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Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica

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Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica

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Tegucigalpa (14 de noviembre de 2018) – Durante esta visita oficial a Honduras, que tuvo lugar del 1 al 14 de noviembre de 2018, la delegación del grupo de expertas, integrada por Ivana Radačić y Alda Facio, sostuvo reuniones en Tegucigalpa, La Esperanza, San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba. Al final de la misión, las expertas compartieron sus conclusiones preliminares en la siguiente declaración:

Deseamos expresar nuestro profundo agradecimiento al Gobierno de Honduras por invitarnos a realizar esta visita oficial, su notable apoyo en su preparación, así como la excelente cooperación durante la misión (en particular, agradecemos a nuestro punto focal en el INAM). También quisiéramos dar las gracias a todos nuestros interlocutores – las y los funcionarios públicos, profesionales de los hospitales, escuelas y cárcel, las representantes de la sociedad civil y el mundo académico, así como el sector privado- por todos estos fructíferos intercambios. Estamos especialmente agradecidas con todas las valientes defensoras, muchas de las cuales viajaron horas para dialogar con nosotras. También quisiéramos dar las gracias al equipo de las Naciones Unidas y a la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos en el país por su apoyo.

Contexto

Con una población de más de 9 millones de personas,[1] Honduras es considerado un país de desarrollo medio (que ocupa el puesto 132/188 en el Índice de Desarrollo Humano).[2] El país se enfrenta a retos considerables, con una tasa de pobreza del 66%, el mayor nivel de desigualdad económica del continente y una pandemia de delincuencia y violencia, incluida una tasa alarmante de femicidios.[3] Además, Honduras sufre de una aguda vulnerabilidad ambiental, siendo propensa a huracanes, inundaciones y sequías. Desde el golpe de Estado de 2009, el país se enfrenta a una crisis de gobernanza con instituciones frágiles. La impunidad estructural generalizada, la corrupción y la militarización de la seguridad nacional, también afectan las perspectivas de garantizar una gobernanza democrática plena y un desarrollo sostenible. Además, algunos aspectos de las políticas de desarrollo, como son la adjudicación de concesiones a las industrias extractivas y empresas de energía, plantean un riesgo para los medios de vida y la cultura de la población indígena, garífuna y rural, así como una amenaza para el medio ambiente. La privatización de los servicios públicos también ha aumentado la vulnerabilidad de la población más desfavorecida, como lo son las mujeres que viven en pobreza.

En la actualidad, el país sigue marcado por la polarización postelectoral, así como la desconfianza social. Llevamos a cabo esta visita en un momento de una grave crisis migratoria, en el que, según la información recibida por parte del Gobierno, más de 7000 personas (entre ellas unas 1.500 mujeres y niñas), abandonaron el país para huir de la violencia generalizada, la pobreza y la falta de oportunidades económicas. Esperamos que el Gobierno adopte las medidas necesarias para apoyar y proteger a los retornados, así como para abordar las causas profundas de la migración. También esperamos que las políticas de seguridad del Gobierno cambien del enfoque de la militarización al de seguridad humana.  Como ha señalado el Comité de Derechos Humanos, “el despliegue de las fuerzas militares para realizar tareas de seguridad civil, sólo debería tener lugar en circunstancias excepcionales, debería estar limitado en el tiempo y bajo un estricto control civil”.[4]

Marco legal e institucional

Halagamos los esfuerzos llevados a cabo por Honduras para fortalecer su marco jurídico para la promoción y protección de los derechos humanos de la mujer. En particular, acogemos con satisfacción el hecho de que Honduras haya ratificado todos los instrumentos fundamentales de derechos humanos y haya demostrado un firme compromiso de cooperar con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, tal y como lo demuestra su compromiso con los Órganos de Tratados, el EPU y su invitación permanente a los Procedimientos Especiales, con numerosas visitas de titulares de los mandatos en los últimos años. Honduras ratificó sin reservas la CEDAW en 1983. Sin embargo, lamentamos que el Gobierno de Honduras hasta este momento no haya ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, lo que demostraría el compromiso del Gobierno con la aplicación de los principios de la Convención. Además, alentamos al Gobierno a que ratifique los convenios pertinentes de la OIT, incluidos el Convenio No. 189 sobre los trabajadores domésticos y el Convenio No. 221 sobre el trabajo a domicilio.

La prohibición de la discriminación, incluida la discriminación basada en el sexo, está consagrada en la Constitución de Honduras, que establece (en su Artículo 60): “Todos los hondureños son iguales ante la ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana”. En los últimos años, el Gobierno ha aprobado una serie de leyes relacionadas con los derechos de la mujer y la igualdad de género, como la Ley de Igualdad de Oportunidades de la Mujer, la Ley de Igualdad Salarial, la Ley de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, los Periodistas, los Comunicadores Sociales y los Operadores del Sector de la Justicia, la Ley de Responsabilidad en Materia de Maternidad y Paternidad, la Ley de Protección de las Remuneraciones y la Regularización de los Empleos Informales, así como la Ley Contra la Violencia Doméstica. También ha establecido cupos electorales para poder aumentar la participación política de las mujeres (Decreto No. 54 – 2012), y ha tipificado como delito el femicidio (Decreto No. 23 – 2013). También acogemos con beneplácito la adopción de numerosas políticas destinadas a promover los derechos de la mujer y la igualdad entre los géneros, como ser el Segundo Plan para la Igualdad y la Equidad entre los Géneros (2010 – 2022); el Plan Nacional contra la Violencia contra la Mujer (2014 – 2022); la Política y el Plan Nacional de Acción contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas (2016 – 2022). En Honduras no hay clases privilegiadas.

Sin embargo, el sólido marco jurídico y político no se aplica sistemáticamente en la práctica; así mismo, una mejor coordinación entre los actores pertinentes es necesario. Además, todavía hay margen para mejorar las leyes y las políticas; por ejemplo, en lo que se refiere a la participación política (tal y como se detalla más adelante). Durante nuestra visita nos informaron que varios proyectos de ley relevantes están programados en el Congreso[5].   Esperamos que se subsanen las deficiencias[6] de las propuestas y  que se aprueben los proyectos de leyes sin demoras indebidas. También instamos al Gobierno a que examine el marco jurídico de manera meticulosa y regular en vista de asegurar resultados positivos para las mujeres.

El Gobierno ha creado un sólido marco institucional sobre los derechos de la mujer, aunque las varias entidades y mecanismos todavía no reciben un presupuesto suficiente.[7] Acogemos con beneplácito los considerables esfuerzos desplegados por el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), encargado de promover y coordinar la aplicación de la Política Nacional de la Mujer y de la integración de la mujer en el desarrollo sostenible. En particular, acogemos con beneplácito la iniciativa de Ciudad Mujer, que el INAM, junto con otras 16 instituciones públicas, ha puesto en marcha en 2016. Ciudad Mujer cuenta con una red de servicios ofrecidos por las instituciones pertinentes en relación con la protección contra la violencia, el empoderamiento económico, salud y la educación comunitaria enfocada en derechos humanos. La iniciativa prevé ofrecer de manera gratuita estos servicios integrales a cualquier mujer que lo necesite y se ofrece cuidado infantil mientras que las mujeres se benefician de los servicios ofrecidos. Esperamos que esta iniciativa, que consideramos una buena práctica, se implemente en toda Honduras, además de que se le asignen los recursos suficientes para que pueda tener el impacto esperado[8]. Así mismo, esperamos que el INAM cuente con los recursos suficientes para cumplir con su mandato y que tenga el apoyo de todos los ministerios pertinentes.

Observamos con agrado que en el 2017 se haya creado el Ministerio de Derechos Humanos como una institución autónoma, la que está llevando a cabo importantes esfuerzos para asegurar la incorporación de las normas de derechos humanos. El Ministerio está coordinando la Comisión Interinstitucional sobre el Femicidio, cuyo mandato fue renovado en agosto de 2018, así como con el Mecanismo de Protección de los Defensores de Derechos Humanos y la Comisión contra la Trata Ilegal de Personas. Este Ministerio y sus mecanismos, también deben de fortalecerse para poder garantizar en el país la aplicación de los derechos humanos y la igualdad de género.

También acogemos con beneplácito la labor realizada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), que tiene oficinas regionales en todos los departamentos de Honduras. Esperamos que en un futuro próximo el CONADEH pueda cumplir con los requisitos de los Principios de París, en particular con respecto a sus recursos financieros, cooperación con otras entidades, pluralismo e independencia, y recuperar su “Estatus de A”.

Vida Política y Pública

Durante la visita hemos tenido conocimiento del aumento de la representación de mujeres en cargos públicos, así como el incremento del porcentaje de mujeres en la policía (del 3% al 19%) y en el poder judicial (54% de todos los jueces son mujeres). También nos hemos reunido con mujeres que ocupan altos cargos, incluida la Ministra de los Derechos Humanos. Sin embargo, las mujeres, en particular las mujeres provenientes de grupos desfavorecidos, siguen estando muy poco representadas en todos los ámbitos de la vida política y pública. Según la Unión Interparlamentaria, las mujeres constituyen el 21,9% del Congreso. En el 2017, había un 21,7% de mujeres ministras, un 7,4% de alcaldesas y un 30,7% de regidoras.[9]  

En el 2012, el Decreto Número 54 elevó la cuota de mujeres candidatas al 40% para puestos de autoridad, así como dentro de los partidos, y también como de candidatas a cargos de elección popular. Este establece que el principio de paridad (50% de las mujeres), se aplicará a partir del período electoral de 2015. [10] El pacto de paridad firmado por los partidos políticos de Honduras, indica que las listas deben alternar candidatas mujeres y candidatos hombres. Sin embargo, lamentamos saber que los recientes reglamentos para la aplicación de estos principios, que no exigen una alternancia a la cabeza de las listas,  han tenido como resultado el listado de las mujeres debajo de los hombres, en los últimos puestos de las listas electorales. Esto ha probablemente contribuido a una disminución del número de mujeres en el cargo. Alentamos al Gobierno a que garantice la aplicación efectiva de la ley.

También se nos ha informado de otros obstáculos a la participación de la mujer en la vida política, como el hecho de que las mujeres que son candidatas a cargos públicos, a menudo se ven disuadidas de ser presentadas por las comunidades y los asociados, y que se han convertido en blanco de la violencia política. Uno de nuestros interlocutores, por ejemplo, mencionó 14 casos de violencia contra las mujeres durante las elecciones y 44 casos de violencia contra las mujeres después de las elecciones. Alentamos al Gobierno a que adopte medidas para prevenir la violencia contra la mujer en la política e investigue todos los casos. Esperamos que el proyecto de ley sobre la violencia contra la mujer en la política se apruebe pronto.

Vida Económica y Social

Tomamos nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno para mejorar el empoderamiento económico de la mujer. Acogemos con beneplácito la reciente ratificación por Honduras del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tras haber constatado de primera mano cómo la pobreza y la desigualdad afectan la vida cotidiana de las mujeres en todo el país. Sin embargo, la participación de las mujeres en la vida económica sigue siendo baja.  Por ejemplo, la participación femenina en el mercado laboral es del 47,2%, frente al 84,4% de los hombres. [11]   Según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el 36% de las mujeres trabajan por cuenta propia.

Además, el acceso limitado a la tierra y al crédito, restringe gravemente las perspectivas económicas y la autonomía de la mujer. Según la información recibida, las mujeres que desean crear sus propias empresas a menudo no pueden hacerlo debido a la necesidad de capital o porque no pueden cumplir los requisitos reglamentarios (algunas mujeres ni siquiera tienen cuentas bancarias). El mosaico de programas de desarrollo económico y comunitario disponibles, tiene resultados aparentemente variables. Algunos programas son desestimados por las mujeres por estar politizados y, por lo tanto, no son eficaces para mejorar la situación de las mujeres que viven en la pobreza; otros parecen ser inaccesibles, incluso para las comunidades a las que van dirigidos.

Además de esto, hemos notado que los trabajadores del sector manufacturero de las maquilas, donde las violaciones de los derechos laborales han sido ampliamente reportadas [12] — son predominantemente de mujeres. Esto significa que en gran medida son las mujeres las que están expuestas a los riesgos laborales del sector, incluidas las tareas físicas repetitivas que, cuando estas se llevan a cabo durante un largo período de tiempo, provocan tanto estrés físico, como lesiones. Además, en un país donde la violencia contra las mujeres es una realidad omnipresente, la compulsión por viajar hacia y desde el trabajo antes y después de un largo turno, pone en riesgo la seguridad personal de los trabajadores de la maquila. Hemos oído que la presión bajo la cual se pide a las trabajadoras que realicen este tipo de trabajo causa angustia mental y que la concesión regular de contratos temporales para este tipo de trabajo impide que las mujeres del sector disfruten de las mismas protecciones legales y beneficios sociales que los demás trabajadores. Al mismo tiempo, el hecho de que las mujeres de las zonas rurales viajen a las zonas urbanas para realizar este trabajo, puede impedirles acceder a las redes de familias ampliadas y a otras formas de apoyo social.

También nos preocupan los derechos de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico, que, según se informa, reciben salarios bajos por jornadas de trabajo igualmente largas, y a menudo se enfrentan a malas condiciones de trabajo y de vida. La naturaleza del trabajo doméstico, que se realiza en el ámbito personal y no en los espacios públicos, hace que las trabajadoras domésticas sean vulnerables al abuso y a la explotación. A este respecto, tomamos nota de un proyecto de ley pendiente sobre los trabajadores domésticos, que tiene por objeto el de ofrecer una mayor protección a las trabajadoras domésticas. Sin embargo, nos preocupa que este proyecto de ley sea insuficiente en algunos aspectos, ya que no estipula expresamente un salario mínimo, disposiciones para la seguridad social y una jornada laboral de ocho horas. A la luz de esta información, recomendamos reformas en la legislación que llenen los vacíos en la protección de las trabajadoras domésticas y de las trabajadoras de las maquilas, y para la aplicación coherente de la legislación laboral aplicable. Además, pedimos a los actores del sector privado que complementen la protección social de que disponen las trabajadoras, incluso mediante la prestación de servicios adecuados de guarderías y de seguros médico para sus empleados.

Educación

Si bien el progreso de las niñas y las tasas de finalización de la educación son ligeramente superiores a las de los niños[13], las niñas se enfrentan a importantes obstáculos para poder acceder a una educación de calidad. En primer lugar, dados los costos relativos a la educación (que aparentemente varían), el acceso a la educación se ve restringido en un país donde la mayoría de la población vive en la pobreza. Además, el sector de la educación también ha sido privatizado, y el cierre o la inaccesibilidad de las instituciones educativas públicas limitan el acceso a la educación de las mujeres en las zonas rurales y pobres. Los interlocutores nos dijeron que no hay centros de educación en algunas zonas, mientras que en otras sólo hay uno o dos profesores para todos los grados. Pedimos al Gobierno que garantice el acceso de todas las niñas a la educación

También exhortamos al Gobierno a que adopte medidas para mejorar la calidad de la educación y garantizar la sensibilidad de género y cultura en los planes de estudio y en el entorno escolar así como la educación en materia de derechos humanos. Si bien existen algunos programas de educación cívica, los propios docentes propusieron programas más amplios sobre la igualdad entre los géneros en las escuelas. Otros interlocutores, como ser la policía, expresaron la opinión de que la sensibilización en materia de género debe comenzar en la escuela. Coincidimos con ello, y pedimos al Gobierno que integre el tema de la igualdad entre los géneros, los estereotipos y la violencia contra la mujer en los planes de estudio, así mismo, que garantice un entorno seguro y de respeto para las niñas en las escuelas, libre de toda influencia militar o religiosa (en las escuelas públicas). También alentamos al Gobierno a que asegure una educación integral en materia de sexualidad. Por otra parte, instamos al gobierno a que se asegure de que las niñas embarazadas puedan permanecer en la escuela, ya que hemos sido informadas que algunas niñas embarazadas han tenido problemas al respecto. Además, nos preocupa la seguridad de las niñas en el camino a la escuela. Según se informa, muchos padres también dudan en enviar a sus hijas de cierta edad a la escuela para protegerlas de la violencia, en particular en las zonas mineras.

Salud

Con satisfacción hemos tomado nota de los informes de que el Gobierno ha establecido una Comisión para examinar las deficiencias del sistema de atención de la salud, que sin duda afectan a las mujeres. El acceso a la atención de la salud varía para las mujeres de todo el país, y las mujeres pobres y de las zonas rurales tienen menos acceso que las demás. En las zonas rurales, nos enteramos de que los hospitales estaban demasiado lejos, eran de mala calidad o carecían de medicamentos. Para muchas mujeres, la privatización de los servicios de salud ha reducido su disponibilidad a estos. Además, se ha informado de que las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales  (LBTI), las trabajadoras del sexo/mujeres en prostitución y las que viven con el VIH tienen menos acceso a una atención sanitaria de calidad debido a la estigmatización y a las actitudes discriminatorias sobre su identidad o su estado de salud. Las mujeres han informado de casos graves de discriminación en el sector de la salud en forma de esterilización forzada de las mujeres que viven con el VIH. También nos informaron que esto se aplica a mujeres con discapacidades, cuyas necesidades en materia de salud no están tomadas en cuenta de forma adecuada. 

Debemos hacer eco de nuestros colegas del Comité de la CEDAW, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Sistema de Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas que han expresado su preocupación por el hecho de que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están particularmente limitados en el país. Honduras es uno de los únicos seis estados del mundo que prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluso en casos de violación o incesto, donde existen amenazas a la vida y/o la salud de las mujeres embarazadas y un grave impedimento fetal. El uso, la venta, la distribución y la compra de anticonceptivos de emergencia también están prohibidos de acuerdo con el Decreto del Congreso No. 54-2009 y el Acuerdo de la Secretaría de Salud y se castigan con las mismas penas que el mismo aborto. Como muestran los datos de la OMS, las leyes restrictivas sobre el aborto afectan la tasa de mortalidad y morbilidad debido a los abortos inseguros, aunque no son eficaces para reducir la tasa de aborto.[14] De hecho, la mortalidad y morbilidad materna es muy alta en Honduras (129 muertes de mujeres/100.000 nacimientos)[15].

Muchos interlocutores señalaron también la falta de acceso a los anticonceptivos, en particular en las zonas rurales, lo que, junto con la prohibición de la anticoncepción de emergencia, contribuye a una alta tasa de embarazos no deseados, inclusos embarazos adolescentes.[16] Hemos aprendido de nuestros interlocutores que muchos de estos embarazos son el resultado de crímenes de violación e incesto. Es lamentable que no se hayan puesto en práctica los protocolos propuestos y las enmiendas a la ley que habrían permitido excepciones a las prohibiciones absolutas del aborto y la anticoncepción de emergencia, y que podrían tener en cuenta las necesidades de las víctimas de la violencia sexual, incluidos los niños que son víctimas. Además, la penalización generalizada del aborto y la obligación de los profesionales de la medicina de denunciar los casos de mujeres cuyas lesiones parecen estar relacionadas con abortos inseguros, han llevado a las mujeres a la cárcel. Estas denuncias de los profesionales de la medicina pueden disuadir a las mujeres que sufren abortos espontáneos o complicaciones de buscar la atención médica necesaria, poniendo así, en peligro sus vidas. La penalización de las mujeres por aborto va en contra de las normas internacionales de derechos humanos e instamos al Gobierno a que revise su legislación sobre el aborto y la anticoncepción de emergencia para que esté en consonancia con las normas internacionales.

Hemos escuchado atentamente y reconocido las intenciones del Estado de reducir la mortalidad materna en Honduras. Estos propósitos parecen ser la motivación detrás de una campaña de salud pública que busca persuadir a las mujeres embarazadas para que den a luz dentro de los hospitales. Sin embargo, hemos escuchado numerosos testimonios de que las mujeres están siendo obligadas a tener partos institucionales en contra su voluntad y que si no lo hacen, se les imponen multas. Hemos escuchado que las parteras que atienden los nacimientos en las comunidades son amenazadas con multas o prisión. Esto es problemático porque no toma en cuenta los deseos de la mujer embarazada y muestra una falta de sensibilidad cultural.

Además, no tiene en cuenta otros factores estructurales que impiden que las mujeres visiten el hospital, incluidos los costos de transporte, que a menudo son prohibitivos para las mujeres pobres de las zonas rurales. A la luz de esto, exhortamos al Gobierno a considerar formas de trabajar junto con las parteras y las mujeres en las comunidades para poder desarrollar un enfoque común y culturalmente sensible para la reducción de la mortalidad materna.

Además, dado el contexto general de la salud de la mujer en Honduras, recomendamos la ampliación de los servicios de salud pública rurales, el desarrollo de un programa integral de educación sexual que se lleve a cabo sistemáticamente en las escuelas y un mayor acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva, así como inversiones en medicina forense y post tratamiento.

La Vida Familiar y Cultural

Al igual que la mayoría de los países de la región, siguen siendo generalizadas las pautas patriarcales de comportamiento, actitudes, expectativas, creencias y prácticas que discriminan y denigran a las niñas y a las mujeres. Muchos interlocutores, incluidos funcionarios del Gobierno (tanto hombres como mujeres), subrayaron que existe una cultura machista en el país. Las actitudes patriarcales en Honduras perpetúan la violencia doméstica y otras formas de violencia cometidas fuera del hogar. Este sentimiento de supremacía de los hombres sobre las mujeres también tiende a limitar la capacidad de las mujeres para participar en la vida política y económica, así como en un entorno familiar más igualitario. Las profundamente arraigadas normas patriarcales imponen a los hombres el sustento de la familia, mientras que se espera que las mujeres se encarguen de las tareas domésticas, críen a los hijos y cuiden de cualquier otra persona a su cargo. Incluso, los programas del Gobierno (como los destinados a ayudar a las familias o los programas de capacitación para las mujeres encarceladas) a veces reflejan los estereotipos de género o se enfocan principalmente en su rol en la familia.

Es preciso mejorar la legislación y las políticas existentes sobre el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada. Por encima de todo, debe desarrollarse una estrategia sostenible de sensibilización para que la distribución de las responsabilidades entre hombres y mujeres sea una realidad en lo que se refiere a la crianza de los hijos, las tareas domésticas y el cuidado de otras personas adultas dependientes, de tal manera que permita a todos beneficiarse del desarrollo personal y profesional. En este sentido, destacamos la existencia de los programas de capacitación para mujeres y la contratación de mujeres en la construcción y obras públicas, realizados por la unidad de género del Instituto de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP). Exhortamos más iniciativas para proporcionar empleo a las mujeres y acabar con los estereotipos. También instamos al Gobierno a que emprenda esfuerzos para que se aborden las actitudes y comportamientos de los hombres.

Además de la cultura patriarcal arraigada, la vida familiar y la salud reproductiva de las mujeres, estas están altamente condicionadas por una sociedad conservadora, influenciada tanto por la iglesia católica como por la evangélica. Aprendimos de varios interlocutores que, tanto la iglesia católica como la evangélica, tienen una influencia significativa sobre los cuerpos políticos en la toma de decisiones y la opinión pública, incluso en el debate sobre la despenalización del aborto en tres circunstancias, el levantamiento de la prohibición de la anticoncepción de emergencia y la educación en sexualidad.

Los medios de comunicación desempeñan un papel clave en la formación de actitudes hacia las mujeres y perpetúan los perjudiciales estereotipos de género, reforzando la desigualdad de género. Como señalaron muchos interlocutores, los canales de televisión y la publicidad en general, siguen reforzando los estereotipos sexistas de género. Los casos “sensacionalistas” tienden a recibir una cobertura excesiva por parte de los medios de comunicación a costa de que las mujeres sean retratadas negativamente e incluso aumentan el riesgo de ser re victimizadas.

Administración y Acceso a la Justicia

La desigualdad entre los hombres y las mujeres existe en todos los sectores de la sociedad y el sector de justicia no es diferente. Reconocemos que el Gobierno ha adoptado múltiples iniciativas para mejorar el acceso a la justicia y la rendición de cuentas por la discriminación y la violencia en contra de la mujer. Estas mejoras incluyen: la modernización del Ministerio de Derechos Humanos, encabezado por una mujer comprometida; la creación de diez Fiscalías Especiales, incluida una para los Derechos Humanos con una sección especial dedicada a los defensores de los derechos humanos; la duplicación del número de fiscales y del presupuesto de la Fiscalía General de la Nación; un proceso de investigación de antecedentes que condujo a la destitución de 4.925 agentes de policía supuestamente vinculados a faltas de conducta y a la corrupción; un nuevo proceso de selección de jueces; la creación de nuevos juzgados en las zonas rurales; y la reducción de las demoras en los procedimientos judiciales. Además, se han adoptado medidas para modernizar la administración de justicia, incluida la instalación de una Dependencia de Asuntos de Género en la Corte Suprema de Justicia, la encomiable reducción de la acumulación de casos pendientes desde hace mucho tiempo, la capacitación y la sensibilización del personal de los tribunales en materia de género y la reforma de los procedimientos penales y civiles.

Sin embargo, observamos que persisten las deficiencias en el acceso de la mujer a la justicia, que es esencial para la realización de todos sus derechos y es un elemento fundamental del estado de derecho y la buena gobernanza, junto con la independencia, la imparcialidad, la integridad y la credibilidad del poder judicial, la lucha contra la impunidad y la corrupción, y la participación igualitaria de la mujer en el poder judicial y en otros mecanismos de aplicación de la ley.

Muchos de los elementos del derecho al acceso a la justicia[17] no están garantizados para la mayoría de las mujeres en Honduras. Observamos que el sistema de justicia, incluidos los tribunales de justicia y otras instituciones, no ofrecen soluciones realistas para las barreras que enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia. Estos obstáculos se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, las leyes discriminatorias, la discriminación cruzada o agravada, los requisitos y prácticas procesales y probatorias, y el hecho de que no se garantice sistemáticamente que los mecanismos judiciales sean física, económica, social y culturalmente accesibles para todas las mujeres. Además, la obtención de soluciones legales efectivas requiere una costosa representación legal, a la que la mayoría de las mujeres en Honduras no pueden permitirse.  Aunque algunas organizaciones de la sociedad civil y consultorios jurídicos de las universidades públicas ofrecen asistencia jurídica gratuita, estos no pueden cubrir las necesidades jurídicas de la mayoría de las mujeres.  Según los testimonios escuchados y la información recibida, los factores como la condición socioeconómica, la residencia en zonas rurales, el origen étnico, y la edad, influyen considerablemente en las posibilidades reales de las mujeres de acceder a recursos jurídicos efectivos. Durante nuestra visita, recibimos múltiples testimonios sobre la falta de acceso a la justicia por parte de las mujeres que enfrentan formas intersectoriales de discriminación, todas las cuales denunciaron la impunidad por la alta tasa de femicidios y otras formas de violencia basada en género, así como su profunda desconfianza en el sistema legal, lo cual también fue reconocido por algunos funcionarios del gobierno y de la policía. El machismo, la misoginia y los estereotipos de género, junto con la pobreza o la falta de independencia financiera de la mayoría de las mujeres, aumentan los riesgos a los que están expuestas y les impiden ejercer plenamente su derecho a acceder a la justicia.

Varios interlocutores expresaron su gran insatisfacción con el juicio por el asesinato de Berta Cáceres, incluidos los miembros de su familia.  Hemos escuchado que a la familia, durante la fase de investigación, se les ha negado el acceso a los informes y pruebas, misma que duró más de dos años y se vio empañada por numerosas irregularidades, y que los abogados que representaban a la familia fueron excluidos del juicio sin que se les diera una razón legítima. Este juicio es emblemático por la falta de transparencia y de los injustos procesos legales que enfrentan las defensoras de derechos humanos, lo cual es motivo de gran preocupación para nuestro Grupo de Trabajo. Instamos al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que se haga justicia a la familia y que el juicio respete las normas internacionales. Cualquier irregularidad repercute negativamente en el poder judicial, que ya ha perdido la confianza por su falta de rendición de cuentas, a pesar de los verdaderos esfuerzos de la Corte Suprema de Justicia y de otras instituciones para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia.  Además, la impunidad en los asesinatos y otros delitos cometidos contra las mujeres, alimenta aún más la violencia contra las mujeres.

Violencia en contra de la mujer

En el país, la violencia contra la mujer es generalizada, alimentada por la desigualdad, la inseguridad y la impunidad, y la falta de oportunidades. La regulación permisiva sobre la posesión de armas de fuego también contribuye al problema: en el 2017, el 62% de los femicidios se cometieron con el uso de armas de fuego.[18] Las formas de violencia incluyen la explotación, la violencia psicológica, física y sexual, la trata de personas y el femicidio, mientras que los perpetradores son las parejas, los miembros de la familia y de la comunidad, así como otros actores privados y agentes estatales. Ciertos grupos de mujeres, como las defensoras de los derechos humanos, las mujeres LBT, las trabajadoras sexuales/mujeres en prostitución y las jóvenes, son particularmente vulnerables. Según nuestros interlocutores, ha habido un aumento de la brutalidad de la violencia, así como de los casos de desapariciones de mujeres. La violencia ha sido una de las causas fundamentales de la migración de las mujeres.

La violencia doméstica y sexual se encuentran entre los delitos más denunciados en el país, y la tasa de femicidio es muy alta. Según los datos del Observatorio de la Violencia, entre el 2002 y 2017[19], 5.837 mujeres fueron asesinadas.  Mientras que entre el 2014 y el 2017 se han registrado 1.944 casos de femicidios, de los cuales sólo 33 han sido juzgados en ese período. [20]  La tasa de condenas ha sido muy baja[21].  De hecho, según nuestros interlocutores, el 95% de los femicidios quedan impunes. Además, nuestros interlocutores de las ONG estaban preocupados por el hecho de que a menudo los crímenes se atribuyen a las maras, a pesar de que estos asesinatos constituyen un pequeño número del total de femicidios. Parece que en tales casos se realizan aún menos esfuerzos de investigación.

Esta impunidad es sintomática de un patrón de discriminación estructural contra la mujer. Si bien el problema de la impunidad era obvio para todos nuestros interlocutores, los funcionarios de la justicia penal, en su mayoría, dijeron que ello se debía a que las víctimas a menudo retiraban las denuncias. Se deben tomar medidas para asegurar la confianza de las víctimas en el sistema y mejorar su seguridad, así como para sensibilizar al personal sobre las razones por las que las mujeres podrían retirar las denuncias. Además, deben investigarse las deficiencias del sistema de justicia penal. Según las normas internacionales de derechos humanos, el Estado no está eximido de la obligación de investigar los incidentes graves de violencia porque la víctima retira la denuncia: los esfuerzos de investigación deben centrarse en todas las pruebas pertinentes.

Observamos que el Gobierno ha adoptado algunas medidas para reducir la impunidad de la violencia contra la mujer. La Ley contra la Violencia Doméstica, que regula la violencia contra la mujer por parte de la pareja (cuando los actos no constituyen delitos penales), fue reformada en el año 2006. Establece una serie de medidas de seguridad, protección y precaución, así como derechos procesales para la víctima, lo cual es digno de elogio. El Código Penal tipifica el delito de la violencia intrafamiliar, el femicidio y los delitos sexuales.

Nos preocupa que pueda haber una falta de claridad en el marco legislativo sobre la violencia contra las mujeres, lo que puede dar lugar a que los casos de carácter penal queden sujetos únicamente a la jurisdicción civil. Nuestros interlocutores de los organismos estatales pertinentes hicieron especial hincapié en la función preventiva de la Ley contra la Violencia Doméstica, pero, en nuestra opinión, es cuestionable que el derecho civil, que prevé el servicio comunitario como sanción, cumpla efectivamente esta función. Además, el período de detención de 24 horas previsto en esta ley, podría ser insuficiente para proteger a las víctimas y prevenir la violencia, tal y como señaló uno de los agentes de policía con los que hablamos. También hemos oído hablar de retrasos en la tramitación de los procedimientos judiciales, lo que también debilitan la disuasión y ponen en peligro la protección de las víctimas. También nos informaron que existe un problema en la aplicación de las medidas de seguridad. Esperamos que todos los actos graves de violencia por motivos de género sean tratados como delitos penales y recomendamos un enfoque integrado y amplio de la violencia contra la mujer, que refleje la gravedad del problema. Además, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, las órdenes de protección deben estar a disposición de todas las víctimas, independientemente de cómo se clasifique el acto de violencia, y ser independientes de cualquier otro procedimiento judicial.

Varios interlocutores también señalaron problemas de interpretación en la práctica de la definición de femicidio (y durante nuestra visita, hemos sido testigos de diferentes interpretaciones de femicidio), lo que puede reducir el número de cargos presentados por el delito. Las ONG también expresaron su preocupación por la insuficiencia de los servicios para las hijas y hijos de las víctimas de femicidio. Además, las ONG se quejaron de la reducción de las penas por delitos sexuales. Exhortamos al Gobierno a que aborde estas problemáticas.

Felicitamos al Gobierno por haber establecido una dependencia especializada dentro de la fiscalía para la mujer, así como unidades dentro de la policía y los tribunales especializados en violencia doméstica, así como por haber llevado a cabo actividades de capacitación y campañas sobre la violencia por motivos de género. Sin embargo, según la información recibida durante esta misión, estas unidades no están debidamente financiadas ni dotadas de personal, y sólo hay tres tribunales especializados en todo el país.  Hemos escuchado que en algunos municipios hay una falta de fiscales  en casos de violencia doméstica (en cuyo caso los defensores públicos asumen ese papel y representan tanto al perpetrador como a la víctima), así como una escasez de jueces para supervisar la ejecución de las medidas. Además, algunas víctimas se quejaron de la insuficiente coordinación entre las autoridades competentes, lo que da lugar a que se les envíe de una oficina a otra. También se expresó preocupación por  la rotación de los jueces. Recomendamos que el Gobierno asegure los suficientes recursos humanos y financieros, así como que refuerce las unidades y los tribunales especializados, que mejore la coordinación entre los actores pertinentes y garantice la continua formación del personal pertinente. Además, se deben hacer mayores esfuerzos para investigar las desapariciones de mujeres. Por otro lado, el Gobierno debería seguir realizando campañas de sensibilización. Los medios de comunicación también deben ser sensibilizados, ya que muchos de nuestros interlocutores se quejaron de la representación irrespetuosa de las mujeres (incluidas las víctimas de femicidio), lo que puede exacerbar aún más la violencia contra las mujeres.

Nos complace que el mandato de la Comisión Interinstitucional contra Feminicidios haya vuelto a iniciar en agosto de 2018, pero expresamos nuestra preocupación por la falta de fondos disponibles para llevar a cabo su trabajo y esperamos que el mecanismo se fortalezca. Nuestros interlocutores expresaron la necesidad de una mejor recopilación de datos, más investigadores y un presupuesto adecuado para el CONADEH y el Ministerio del Interior, y esperamos que estos requisitos se cumplan sin demoras indebidas.

También nos preocupa el bajo número de refugios y la falta de recursos para estos, tal y como se observó durante nuestra visita. Uno de los refugios fue cerrado durante nuestra visita debido a la imposibilidad de pagar el alquiler. Instamos al Gobierno financie los refugios y servicios para víctimas, también que preste apoyo a las mujeres que abandonan los refugios, ya que a menudo no tienen adónde ir.

Mujeres que sufren de múltiples formas de discriminación

 Durante nuestra visita, tuvimos el placer de reunirnos con las representantes de mujeres indígenas, Garífunas, afrodescendientes, campesinas y mujeres rurales, mujeres transgénero,  trabajadoras sexuales/mujeres en prostitución y mujeres con HIV[22]. Agradecemos sinceramente el testimonio de todas y cada una y apreciamos el tiempo y el esfuerzo de quienes viajaron varias horas desde sus comunidades para poder reunirse con nosotros.

Los principales desafíos a los que se enfrentan las mujeres indígenas, las mujeres garífunas, las mujeres en las zonas rurales y las campesinas, son el acceso a la tierra y el control de la misma, ya que sólo representan el 4% de los beneficiarios de un proceso de reforma agraria de 30 años y el 22% de los beneficiarios del programa de títulos de propiedad de la tierra.[23] También luchan contra la falta de garantía de los derechos económicos y sociales, incluso en el contexto de los proyectos de desarrollo, y las altas tasas de pobreza. Las mujeres rurales y pertenecientes a comunidades indígenas nos reiteraron su frustración por la ausencia o insuficiencia de las consultas realizadas por el gobierno antes de emprender proyectos de desarrollo a gran escala y de otorgar concesiones a las empresas internacionales. Para muchas mujeres indígenas y afro-descendientes, sus tierras, sus medios de subsistencia y su modo de vida tradicional siguen estando gravemente amenazados por estas actividades.  A menudo provocan el desplazamiento de las poblaciones garífunas e indígenas, así como la denegación del acceso a los recursos naturales.

Además, no parece haber datos desglosados por origen étnico[24] en materia de salud y educación. Sin datos claros sobre el embarazo de adolescentes en las comunidades más pequeñas, la deserción escolar o el abuso sexual, resulta difícil abordar cualquier potencial problema social. Los anticonceptivos son inaccesibles para la mayoría de las mujeres de la zona. Se necesitan esfuerzos sinceros para garantizar el acceso a la salud para todas, incluidas los que viven en zonas remotas.

Las mujeres transgénero, las trabajadoras del sexo/mujeres en prostitución y mujeres con HIV también sufren de discriminación en el acceso a los servicios de salud y de otro tipo, así como mayor desempleo. Además, hay una alta tasa de violencia contra las mujeres transgénero y las trabajadoras del sexo/mujeres en prostitución. Esperamos que se apruebe una legislación que garantice sus derechos y felicitamos al CONADEH por sus esfuerzos en ese sentido.

Mujeres privadas de libertad.

Según la información recibida, el número de adultos encarcelados ascendía a 20.583, de los cuales 1.240 eran mujeres. Si bien el porcentaje total de privados de libertad en prisión preventiva disminuyó (del 58% al 53%), en la población femenina aumentó (del 63% al 68%). Esto indica que se presentan más cargos contra mujeres por delitos que automáticamente incluyen detenciones preventivas. De conformidad con la Resolución 1/08 de la CIDH, Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, la privación preventiva de libertad se aplicará únicamente dentro de los límites estrictamente necesarios.  Cuando dura demasiado tiempo, corre el riesgo de invertir la presunción de inocencia, convirtiendo una medida cautelar en una condena anticipada.

La ley hondureña establece que las hijas e hijos de las mujeres privadas de libertad tienen derecho a ser atendidos por sus madres dentro de la prisión durante sus primeros dos años de vida. Con este fin, cuando ello redunde en el interés superior de la niña/o, una resolución judicial puede extender la edad en que las madres encarceladas pueden cuidar a sus hija/os hasta dos años adicionales.

Visitamos una penitenciaría para mujeres en Tegucigalpa. Durante nuestra visita a la única penitenciaría del país, las malas condiciones de detención eran evidentes. Incluyen niveles graves de hacinamiento, incluso en el “hogar” donde las niñas y niños son colocados con sus madres, tiene una infraestructura deficiente, condiciones insalubres, programas insuficientes de formación para la generación de ingresos para su reintegración en la sociedad, una atención médica deficiente. También nos informaron que las mujeres privadas de libertad dependan de los alimentos que les traen sus familias para una nutrición adecuada. Para las penas de prisión por delitos menores y para las madres de hijas/os pequeños, deberían estudiarse penas alternativas, como lo prevén las Reglas de Bangkok para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de Libertad para las Mujeres Delincuentes.

Las mujeres que asisten o reciben visitas conyugales son sometidas a diversos procesos invasivos, incluidas las pruebas de detección del VIH y, según las ONGs, a la anticoncepción forzada. Los requisitos previos para concesión de visitas conyugales  menudo les impiden llevarlas a cabo. Los requisitos adicionales para detenidas no casadas con la persona visitante, además de la prohibición de los  matrimonios del mismo sexo, son discriminatorios para todas las detenidas no casadas, incluyendo las personas LBT.

Además, nos enteramos de un nuevo reglamento para visitar a las personas en prisión adoptado en el 2017.[25] Los visitantes necesitan obtener varios documentos y cumplir con muchos requisitos para obtener un permiso que sólo dura unos meses y luego tiene que ser renovado. Estos documentos, que incluyen certificaciones emitidas por notarios públicos, son costosos, lo que afecta desproporcionalmente a las personas pobres. Se nos informó que todo el trabajo administrativo que necesita ser completado por cada visitante, puede llegar a costarle a una persona unos 3000 Lempiras (124 USD) anuales. Pedimos al Gobierno que simplifique estos procedimientos y que aplique los estándares internacionales en materia de mujeres privadas de libertad.

Defensoras de los derechos humanos

 Aunque Honduras ha desplegado esfuerzos para establecer un mecanismo efectivo de protección para las personas defensoras de derechos humanos, parece que todavía hay poca comprensión de la especificidades y las necesidades de las defensoras de derechos humanos y de los obstáculos que estas enfrentan.  Todas las mujeres con las que hablamos dijeron que no podían operar en un entorno seguro y propicio.[26]

Nos dijeron que se enfrentan a numerosos ataques y amenazas, así como a la criminalización de sus actividades y a la falta de acceso a la justicia. La estigmatización por parte de los funcionarios, así como de sus propias organizaciones, familias, comunidades y medios de comunicación, no sólo las despoja, sino que las expone a mayores riesgos. Se enfrentan a campañas de desprestigio dirigidas a desacreditar su trabajo, a menudo identificadas como contrarias al desarrollo de Honduras, madres y esposas “antinaturales” o incluso criminales. Una defensora nos contó que no sólo ha sido criminalizada, atacada por los miembros de su propia comunidad, sino que es constantemente acosada e insultada por los miembros de su familia por ser una mala madre.  Con gran pasión nos contó que aunque esté plagada de dolor y culpa, ella está defendiendo su tierra, que está siendo tomada por la agroindustria, precisamente porque le preocupa que sus hijas/os no tengan un futuro en su región, lo cual la convierte en una buena madre.

También recibimos testimonios de defensoras de derechos humanos que se enfrentan a acciones legales por difamación y calumnia, así como a la amenaza de las mismas. Otras han informado de que sus organizaciones están sujetas a requisitos irrazonables de supervisión fiscal y registro. También se nos dijo que las mujeres que son más explícitas, corren el riesgo de recibir un trato más severo, incluido el uso excesivo de la fuerza e incluso el asesinato.

Conclusión

El Estado de Honduras ha realizado esfuerzos para mejorar la situación de las mujeres en el país, tanto en el ámbito legislativo, como en el político e institucional. Se adoptaron varias leyes y políticas y se estableció un marco institucional sólido. Nos reunimos con varias personas muy comprometidas, tanto a nivel del gobierno central como local. Nos impresionó particularmente la iniciativa Ciudad Mujer y esperamos que sea apoyada por todos los recursos necesarios y desarrollada en todo el país.

A pesar de los esfuerzos desplegados, la desigualdad de género persiste y las violaciones de los derechos de la mujer son generalizadas. Las mujeres están infrarrepresentadas en las esferas políticas y económicas, las niñas se enfrentan a importantes obstáculos en la educación de calidad (inclusa la educación en materia de sexualidad) y el acceso a servicios de salud integrales y de calidad aún no está garantizado. En particular, el acceso a la salud sexual y reproductiva es muy restrictivo, Honduras prohíbe el aborto en todas las circunstancias, así como la anticoncepción de emergencia. La violencia contra las mujeres es generalizada, y el país tiene una de las tasas de femicidio más altas del mundo, mientras que la impunidad es generalizada y las mujeres se enfrentan a obstáculos en materia de acceso a la justicia. Ciertas categorías de mujeres se encuentran en una posición particularmente de desventaja, tal y como las mujeres de las minorías étnicas y las mujeres indígenas, las mujeres LBTI, las mujeres de las zonas rurales y las mujeres en situación de pobreza. Las mujeres privadas de libertad también sufren de condiciones paupérrimas y las defensoras de los derechos humanos son objeto de criminalización, violencia, estigmatización e intimidación.

Aunque ciertos representantes del Estado hayan demostrado su voluntad para tratar estas cuestiones, instamos al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para garantizar la igualdad de género, los derechos de la mujer y que se logren resultados mensurables (como una baja en la tasa de embarazos adolescentes y violencia contra las mujeres). Deberían de adoptarse medidas para aumentar la participación de la mujer en la vida pública y política, así como promover su empoderamiento económico, y para garantizar su acceso a la salud y la educación, incluida la educación sexual. Deben abordarse los riesgos a los que se enfrentan las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, debe mejorarse el acceso a la justicia y debe eliminarse la impunidad de la violencia contra la mujer. El marco jurídico debería revisarse a la luz de las deficiencias mencionadas anteriormente y el Protocolo de la CEDAW y los convenios pertinentes de la OIT deberían ser ratificados. Las instituciones deberían de reforzarse aún más y asignarse suficientes recursos tanto financieros, como humanos.

Nuestras conclusiones y recomendaciones se desarrollarán con más detalle en un informe que se presentará al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2019.

FIN

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la problemática de la discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica, fue creado por el Consejo de Derechos Humanos en el 2010 para identificar, promover e intercambiar opiniones, en consulta con los Estados y otros actores, sobre las buenas prácticas relacionadas con la eliminación de las leyes que discriminan contra la mujer. El Grupo también tiene la tarea de entablar un diálogo con los Estados y otros agentes sobre las leyes que tienen un efecto discriminatorio en lo que respecta a la mujer.

El Grupo de Trabajo está integrado por cinco expertos independientes. El actual Presidente – Relator es. Para obtener más información, acceda a: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx  

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[1] http://www.hn.undp.org/

[2] http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf

[3] https://www.worldbank.org/en/country/honduras

[4] Observaciones finales sobre Honduras, 2018, A/HRC/37/3/Add.2., §19

[5] Por ejemplo, proyectos de ley para regular el trabajo doméstico, la reforma agraria, la violencia contra las mujeres en política, los derechos de las personas transgénero, los derechos de las trabajadoras sexuales/mujeres en prostitución, hogares para mujeres víctimas de violencia y una ley integral sobre la violencia contra las mujeres

[6]Nuestros interlocutores nos informaron que, por ejemplo, la Ley sobre Trabajadores Domésticos no contiene ninguna provisión relativa al salario mínimo o protección social obligatoria y las horas laborales son más largas que en otros sectores

[7] Según nuestros interlocutores, sólo el 1,17% del presupuesto total se destina a programas para mujeres.

[8] Es necesario proveer recursos adicionales (humanos, financieros y materiales) en particular por parte del Ministerio de Salud. Las mujeres solicitan principalmente servicios de salud en Ciudad Mujeres

[9] http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm

[10] https://oig.cepal.org/en/countries/15/system (Véase también el informe nacional para el EPU sobre el cupo.) 30

[11] http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/HND.pdf

[12] See, e.g., the report of the Special Rapporteur on Violence against Women (A/HRC/29/27/Add.1) and the Inter-American Commission on Human Rights (http://www.oas.org/en/iachr/multimedia/2016/honduras/honduras-en.html), as well as concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/C/HND/CO/2) and Committee on Economic, Social and Cultural Rights (E/C.12/HND/CO/2).

[13] http://uis.unesco.org/country/HN

[14] OMS (2012).  Aborto seguro: Technical and policy guidance for health systems (2nd edition).

[15] http://www.who.int/gho/maternal_health/countries/hnd.pdf.

[16] La tasa de embarazo adolescente es de 65 nacimientos por 1000 mujeres entre 15 y 19 años. Ver www.hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/HND.pdf

[17] Según la Recomendación General Número 35 del Comité de CEDAW “El derecho de acceso a la justicia es multidimensional. Abarca la justiciabilidad, la disponibilidad, la accesibilidad, la buena calidad y la rendición de cuentas de los sistemas de justicia, y la provisión de recursos para las víctimas.”

[18] UNAH, Boletín especial sobre Muerte Violenta de Mujeres, www.iudpas.unah.edu.hn

[19] Observatorio de seguridad y violencia de las mujeres (2018), Femicidios: Monitoreo de fuentes oficiales y medios de comunicación escrita, p. 3.

[20] Id, at 8.                                  

[21] Según el informe anual de CONEDAH, en el 2017, se presentaron 19 casos de femicidios ante los tribunales, de los cuales cuatro terminaron con una condena, uno fue desestimado provisionalmente y siete están siendo juzgados. http://app.conadeh.hn/descarg, as/INFORME%20ANUAL%20COMPLETO%202017.pdf

[22] No tuvimos la oportunidad de reunirnos con mujeres con discapacidades pero varios interlocutores compartieron información con respecto a los problemas a los cuales se enfrentan

[23] Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, versión avanzada distribuida el 19 de marzo de 2018 (A / HRC / 37/3 / Add.2), párr. 10.

[24] En este país, hay nueve etnias diferentes, siete grupos indígenas y dos grupos de descendientes de africanos.

[25] Reglamento de Visitas en los Establecimientos del Sistema Penitenciario Nacional, Instituto Nacional Penitenciario Acuerdo Número 001-2016.

[26] Todas las mujeres que hemos conocido trabajan para exigir y proteger los derechos de la mujer y promover la igualdad de género en todos los ámbitos para todas las mujeres de todas las edades.  Algunas trabajan para promover la educación formal e informal, incluida la educación en derechos humanos desde una perspectiva de género, así como la educación sexual de las mujeres y niñas; otras luchan contra el acoso sexual, la violencia y los estereotipos negativos; y otras se organizan en torno al acceso a la anticoncepción de emergencia y al aborto seguro y legal; muchas trabajan contra la discriminación por motivos de sexo, por los derechos de las mujeres lesbianas y bisexuales, así como por los derechos de las mujeres transexuales o por los derechos de las trabajadoras del sexo; muchas trabajan para proteger el medio ambiente, sus ríos y sus medios de subsistencia; otras trabajan para mejorar las condiciones de trabajo, especialmente en el caso de las trabajadoras domésticas y de las trabajadoras de las maquilas; otras trabajan para proteger a las mujeres de los traficantes; otras se organizan en torno a la ratificación de los instrumentos internacionales pertinentes. Todas ellas están tratando de poner fin a la impunidad y a las muchas formas de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres en Honduras.

Human Rights Council Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice

Tegucigalpa (14 November 2018) –During this official visit to Honduras which took place from 1 to 14 November 2018, the expert group’s delegation, comprised of Ivana Radačić and Alda Facio, held meetings in Tegucigalpa, La Esperanza, San Pedro Sula, El Progreso and La Ceiba. At the end of the mission, the experts shared their preliminary findings in the following statement:

We would like to extend our deep appreciation to the Government of Honduras for inviting us to undertake this official visit, its remarkable support in its preparation, as well as the excellent cooperation during the mission (we are grateful in particular to INAM and its focal point). We would also like to thank all our interlocutors – the public officials, hospital, school and prison professionals, women human rights defenders, representatives of civil society and academia, as well as the private sector, for all these fruitful exchanges. We also would like to thank the UNCT and the OHCHR in Honduras for their support.

Context

With a population of more than 9 million people,[1] Honduras is considered a middle-development country (ranking 132/188 in the Human Development Index).[2] The country faces considerable challenges, with a poverty rate of 66%, the highest level of economic inequality in the continent and pandemic crime and violence, including an alarming rate of femicide.[3] Furthermore, Honduras suffers from an acute environmental vulnerability, being prone to hurricanes, floods and droughts. Since the coup in 2009, the country has been facing a governance crisis with fragile institutions. Widespread structural impunity, corruption and the militarisation of national security also affect prospects for ensuring a fully-fledged democratic governance and sustainable development. Moreover, some aspects of development policies, which include granting of concessions to extractive industries and energy companies, pose a risk to the livelihood and culture of indigenous, Garifuna and rural population and the threat to environment. Privatisation of public services has also increased the vulnerability of the most disadvantaged population, such as women living in poverty.

Today, the country is still marked by post-electoral polarization and social distrust. We carried out this visit at a moment of severe migration crisis, where, according to information received from the Government, more than 7,000 people (among them around 1,500 women and girls) left the country to flee from widespread violence, poverty and lack of economic opportunities. We hope that the Government undertakes the measures to support and protect returnees as well as address the root causes of migration. We also hope that Government security policies shift the focus from militarisation to human security.  As stated by the Human Rights Committee, “the deployment of military forces to perform civil security duties should take place only under exceptional circumstances, be limited in time and be under strict civilian control”.[4]

Legal and Institutional Framework

We commend the efforts made by Honduras to strengthen its legal framework for the promotion and protection of women’s human rights. In particular, we welcome the fact that Honduras has ratified all core human rights instruments and has demonstrated a strong commitment to cooperate with UN human rights mechanisms as shown by its engagement with Treaty Bodies, the UPR and its standing invitation to Special Procedures, with numerous visits from mandate holders undertaken in the past years. Honduras ratified CEDAW in 1983, with no reservations. However, we regret that the Government of Honduras has so far failed to ratify the Optional Protocol to CEDAW which would demonstrate the Government’s commitment to implementing CEDAW principles. Moreover, we encourage that the Government ratifies the relevant ILO Conventions, including Convention no.189 on domestic workers and the Convention no. 221 on home work.

The prohibition of discrimination including on the basis of sex is enshrined in the Honduran Constitution, which states (in Article 60): “All Hondurans are equal before the law. Any discrimination based on sex, race, class and any other that is harmful to human dignity is declared punishable”. In the recent years the Government has adopted a number of laws relevant for women’s rights and gender equality, including the Equality of Opportunity of Women Act, the Act on Wage Equality, the Act on Protection for Human Rights Defenders, Journalists, Social Communicators and Justice Workers, the Act on Responsible Maternity and Paternity, the Act for Protection of Earnings and Regularization of Informal Employment and the Act on Domestic Violence. It has also established electoral quotas to increase the political participation of women (Decree No. 54-2012), and has criminalised femicide (Decree No. 23-2013). We also welcome the adoption of numerous policies aimed at promoting women’s rights and gender equality, such as the Second plan for gender equality and equity (2010-2022); the National plan against violence against women (2014-2022); the Policy and national action plan against commercial sexual exploitation and trafficking in persons (2016-2022).

However, the solid legal and political framework is not systematically implemented in practice and there is a need for a better coordination between the relevant actors. Furthermore, there is still room for the improvement of laws and policies, for example on political participation (as will be detailed below). We have heard during our visit that several relevant draft laws are scheduled in Congress.[5]  We express our hope that any deficiencies in proposals will be remedied[6] and that they will be passed without undue delay. We also call on the Government to keep the legal framework under regular informed review to insure positive results for women.

The Government has created a solid institutional framework on women’s rights, although the machinery still does not receive sufficient budget.[7] We welcome the considerable efforts deployed by the National Institute for Women (INAM), which is responsible for the promotion and coordination of the implementation of the National Policy on Women and the integration of women in sustainable development. We particularly welcome the Ciudad Mujer initiative, which INAM has started in 2016, along with 14 other public agencies. The Ciudad Mujer provides for a network of services offered by 16 relevant agencies, in relation to the protection from violence, economic empowerment, sexual and reproductive health and community education focused on human rights. These comprehensive, integral services are provided free of charge to any woman who needs it, and child care is provided while women undertake services they need. We hope that this initiative, which we consider a good practice, will be implemented throughout Honduras, and given sufficient resources so that it can have the expected impact.[8] We also hope that INAM will be given enough resources to fulfil its mandate and will be supported by all the relevant ministries.

 

We are pleased that in 2017 the Ministry of Human Rights was created as an autonomous institution, which is undertaking significant efforts to secure mainstreaming of  human rights standards. The Ministry is coordinating the Inter-Institutional Commission on Femicide, whose mandate was renewed in August 2018, as well as the Protection Mechanism on Human Rights Defenders and the Commission on Trafficking. This Ministry and its mechanisms also need to be strengthened to ensure the enforcement of human rights and gender equality in the country.

                                                                                                                         

We also welcome the work done by the Commission on Human Rights (CONADEH), which has regional offices present in all departments of Honduras. We hope that in the near future the CONADEH will be able to comply with the requirements of the Paris Principles in particular with regard to its financial resources, cooperation with other entities, pluralism and independence, and retrieve its “A-Status”.

Political and Public Life

During the visit we have learned of improvement in the number of women in public offices, such as increase of the percentage of women in police force (from 3% to 19%) and judiciary (54% of all judges are women). We have also met with women in high position, including the Minister of Human Rights. However, women, particularly those from disadvantaged groups, remain significantly underrepresented in all areas of political and public life. According to the Inter Parlimentary Union, women constitute 21.9% of Congress. In 2017, there were 21,7% of women ministers, 7,4% of women mayors, 30,7% of women city counsellers.[9]  

In 2012, Decree 54 raised the women candidate quota to 40% for positions of authority and within parties, as well as candidates to popularly-elected positions. It established that the principle of parity (50% of women) will be applied beginning with the 2015 electoral period.[10] The parity pact signed by Honduran political parties indicates that ballots should alternate in displaying the names of women and men candidates. However, we regret to learn that recent regulations for implementation of these principles, which indicated that the names only had to alternate further down the list of candidates, actually resulted in women being listed a number of places below men. This likely contributed to decreased numbers of women in office. We encourage the Government to insure effective implementation of the law.

We have also been made aware of additional barriers to the participation of women in political life, such as the fact that women candidates for office are often discouraged from putting themselves forward by communities and partners, and that they have become targets of political violence. One of our interlocutors, for example mentioned 14 cases of violence against women during election and 44 after. We encourage the Government to undertake measures to prevent violence against women in politics and investigate all the cases. We hope that the draft law on violence against women in politics will soon be adopted.

Economic and Social Life

We note that the Government has been making efforts to enhance women’s economic empowerment. We welcome the recent ratification by Honduras of the Optional Protocol to the Convention on Economic, Social and Cultural Rights, having observed first-hand how poverty and inequality affect the everyday lives of women around the country. However, women participation in economic life it is still low.  For example, female participation in the labour market is 47.2%compared to 84.4% for men. [11] According to the Honduran Council of Private Enterprise (COHEP) 36% of women are self-employed.

Moreover, limited access to land and credit severely restricts women’s economic prospects and autonomy. According to information received, women wishing to set up their own businesses are often precluded from doing so because of the need for capital, or because they are unable to meet the regulatory requirements (some women do not even have bank accounts). The patchwork of economic and community development programmes available has apparently variable outcomes. Some programmes are dismissed by women as politicized and thus not effective in improving the situation of women living in poverty; others appear to be inaccessible, even to the communities to which they are targeted.

In addition to this, we have noted that workers in the maquila manufacturing sector—where labour rights violations have been widely reported[12]—are predominantly women. This means it is women who are largely exposed to the work hazards of the sector, including repetitive physical tasks that, when carried out over an extended length of time, lead to physical strain and injury. In addition, in a country where violence against women is an ever-present reality, the compulsion to travel to and from work before and after a long shift places maquila workers’ personal security at risk. We have heard that the pressure under which workers are asked to perform causes mental distress and that the regular granting of temporary contracts for this type of work prevents women in the sector from enjoying the same legal protections and social benefits as other workers. At the same time, rural women’s travel to urban areas in order to perform this work can cut them off from extended family networks and other forms of social support.

We are also concerned about the rights of women carrying out domestic work, who reportedly receive low pay for similarly long hours of work and often face bad working and living conditions. The nature of domestic work—which is carried out in personal, rather than public spaces—renders domestic workers vulnerable to abuse and exploitation. In this respect, we take note of a pending domestic workers’ bill, which seeks to provide greater protection to domestic workers. However, we are concerned that this draft law falls short in some respects, as it fails to expressly stipulate a minimum wage, provisions for social security and an eight-hour workday. In light of this information, we recommend reforms in legislation that would fill in the gaps in protection for maquila and domestic workers, and for consistent enforcement of applicable labour law. We would further call on private sector actors to supplement the social protection available to women workers, including through the provision of adequate childcare and health insurance to their employees.

Education

While girls’ progress and completion of education rates are slightly higher than that of boys,[13] girls face significant obstacles in accessing quality education. First of all, due to education related costs (which apparently vary), access to education is restricted in a country where most of population live in poverty. Moreover, education sector has also been privatised, and the closure or inaccessibility of public educational institutions limits access to education for rural women and women living in poverty. We were told by interlocutors that there are no school buildings in certain areas, while in others there is only one or two teachers for all the grades. We call on the Government to secure accessibility of education for all girls.

We also encourage the Government to take steps to improve the quality of education and insure gender and cultural sensitivity in the curricula and school environment as well as human rights education. While there are certain civic education programmes, the teachers themselves proposed more comprehensive programmes on gender equality in schools. Other interlocutors, such as police, expressed the view that gender sensitising needs to start in the school. We concur with this and call on the Government to integrate the topic of gender equality, stereotypes and violence against women in curriculum and secure safe and respective environment for girls in the schools, free from military or religious influence (in public schools). We also call on the Government to secure comprehensive sexuality education. We further call on the Government to ensure that pregnant girls can remain in school, as we have heard that some pregnant girls have encountered problems. In addition, we are concerned about the security of girls in relation to going to and from school. Many parents reportedly hesitate to send daughters of a certain age to school to protect them from violence, particularly around the mining areas.

Health

We have taken positive note of reports that the Government has established a Commission to examine gaps in the health care system, which most certainly affect women. Access to health care varies for women around the country, with women living in poverty and rural women having less access than others. In rural areas, we heard that hospitals were too far away, of poor quality or lacking in terms of medications. The privatisation of health services has reduced its availability to many women. Further, lesbian, bisexual, transgender and intersex women (LBTI) women, sex workers/women in prostitution and women living with HIV have reportedly less access to quality health care due to stigmatization and discriminatory attitudes about their identities or health status. Women have reported severe cases of discrimination of women living with HIV in health sector, in the forms of forced sterilisation. We have also heard that this applies to women with disabilities, whose health needs are not sufficiently addressed.

We must echo our colleagues from the CEDAW Committee, the Inter-American Commission on Human Rights and the UN Special Procedures system who have raised concerns about the fact that the sexual and reproductive rights of women are particularly constrained in the country. Honduras is one of only six states in the world that prohibits abortion in all circumstances, including in cases of rape or incest, where there are threats to the life and/or health of pregnant women and severe foetal impairment. The use, sale, distribution and purchase of emergency contraception is also prohibited according to the Congressional Decree No.54-2009 and the Secretary of Health Agreement and carries the same penalties as abortion itself. As shown by WHO data, restrictive laws on abortion affect the rate of mortality and morbidity due to unsafe abortions, while they are not efficient in reducing the rate of abortion.[14] Indeed, given 129 deaths of women per 100,000 live births,[15] maternal mortality and morbidity is very high in Honduras.

Many interlocutors pointed also to the lack of accessibility of contraception, particularly in the rural areas, which, together with the prohibition of emergency contraception, contributes to a high rate of unwanted pregnancy, including teenage pregnancy.[16] We have learnt from our interlocutors that many of these pregnancies are results of crimes of rape and incest. It is unfortunate that proposed protocols and amendments to the law which would have enabled exceptions to the absolute bans on abortion and emergency contraception—and which could take into account the needs of victims of sexual violence, including child victims—have not been put in place. Further, the blanket criminalisation of abortion and the obligation of medical professionals to report cases of women whose injuries appear related to unsafe abortions have put women in prison. Moreover, these denunciations by medical professionals may dissuade women who are miscarrying or suffering complications from abortion from seeking necessary medical attention, thereby putting their lives in danger. Criminalisation of women for abortion is against international human rights standards and we urge the Government to review its legislation on abortion and emergency contraception to bring it in line with the international standards.

We have listened intently to and acknowledge the State’s wishes to reduce maternal mortality in Honduras. This wish appears to be the motivation behind a public health campaign that seeks to persuade expecting mothers to give birth inside hospitals. However, we have heard numerous reports that women are being forced to have institutional births against their will and that the failure to do so results in fines. We have heard that the midwives who deliver babies in the community are threatened with fines or prison. This is problematic because it does not take as a starting point the wishes of the expecting mother and shows a lack of cultural sensitivity.

In addition, it does not account for other structural factors that prevent women from visiting the hospital, including transportation costs that are often prohibitive for women living in poverty and rural women. In light of this, we encourage the Government to consider ways to work together with midwives and women in communities in order to develop a common, culturally sensitive approach for the reduction of maternal mortality.

Furthermore, given the overall context for women’s health in Honduras, we recommend expansion of public, rural health services, the development of a comprehensive sex education programme that is consistently carried out in schools and increased access to sexual and reproductive health care, as well as investments in forensic medicine and aftercare.

Family and Cultural Life

Like most countries in the region, patriarchal patterns of behaviour, attitudes, expectations, beliefs and practices discriminating against and denigrating girls and women remain widespread. It was emphasised by many interlocutors, including Government officials (both male and female), that there is a machismo culture in this country. Patriarchal attitudes in Honduras perpetuate domestic violence and other forms of violence committed outside the home. This sense of supremacy of men over women also tends to limit the ability of women to participate in political and economic life, as well as a more equalitarian family environment. Deep-rooted patriarchal norms impose on men the role of family bread-winners while women are expected do the housework, raise the children and look after any other dependents. Even the Government programmes (such as those aimed at helping the families or training programmes for women in prison) sometimes reflect gender stereotypes or focus primarily on their role in the family.

Existing legislation and policies on the work-life balance should be improved. Above all, a sustainable awareness-raising strategy must be developed to make responsibility-sharing between men and women a reality in terms of child-rearing, housework and caring for other adult dependants, enabling all to benefit from personal and professional development. In this respect, we command the existence of the training programmes for women and women’s recruitment in construction and public work, undertaken by the gender unit in the Office of Infrastructure and Public Services Institute (INSEP). We encourage more initiatives to provide jobs for women and break down stereotypes. We also call on the Government to undertake efforts to address men’s attitudes and behaviours.

In addition to the entrenched patriarchal culture, family life and women’s reproductive health are highly conditioned by a conservative society, influenced by both the catholic and evangelical church. We learned from various interlocutors that both the catholic and evangelical church have significant influence over political decision-making bodies and public opinion, including in the discussion of the decriminalization of abortion in three circumstances, lifting the prohibition on emergency contraception.

The media plays a key role in forming attitudes towards women and perpetuates harmful gender stereotypes, reinforcing gender inequality. Television channels and advertising in general continue to reinforce sexist gender stereotypes, as was pointed by many interlocutors. The “sensational” cases tend to receive excessive media coverage on the expense of women being portrayed negatively and even increase the risk of being revictimized.

Administration of Justice and Access to Justice

 

Inequality between men and women exists in all sectors of society and the justice sector is no different. We acknowledge that Government has adopted multiple initiatives to improve access to justice and accountability for discrimination and violence against women. These improvements  include: the upgrade of the Ministry for Human Rights headed by a committed woman; the set-up of ten Special Prosecutors’ Offices, including one for Human Rights with a special section devoted to human rights defenders; the doubling of the number of prosecutors and of the budget of the Attorney General’s Office; a vetting process that led to the dismissal of 4,925 police officers allegedly linked to misconduct and corruption; a new competitive selection process for the selection of  judges; new courts in rural areas and the reduction of delays in judicial proceedings. Moreover, efforts were undertaken to modernize the administration of justice, including the installation of a Gender Unit within the Supreme Court, the commendable lowering of a long-lasting backlog of cases, trainings and sensitization for court personnel on gender and reforms to criminal and civil procedures.

 

However, we noted persistent failings concerning women’s access to justice, which is essential for the realization of all their rights and is a fundamental element of the rule of law and good governance, together with the independence, impartiality, integrity and credibility of the judiciary, the fight against impunity and corruption, and the equal participation of women in the judiciary and other law implementation mechanisms.

 

Many of the elements of the right to access to justice[17] are not guaranteed to most women in Honduras. We observed that the justice system, including the courts and other institutions, does not offer realistic solutions for the barriers women face in accessing justice. These obstacles occur in a structural context of discrimination and inequality, due to factors such as gender stereotyping, discriminatory laws, intersecting or compounded discrimination, procedural and evidentiary requirements and practices, and a failure to systematically ensure that judicial mechanisms are physically, economically, socially and culturally accessible to all women. Furthermore, obtaining effective legal solutions requires costly legal representation, which most women in Honduras cannot afford.  Although some civil society organizations and legal clinics at the public universities offer free legal assistance, they cannot cover the legal needs of most women.  According to the testimonies heard and information received, factors such as socioeconomic status, residence in rural areas, ethnicity and age strongly influence women’s real possibilities of accessing effective legal remedies. During our visit, we received multiple testimonies regarding the lack of access to justice by women facing intersecting forms of discrimination, all of whom decried the impunity for the high rate of femicides and other forms of gender-based violence and their profound lack of trust in the legal system, which was also acknowledged by some government and police officials. Machismo, misogyny and gender stereotypes coupled with the poverty or lack of financial independence of most women, increase the risks that women are exposed to and prevent them from fully exercising their right to access justice.

 

A number of interlocutors expressed a great dissatisfaction with the trial for Berta Cáceres murder, including the members of her family.  We heard that the family has been denied access to reports and evidence during the investigation phase, which lasted more than two years and was marred by numerous irregularities, and that the lawyers representing the family were excluded from the trial without being given a legitimate reason. This trial is emblematic of the lack of transparency and unfair legal processes faced by women’s human rights defenders, which is of great concern to our Working Group. We urge the Government to take all the measures to secure justice for the family and ensure that the trial respects international standards. Any irregularities reflect badly on the judiciary which is already mistrusted for its lack of accountability in spite of the real efforts of the Supreme Court and other institutions to improve access to justice for women.  Moreover, impunity for killings and other crimes committed against women fuel further violence against them.

 

 

Violence against Women

 

Violence against women is rampant in the country, fuelled by inequality, insecurity and impunity, and the lack of opportunities. The permissive regulation on possession of fire arms also contributes to the problem: in 2017, 62% of femicides were committed with the use of fire arms.[18] The forms of violence include exploitation, psychological, physical and sexual violence, trafficking and femicide, while the perpetrators include partners, family and community members, as well as other private actors and state agents. Certain groups of women, such as women human rights defenders, LBT women, sex workers/women in prostitution, and young girls, are particularly vulnerable. According to our interlocutors, there has been a rise in the brutality of violence, as well as the cases of disappearances of women. Violence has been one of the root causes of migration of women.

 

Domestic and sexual violence are among the most reported crimes in the country, and the rate of femicide is very high. According to the data from the Observatory on violence, 5,837 women were murdered from 2002 to 2017.[19] While from 2014 to 2017 there have been 1,944 registered cases of femicide, only 33 have been tried in that period.[20] The conviction rate has been very low.[21] Indeed, according to our interlocutors, 95% of femicides go unpunished. Moreover, our NGO interlocutors were concerned with the fact that crimes are often attributed to maras, even though such murders constitute a small amount of the overall number of femicides. It appears that in such cases even less investigative efforts are taken.

 

This impunity is symptomatic of a pattern of structural discrimination against women. While the problem of impunity was obvious for all our interlocutors, criminal justice officials mostly saw that this was due to victims often withdrawing the complaints. Measures should be taken to insure victims’ trust in the system and enhance their security, as well as sensitise the personnel about the reasons why women might withdraw the complaints. Moreover, gaps in the criminal justice system should be investigated. According to international human rights standards, the state is not absolved from the obligation to investigate serious incidents of violence because the victim withdraws the complaint: investigative efforts must be focused on all relevant evidence.

 

We note that the Government has undertaken some measures to reduce impunity for violence against women. The Domestic Violence Law, which regulates intimate partner violence against women (when acts do not constitute criminal offences) was reformed in 2006. It provides for a range of security, protection and precautionary measures, as well as procedural rights for the victim, which is to be commended. The Criminal Code criminalizes inter-familiar violence, femicide and sexual crimes.

 

We are concerned that there might be a lack of clarity in the legislative framework on violence against women which can result in cases of a criminal nature being subject just to civil jurisdiction. Our interlocutors from the relevant state agencies placed a significant emphasis on the preventative function of the Domestic Violence Law, but, in our view, it is questionable whether civil law, which provides community service as a sanction, indeed fulfils this function. Moreover, 24-hour detention periods provided as a measure under this law might be insufficient for protecting victims and preventing violence, as noted by one of the police officers we spoke to. We have also heard of delays in the conduct of legal proceedings which also weaken deterrence and jeopardize the protection of the victims. Moreover, we learnt that there is a problem of implementation of the security measures. We hope that all serious acts of gender-based violence are indeed treated as criminal offences, and recommend an integrated, comprehensive approach to violence against women which reflects the seriousness of the problem. Moreover, according to international human rights standards, protective orders should be available to all victims, regardless of how the act of violence is classified, and independent of any other legal proceedings.

 

A number of interlocutors also pointed to problems of interpreting the definition of femicide in practice (and we have witnessed different interpretations during our visit), which may reduce the number of charges brought for the crime. Concern was also expressed by NGOs about the insufficient services for children of femicide victims. Moreover, NGOs raised concerns about the lowering of sentences for sexual crimes. We encourage the Government to address these issues.

 

We commend the Government for establishing a specialized unit for women within the prosecutor’s office and units within police and specialized courts on domestic violence, as well as for undertaking trainings and campaigns on gender-based violence. However, according to information received during this mission, these units are not properly funded or staffed, and there are only three specialized courts in the whole country. We have heard that in some municipalities there is a lack of prosecutors in domestic violence cases (in which case public defenders represent both the perpetrator and the victim), as well as a shortage of judges to supervise the execution of measures. Moreover, some victims complained of insufficient coordination between the relevant authorities, which results in their being sent from one to another office. Concern was also expressed about the changes in the rotation of judges. We recommend that the Government secure sufficient human and financial resources and strengthen the specialised units and courts, improve the coordination among the relevant actors and secure further training of the relevant personnel. Also, greater efforts should be made at investigating disappearances of women. Moreover, the Government should continue with conducting awareness raising campaigns. Media should also be sensitised, as many of our interlocutors complained about disrespectful depictions of women (including victims of femicide), which can further fuel violence against women.

 

We are pleased that the mandate of the Inter-institutional Commission on Femicide has (re)started in August 2018, but express concern about the lack of funding available to execute its work and hope that the mechanism will be strengthened. Our interlocutors expressed the need for better data collection, more investigators and an appropriate budget for CONADEH and the Ministry of Interior and we hope that these requirements will be fulfilled without any undue delay.

 

We are also concerned with a low number of shelters and their lack of resources, as observed during our visit. One of the shelters was actually closed during our visit due to inability to pay rent. We urge the Government to finance the shelters and services for victims and provide support to women who leave the shelters, as they often have nowhere to go.

 

Women Who Face Multiple Forms of Discrimination

 

During our visit, we had the pleasure of meeting with representatives of indigenous women, Garìfunas, Afro-descendant, peasant and rural women, transgender women, sex workers/women in prostitution and women living with HIV.[22] We are sincerely grateful for each and everyone’s testimony and we appreciate the time and efforts taken for those who travelled several hours from their communities in order to meet with us. 

The main challenges facing the Indigenous women, Garìfuna women, rural women, as well as peasants are access to and control of land, as they make up only 4% of beneficiaries of a 30-year agrarian reform process and 22% of beneficiaries of the land title programme.[23] They also struggle with the lack of guarantee of economic and social rights—including in the context of development projects, and high rates of poverty. Rural women and women belonging to indigenous communities have routinely recounted their frustration about the absence or inadequacy of consultations undertaken by the Government before the undertaking of large-scale development projects and the granting of concessions to international corporations. For many indigenous women and women of African descent, their land, livelihoods and traditional way of life remain under acute threat by these activities.  They often result in the displacement of the Garifunas and the indigenous population as well as denial of access to natural resources.

Moreover, there does not seem to be any data disaggregated by ethnicity[24] in health and education. Without clear data on adolescent pregnancy in smaller communities, school dropout or sexual abuse, it becomes difficult to address any potential social problems. Contraceptives are inaccessible to most women in the area. Sincere efforts to guarantee the access to health of everyone, including those living in remote areas, are needed.

 

Transgender women, sex workers/women in prostitution and women living with HIV also face discrimination in access to health and other services, as well as employment. Moreover, there is a high rate of violence against transgender women and sex workers/women in prostitution. We hope that legislation securing their rights will be adopted and we commend the efforts of CONADEH in this respect.

                                                            

Women in Prisons

 

According to information received, the number of incarcerated adults had reached 20,583, which includes 1,240 women. While the overall percentage of inmates in pre-trial detention decreased (from 58% to 53%), it grew (from 63% to 68%) among the female population. This indicates that more charges are brought against women for crimes that automatically include pre-trial detentions. Pursuant to IACHR Resolution 1/08, Principles and Best Practices on the Protection of Persons Deprived of Liberty in the Americas, preventive deprivation of liberty shall be applied only within the strictly necessary limits.  When it lasts for an excessive period of time, it runs the risk of inverting the presumption of innocence, turning a precautionary measure into an advance sentence.

 

Honduran law provides that children of female prisoners have the right to be cared for by their mothers inside the prison during their first two years of life. To this end, a court resolution can extend the age that incarcerated mothers can care for their children for up to two additional years, when it is in the best interest of the child.

 

We visited a penitentiary for women in Tegucigalpa. During our visit to the only women´s prison in the country, the poor conditions of detention were obvious. They include serious overcrowding, including in the “home” where the children are placed with their mothers, substandard infrastructure, unsanitary conditions, insufficient programmes for income-generating training for their reintegration into society and poor medical care. We have also heard that inmates have to rely on food brought to them by their families for proper nutrition. Alternative sentences should be explored for crimes carrying short prison sentences and for incarcerated mothers of small children, as set by the Bangkok Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders.

 

Women going on or receiving conjugal visits are subjected to various invasive processes, including tests for HIV, and according to NGOs, forced contraception. The prerequisites for being granted conjugal visits often effectively prevent women from exercising this right. More stringent requirements for unmarried partners, coupled with the prohibition of same-sex marriage, has discriminatory effects on unmarried and LBT women prisoners.

 

Furthermore, we learned about a new set of rules of procedure for visiting people in prison adopted in 2017.[25] Visitors need to obtain several documents and fulfil a lot of requirements to obtain a permit that only lasts for a few months and has to be renewed. These documents, which include certifications issued by Public Notaries, are costly, which affects disproportionally people living in poverty. We were informed that all the administrative work that needs to be completed by each visitor can amount to costing a person 3000 Lempira (124 USD) yearly. We call on the Government to simplify these procedures and apply international standards relating to women deprived of liberty.

Women Human Rights Defenders

Although Honduras has made efforts to establish an effective mechanism of protection for human rights defenders, there still seems to be little understanding of the specificities and needs of women human rights defenders and hurdles they face.  All of the women we spoke to said they were not able to operate in a safe and enabling environment.[26]

 

They told us that they face numerous attacks and threats, as well as criminalization of their activities and lack of access to justice. Stigmatization by officials, and also by their own organizations, families, communities and the media, not only disempowers them but also exposes them to heightened risks. They face smear campaigns aimed at discrediting their work, often being identified as being anti-development of Honduras, ‘unnatural’ mothers and wives or even criminals. One defender told us how not only had she been criminalized, attacked by members of her own community, but has been constantly harassed and insulted by members of her family for being a bad mother. With great passion she told us how even if she is riddled with pain and guilt, she is defending her land, which is being taken by an agrobusiness, precisely because she is worried that her children will not have a future in her region; she thinks this makes her a good mother. 

 

We also received testimonies of women human rights defenders facing legal actions for defamation and slander, as well as the threat thereof. Others have reported that their organizations are subjected to unreasonable tax supervision and registration requirements. We are also told that women who are more vocal are at risk of harsher treatment, including excessive use of force and even murder.

Conclusion

The State of Honduras has shown efforts to improve the situation of women in the country, and has instituted measures on legislative, policy and institutional levels. A number of laws and policies were adopted and a solid institutional framework set up. We met a number of committed individuals, both at the central government and local levels. We were particularly impressed by the Ciudad Mujer initiative, which we hope will be further supported by all necessary resources as well as developed across the country.

Despite these efforts, gender inequality still persists; violations of women’s rights are widespread. Women are under-represented in political and economic spheres, girls face significant barriers to quality education (including sexuality education) and there are many obstacles for access to quality and comprehensive health care. In particular, access to sexual and reproductive health is very restrictive, Honduras prohibiting abortion in all circumstances, as well as emergency contraception. Violence against women is rampant, and the country has one of the highest rates of femicide in the world, while impunity is widespread and women face obstacles to access justice. Certain categories of women are in particularly disadvantageous positions, such as women of ethnic minorities and indigenous women, LBTI women, rural women, women living in poverty. Women in prison also face poor conditions and women human rights defenders are subjected to criminalization, violence, stigmatisation and intimidation.

While the Government has shown the will to address these issues, we urge it to strengthen the efforts to secure gender equality and women’s rights and ensure that measurable results are achieved (such as a decrease in teenage pregnancy and violence against women). Measures should be taken to increase women’s participation in public and political life and further their economic empowerment, as well as to secure their access to health and education, including sexuality education. Risks faced by women in vulnerable situations should be addressed, access to justice improved and impunity for violence against women eliminated. The legal framework should be reviewed in light of the deficiencies mentioned above and the Optional Protocol to CEDAW and relevant ILO conventions ratified. Institutions responsible for ensuring gender equality should be further strengthened, and sufficient financial and human resources allocated to them.

Our conclusions and recommendations will be more fully developed in a report to be presented to the Human Rights Council in June 2019.

 

END

 

The UN Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice was created by the Human Rights Council in 2011 to identify, promote and exchange views, in consultation with States and other actors, on good practices related to the elimination of laws that discriminate against women. The Group is also tasked with developing a dialogue with States and other actors on laws that have a discriminatory impact where women are concerned.

 

The Working Group is composed of five independent experts. The Current Chair-Rapporteur is. To learn more, log on to: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx  

 

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[1] http://www.hn.undp.org/

[2] http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf

[3] https://www.worldbank.org/en/country/honduras

[4] Concluding observations on Honduras, 2018, A/HRC/37/3/Add.2., §19

[5] For example, draft laws regulating domestic work, agrarian reform, violence against women in politics, transgender peoples’ rights, sex workers’ rights, shelter houses for victims of violence against women, comprehensive law on violence against women.

[6] Out interlocutors notified us, for example, that the Law on Domestic Workers does not contain a provision on minimum wage or mandatory social protection, and that the working hours are longer than with other sectors.

[7] According to our interlocutors, only 1.17% of the total budget is allocated to programmes for women.

[8] More resources (human, financial and material) are needed, in particular, from the Ministry of Health. Health services are the most sought one in Ciudad Mujeres.

[9] http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm

[10] https://oig.cepal.org/en/countries/15/system (See also national report to UPR re: quota).

[11] http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/HND.pdf

[12] See, e.g., the report of the Special Rapporteur on Violence against Women (A/HRC/29/27/Add.1) and the Inter-American Commission on Human Rights (http://www.oas.org/en/iachr/multimedia/2016/honduras/honduras-en.html), as well as concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/C/HND/CO/2) and Committee on Economic, Social and Cultural Rights (E/C.12/HND/CO/2).

[13] http://uis.unesco.org/country/HN

[14] WHO (2012).  Safe abortion: Technical and policy guidance for health systems (2nd edition).

[15] http://www.who.int/gho/maternal_health/countries/hnd.pdf.

[16] The adolescent birth rate is 65 births per 1,000 women aged 15 to 19. www.hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/HND.pdf

[17] According to General Recommendation 35 of the CEDAW Committee “The right to access to justice is multidimensional. It encompasses justiciability, availability, accessibility, good-quality and accountability of justice systems, and provision of remedies for victims.”

[18] UNAH, Boletín especial sobre Muerte Violenta de Mujeres, www.iudpas.unah.edu.hn

[19] Obervatorio de seguridada y violencia de las mujeres (2018), Femicidios: Monitoreo de fuentes officiales y medioes de comunicacion escrita, p. 3.

[20] Id, at 8.

[21] According to the CONEDAH annual report in 2017, 19 cases of femicides were presented before the courts, out of which four ended with a conviction, one was provisionally dismissed, and seven are being tried http://app.conadeh.hn/descarg, as/INFORME%20ANUAL%20COMPLETO%202017.pdf

[22] We have not had an opportunitiy to meet with women with disabilities but have heard about some of the problems they face from other interlocutors.

[23] Annual Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Honduras, advanced unedited version distributed 19 March 2018 (A/HRC/37/3/Add.2), para. 10.

[24] There are nine different ethnicities in this country, seven indigenous groups and two groups of African descents.

[25] Regulation of Visits in the Establishments of the National Penitentiary System, National Penitentiary Institute Agreement Number 001-2016.

[26] All the women we met are working to demand and protect women’s rights and promote gender equality in all areas for all women of all ages.  Some are working to promote formal and informal education, including human rights education from a gender perspective as well as sexual education for women and girls, others are combating sexual harassment, violence and negative stereotypes; still others are organized around access to emergency contraception and safe and legal abortion; several are working against discrimination on grounds of sex, for the rights of lesbian and bisexual women as well as the rights of transwomen or for the rights of sex workers; many are working to protect the environment, their rivers and their livelihoods; others are working for better working conditions, especially for maquila and domestic workers, yet others are working to protect women from traffickers, still others are organising around the ratification of relevant international instruments. All of them are trying to end impunity and stop the many forms of violence and discrimination women face in Honduras.

 

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