OACNUDH llama a avanzar hacia una Honduras donde defender los derechos humanos no cueste la vida
TEGUCIGALPA, 14 de septiembre de 2026.- La Ocina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) insta al Estado de Honduras a traducir las lecciones del caso del defensor ambientalista Juan López en medidas efectivas que prevengan nuevos ataques contra personas defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos en el país.
OACNUDH reconoce importantes avances recientes en la investigación y judicialización de los responsables. Sin embargo, es importante que los esfuerzos se mantengan y permitan determinar la responsabilidad penal de todas las posibles personas involucradas y el esclarecimiento pleno de los hechos. Las responsabilidades individuales deben ser determinadas por las autoridades competentes, mediante investigaciones rigurosas, expeditas y exhaustivas y procesos judiciales independientes, imparciales y respetuosos del debido proceso. Además, las investigaciones deben de ser sensibles al contexto y a los patrones de violencia que subsisten en contra de personas defensoras de derechos humanos y en el Bajo Aguán. Asimismo, en el marco de la investigación, el Estado debe de proteger a los familiares, víctimas y testigos.
La falta de justicia y las demoras injusti cadas favorecen la impunidad. El fundamental que se fortalezcan la autonomía e independencia funcional del Ministerio Público y la independencia judicial.
“El legado de Juan López exige honrar su vida, acompañar a su familia en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, y exigir el cese de las causas que hicieron posible su asesinato. Defender los derechos humanos no debe costar la vida”, a rmó Juan Carlos Monge, Representante de OACNUDH en Honduras.
La defensa de los derechos humanos es una actividad legítima y necesaria que debe ser reconocida y garantizada por el Estado. La Ocina insta a las autoridades del Estado a que se abstengan de hacer declaraciones o realizar actuaciones que desacrediten a quienes expresan preocupaciones sobre decisiones públicas, proyectos extractivos o impactos medio ambientales.
Las instituciones de seguridad y justicia deben distinguir entre conductas delictivas y el ejercicio legítimo de las libertades de expresión, reunión, asociación y participación.
El Estado debe regular, supervisar y scalizar las actividades empresariales; asegurar transparencia y el cumplimiento de requisitos legales en el otorgamiento de permisos y licencias; garantizar evaluaciones ambientales rigurosas e independientes; facilitar información accesible y participación efectiva de las comunidades; y proteger a quienes presenten reclamos. Las empresas, por su parte, deben ejercer debida diligencia continua para identi car, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre sus impactos reales y potenciales, incluida la exposición de personas defensoras a represalias y ataques.
La prevención de con ictos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente requiere de abordajes estructurales, respuestas coordinadas de las instituciones y protección de personas defensoras. La utilización de medidas coercitivas, procesos de criminalización, desalojos o privaciones de libertad como respuesta principal a las demandas sociales no resuelve las causas del con icto. Por el contrario, puede intensi carlo y producir graves impactos sobre las personas, las familias y las comunidades.
“Honrar la memoria de Juan López implica procurar que su caso contribuya a transformar las condiciones que ponen en riesgo a quienes de enden derechos. Esto requiere avanzar hacia la verdad y la justicia, fortalecer la independencia de las instituciones, garantizar una protección efectiva, promover una actuación empresarial responsable y asegurar decisiones públicas transparentes y participativas”, concluyó Monge