Experto de la ONU pide a los países del Triángulo del Norte que garanticen una selección transparente de nuevos fiscales generales
GINEBRA (3 de abril de 2018) – El experto independiente nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha pedido a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador que subrayen su compromiso en la lucha contra la corrupción, garantizando que el proceso de selección de los fiscales generales de cada país sea transparente y justo.
Los llamados países del Triángulo del Norte nombrarán nuevos fiscales generales a partir del próximo mes.
“Tendrán un papel clave para romper la espiral de violencia en estos países”, dijo el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán,
“Los nuevos fiscales generales enfrentarán grandes desafíos, tales como las organizaciones criminales transnacionales que operan en el área, la corrupción y la impunidad, mismos que impiden la seguridad y el desarrollo en los países del Triángulo Norte”.
En Guatemala, el proceso ya está en marcha y se espera que el Presidente designe a un nuevo fiscal general en mayo de 2018. En Honduras, la Junta de Nominación será determinada en marzo de 2018 con el objetivo de preseleccionar a los candidatos y el gobierno de Juan Orlando Hernández ha programado la elección para el último trimestre de 2018. En El Salvador, la Asamblea Legislativa debería elegir al Fiscal General entre noviembre de 2018 y enero de 2019.
“Los procesos de selección deben ser inclusivos, transparentes y seguir criterios estrictos, claros y objetivos para evaluar la integridad, idoneidad y competencias de los candidatos. Es crítico que estos procesos de selección se administren con transparencia”, dijo García-Sayán.
“Los nuevos fiscales generales deben tener credenciales inmaculadas y un alto prestigio en su campo. Deben entender la importancia de los esfuerzos anticorrupción, la independencia judicial y tener un claro compromiso con el fortalecimiento del estado de derecho.”
“Es vital que las mujeres y los pueblos indígenas participen plenamente en todo el proceso”, dijo. “Los medios de comunicación, los órganos de vigilancia independientes y las organizaciones de la sociedad civil deben poder desempeñar una función de supervisión y comunicarse con el público sin temor a represalias”.