al Estado en la implementación de estas recomendaciones, y participar en el monitoreo de su implementación.

Ver informe completo

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