OACNUDH territorializa su Informe Anual e impulsa diálogo multisectorial sobre derechos humanos en la zona norte.
San Pedro Sula, Cortés. Jueves 26 de marzo 2026. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) presentó hoy su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Honduras en el 2025, en la Universidad de San Pedro Sula (USAP), en lo que constituye la primera presentación territorial del informe en el país y el inicio de una serie de diálogos en distintas regiones de Honduras con el objetivo de acercar sus contenidos a distintos actores y promover análisis amplios sobre derechos humanos en Honduras.
Presentación del Informe Anual sobre los Derechos Humanos en Honduras, realizado por primera vez a nivel territorial.
El Informe Anual fue presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos en febrero de 2026, y posteriormente por la Oficina en Honduras a nivel nacional en Honduras. En el informe registra que varias de las violaciones de derechos humanos reportadas, cómo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos fueron atribuidas a cuerpos policiales y militares en el contexto de disputas territoriales entre estructuras criminales en los sectores de Chamelecón y la Rivera Hernández, San Pedro Sula.
OACNUDH documentó casos de violaciones de los derechos humanos que afectaron a 24 personas, entre ellas tres mujeres. Entre ellos se incluyen ocho casos de desapariciones forzadas, cinco de tortura y malos tratos, tres de ejecuciones extrajudiciales, dos de muerte bajo custodia y seis de detenciones arbitrarias, todos ellos atribuibles a cuerpos militares y de la Policía, como a la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado y la Policía Militar del Orden Público.
Las violaciones habrían sido cometidas durante allanamientos y detenciones sin orden judicial, amparados en la discrecionalidad que otorga el estado de excepción. En al menos 13 casos documentados en Choluteca, Francisco Morazán, Intibucá, Olancho, San Pedro Sula y Yoro.
El ACNUDH ha documentado abusos de derechos humanos como resultado del desplazamiento forzado de personas en al menos cuatro cooperativas campesinas (una en el Aguán y tres en Choloma), la amenaza de despojo de tierras garífunas en Triunfo de la Cruz, la explotación ilegal de recursos naturales y la usurpación de territorios de Pueblos Indígenas en Gracias a Dios, y el reclutamiento forzado atribuido a maras y pandillas en Cortés.
Sobre el espacio cívico, la Oficina observa que, en los departamentos de Atlántida, Colón, Copán, Gracias a Dios y Yoro, el ejercicio del periodismo se realiza en un entorno hostil, marcado por las amenazas por parte de actores estatales y no estatales locales, la polarización y la ausencia de protección estatal. Esto ha ocasionado que periodistas y comunicadores se autocensuren y eviten abordar ciertos contenidos por temor a represalias. En relación al acceso a la tierra y la conflictividad social destaca en Choloma (Cortés), la inscripción de títulos a favor de particulares sobre tierras adjudicadas o poseídas históricamente por comunidades campesinas ha generado inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y el riesgo de que sean despojadas de dichas tierras por parte de las empresas mercantiles y las entidades bancarias a las que se les reconoció el derecho de propiedad sobre tales tierras.
En este contexto, el Informe Anual plantea una agenda mínima de derechos humanos e insta a las autoridades a implementarlas. Reafirma su compromiso de continuar apoyando a Honduras en sus esfuerzos por fortalecer la promoción, el respeto y la protección de los derechos humanos, y, entre otras recomendaciones, propone:
g) Tipificar la desaparición forzada como delito autónomo en el Código Penal, tomando en cuenta las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada29, y adoptar un protocolo específico para la investigación y búsqueda de personas que no involucre a las fuerzas policiales;
i) Implementar un protocolo de manejo confidencial de información sobre personas beneficiarias del Sistema Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que incluya auditorías internas regulares, mecanismos de denuncia de filtraciones y sanciones;
j) Establecer oficinas regionales de la Dirección General del Sistema de Protección en zonas de alto riesgo, con personal capacitado y recursos adecuados, coordinación interinstitucional activa y mecanismos de consulta con personas beneficiarias para definir medidas de protección adaptadas al contexto local;
q) Derogar el Decreto Ejecutivo núm. 93-2021 sobre desalojos preventivos, o realizar las modificaciones necesarias que aseguren su compatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos;
r) Asignar recursos suficientes al Instituto Nacional Agrario para la delimitación, demarcación, titulación y saneamiento efectivo de los territorios de Pueblos Indígenas y afrohondureños con su plena participación y consulta;
“Presentar el informe del Alto Comisionado por primera vez en una universidad hondureña reafirma el papel de la academia como espacio para el análisis, el diálogo y la construcción de soluciones en derechos humanos. Valoramos especialmente el compromiso de la Universidad de San Pedro Sula, quien hoy se ha consolidado como un aliado estratégico para impulsar los derechos humanos en la zona norte de Honduras” amplió Monge. Finalmente, la Oficina reafirmó su compromiso de continuar apoyando a Honduras en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, promoviendo el diálogo entre todos los sectores como base para avanzar hacia una Honduras más justa e inclusiva para todas las personas.