Tegucigalpa, 5 de noviembre de 2021 – La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresa su profunda preocupación por la entrada en vigor de las reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y Ley Especial contra el Lavado de Activos, que contravienen las obligaciones del Estado de Honduras en materia de derechos humanos, restringen el espacio cívico y limitan las capacidades para conducir investigaciones efectivas en casos de corrupción.
“Según el análisis realizado por la Oficina que represento, las modificaciones publicadas reducen significativamente el espacio cívico, a través de la criminalización de la protesta pacífica, y limitan las posibilidades de investigación y sanción de la corrupción”, expresó Isabel Albaladejo Escribano, Representante de OACNUDH en Honduras.
La urgencia y la falta de transparencia en la aprobación de estas reformas impidieron un debate ciudadano representativo de la diversidad del país y de los grupos y comunidades afectados por las mismas. Para superar este cuestionamiento a la legitimidad de las reformas, OACNUDH llama respetuosamente a las autoridades nacionales a considerar la revisión de su contenido, en el marco de un proceso amplio y participativo que incluya a los distintos actores interesados, como las organizaciones campesinas, expertos y expertas en la materia, autoridades, sector privado, academia y personas defensoras de derechos humanos, entre otros.
El hecho de que las reformas al Código Penal extiendan la aplicación del delito de usurpación a espacios públicos, agraven seriamente sus penas y lo conviertan en un delito de flagrancia continua resultaría en restricciones ilegítimas al derecho a participar en los asuntos públicos, a la libertad de asociación, a la libertad de reunión pacífica, a la libertad de expresión y al derecho a defender los derechos humanos. Especialmente preocupante resulta el agravamiento de la criminalización que ya enfrentan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras, como ya ha sido advertido por diversos organismos internacionales de protección de derechos humanos.
Por su parte, las reformas del Código Procesal Penal habilitan los desalojos preventivos e inmediatos sin control judicial. Sobre ello, la Oficina recuerda que tanto las obligaciones internacionales suscritas por Honduras, que forman parte del derecho interno, así como la jurisprudencia constitucional, señalan que no pueden realizarse desalojos en tanto no exista una decisión judicial sobre la propiedad o posesión del bien real.
“Nos preocupa que la entrada en vigor de estas reformas agrave la situación de conflictividad por el acceso a la tierra, particularmente para grupos campesinos y pueblos indígenas. Tanto nuestra Oficina como mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado a Honduras abordar las causas estructurales de los conflictos sobre tierras y territorios y evitar el uso del derecho penal como respuesta a esta conflictividad”, añadió la Representante.
Adicionalmente, en las reformas a la Ley Especial contra el Lavado de Activos, las organizaciones de la sociedad civil que administren fondos de cooperación externa pueden ser declaradas Personas Políticamente Expuestas, lo que las expone a controles agravados y la posibilidad de verse sujetas al de risking[1]. Como afirmado por la Relatoría Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, esta figura ha sido utilizada para obstaculizar las actividades financieras y de manejo de fondos de organizaciones de sociedad civil, afectando el ejercicio del derecho a la libertad de asociación de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Honduras.
“La labor de las organizaciones de la sociedad civil que realizan auditoría social y denuncian la corrupción, y en general, de todas las que defienden los derechos humanos, es fundamental para la promoción y garantía de los derechos humanos, el desarrollo del país y el funcionamiento pleno del Estado de Derecho”, aseguró la Representante.
Además, OACNUDH observa con preocupación el impacto negativo de estas reformas en las capacidades investigativas del Ministerio Público en casos de corrupción. Las reformas relacionadas con el secreto bancario y con las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la Ley Especial de Lavado de Activos restringen el acceso a información financiera necesaria en la investigación de casos de corrupción y crimen organizado.
Finalmente, OACNUDH reitera su compromiso de asistir técnicamente a las autoridades hondureñas para que la legislación nacional se traduzca en progresos en materia de derechos humanos, en beneficio de toda la población.
FIN
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