Comunicados

CIDH y las Oficinas de ONU Derechos Humanos expresan su preocupación por la situación de personas defensoras de derechos humanos en el primer cuatrimestre del año

CIDH y las Oficinas de ONU Derechos Humanos expresan su preocupación por la situación de personas defensoras de derechos humanos en el primer cuatrimestre del año.

Bogotá / Ciudad de Guatemala / Ciudad de México / Ciudad de Panamá / Santiago de Chile/ Tegucigalpa –
Honduras/ Washington, D.C. (30 de mayo de 2019) – En el marco del Mecanismo de Acciones Conjuntas para
contribuir a la protección de personas defensoras de derechos humanos en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) expresan su preocupación por la continuidad de actos de violencia e intimidación que han enfrentado quienes defienden los derechos humanos en las Américas en los primeros cuatro meses del año.

La CIDH y las Oficinas del Alto Comisionado advierten que la región americana continúa siendo una de las más peligrosas para ejercer la labor de defensa de derechos humanos en el mundo. Varios países del continente lideran las cifras mundiales de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, quienes además enfrentan amenazas, ataques, hostigamientos, actos de intimidación, campañas de estigmatización y
desprestigio, así como procesos de criminalización por su legítima labor de defensa. Entre las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales que han sido asesinados se encuentran beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y personas que recibían protección por parte de autoridades nacionales.

La CIDH y la ONU Derechos Humanos advierten con preocupación que Colombia se mantiene como uno de los
países con más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales registrados en el continente. Entre el 1 de enero y el 30 de abril, la ONU Derechos Humanos recibió 51 quejas sobre asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en el país, de los cuales al menos 21 han sido verificados por ONU Derechos Humanos como asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos (3 mujeres y 18 hombres).

El mes de enero de 2019 estuvo marcado por varios ataques y asesinatos de personas que defienden los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. Por ejemplo, en enero de 2019 se registró el asesinato de Maritza Quiroz Leiva, reclamante de tierras y lideresa de mujeres afrodescendientes víctimas de desplazamiento en Santa Marta, Colombia, a causa de disparos que le habrían propinado hombres desconocidos. El 11 de enero, la Sra. Alfamir Castillo Bermúdez, una defensora y madre de una víctima de una ejecución extrajudicial, fue atacada en el Valle del Cauca, también en Colombia, cuando varios disparos impactaron el vehículo en el cual se movilizaba. El día siguiente, el 12 de enero, se desarrolló un intento de allanamiento en la oficina de Bogotá de la Fundación Nydia Erika Bautista (ONG).

Tanto la Sra. Alfamir como la Fundación, acompañan y apoyan a víctimas, en casos de graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Por otra parte, la ONU Derechos Humanos sigue observando que el grupo de defensores y defensoras comunitarias y comunales continúan siendo el grupo de defensores en más alto riesgo en Colombia y representan la mayoría de las víctimas mortales, hasta la fecha.

Asimismo, se registraron otras situaciones de ataques y asesinatos en otras partes del país. Cabe resaltar que
el 4 de abril, la CIDH y la ONU Derechos Humanos en Colombia hicieron un llamado conjunto en el marco de la
MINGA señalando la importancia del diálogo para la atención a las demandas sociales como única salida que
contiene la violencia. Asimismo, destacaron que el enfoque de derechos humanos siempre allana el camino hacia el fortalecimiento de las democracias y el Estado de Derecho.

La CIDH y la ONU Derechos Humanos expresan su preocupación por el aumento de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos en México durante los primeros cuatro meses del año, en comparación con años anteriores. De acuerdo con información al alcance de ambos organismos, al menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas durante este periodo, 9 hombres y una mujer, una cifra cercana a los al menos 13 casos documentados durante todo el año 2018, lo cual supone un significativo aumento de la violencia. Preocupa especialmente que 8 de las personas defensoras asesinadas sean indígenas.

Así el 3 de enero se produjo en Arriaga, Chiapas, el asesinato del defensor de derechos humanos Sinar Corzo
quien formaba parte del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos «El Coloso de Piedra» y que
en 2013 fue víctima de detención arbitraria en el marco de su participación en actividades de defensa del derecho al agua. El 17 de enero fueron víctimas de desaparición los defensores de derechos humanos Noé
Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez cuando participaban en un plantón frente al Palacio Municipal de Amatán, Chiapas, y sus cuerpos sin vida fueron localizados el 18 de enero. Noé Jiménez era beneficiario del
Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El 9 de febrero fue asesinado Óscar Cazorla, activista por los derechos de las personas LGBTI y defensor de la comunidad muxe, en su domicilio en Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca. El 20 de febrero Samir Flores, defensor indígena de la tierra y el territorio frente a megaproyectos y comunicador comunitario fue asesinado en su casa de Amilcingo, Morelos. Además, el 30 de marzo se reportó el asesinato de Abiram Hernández Fernández, activista y defensor de derechos humanos en el estado de Veracruz, quien habría sido agredido en su domicilio.

Por otra parte, la CIDH y la ONU Derechos Humanos expresaron su preocupación por la desaparición en México de los defensores de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, quienes estuvieron desaparecidos desde el 12 de febrero hasta el 19 de febrero de 2019, hasta que fueron liberados por sus captores tras una intensa campaña de búsqueda. Otilia e Hilario se dirigían en transporte público desde Tierra Colorada a Chilpancingo, en el estado de Guerrero, cuando fueron privados de su libertad. Obtilia Eugenio Manuel fue beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y es beneficiaria de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2009.

Asimismo, la CIDH y la ONU Derechos Humanos observan con preocupación los homicidios de personas defensoras registrados en otros países como Honduras, Brasil, Costa Rica, Perú y Guatemala. Por ejemplo, en Honduras, la CIDH y la ONU Derechos Humanos condenaron el asesinato de Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute en febrero de 2019, ambos indígenas tolupanes integrantes de la tribu San Francisco Locomapa y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en el departamento de Yoro. Salomón Matute era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 2013, debido a las amenazas, hostigamientos y actos de violencia en el marco de su labor como defensor del medio ambiente y pueblos indígenas. En Brasil, se reportaron los homicidios en marzo de 2019 de Dilma Ferreira Silva, coordinadora de Tucuruí del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB), su esposo, Claudionor Costa da Silva, y un amigo, Milton Lopes en el municipio de Baião, en el estado de Pará. Dilma Ferreira Silva era una destacada defensora y reconocida lideresa que luchó por los derechos de las personas afectadas por la presa hidroeléctrica de Tucuruí. Adicionalmente, se registró la muerte de la activista ambiental, Rosane Santiago, torturada y asesinada, en la ciudad de Nova Viçosa, el Estado de Bahia, el 29 de enero.

En el mismo mes, la CIDH repudió el asesinato de Sergio Rojas, líder indígena bribri, en Salitre, Costa Rica.
Sergio Rojas era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 2015. En Perú, en abril de 2019, según información pública, Cristian Java Ríos, indígena urarina de la comunidad nativa La Petrolera y
defensor del medio ambiente, fue asesinado por invasores de sus tierras y varias personas de la comunidad que lo acompañaban resultaron heridas. En Guatemala, en enero de 2019 fue asesinado en el departamento de Jalapa, Delfino Agustín Vidal, miembro de la organización campesina CODECA, un acto que podría tener
posibles motivos políticos.

La CIDH y la ONU Derechos Humanos expresan su preocupación por el aumento de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos en México durante los primeros cuatro meses del año, en comparación con años anteriores. De acuerdo con información al alcance de ambos organismos, al menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas durante este periodo, 9 hombres y una mujer, una cifra cercana a los al menos 13 casos documentados durante todo el año 2018, lo cual supone un significativo aumento de la violencia. Preocupa especialmente que 8 de las personas defensoras asesinadas sean indígenas.

Así el 3 de enero se produjo en Arriaga, Chiapas, el asesinato del defensor de derechos humanos Sinar Corzo quien formaba parte del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos «El Coloso de Piedra» y que en 2013 fue víctima de detención arbitraria en el marco de su participación en actividades de defensa del derecho al agua. El 17 de enero fueron víctimas de desaparición los defensores de derechos humanos Noé
Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez cuando participaban en un plantón frente al Palacio Municipal de Amatán, Chiapas, y sus cuerpos sin vida fueron localizados el 18 de enero. Noé Jiménez era beneficiario del
Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El 9 de febrero fue asesinado Óscar Cazorla, activista por los derechos de las personas LGBTI y defensor de la comunidad muxe, en su domicilio en Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca. El 20 de febrero Samir Flores, defensor indígena de la tierra y el territorio frente a megaproyectos y comunicador comunitario fue asesinado en su casa de Amilcingo, Morelos. Además, el 30 de marzo se reportó el asesinato de Abiram Hernández Fernández, activista y defensor de derechos humanos en el estado de Veracruz, quien habría sido agredido en su domicilio.

Por otra parte, la CIDH y la ONU Derechos Humanos expresaron su preocupación por la desaparición en Méxicode los defensores de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, quienes estuvieron desaparecidos desde el 12 de febrero hasta el 19 de febrero de 2019, hasta que fueron liberados por sus captores tras una intensa campaña de búsqueda. Otilia e Hilario se dirigían en transporte público desde Tierra Colorada a Chilpancingo, en el estado de Guerrero, cuando fueron privados de su libertad. Obtilia Eugenio Manuel fue beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y es beneficiaria de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2009.

Asimismo, la CIDH y la ONU Derechos Humanos observan con preocupación los homicidios de personas
defensoras registrados en otros países como Honduras, Brasil, Costa Rica, Perú y Guatemala. Por ejemplo, en
Honduras, la CIDH y la ONU Derechos Humanos condenaron el asesinato de Salomón Matute y su hijo Juan
Samael Matute en febrero de 2019, ambos indígenas tolupanes integrantes de la tribu San Francisco Locomapa y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en el departamento de Yoro. Salomón Matute era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 2013, debido a las amenazas, hostigamientos y actos de violencia en el marco de su labor como defensor del medio ambiente y pueblos indígenas. En Brasil, se reportaron los homicidios en marzo de 2019 de Dilma Ferreira Silva, coordinadora de Tucuruí del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB), su esposo, Claudionor Costa da Silva, y un amigo, Milton Lopes en el municipio de Baião, en el estado de Pará. Dilma Ferreira Silva era una destacada defensora y reconocida lideresa que luchó por los derechos de las personas afectadas por la presa hidroeléctrica de Tucuruí. Adicionalmente, se registró la muerte de la activista ambiental, Rosane Santiago, torturada y asesinada, en la ciudad de Nova Viçosa, el Estado de Bahia, el 29 de enero.

En el mismo mes, la CIDH repudió el asesinato de Sergio Rojas, líder indígena bribri, en Salitre, Costa Rica. Sergio Rojas era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 2015. En Perú, en abril de 2019, según información pública, Cristian Java Ríos, indígena urarina de la comunidad nativa La Petrolera y
defensor del medio ambiente, fue asesinado por invasores de sus tierras y varias personas de la comunidad que lo acompañaban resultaron heridas. En Guatemala, en enero de 2019 fue asesinado en el departamento de Jalapa, Delfino Agustín Vidal, miembro de la organización campesina CODECA, un acto que podría tener
posibles motivos políticos.

La CIDH y la ONU Derechos Humanos expresan su preocupación por el aumento de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos en México durante los primeros cuatro meses del año, en comparación con años anteriores. De acuerdo con información al alcance de ambos organismos, al menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas durante este periodo, 9 hombres y una mujer, una cifra cercana a los al menos 13 casos documentados durante todo el año 2018, lo cual supone un significativo aumento de la violencia. Preocupa especialmente que 8 de las personas defensoras asesinadas sean indígenas.

Así el 3 de enero se produjo en Arriaga, Chiapas, el asesinato del defensor de derechos humanos Sinar Corzo quien formaba parte del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos «El Coloso de Piedra» y que en 2013 fue víctima de detención arbitraria en el marco de su participación en actividades de defensa del derecho al agua. El 17 de enero fueron víctimas de desaparición los defensores de derechos humanos Noé
Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez cuando participaban en un plantón frente al Palacio Municipal de Amatán, Chiapas, y sus cuerpos sin vida fueron localizados el 18 de enero. Noé Jiménez era beneficiario del
Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El 9 de febrero fue asesinado Óscar Cazorla, activista por los derechos de las personas LGBTI y defensor de la comunidad muxe, en su domicilio en Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca. El 20 de febrero Samir Flores, defensor indígena de la tierra y el territorio frente a megaproyectos y comunicador comunitario fue asesinado en su casa de Amilcingo, Morelos. Además, el 30 de marzo se reportó el asesinato de Abiram Hernández Fernández, activista y defensor de derechos humanos en el estado de Veracruz, quien habría sido agredido en su domicilio.

Por otra parte, la CIDH y la ONU Derechos Humanos expresaron su preocupación por la desaparición en México de los defensores de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, quienes estuvieron desaparecidos desde el 12 de febrero hasta el 19 de febrero de 2019, hasta que fueron liberados por sus captores tras una intensa campaña de búsqueda. Otilia e Hilario se dirigían en transporte público desde Tierra Colorada a Chilpancingo, en el estado de Guerrero, cuando fueron privados de su libertad. Obtilia Eugenio Manuel fue beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y es beneficiaria de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2009.


Asimismo, la CIDH y la ONU Derechos Humanos observan con preocupación los homicidios de personas defensoras registrados en otros países como Honduras, Brasil, Costa Rica, Perú y Guatemala. Por ejemplo, en Honduras, la CIDH y la ONU Derechos Humanos condenaron el asesinato de Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute en febrero de 2019, ambos indígenas tolupanes integrantes de la tribu San Francisco Locomapa y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en el departamento de Yoro. Salomón Matute era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 2013, debido a las amenazas, hostigamientos y actos de violencia en el marco de su labor como defensor del medio ambiente y pueblos indígenas. En Brasil, se reportaron los homicidios en marzo de 2019 de Dilma Ferreira Silva, coordinadora de Tucuruí del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB), su esposo, Claudionor Costa da Silva, y un amigo, Milton Lopes en el municipio de Baião, en el estado de Pará. Dilma Ferreira Silva era una destacada defensora y reconocida lideresa que luchó por los derechos de las personas afectadas por la presa hidroeléctrica de Tucuruí. Adicionalmente, se registró la muerte de la activista ambiental, Rosane Santiago, torturada y asesinada, en la ciudad de Nova Viçosa, el Estado de Bahia, el 29 de enero.


En el mismo mes, la CIDH repudió el asesinato de Sergio Rojas, líder indígena bribri, en Salitre, Costa Rica.
Sergio Rojas era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 2015. En Perú, en abril de 2019, según información pública, Cristian Java Ríos, indígena urarina de la comunidad nativa La Petrolera y
defensor del medio ambiente, fue asesinado por invasores de sus tierras y varias personas de la comunidad que lo acompañaban resultaron heridas. En Guatemala, en enero de 2019 fue asesinado en el departamento de Jalapa, Delfino Agustín Vidal, miembro de la organización campesina CODECA, un acto que podría tener
posibles motivos políticos.

ambiente. La CIDH y la ONU Derechos Humanos confían en que este importante paso sea seguido a la brevedad por el resto de países de la región dando un nuevo impulso al reconocimiento y protección de la labor de las personas defensoras de derechos humanos.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) es la principal entidad
de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. La Asamblea General encomendó al Alto Comisionado y a su Oficina la misión de promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas. ONU Derechos Humanos proporciona asistencia en forma de competencias técnicas y fomento de capacidad para apoyar la aplicación sobre el terreno de las normas internacionales de derechos humanos. ONU Derechos Humanos ayuda a los gobiernos, que tienen la responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos, a cumplir con sus obligaciones y apoya a los individuos en la reivindicación de sus derechos. Además, denuncia de manera objetiva las violaciones de derechos humanos.


La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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