Una noche, entraron a su casa en Tegucigalpa, Honduras, y se llevaron a Tomás, su esposo. No hubo acusación, no hubo orden judicial, no hubo explicación. Tomás simplemente desapareció. Berta Oliva tenía entonces por delante una elección que en realidad no era una elección: quedarse callada, o hacer algo con ese dolor.
“El surgimiento de COFADEH no es nada agradable”, dijo Oliva, fundadora y coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH). “No fue algo que elegimos hacer. Nos obligaron. Entraron a mi casa, me arrebataron a Tomás, mi esposo. Está hablando con una sobreviviente”.
Era 1982 y Honduras vivía la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, estrategia adoptada en el contexto de la Guerra Fría que convirtió la región centroamericana en escenario de represión sistemática. El 30 de noviembre de ese año, Oliva y otras familias que habían vivido lo mismo hicieron pública su organización.
“Lo que significa fundamentalmente el carácter continuado de la desaparición es que las obligaciones del Estado se mantienen a través del tiempo”, explicó Juan Pablo Albán, presidente del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED).
“No importa cuándo se haya producido — puede ser hace 20, 30, 40 años. El Estado sigue obligado a buscar, a investigar y a proteger a las personas”, añadió Albán.
Para los familiares, la continuidad del delito tiene un nombre cotidiano: un duelo que nunca puede cerrarse.
“A diferencia de lo que ocurre con los familiares de una víctima de ejecución extrajudicial, los allegados de un desaparecido no tienen cómo cerrar su duelo [...] No hay un lugar donde ir a llorar a la persona, donde recordarle”, dijo. “No hay certeza sobre si está viva o está muerta”.
Y hay algo más profundo aún. La desaparición forzada es, en palabras de Albán, la más grave violación de derechos humanos que se puede cometer, porque es la negación de la condición misma de persona.
“Cuando alguien es desaparecido, lo que se está negando es su humanidad”, dijo. “El efecto de la desaparición es colocar a esa persona fuera de la protección del orden jurídico”.
ONU Derechos Humanos en Honduras ha trabajado junto a COFADEH durante años — monitoreando casos, brindando asistencia técnica en reformas legales y acompañando a las familias en su búsqueda de verdad y justicia.
Para Juan Carlos Monge, representante de ONU Derechos Humanos en Honduras, historias como la de COFADEH son irreemplazables.
“La desaparición forzada concentra, en un solo acto, algunas de las violaciones más profundas que puede sufrir una persona y una familia”, dijo Monge.
Mientras no haya verdad, justicia y búsqueda efectiva, la obligación del Estado sigue vigente y la herida permanece abierta.
Juan Carlos Monge, representante de ONU Derechos Humanos en Honduras
COFADEH ha documentado 184 casos de desaparición forzada ocurridos desde finales de los años setenta hasta principios de los noventa — momento histórico que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se caracterizó por desapariciones forzadas sistemáticas y selectivas con el amparo o tolerancia del poder público.
Construir desde las ruinas
Anteriormente apoyada por el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, COFADEH no nació como una organización formal de derechos humanos. Nació como una búsqueda: madres, esposas y hermanas que buscaban a sus seres queridos desaparecidos. Albán señaló que, históricamente, las mujeres han estado a la cabeza de estos esfuerzos. Con el tiempo, Oliva y sus compañeras entendieron que la búsqueda tenía que ir más lejos.
“Después de diez años sin renunciar a nuestros amores desaparecidos, sin renunciar a la exigencia, dijimos: vamos a aproximarnos al pueblo para saber qué está pensando, para saber qué cree que debemos hacer”, explicó Oliva.
Mapearon los lugares donde la brutalidad había sido mayor — las zonas fronterizas con El Salvador, Nicaragua y Guatemala — y llegaron hasta donde alcanzaba el bus de ruta, cargando cajas de materiales para compartir con comunidades que en muchos casos nunca habían tenido acceso a un ejemplar de la Constitución de la República ni a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Llegaron a regiones donde la violencia aún no había cedido y donde hacer ese trabajo era también ponerse en riesgo.
De ese trabajo de base surgieron también los primeros casos llevados a instancias internacionales. En 1988, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Honduras por los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz, convirtiéndose en el primer Estado sentenciado por ese tribunal.
COFADEH estuvo detrás de esos casos. “Era muy duro, pero era necesario. Era duro emocionalmente y además nos poníamos cada vez más en estado de vulnerabilidad, de inseguridad”. dijo Oliva. “Pero sabíamos que teníamos que hacerlo porque nuestro lema era que ningún hogar de Honduras sufriera lo que a nosotros nos ha tocado vivir, aguantar y sufrir”.La fotografía de Tomás Nativí, esposo desaparecido de Berta Oliva, enmarca a su fundadora mientras camina hacia él por los jardines del Hogar contra el Olvido, en Santa Ana, Honduras. Nativí fue detenido arbitrariamente y desaparecido el 11 de junio de 1981. © ACNUDH/Vincent Tremeau
Para Oliva, mantenerse en pie a lo largo de cuatro décadas tiene su propia lógica. “La primera victoria que hemos logrado es mantenernos con esperanza”, dijo. “Si perdemos la esperanza, perdemos la lucha. Y no hemos perdido la esperanza.”
Según Albán, en este trabajo, el rol de las organizaciones de víctimas no es complementario al sistema internacional de protección de derechos humanos: es su motor.
“Yo no tengo duda de que el rol que cumple la sociedad civil y los colectivos de víctimas en visibilizar el problema, y en exigir respuestas a nivel interno, es el complemento indispensable de lo que hacemos los mecanismos de supervisión”, afirmó Albán.
El Comité contra la Desaparición Forzada examinó la situación de Honduras en 2018 y nuevamente en 2024. En ambas revisiones reconoció avances, pero concluyó que persisten brechas estructurales: la desaparición forzada sigue sin estar tipificada como delito autónomo, la impunidad en los casos históricos de los años ochenta y noventa continúa siendo casi total, y la debilidad institucional y la corrupción obstaculizan las investigaciones.
El CED ha identificado los pasos más urgentes para Honduras: adecuar la tipificación de la desaparición forzada como delito autónomo conforme a la Convención, crear un mecanismo nacional de búsqueda independiente con participación de las familias, y garantizar el acceso a reparación integral para todas las víctimas. ONU Derechos Humanos en Honduras ha retomado estas prioridades como líneas de acción.
En 2024, COFADEH impulsó, con apoyo técnico de la oficina, una propuesta de Ley de Obligaciones Internacionales con las Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional. La ley, que integra los cinco pilares de la justicia transicional, sigue pendiente de aprobación.
“Prevenir la desaparición forzada requiere algo muy concreto: instituciones que funcionen, investigaciones independientes y una respuesta coordinada del Estado”, dijo Monge. “Sin eso, la impunidad no solo persiste, se reproduce”.
El lugar donde gritaban sin que nadie los oyera
A inicios de la década de los ochenta, a unos 35 kilómetros de Tegucigalpa, sobre la carretera al norte, en el Valle de Amarateca, el coronel Amílcar Zelaya operaba lo que parecía una finca. No era una finca.
“El Valle de Amarateca se convirtió en un escenario de muerte, en un escenario de dolor, de tortura”, dijo Oliva. “Era un lugar donde cualquier grito que lanzaran jamás podría ser escuchado”.
Cientos de personas fueron llevadas ahí. El lugar seguía una lógica brutal: celdas de detención, un área de "ablandamiento" para la tortura y, al fondo, lo que los militares llamaban "el matadero". Los soldados sabían perfectamente lo que esperaba a los prisioneros. “A los que sacaban del lugar de ablandamiento con dirección al matadero [...] ahí iban a ser asesinados,” dijo Oliva.
COFADEH pasó años reconstruyendo la historia del lugar junto a sobrevivientes, preparándolos cuidadosamente antes de que regresaran y cruzando sus testimonios para ubicarlo con precisión. Cuando el caso de Honduras llegó a la Corte Interamericana en 1987, los responsables comenzaron a desmantelar el lugar. Sin embargo, en 1996 y 1998, el Poder Judicial intervino a solicitud de COFADEH.
“Solicitamos que se aplicaran pruebas de luminol y fue una cosa terrible”, dijo Oliva. “La cantidad de sangre, sustrajeron más de 25 disparos en el matadero, y daba escalofríos ver ese escenario”.
Hoy ese terreno de siete manzanas y media alberga el Museo contra el Olvido. COFADEH trabaja junto con ONU Derechos Humanos para que sea declarado lugar sagrado, para que avance la Ley de Víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional, y para que eventualmente puedan realizarse procesos de exhumación.
“No estamos para llorar, estamos para construir, para construir memoria, estamos para la no repetición de los hechos [...] que este lugar de memoria sirva para el reencuentro de la historia”, dijo Oliva.
Para Albán, este trabajo de memoria no es un ejercicio nostálgico — es una herramienta de prevención. Los sitios de memoria tienen el valor de crear una pedagogía de cómo las sociedades deben prevenir este tipo de fenómenos.
“Cuando hay museos, cuando hay lugares de recordación, la sociedad genera cierto nivel de empatía, comprendiendo que les podría pasar también a ellos,” añadió.
La lucha contra el olvido.
La urgencia de ese trabajo no es solo histórica. Según el Informe Anual de la Oficina sobre la situación de derechos humanos en Honduras, la Oficina documentó 20 casos de presunta desaparición forzada desde el inicio del estado de excepción, ocho de ellos ocurridos en 2025, todos atribuibles a cuerpos militares y policiales. Ninguno ha sido judicializado, ni se ha esclarecido el paradero de las víctimas.
“Las familias no solo buscan a sus seres queridos, sostienen una demanda de dignidad para toda la sociedad”, dijo Monge. “Su valentía nos recuerda que la memoria y la justicia no son opcionales, son la base para que esto no se repita”.
A 20 años de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas— aniversario que ONU Derechos Humanos conmemora con la campaña CED20 — Oliva tiene claro qué significa no rendirse. En ese contexto, el Comité que supervisa la Convención tiene claro cuál es su norte.
La única razón de ser del sistema de protección es defender los intereses de las víctimas.
Juan Pablo Albán, presidente del CED
Es una convicción que se traduce en práctica: cada sesión del Comité abre, sin excepción, con un momento dedicado a escuchar directamente a víctimas o colectivos — un recordatorio de lo que la campaña CED20 coloca en el centro: las víctimas primero, acciones ya.
“Es un amable recordatorio de por qué hacemos lo que hacemos y de por qué, a pesar de las condiciones adversas, hay que seguirlo haciendo con muchas ganas porque hay demasiado pendiente”, añadió Albán.
Para Oliva el olvido significa renunciar.
“Y nosotros no estamos dispuestos a renunciar a la verdad y la justicia”, dijo Oliva. “Olvidar y perdonar es un proyecto de los culpables”.