DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 2021

Hoy se cumplen 73 años desde que la Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada. Por eso, el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos es una fecha propicia para reflexionar sobre los hitos que han marcado este año que termina y las oportunidades que se abren en el año por venir. 

Qué mejor que realizar esas consideraciones de la mano de personas defensoras de los derechos humanos, autoridades nacionales, sociedad civil, miembros del cuerpo diplomático, de la comunidad internacional y del SNU presente en Honduras, invitados e invitadas especiales y colegas de esta Oficina.

Los derechos humanos no se deben celebrar solo un día en particular. Como muy bien lo supo grabar para la posteridad Eleonor Roosevelt; una defensora y activista que formó parte del equipo redactor de aquella Declaración: “Los derechos humanos comienzan “en pequeñas partes, cerca del hogar…A menos que esos derechos tengan significado allí, tendrán poco significado en cualquier otro lugar”.

Los dos últimos años han demostrado, de manera muy dolorosa, el costo inaceptable que entraña el aumento de la desigualdad. Una desigualdad que la Declaración Universal de Derechos Humanos trataba de erradicar. Tanto a nivel global como local, durante 2021 hemos presenciado la continuidad de la pandemia de COVID-19, con todas sus consecuencias económicas y sociales, que se suman a las múltiples crisis que han azotado el país en los últimos años. A la emergencia sanitaria, humanitaria y de derechos humanos, Honduras ha tenido que sumar la recuperación frente a las pérdidas humanas y materiales que supuso el paso de dos huracanes consecutivos en noviembre de 2020, fenómenos que nos hicieron recordar la especial vulnerabilidad del país ante el cambio climático y que exacerbaron las desigualdades preexistentes.

2021 nos deja también la preocupación de la agudización de la pobreza, con las consecuencias que esto tiene para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.  Las cifras oficiales indican que la economía decreció 9 puntos durante 2020. Como consecuencia, la pobreza pasó de 64,7% en 2019 a 73,6% en 2021.  En respuesta a la crisis sanitaria y humanitaria, el Estado recurrió al endeudamiento público, que aumentó hasta situarse en el 60% del PIB, según datos oficiales.

El derecho a la educación ha sufrido graves retrocesos.  Al menos el 50% de los estudiantes del sistema público han quedado al margen del proceso educativo, debido a limitaciones de conectividad. Recordemos que las debilidades en el acceso a la educación se traducen en lo que se ha venido en llamar “la herencia intergeneracional de la pobreza y la desigualdad” y a un horizonte alejado de proyectos de vida dignos.

El otro punto sobresaliente del año ha sido el proceso electoral.  Llegábamos al 28 de noviembre con la preocupación que producían los 67 incidentes de grave violencia política registrados por nuestra Oficina desde la convocatoria a elecciones primarias hasta el día de las elecciones generales, incluyendo 30 muertes violentas y una campaña electoral marcada por los discursos de odio y anti derechos. A esto se agregaban las inquietudes que suscitaban los problemas del censo nacional electoral, la integración de las juntas receptoras de votos, así como el conteo y la transmisión de resultados.

Sin embargo, en una muestra clara de civismo, el pueblo hondureño, con una participación histórica del 68,5% de las personas empadronadas eligió, por primera vez en la historia del país, una presidenta mujer, así como los diputados al Congreso Nacional y las 298 corporaciones municipales. Estas elecciones ejemplifican la decisión de la población hondureña de ser los principales actores en el fortalecimiento democrático de su país. Ello resultó en una elección cuyos resultados en el nivel presidencial, por primera vez en muchos años, fueron aceptados por los principales partidos. La amplia diferencia entre la candidata electa y el segundo candidato evitó el escalamiento de la conflictividad que ha caracterizado anteriores elecciones. Pero no podemos olvidar que es necesario completar la reforma normativa e institucional en el ámbito electoral para evitar la repetición de los hechos del pasado. En 2021, Honduras dio una lección de democracia ante el mundo a través del triunfo de la voluntad popular.

En un contexto generalizado de violencia como el que vive el país, ésta se exacerbó este año contra las personas en mayor situación de vulnerabilidad. El confinamiento y los toques de queda nos ha hecho patentes las violencias contra las mujeres, tanto en espacios privados como públicos, constituyéndose en una de las más graves y sistemáticas formas de violencia en el país. El Observatorio de la Violencia de la UNAH registra 292 muertes violentas de mujeres.  El caso de Keyla Martínez, víctima de femicidio bajo custodia policial, se enmarca en buena medida en ese contexto de violencia general, pero nos recuerda también el trabajo pendiente con los cuerpos de seguridad sobre el control del uso de la fuerza, el enfoque de género y el recto sentido del espíritu de cuerpo en sus actuaciones.

Pero la violencia también se exacerba contra otros grupos en situación de vulnerabilidad, como son las personas de orientación sexual e identidad de género diversa, las personas LGBTI. Las cifras que nos comparte Cattrachas, quienes hoy merecidamente han sido galardonadas con el Premio de Derechos Humanos de la UE y de sus Estados Miembros, dan cuenta de un total de 389 muertes violentas de personas ocurridas en los últimos 10 años (2009-2021). Estas cifras sólo se pueden explicar en un contexto de discriminación y violencia generalizada a partir de una cultura de impunidad –no sólo jurídica sino también social- es decir, la normalización social de la violencia contra este colectivo.

Ello nos obliga a avanzar hacia la erradicación de la situación de violencia relacionada con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género, que debe ir acompañada de la adecuación de marcos normativos y de políticas públicas y prácticas institucionales que garanticen el derecho a la no discriminación y al igual disfrute de todos los derechos para las personas LGBTI. Así lo establece la Declaración Universal: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

El contexto país de este año nos ha hecho centrar también nuestras miradas en la corrupción, que tiene un impacto regresivo en derechos humanos, particularmente en derechos sociales tan importantes como la salud y la educación y socava las bases del Estado de Derecho. En este sentido, el 7 de octubre de 2021, bajo condiciones de escaso debate y publicidad, el Congreso Nacional reformó varias leyes, incluyendo el nuevo Código Penal y la Ley Especial contra el Lavado de Activos. Con ello, además de afectarse gravemente el espacio cívico y el derecho a la protesta social, se ha completado el bloqueo legislativo a la investigación de delitos de corrupción y como resultado estamos presenciando el sobreseimiento y excarcelación de imputados en casos de corrupción y narcotráfico. No debemos olvidar que, como lo ha adelantado la importante resolución de la Sala Constitucional en el caso Fraude sobre el Gualcarque este pasado 25 de agosto, la corrupción tiene víctimas y por ello es necesario desarrollar una política para combatirla desde la perspectiva de los derechos humanos.

Las cifras de pobreza y desigualdad nos llaman también a pensar en el modelo de desarrollo del país.  Honduras tiene la posibilidad de apostar a un modelo de desarrollo que sea sostenible y equitativo y que garantice la dignidad del pueblo hondureño. Se debe revisar el modelo de distribución de beneficios de aquellas iniciativas, particularmente de las industrias extractivas, y que se realizan en detrimento del erario público y de la ciudadanía, deterioro ambiental, ruptura del tejido social de las comunidades, criminalización de quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio y a costa de los derechos de las comunidades afectadas y de vidas humanas. En esta categoría califican, entre otros, muchos proyectos mineros actualmente en curso y ahora, las ZEDEs.

El debate sobre las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo, ZEDEs, en su relación con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, intersecta con asuntos como el derecho a la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y afrohondureños, la transparencia y el acceso a la información, la protección de la propiedad ante expropiaciones forzosas y el acceso a servicios públicos clave para el ejercicio de derechos.  En este sentido, la conflictividad sobre la tierra reaparece anualmente con los ciclos agrícolas.  En la base del problema se encuentran causas estructurales como la inseguridad jurídica en la tenencia, propiedad, uso y disfrute de la tierra, la capacidad limitada de la institucionalidad para decidir y ejecutar en cuestiones de derechos de propiedad y la distribución inequitativa de los recursos.

Las personas defensoras de derechos humanos que hoy nos acompañan saben mejor que nadie de lo que hablo, porque cada día se enfrentan a su labor a riesgo de su propia vida e integridad y la de sus seres queridos.  De hecho, por oponerse a ese modelo, o más bien por defender y reivindicar derechos colectivos, han sufrido ataques e incluso varios de sus compañeros y compañeras han pagado con su vida por ello, desde Jeannette Kawas hasta Carlos Escaleras y Berta Cáceres.  En 2021, nuestra Oficina ha documentado 302 ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas siendo la mayor parte de las víctimas personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio; y la mayoría de ellos pertenecientes a pueblos indígenas y afrohondureños.  Ataques que van desde las amenazas y hostigamientos hasta la expresión máxima de violencia: el asesinato. Tal es el caso de los defensores de Guapinol, que llevan dos años y medio en prisión preventiva y cuyo juicio oral y público comenzó ayer en medio de múltiples falencias del debido proceso. Recordar, como lo han establecido los procedimientos especiales de derechos humanos y nuestra Oficina, que el Estado debe poner en libertad a los defensores y reparar integralmente el daño causado.

Las leyes regresivas y las tácticas de amedrentamiento le hacen un flaco favor a ese espacio cívico vital en democracia. OACNUDH continuará trabajando para apoyar la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Protección que responda efectivamente a la magnitud de la situación de riesgo e intimidación que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en el país.

Porque quienes defienden los derechos humanos tienen derecho a hacerlo y a hacerlo en paz, con dignidad, con seguridad y en libertad, de tal manera que su labor pueda beneficiar a quienes más lo necesitan, siendo responsabilidad de los Estados generar un ambiente propicio para la defensa de los derechos humanos. Quienes defienden y protegen nuestros ríos, nuestros bosques y nuestros recursos naturales están velando por el futuro de la humanidad, creando sociedades cohesivas y resilientes. No hay nada más patriótico que luchar por el bien público.

Por ello estamos aquí hoy. Para rendir homenaje y reconocimiento a quienes defienden los derechos humanos desde cualquier trinchera legal y pacífica posible, y contrarrestar no sólo las narrativas, sino también las acciones dirigidas a socavar sus vidas y sus luchas, que son las de todos nosotros y nosotras.

Debe destacarse que 14 de octubre de 2021 Honduras fue electa miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el período 2022-2024. Con ocasión de su ingreso, el Estado debe redoblar esfuerzos para proteger y promover los derechos humanos con base en sus obligaciones internacionales, desempeñar un papel deliberante en el Consejo, fortalecer los procedimientos especiales de Naciones Unidas y seguir colaborando con la Oficina de País de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Los retos que han planteado los procesos que marcaron el año 2021, sólo podrán ser enfrentados si el país cuenta con una sociedad civil activa y vigilante, que opere en un espacio cívico de libertades; y si la institucionalidad con competencias más cercanas a los derechos humanos es fortalecida en sus capacidades de respeto y garantía. 

La conflictividad y la irrupción de múltiples formas de violencia han traído como consecuencia violaciones a los derechos humanos, desconfianza en las instituciones del Estado y, sobre todo, una gran demanda social en términos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Dar una respuesta eficaz es determinante si se quiere garantizar el estado de derecho.

Este próximo 11 de enero la Constitución hondureña cumple 40 años.  El proceso electoral y la inauguración de una nueva etapa de Gobierno abre nuevas oportunidades marcadas por la esperanza para todos y todas las que trabajamos por los derechos humanos en Honduras. Enfrente tendremos una agenda amplia de trabajo para el fortalecimiento del Estado social de Derecho, el combate a la corrupción, la ampliación del espacio cívico y la participación ciudadana, la realización del desarrollo y los derechos económicos, sociales y culturales, la reducción de las desigualdades y la eliminación progresiva de cualquier forma de discriminación y violencia. Sin embargo, habrá que tener claro que, aún bajo estas circunstancias en principio favorables, los problemas estructurales no desaparecerán de la noche a la mañana y por tanto tendremos que trabajar muy estrechamente sociedad civil, Estado y comunidad internacional para apoyar en las reformas estructurales que permitan la realización de los derechos humanos de todos los hondureños y hondureñas.

Quisiera terminar destacando la oportunidad que ofrece a Honduras este momento histórico para avanzar en una agenda de país que reafirme su compromiso con el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho. Una paz sostenible requiere, antes que nada, desarmar las palabras y las acciones. Reconocer el valor y la dignidad humana de quienes piensan distinto y reivindicar que, más allá de las legítimas diferencias políticas y sociales, es posible construir una visión común de país, una visión común de Estado.

Los procesos de construcción en derechos humanos son de largo aliento, pero los frutos llegarán y compensarán los esfuerzos. Hagamos que sea posible tejer esos sueños en realidades replicables en todo el país.

Que el ejemplo de dignidad y esperanza que los defensores y defensoras, hoy presentes y muchos ausentes, nos ha enseñado, sea nuestra razón e inspiración para seguir soñando un país donde imperen la justicia social y los derechos humanos.

Cuenten hoy y siempre con el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Muchas gracias.