Buenas noches. Quiero iniciar dándoles la bienvenida y agradeciendo su presencia en esta conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, en el que recordamos el esfuerzo universal que hace exactamente 75 años se emprendió con la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Y para ello quiero evocar, una vez más, una cita del Informe “Los hechos hablan por sí mismos”:
“Los grandes países no son aquellos que no han tenido épocas
oscuras y de barbarie, son los que pudieron examinarlas sin
temores para así superarlas. Las verdaderas democracias son
las que pueden examinarse a sí mismas. Las naciones con
futuro son las que pueden, con valentía, enfrentar la verdad”.
Para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que represento es un honor conmemorar este día de la mano de las y los defensores de derechos humanos, ministros y ministras y autoridades nacionales, sociedad civil, miembros del cuerpo diplomático, de la comunidad internacional, colegas del SNU presente en Honduras, y, por supuesto, del equipo de profesionales comprometidos que conforman esta Oficina sin cuya dedicación no sería posible nuestro trabajo.
Quisiera empezar por reconocer, admirar y aplaudir de pie la labor valiente de los y las defensoras de derechos humanos, quienes, a riesgo de su propia vida y la de sus familias en muchos casos, se exponen alzando su voz y sus acciones para impulsar la realización de los derechos y la defensa de la democracia. Son ellas y ellos quienes hacen que la Declaración Universal no sea papel mojado, sino una acción en movimiento con fuerza transformadora sobre la realidad.
Decía el poeta hondureño Rafael Heliodoro Valle que “la historia de Honduras se puede escribir en una lágrima”. Pero después de más de una década de profunda y multidimensional crisis, Honduras vive hoy momentos de cambio. Efectivamente las elecciones de noviembre del año pasado marcan una ruptura y un momento de transformación y oportunidad en el que la historia de Honduras también “se puede escribir en una mirada de esperanza”.
La realidad nos muestra que la sociedad hondureña ha mantenido la esperanza aun en los tiempos más difíciles como la época en la que imperó la doctrina de la seguridad nacional, el golpe de Estado del 2009 o la crisis electoral del 2017. Tres etapas de la historia reciente de Honduras que nos demuestran la importancia de la memoria histórica para no repetir esa historia tan infame y dolorosa.
En el recuento de los hechos históricos de los últimos 12 años fuimos testigos de crisis institucionales y sociales, situaciones de desprecio institucional en perjuicio de los principios básicos del buen gobierno y, por lo tanto, una abusiva y regresiva oferta normativa que comprometió todo el aparato estatal en que el que la población fue sacudida negándosele sus derechos y garantías individuales y colectivas. Esa deuda histórica es enorme, todavía pesa y está lejos de ser saldada.
De los años que precedieron 2022, como lecciones aprendidas tenemos muchas. Ese inventario pasa por revisar modelos económicos excluyentes; poca o insuficiente presencia de las instituciones del Estado en algunos sectores del país; otorgamiento de contratos o licitaciones de explotación de recursos naturales de manera fraudulenta, o cuanto menos opaca, y con desventaja en perjuicio de los intereses del Estado y de la población; ausencia de planes o de políticas de desarrollo que generan la perpetuación de conflictos agrarios, como el caso Aguán; la dificultad del Estado para generar diálogos con resultados tangibles; y criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos ante la incomprensión de las instituciones del Estado de que ellos y ellas son también el motor necesario para la democracia.
La llegada al Gobierno de la primera mujer Presidenta en la historia de Honduras, a partir del 27 de enero de 2022, que se propuso una agenda centrada en los derechos humanos y en lucha contra la corrupción, configuró un nuevo escenario para quienes trabajamos en el sector. El Gobierno que tomó posesión hace ya 10 meses lo hizo en un contexto de problemas estructurales preexistentes que subyacen a la violación de derechos humanos: la pobreza y la desigualdad, los conflictos agrarios, la violencia, la inseguridad, la impunidad, la debilidad institucional y la cultura patriarcal, entre otros. Problemas todos ellos que no pueden resolverse de un día para otro.
Los desafíos son enormes, porque si bien es cierto las violaciones de derechos humanos se agravaron en los últimos años, son el resultado de exclusiones históricas y de una institucionalidad capturada en beneficio de pocas personas en detrimento de muchas. Esto demuestra que, propuesta política y realidad no siempre son un reflejo, y los factores históricos que anteceden, se convierten en fuerzas de fricción, demostrando lo difícil que es lograr la realización de los derechos humanos, aun teniendo la voluntad política para ello.
El Día de los Derechos Humanos es una fecha propicia para reflexionar sobre los hitos que han marcado este año y las oportunidades que nos presenta el año que comienza. Al hacer el recuento, me complace señalar que la agenda de derechos humanos ha encontrado avances notorios, pero también retos que no se deben descuidar.
El mandato de monitoreo y acompañamiento técnico que tiene nuestra Oficina, ha dado lugar al establecimiento de un espacio estratégico y trabajo con autoridades que nos ha permitido un margen de actuación que, con pleno respeto a la soberanía estatal, nos da la oportunidad de aportar desde el único lado posible cuando se trabaja en derechos humanos: el lado de las víctimas.
Durante estos meses, son destacables avances como la derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, la llamada Ley de Secretos; la derogación de la normativa relacionada con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE); la desmilitarización progresiva de la administración penitenciaria; la reforma energética, y los avances en la agenda ambiental, entre otros.
Debe señalarse como un paso importante las conversaciones para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH). El país tiene un gran espacio para formular políticas anticorrupción que tomen en cuenta la perspectiva de las víctimas.
Con un apoyo muy cercano de la Oficina que represento, se ha diseñado, y finalmente adoptado, un nuevo marco jurídico para la selección de las y los magistrados que integrarán a la Corte Suprema de Justicia, un marco que establece criterios claros y objetivos de selección, con base en la normativa internacional sobre independencia judicial, promoviendo la transparencia y el acceso a la información durante todo el proceso electivo, y mecanismos para asegurar la equidad de género. En la actualidad continuamos abogando también ante las diferentes bancadas del Congreso Nacional para que la elección final del máximo órgano del Poder Judicial tenga en cuenta los criterios de idoneidad y mérito, ética, capacidad e integridad que deben ser el pilar del proceso. Quisiera agradecer la confianza y la receptividad a nuestro apoyo por parte del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional. Creemos imperativo que el Poder Judicial, a través de su independencia inquebrantable, represente el bastión de la democracia y el control del poder autoritario y el abuso autárquico.
El panorama de una democracia multipartidaria, reflejada en la conformación del actual Congreso Nacional, fenómeno bastante reciente en la historia política hondureña, plantea el reto de encontrar consensos democráticos, transparentes y éticos entre todos los actores políticos. La próxima elección de la Corte Suprema de Justicia, seguida por la del Fiscal General de la República, serán una oportunidad para pensar más allá de las formas tradicionales de la política; pero también un riesgo en términos de gobernabilidad. Corresponde a los liderazgos políticos de Honduras superar estos desafíos y sobreponer el interés general por encima de los intereses partidarios o particulares, haciendo de Honduras un estado de derecho a prueba de cualquier tipo de amenaza.
Un amplio desafío, tristemente, seguirá siendo la violencia, que se ha instaurado como un problema endémico que se exacerba contra las personas en mayor situación de vulnerabilidad. A fecha de hoy, hemos registrado 156 ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, resultando un total de 224 víctimas, la mayoría de ellas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Estos ataques van desde agresión, amenazas y criminalización hasta un total de 12 asesinatos. Estos hechos inciden negativamente en el espacio cívico y nos ponen de manifiesto una cruda realidad: Las y los defensores del ambiente, la tierra y el territorio que defienden la causa común y la vida en el planeta, paradójicamente son los más atacados.
Debemos sacar a Honduras de la lista de países donde ser defensor de derechos humanos equivale a alta peligrosidad. El país no necesita aumentar el listado de defensores y defensoras “mártires” y, mucho menos, que esa impronta sea una perversa amenaza para disminuir, aleccionar o amedrentar a los movimientos sociales. Por ello, se hace indispensable fortalecer el Sistema Nacional de Protección de Defensores/as de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia, para lo que la Oficina ha presentado un plan de fortalecimiento institucional que apunta a constituirse en el instrumento de política pública a tal fin.
Otras poblaciones en situación de vulnerabilidad son gravemente afectadas por la violencia. Las cifras de 273 muertes violentas de mujeres y de 41 personas LGBTI asesinadas en lo que va del año demuestran que la proclama del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos según la cual “[t]odos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos …”, está lejos de ser una realidad. Estas cifras evidencian que la violencia estructural no se ha logrado todavía enfrentar adecuadamente, además, con una característica preocupante respecto de asesinatos múltiples, siendo las personas jóvenes y pobres las más afectadas.
Por otro lado, la extorsión practicada por organizaciones criminales, está poniendo una gran presión en las autoridades hondureñas. Siempre existirá, aquí y en cualquier parte, la tentación de recurrir a medidas de mano dura para enfrentar el problema, más aún con la cercanía de modelos autoritarios en la región. Las llamadas políticas de mano dura han demostrado, una a una, y sin excepción, su ineficacia en el control de la violencia y la criminalidad, además de haber generado graves consecuencias en materia de derechos humanos. Es en estos casos, precisamente, cuando debemos pensar en políticas públicas integrales con enfoque de derechos humanos, que fortalezcan la prevención e investigación, y concebir intervenciones que tengan en cuenta las raíces sociales profundas de la violencia.
El decreto de estado de excepción que inició el pasado martes con suspensión parcial de derechos fundamentales se debe regir por las obligaciones en materia de derechos humanos: que el mismo es solo para situaciones excepcionales, necesarias, limitado en el tiempo y con la debida justificación. No se puede “normalizar” la suspensión de derechos, ni representar una puerta abierta para ese y otros problemas que se deben atacar con el diseño de políticas criminales integrales y efectivas. Debe haber claridad absoluta de que, si se abre el “expediente” de estado de excepción, se entiende que tiene una fecha de caducidad de corta duración. En este sentido, saludamos la iniciativa de la SEDH, de instalar un espacio conjunto con la Secretaría de Seguridad y organismos de derechos humanos, para dar seguimiento a la implementación del estado de excepción.
En lo que refiere a la conflictividad agraria y por la tierra, continúa siendo necesario abordar sus causas estructurales. Este año puso de manifiesto un interés de este gobierno de avanzar en ese abordaje. Confiamos en que el próximo año estos esfuerzos se profundicen, con la finalidad de que el país pueda encaminarse hacía soluciones duraderas.
Honduras tiene la posibilidad de apostar a un modelo de desarrollo que sea sostenible y equitativo y que garantice la dignidad del pueblo hondureño. Celebramos que se esté revisando el modelo de distribución de beneficios de aquellas iniciativas, particularmente de las industrias extractivas, que se realizan en detrimento del erario público y de la ciudadanía y que, lejos de apuntar al desarrollo del país, han generado mayores niveles de pobreza y desigualdad con un costo en términos de impacto social y medioambiental incalculable. Valoramos los esfuerzos impulsados por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente por revisar las concesiones otorgadas sobre los recursos naturales y bienes públicos de las y los hondureños, mejorar los procesos de licenciamiento ambiental y avanzar en la garantía del derecho humano a “un medio ambiente limpio, saludable y sostenible” haciendo de la protección de la tierra un tema central en la agenda de país, el mejor legado para las nuevas generaciones.
Y para ello resulta clave la adhesión del Estado al Acuerdo de Escazú. Como decía la defensora Miriam Miranda: “Ya no hay tiempo para discursos: debemos buscar la forma de proteger nuestra casa común, es el único planeta que tenemos”.
En un contexto regional e internacional regresivo en materia de derechos humanos, Honduras tiene la oportunidad de constituirse en un referente y hacer prosperar cambios emblemáticos en aras de reponer tiempo perdido en términos. Nada de ello será posible sin el involucramiento de la sociedad civil y de movimientos sociales que reclaman un espacio cívico y participativo que debe estar blindado como parte del juego democrático, no solo para que sus voces sean escuchadas, sino tomadas en cuenta, en todos los procesos de toma de decisiones.
La consolidación de la democracia en el país pasa indefectiblemente por cambios sociales profundos y por la realización de todos los derechos humanos. Una paz sostenible requiere, antes que nada, desarmar las palabras y las acciones. Reconocer el valor y la dignidad humana de quienes piensan distinto y reivindicar que, más allá de las legítimas diferencias políticas y sociales, es posible construir una visión común de país, una visión común de Estado.
Los procesos de construcción en derechos humanos son de largo aliento, pero los frutos llegarán y compensarán los esfuerzos. Como dice el Padre Melo en su libro “Del asombro y la gracia”: “Nunca es tarde para recoger y juntar los pedazos de país y hacerlo digno”.
Cuenten hoy y siempre con el apoyo de esta Oficina. Que el ejemplo de dignidad y esperanza que las víctimas y los defensores/as de derechos humanos, hoy presentes y muchos ausentes, nos ha enseñado, sea nuestra razón para seguir soñando un país donde impere la justicia social.
Hagamos que sea posible tejer esos sueños en realidades replicables en todo el país.
Honduras está invitada por la historia para transformar desde y por el camino de respeto a los derechos humanos.
Muchas gracias.