Hacia una sociedad más inclusiva: estándares internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad
Estimados y estimadas colegas, señoras delegadas, señores delegados, quisiera agradecer la invitación a participar en este foro nacional de discapacidad.
Creo que el tema que nos convoca este año no puede ser más pertinente para comenzar la segunda década de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y para reflexionar sobre los 10 años desde la ratificación de la Convención por parte de Honduras en el febrero de 2008:
¿Cómo asegurar sociedad incluyentes, en las que la discapacidad no sea fuente de discriminación en la ley o la práctica, sociedades que aseguren la participación plena de las personas con discapacidad?.
Colegas, amigos y amigas
Como nos hace notar la Convención, los derechos humanos y el desarrollo están indisolublemente unidos. En ese sentido, debemos pensar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como instrumentos complementarios. Mientras que la Convención puede ofrecer orientación normativa para la aplicación de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden contribuir a la realización efectiva de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad: mujeres y niñas con discapacidad, personas indígenas con discapacidad, refugiados y refugiadas con discapacidad, entre otras.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible representan una oportunidad excepcional para promover el diseño y la implementación de políticas inclusivas de las personas discapacidad, que permitan a su vez avanzar en el cumplimiento de la Convención.
“No dejar a nadie atrás” en la implementación de los ODS significa poner atención a la diversidad. Se trata de un objetivo que 177 Estados han hecho suyo al ratificar la Convención, así también en comprometerse a los ODS.
Sin embargo, me pregunto: ¿Estamos preparados para no dejar a nadie atrás incluyendo a las personas con discapacidad?
La respuesta es no.
Aunque hemos avanzado, la promesa de cambio que trae la Convención no está alcanzando a todos de la misma manera. La Convención ha permitido posicionar el tema de los derechos de las personas con discapacidad en las agendas internacional y nacionales, pero todavía existen limitaciones en la formulación e implementación de políticas públicas que den respuesta a las demandas y necesidades de la diversidad de las personas con discapacidad.
Las dificultades son variadas y complejas:
- Dificultades en la identificación de las barreras que limitan el acceso a los derechos por parte de las personas con discapacidad;
- Necesidad de replantearse varios modelos de intervención;
- Insuficientes capacidades técnicas de los operadores;
- Falta coherencia y coordinación entre sectores;
- Problemas de financiamiento y sostenibilidad;
- Falta de mecanismos de participación y rendición de cuentas.
- Insuficiente información estadística y administrativa;
- Falta de mecanismos de medición de resultados
En suma, existe una gran demanda por intervenciones públicas con enfoque de derechos, de mejor calidad.
Colegas, amigos y amigas
Les hago un llamado a sumarse al pedido para que se definan de una vez las metodologías necesarias para la desagregación de datos por discapacidad. La falta de datos desagregados nos hace invisibles; una situación que prometimos cambiar hace una década. De este modo, el Sistema de Naciones Unidas puede comenzar a dar asistencia técnica de manera activa a los Estados que todavía no cuentan con dichas herramientas.
Solo trabajando en conjunto – las Naciones Unidas, los Estados y las propias personas con discapacidad – podremos construir sociedades inclusivas para todas las personas, sin distinción, en las que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de crecer, desarrollarse y contribuir a nuestras comunidades con dignidad, autonomía e independencia, sin que nadie se quede atrás.