Después de la tortura: el camino hacia la reparación y el acceso a la justicia

Muchas personas cuando escuchan la palabra tortura, piensan en guerras, dictaduras o episodios que pertenecen al pasado o a otros países. Sin embargo, sigue siendo una de las violaciones más graves de los derechos humanos continúa representando un desafío para los Estados, incluyendo Honduras.

La tortura está prohibida desde hace más de siete décadas. Pero entonces, ¿por qué sigue ocurriendo?, ¿cómo puede prevenirse?, ¿y qué necesitan las víctimas para reconstruir sus vidas?, la respuesta va más allá de la prohibición legal. Requiere instituciones independientes, investigaciones basadas en evidencia, mecanismos de prevención eficaces y servicios capaces de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

En Honduras, según  informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se registraron en 2021 al menos 12 casos de presunta tortura contra personas privadas de libertad, entre ellos el de la estudiante de enfermería Keila Martínez, cuya muerte bajo custodia policial puso de relieve la importancia de investigación independiente. 

La prevención también depende de mecanismos nacionales que supervisen de forma permanente los lugares donde las personas se encuentran privadas de libertad. Desde hace tres años, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (CONAPREV) opera sin la tercera persona comisionada representante de la sociedad civil, esta situación limita el pleno ejercicio de su mandato de supervisar las condiciones de privación de libertad y formular recomendaciones para prevenir violaciones de derechos humanos. 

“Fortalecer las instituciones estatales no beneficia únicamente a quienes se encuentran bajo custodia del Estado, también fortalece la confianza ciudadana en la justicia, reafirma el respeto al debido proceso y contribuye a que ninguna persona sea sometida a tortura o a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” expresó Juan Carlos Monge, Representante de OACNUDH en Honduras. 

Desde la Oficina, reconocemos la importancia de contar con instituciones independientes, fortalecidas, con recursos adecuados y en pleno funcionamiento, incluyendo un Ministerio Público con capacidades suficientes, así como servicios de medicina forense debidamente especializados y con recursos, que permitan garantizar investigaciones imparciales, oportunas y basadas en evidencia. 

Pero ¿Cómo demostrar un acto de tortura cuando las lesiones físicas desaparecen o nunca fueron visibles? Esa pregunta llevó al desarrollo del Protocolo de Estambul, el estándar internacional para la investigación y documentación de la tortura. A través de evaluaciones médicas, psicológicas y forenses, este instrumento permite transformar un testimonio en evidencia técnica que contribuya a establecer la verdad.  

Sancionar cuando la tortura ocurre es una manera de prevenir que se repita, también lo es construir instituciones con capacidad técnica para impedirla e investigarla. Prevenir la tortura no protege solamente a las víctimas, protege uno de los principios fundamentales sobre los que se sostiene cualquier Estado democrático: que la dignidad humana nunca se pierda, independientemente de quién sea la persona o de qué se le acuse.

Las acciones de OACNUDH en Honduras en materia de acceso a la justicia y fortalecimiento del Estado de derecho se realizan con el apoyo financiero de la Unión Europea.

Autor: OACNUDH Honduras.