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Estándares Internacionales en materia de protección a defensores y defensoras de derechos humanos

Estándares Internacionales en materia de protección a defensores y defensoras de derechos humanos

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Exponente: Maria Soledad Pazo

Representante de país Alto Comisionado

Foro Regional de “Intercambio de experiencias sobre estándares internacionales y buenas prácticas relativas al desplazamiento interno, protección a defensores de derechos humanos y a poblaciones LGBTI en Guatemala, El Salvador, Honduras y México”

Definición de defensor de derechos humanos: La declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (en adelante “la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores”) en su artículo 1 establece que debe ser considerado defensor de derechos humanos toda persona que, individual o colectivamente, promueva o procure la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. Las directrices de la Unión Europea sobre el apoyo a defensores de derechos humanos, aprobadas por el Consejo de la Unión Europea en 2004, especifican que esta “definición no incluye a los individuos o grupos que comentan actos violentos o propaguen la violencia.”

Actividades: Los defensores de derechos humanos pueden promover la realización de cualquier tipo de derecho, sea éste civil, político, económico, social o cultural. Al no existir una lista cerrada de actividades que se consideren como acciones de defensa de derechos humanos, éstas pueden incluir pero no limitarse a las siguientes labores: a) investigación y recopilación de información para denunciar violaciones a los derechos humanos; b) cabildeo ante autoridades nacionales e internacionales; c) impulso a procesos de rendición de cuentas para asegurar la responsabilidad de los servidores públicos; d) lucha contra la impunidad; e) apoyo a la gobernabilidad democrática y erradicación de la corrupción; f) promoción de la implementación de los estándares internacionales en el ámbito nacional; g) la educación y capacitación en derechos humanos. Las actividades de promoción y protección de los derechos humanos pueden ejercerse de forma intermitente u ocasional, por lo que la calidad de defensor no constituye necesariamente una condición permanente.

Como criterio identificador para establecer quién podría ser considerado defensor de derechos humanos se utiliza la actividad desarrollada por la persona y no otras calidades, por ejemplo, si ésta recibe un pago por sus labores o si pertenece a una organización civil.

Responsabilidades defensores: no violencia, aceptación carácter universal derechos humanos, validez de los argumentos – por ejemplo, defensa de presos políticos, lo que importa aquí es el debido proceso y los derechos que tienen incluso las personas que han actuado en contra de la ley.

La información recopilada por organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, avalada por el análisis propio de esta Oficina basado en la observación y documentación de casos, permite afirmar que en Honduras los defensores siguen siendo víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas y hostigamientos, campañas de desprestigio, iniciación de acciones judiciales infundadas, restricción al acceso de información en poder del Estado e impunidad. Su labor se desarrolla en un ambiente complejo y hostil en el que se les señala de ser personas que trabajan en contra de la imagen e interés del país, y de tener vínculos con el crimen organizado.

En su reciente visita al país a principios del mes de mayo, el Relator Especial sobre la situación de defensores de derechos humanos, Michel Forst, mostró su preocupación por que “a pesar de los grandes esfuerzos por establecer un mecanismo eficaz de protección, la gran mayoría de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras no pueden trabajar en un entorno seguro y propicio. Están en peligro en la mayor parte del país y no se sienten seguros debido a los numerosos ataques y amenazas, la criminalización de sus actividades y la falta de acceso a la justicia.

La estigmatización, encabezada por altos funcionarios y medios de comunicación, no sólo los desempodera, sino que los expone a mayores riesgos. Se enfrentan a campañas de difamación dirigidas a desacreditar su trabajo, a menudo equiparándolos con la oposición política, o tachándolos de antinacionales, criminales o incluso hasta de traidores. En numerosos casos, los defensores y defensoras han sido atacados, amenazados, llevados ante los tribunales y acusados con cargos políticos o inventados.”

Según la información recabada por la OACNUDH Honduras, entre 2015 y 2018 han sido asesinados al menos 43 defensores de derechos humanos en el país (2015: 13 defensores; 2016: 26 defensores; 2017: 5 defensores; 2018: 1 hasta la fecha). En paralelo, la OACNUDH ha documentado la reducción del número de los asesinatos o ataques contra las y los beneficiarios de las medidas después del otorgamiento de las medidas de protección. Entre 2015 y 2017, 17 beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH fueron asesinados en Honduras. En lo que va de 2018 no se ha producido ninguna muerte de un defensor con medidas cautelares y en 2017 solo un beneficiario de las medidas cautelares de la CIDH fue asesinado por ausencia de las fuerzas de la Secretaría de Seguridad en el momento del asesinato. En 2016, el número de tales casos fue 5, incluyendo el caso de la defensora ambientalista Berta Cáceres.

Algunos de los principales problemas estructurales que dificultan el trabajo de los defensores en Honduras:

– Ausencia de una política pública integral: instituciones no comprenden el concepto de defensoría de derechos humanos

– Ausencia de un enfoque preventivo en el diseño de la política pública de protección para este colectivo;

– Debilidades del Sistema Nacional de Protección; reduccionismo, ausencia de participación de actores primordiales, como el Fiscal General, funcionamiento medidas duras, desorganización? Medidas otorgadas por CIDH que pasan a SEDS sin involucrar al mecanismo; desconfianza, muchos no van sino que usan estructuras alternativas organizadas por sociedad civil

– Falta de reconocimiento de la labor de los defensores por parte de la sociedad en general, y de funcionarios públicos en particular;

– Escaso conocimiento de sus derechos por parte de algunos defensores;

– Falta de entendimiento de la problemática por parte de los funcionarios públicos; y

– Problemas estructurales, de recursos y de enfoque que impiden alcanzar resultados efectivos en las investigaciones de casos de violaciones en contra de defensores adelantadas por el Ministerio Público.

 En el marzo de 2018, el Acuerdo FGR 002/2018 estableció la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, responsable por la investigación y enjuiciamiento de los delitos cometidos en perjuicio de esta categoría por parte de funcionarios públicos y particulares. A pesar del nombramiento de varios fiscales, la Fiscalía Especial no parece todavía ser operativa.

La protección de las Naciones Unidas a las defensoras y los defensores de los derechos humanos, así como el apoyo a su labor, se deriva del reconocimiento de que:

  1. La aplicación de las normas internacionales de derechos humanos en los países depende en gran medida de la contribución que aportan las personas de forma individual o los grupos, y el apoyo a las y los defensores es fundamental para lograr el respeto universal a los derechos humanos;
  2. Cuando los gobiernos, la legislación nacional, las fuerzas de seguridad, el poder judicial y el Estado en su conjunto no proporcionan protección adecuada para las violaciones de los derechos humanos en un país, las y los defensores de esos derechos se convierten en la última línea de defensa;
  3. Las defensoras y los defensores de los derechos humanos son a menudo objeto de violaciones de esos derechos precisamente debido a la labor que desarrollan, y ellos mismos requieren protección.

El reconocimiento del papel decisivo que desempeñan las y los defensores y las graves violaciones de los derechos humanos de las que son objeto fueron el punto de partida para que desde Naciones Unidas se definiera oficialmente la “defensa” de los derechos humanos como un derecho en si mismo y reconocer a las personas que trabajan en favor de esos derechos como “defensores de los derechos humanos”. Este es el origen de la Declaración sobre defensores de los derechos humanos y de la posterior creación del Representante Especial para Defensores de Derechos Humanos, actual mandato de la Relatoría Especial sobre la situación de defensores de los derechos humanos, con un mandato de vigilar y apoyar la aplicación de la Declaración.

Siendo que la Declaración sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos contiene una serie de principios y derechos que se basan en las normas de derechos humanos consagradas en otros instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el deber del Estado de proteger todos los derechos humanos incluye la protección de los derechos de las y los defensores de derechos humanos. Así, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la privacidad y los derechos a la libertad de asociación y de expresión deben ser protegidos de violaciones no sólo por los agentes estatales, sino también por personas físicas o jurídicas de derecho privado.

Desde la adopción de la Declaración numerosos mecanismos de derechos humanos y procedimientos especiales de Naciones Unidas han abordado el tema de defensores (el Examen Periódico Universal, el Comité de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité contra la Discriminación Racial, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el Relator Especial sobre la libertad de opinión y expresión, entre otros). Es especialmente relevante y supuso un precedente que avanzó significativamente en el enfoque de género la primera resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobada el 18 de diciembre de 2013 que reconoce el papel diferenciado de las defensoras de derechos humanos, las problemáticas que enfrentan por cuestiones de género y la necesidad de un tratamiento diferenciado. Por ejemplo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha reiterado en varias ocasiones la importancia de que exista una política pública para la protección de defensores de los derechos humanos y un protocolo de investigación para ataques contra defensores que este basada en el enfoque de género y el reconocimiento de la labor de las defensoras de derechos humanos, así como de defensores que trabajan cuestiones de género.

El Relator Especial Michel Forst, en su Comentario a la Declaración de Defensores de 2016 enfocó la labor de su Relatoría en el aspecto de lo que conlleva el derecho a ser protegido de los que protegen los derechos. El deber del Estado de proteger los derechos de las defensoras y defensores se deriva de la responsabilidad y el deber fundamentales de cada Estado de proteger todos los derechos humanos, según lo establecido en la Declaración Universal de los derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 3) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 1). Además de estar establecido en el preámbulo, así como en los artículos 2, 9 y 12 de la Declaración sobre Defensores.

El artículo 9 de la Declaración sobre Defensores establece que: “En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la promoción y protección de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a ser protegida en caso de violación de estos derechos”.

El deber del Estado de proteger los derechos de las defensoras y los defensores de las violaciones cometidas por los Estados y por los actores no estatales se deriva de la responsabilidad fundamental y el deber de cada Estado de proteger todos los derechos humanos, tal y como está consagrado en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dicho Pacto establece la obligación de los Estados de garantizar a todos los individuos que se encuentren dentro de su territorio y estén bajo su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, sin discriminación alguna.

Los Estados deben prevenir las violaciones de los derechos humanos de las defensoras y los defensores que se encuentren bajo su jurisdicción, tomando medidas legales, judiciales y administrativas, así como cualquier otra medida que asegure el pleno disfrute por parte de las y los defensores de sus derechos; investigando presentas violaciones; procesando a los presuntos autores; y otorgando a las y los defensores las reparaciones y las indemnizaciones necesarias. Las acciones u omisiones que contravienen la obligación del Estado de diligencia debida incluyen la falta de protección eficaz para las defensoras y los defensores en situación de riesgo que hayan documentado los ataques y amenazas por parte de actores no estatales o a los que los mecanismos nacionales y/o regionales de derechos humanos hayan otorgado medidas provisionales/cautelares de protección.

A modo de ejemplo para ver en la práctica el deber del Estado de proteger los derechos, tenemos el ejemplo con el derecho a la libertad de opinión y expresión: este derecho se reconoce en diversos instrumentos internacionales y regionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19), la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 10) y la Declaración sobre Defensores (artículo 6). Como se muestra en la slide, y como pasa en todos los derechos, impone a los Estados obligaciones jurídicas positivas y negativas: a) de respetar el derecho, o de abstenerse de interferir en el goce del derecho; b) de proteger, o de ejercer debida diligencia a fin de prevenir, sancionar, investigar y reparar el daño causado por personas o entidades privadas; y c) de dar cumplimiento al derecho, o de tomar medidas positivas o proactivas a fin de hacer efectivo el derecho. (EJEMPLO ANTENA RADIO PROGRESO)

Algunos de los ejemplos de limitaciones y violaciones comunes con respecto al derecho a la libertad de expresión y opinión que sufren las defensoras y los defensores en Honduras son:

  • El uso de la legislación nacional sobre seguridad para perseguir a las y los defensores críticos al Gobierno;
  • Restricciones al acceso a la información;
  • El uso del sistema judicial para acosar a las y los defensores de derechos humanos y obstaculizar su labor;
  • Leyes que limitan la libertad de prensa;
  • Censura, suspensión, cierre o prohibición de medios de comunicación; y
  • Ataques en contra de defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales.

 

Otro elemento clave para que los Estados avancen en la plena implementación de los estándares internacionales de derechos humanos es en aspectos de comunicación. La comunicación con enfoque de derechos humanos es aplicable a contextos democráticos en los cuales los Estados y la sociedad desean que los ciudadanos y las ciudadanas tengan acceso a la información, produzcan información y la divulguen siguiendo los marcos normativos internacionales en materia de derechos humanos. La comunicación está directamente relacionada con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que define el concepto de libertad de opinión y expresión.

 

La comunicación debe ser consecuente con el rol de garante de derechos que tiene el Estado y sus instituciones, y la calidad de sujetos de derechos de las personas y grupos con las que el Estado interactúa.

Para las y los funcionarios del Estado crear la política pública de comunicación con enfoque de derechos humanos significa que los productos comunicacionales producidos por el Estado para radio, prensa, tv e internet, así como sus materiales impresos, difunden las normas internacionales de derechos humanos y cuentan con un diseño participativo por parte de los públicos o las audiencias a las cuales va dirigida la comunicación.

También deben tener un enfoque diferenciado, que en la práctica significa evidenciar la existencia de mujeres, LGTBI, niñas, niños, indígenas, personas con discapacidad, afrodescendientes, migrantes, etc. En  muchos casos la comunicación estatal o pública se ha relacionado sólo con publicidad o marketing de lo que hacen los gobiernos. Sin embargo, la comunicación con enfoque de derechos humanos por parte del Estado no solo incluye la publicidad vinculada con su gestión sino que es enriquecida con las normas de derechos humanos.

Otro de los elementos claves para la plena implementación de los estándares internacionales es incluir siempre el enfoque de género. En términos generales el Estado es el principal autor de violaciones contra las defensoras de derechos humanos y los defensores. Pero en el caso de las defensoras a menudo han viso vulnerados sus derechos por los propios miembros de sus comunidades debido al rol de la mujer en la sociedad. En estos casos, es frecuente que las autoridades estatales no hayan sabido ofrecer una protección adecuada a las defensoras y contra las amenazas específicas que sufren. Factores como el rol de la mujer en la familia, factores religiosos, sociales y culturales tiene también que ser analizados en el diseño de medidas de prevención y protección.

En su informe al Consejo de Derechos Humanos en 2010 (A/HRC/16/44, párrafo 109), la Relatora Especial sobre Defensores en aquel momento ya señalaba la necesidad de abordar de forma diferenciada la protección de las defensoras de derechos humanos y de las personas que trabajan en derechos de la mujer o cuestiones de género, recomendando a los Estados los siguientes puntos:

  1. Reconocer públicamente la función concreta e importante de las defensoras y quienes se dedican a cuestiones de género en la consolidación y avance de las sociedades pluralistas e integradoras, como primer paso para la prevención o reducción de los riesgos que corren;
  2. Proteger a las defensoras y a quienes se dedican a los derechos de la mujer o cuestiones de género de violaciones de sus derechos por agentes estatales y no estatales reconociendo esas violaciones y ofreciendo medidas de seguridad eficaces;
  3. Asegurarse que las violaciones de derechos humanos cometidas contra defensoras por agentes estatales y no estatales se investiguen rápida e imparcialmente y de que se sanciones adecuadamente a los responsables. La lucha contra la impunidad es clave.
  4. Incluir de forma específica la participación de defensoras y personas que trabajan cuestiones de género en cualquier consulta con los defensores y defensoras de derechos humanos, en los contextos de programas de protección o en otros contextos;
  5. Asegurar que los programas de medidas de protección a defensores y defensoras se incorpore una perspectiva de género y se dé respuesta a los riesgos y necesidades de seguridad específicos de las defensores o personas que se dedican a los derechos de la mujer o cuestiones de género; y
  6. Promover proyectos para mejorar y perfeccionar la documentación de las vulneraciones de los derechos de las defensoras.

Ante la situación que enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos no solo debe tratarse el tema de la protección, sino que también es importante el establecimiento de mecanismos que apoyen a la prevención y puedan generar alertas tempranas para mejorar las condiciones de seguridad y el pleno goce de sus derechos a las y los defensores. Existen cada vez más iniciativas que intentan mejorar las condiciones para que las defensoras y defensores puedan llevar a cabo de forma libre y efectiva su importante labor. Una de estas iniciativas es el Mecanismo de acciones conjuntas para contribuir a la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en las Américas, adoptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2017.

Este Mecanismo promueve intercambiar periódicamente información entre ambos órganos para el análisis conjunto de temas y situaciones de especial preocupación, así como acciones para alcanzar la efectiva y oportuna protección a personas defensoras en riesgo, a partir de cinco líneas prioritarias de acción: 1) estudios conjuntos con enfoque preventivo, 2) monitoreo y protección, 3) incidencia, 4) promoción y 5) asistencia técnica.

En este sentido, y teniendo en cuenta las recomendaciones finales a su misión en el país en mayo de 2018 del Relator Especial sobre Defensores, Michel Forst, sería importante avanzar también en los siguientes aspectos preventivos a partir de la elaboración de una Hoja de Ruta para su implementación:

Reconocimiento público de rol y funciones de defensores:  Comunicados públicos y campañas mediáticas a favor de los Defensores: Sistema Nacional de Protección sacó 3 comunicados desde su creación. Importancia de seguir esta buena práctica para reconocer y respaldar su labor y contrarrestar el discurso estigmatizante en contra de este colectivo.

La adopción de directivas dirigidas a funcionarios públicos permitirían respaldar la labor legal y legítima de los defensores de derechos humanos puede generar un ambiente favorable para dicho ejercicio. Desde la Presidencia de la República, la Secretaría de Estado en el despacho de Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad se deberían impartir instrucciones claras a todos los servidores públicos, ya sea civiles o militares, con el fin de que éstos se abstengan de: a) cuestionar la legitimidad de las organizaciones de derechos humanos que actúan dentro del marco legal, b) hacer declaraciones públicas que estigmaticen la labor propia de estas organizaciones, c) hacer imputaciones o acusaciones infundadas que comprometan su honra y buen nombre, d) emitir afirmaciones que descalifiquen y expongan aún más a los defensores de derechos humanos. (caso de Colombia)

Impulso a las investigaciones: La falta de avances en las investigaciones de los crímenes cometidos a los defensores de derechos humanos representa un serio desafío para los organismos especializados en sancionarlos. Importancia de contar con un diagnóstico sobre los patrones de violaciones identificados, capacitar personal MP sobre los estándares internacionales para la protección de defensores de derechos humanos y desarrollar un protocolo para la investigación de casos de amenazas en contra de defensores de derechos humanos que implemente la metodología del análisis de contexto y análisis relacional de los hechos, con criterios claros de priorización de casos.

Educación en DDHH: La realización de actividades de capacitación, orientadas a empoderar tanto a los defensores de derechos humanos en su calidad de titulares de derechos, como a las autoridades estatales en su rol de portadores de obligaciones es importante para generar un ambiente idóneo y favorable para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

Establecimiento/Impulso de unidades de prevención en los mecanismos nacionales de protección con el objetivo de generar sistemas de alerta temprana y lograr respuestas preventivas a las amenazas que sufren las defensoras y los defensores en el país.

Avanzando en la prevención y sistemas de alerta temprana de forma coordinada y en colaboración con diferentes sectores será posible mejorar la protección efectiva de las defensoras y defensores en Honduras para que puedan ejercer de forma libre y efectiva su labor de defensoría de derechos humanos.

 

 

 

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