España sienta un precedente en el derecho internacional de los derechos humanos, afirman expertos de las Naciones Unidas en los derechos de la mujer
GINEBRA (8 de noviembre de 2018) – El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), aplaudió la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de España a favor de una víctima de violencia doméstica, que reafirma que la legislación española debe incorporar los derechos y libertades estipulados en los tratados de derechos humanos.
Esta sentencia histórica se centra en la decisión del Comité CEDAW sobre un caso de denuncia individual presentado por Ángela González Carreño contra España. En 1999, cuando su hija Andrea tenía tres años de edad, la Sra. González Carreño se separó de su esposo después de que él la amenazara con un cuchillo.
Durante varios años, la Sra. González Carreño presentó denuncias contra él ante el sistema jurídico español, con el fin de proteger a su hija de manera que la niña no tuviera que pasar tiempo a solas con su padre, tal y como habían ordenado los tribunales. El 24 de abril de 2003, tras una audiencia judicial sobre el asunto , el esposo de la Sra. González Carreño “se acercó a ella y le dijo que le iba a quitar lo que más le importaba”, según figura en los documentos del caso examinados por el Comité. Más tarde ese mismo día, la policía encontró los cuerpos sin vida de Andrea y su padre, y concluyó que había disparado a su hija y posteriormente se suicidó.
“Me sorprendió la gravedad de este caso, que es una de las denuncias individuales más inquietantes y críticas que han sido recibidas en los últimos años. Una niña inocente asesinada por su padre, a pesar de las reiteradas solicitudes de su madre a las autoridades gubernamentales para que impidieran cualquier agresión”, declaró la Sra. Yoko Hayashi, miembro del Comité.
En el 2012, la Sra. González Carreño presentó su caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer alegando que las acciones de las autoridades policiales, administrativas y judiciales constituían una violación de su derecho a no ser objeto de discriminación por motivos de género. En el 2014, el Comité CEDAW concluyó que España había violado sus derechos humanos en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Entre otras recomendaciones, la CEDAW recomendó a España que pagara una indemnización a la Sra. González Carreño y que adoptara medidas para que los actos de violencia doméstica cometidos en el pasado se tuvieran en cuenta al determinar los derechos de custodia y visita de los niños.
La Sra. González Carreño se vio obligada a llevar el caso a los tribunales españoles para hacer cumplir la recomendación del Comité; un caso que llegó hasta el Tribunal Supremo de España. En apelación, el Tribunal Supremo hizo cumplir las recomendaciones del Comité y reconoció la violación de sus derechos por parte de España, ordenando al Gobierno el pago de 600.000 euros en concepto de indemnización por los daños morales sufridos.
En su decisión, el Tribunal Supremo reconoció que las cláusulas de los tratados internacionales de los que España es Estado signatario, forman parte de su legislación y que las recomendaciones del Comité CEDAW son de carácter vinculante. Por lo tanto, las conclusiones del Comité deben ser efectivamente acatadas y aplicadas, para que los derechos y libertades estipulados en dichos tratados sean “reales y concretos” en España.
“Este caso es un hito y sentará un precedente en el derecho internacional de los derechos humanos. que España aplique las demás recomendaciones que adoptamos con respecto a los derechos de tutela y visita, el ejercicio de la debida diligencia en los casos de violencia doméstica y la obligación de capacitar a los jueces y funcionarios encargados de aplicar la ley”, afirmó la Sra. Hayashi.
FIN
Antecedentes
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El Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) supervisa el cumplimiento en los Estados Partes de la Convención Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que hasta la fecha cuenta con 189 Estados Partes. El Comité también tiene autoridad para realizar investigaciones confidenciales en los Estados que han ratificado el Protocolo Facultativo. El Comité está compuesto por 23 miembros, que son expertos independientes en materia de derechos humanos, procedentes de todas las regiones del mundo y que sirven a título personal y no como representantes de los Estados Partes.
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Spain sets milestone in international human rights law, say UN women’s rights experts
GENEVA (8 November 2018) — The UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) welcomes the decision by Spain’s highest court in favour of a victim of domestic violence, which reaffirmed that Spanish law must incorporate the rights and freedoms of human rights treaties.
This historic judgment centres on the CEDAW’s decision in an individual complaint case brought by Angela González Carreño against Spain. In 1999, when her daughter Andrea was three years old, Ms.González Carreño left her husband after he threatened her with a knife. Over a number of years, she brought complaints against him to the Spanish legal system, seeking to protect her daughter from having to spend time with her father, as ordered by the courts. On 24 April 2003, following a judicial hearing on the matter, Ms. González Carreño’s husband “approached her and told her that he was going [to] take away what mattered most to her,” according to CEDAW’s documents on the case. Later the same day, the police found the lifeless bodies of Andrea and her father, and concluded that he had shot his daughter and then committed suicide.
“I was struck by the gravity of this case, which is one of the most disturbing and critical complaints received over the years. An innocent girl was murdered by her father despite her mother’s repeated requests to Government authorities to prevent any harm,” said Yoko Hayashi, a member of CEDAW.
In 2012, Ms. González Carreño took her case to CEDAW alleging that the actions of the police, administrative and judicial authorities constituted a violation of her right not to be subjected to gender based discrimination. In 2014, CEDAW found that Spain had violated her human rights under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Among other recommendations, CEDAW recommended Spain pay Ms. González Carreño compensation, and to take measures to ensure that past acts of domestic violence are taken into consideration when determining custody and visitation rights regarding children.
Ms. González Carreño was obliged to take the case to the Spanish courts to enforce compliance with the Committee’s recommendation; a case that went all the way to Spain’s Supreme Court. On appeal, the Supreme Court enforced compliance with the Committee’s recommendations, and recognized the violation of her rights by Spain, ordering the Government to pay 600,000 Euros as compensation for the moral damages she had suffered.
In reaching its decision, the Supreme Court acknowledged that the provisions of international treaties to which Spain is a party, form part of its law and that the recommendations of CEDAW are binding in nature. Therefore, the findings of the Committee need to be effectively respected and applied so that the rights and liberties provided for in such treaties are “real and concrete” in Spain.
“This case is a milestone for international human rights law. We hope that Spain will apply the other recommendations we made with regard to custody and visitation rights, the application of due diligence in domestic violence cases and the provision of mandatory training for judges and law enforcement officers,” said Hayashi.
ENDS
Background
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The Committee on the Elimination of Discrimination against Women monitors States parties’ adherence to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, which to date has 189 States parties. The Committee also has the authority to undertake confidential inquiries in States which have ratified its Optional Protocol. The Committee is made up of 23 members who are independent human rights experts drawn from around the world, who serve in their personal capacity and not as representatives of States parties.
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