GINEBRA (4 de noviembre de 2022) – Los expertos independientes de la ONU* han pedido hoy a los Estados que integren plenamente las normas y los principios de derechos humanos en las discusiones durante la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) que comienza el domingo en Egipto. Sobre ello declararon lo siguiente:
“En 2015, los Estados adoptaron el Acuerdo de París, comprometiéndose a respetar los derechos humanos en todas las acciones climáticas. Sin embargo, mientras las partes se reúnen en Sharm el Sheikh para la COP27, se ha avanzado poco en el ámbito de los derechos humanos, o en las acciones climáticas.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha subrayado que las obligaciones, normas y principios de derechos humanos tienen el potencial de informar y fortalecer la formulación de políticas internacionales, regionales y nacionales en el ámbito del cambio climático, promoviendo así la coherencia, la legitimidad y los resultados sostenibles. Sin embargo, los derechos humanos, y la financiación necesaria para hacerlos realidad, aún no se han incorporado a los debates sobre el cambio climático, incluidas las Conferencias de las Partes (COP) anuales
El cambio climático está afectando negativamente el goce pleno y efectivo de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos. El cambio climático está teniendo un gran impacto en una amplia gama de derechos humanos hoy en día, afectando sobre todo a grupos en situación de vulnerabilidad, y podría tener un impacto catastrófico en el futuro, a menos que se emprendan acciones justas y ambiciosas de inmediato.
Entre los derechos humanos que están siendo amenazados y violados se encuentran el derecho a la vida, a una alimentación adecuada, al agua potable y al saneamiento, el goce del más alto nivel posible de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva, a una vivienda, a la autodeterminación, a condiciones de trabajo justas y favorables, al desarrollo, al derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible y a los medios de vida, así como el derecho a la educación y los derechos culturales. El cambio climático también está contribuyendo a la violación de los derechos humanos con efectos adversos específicos sobre las mujeres y las niñas y contra los grupos en situación de vulnerabilidad como las personas migrantes, las minorías, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, las personas mayores y las personas con discapacidad, incluidas las personas albinas. El cambio climático está exacerbando el riesgo de que se produzcan otras violaciones de los derechos humanos, como la violencia contra las mujeres y las niñas, la trata de personas, especialmente de mujeres, niñas y niños, el uso excesivo de la fuerza en el contexto de la vigilancia de las concentraciones y protestas por el clima, el racismo y la discriminación. El racismo sistémico y los legados contemporáneos del colonialismo repercuten negativamente en el derecho a un medio ambiente sano y, por lo tanto, siguen afectando el derecho de toda persona al goce del más alto nivel posible de salud física y mental. Las y los abogados y otras personas que trabajan para abordar el cambio climático se enfrentan con abusos, amenazas a sus vidas y otros riesgos. El cambio climático es también uno de los principales impulsores de los desplazamientos forzados y hace que la búsqueda de soluciones duraderas sea mucho más difícil.
Los Estados han dado pasos importantes para reconocer el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible (que incluye el derecho a un clima seguro) como un derecho humano, más recientemente en la resolución 76/300 de la Asamblea General de 29 de julio de 2022. Es el momento de que los Estados actúen de acuerdo a sus obligaciones.
Estamos profundamente preocupados por la falta de compromiso de los Estados que han sido los principales contribuyentes históricos de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las actuales contribuciones a nivel nacional aportadas por las partes del Acuerdo de París siguen siendo enormemente insuficientes para alcanzar los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Los efectos negativos de no reducir las emisiones de gases de efecto invernadero los sufren de manera desproporcional las personas y comunidades que ya se encuentran en una situación de desventaja, y no se están asignando suficientes recursos financieros a estas preocupaciones de alta prioridad.
Por estas razones, hacemos un llamado a los Estados a:
- Intensificar urgentemente sus acciones de mitigación (reducción de emisiones), de acuerdo con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades, ya que una acción inadecuada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero está creando una catástrofe en violación a derechos humanos. Esto incluiría poner fin a la expansión de los combustibles fósiles y acelerar la eliminación gradual del carbón, el petróleo y el gas natural para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, tal y como exige el Acuerdo de París. También incluiría regular las emisiones de las empresas bajo sus jurisdicciones, y garantizar que sus tribunales estén disponibles para hacer cumplir estas regulaciones.
- Considerar los derechos humanos en sus contribuciones nacionales y en procesos de planificación y garantizar que los mecanismos basados en el mercado cuenten con medios eficaces para proteger a las personas con mecanismos efectivos de cumplimiento y reparación, incluidas las leyes y políticas obligatorias de diligencia debida en materia de medio ambiente y derechos humanos.
- Establecer un mecanismo de financiación de pérdidas y daños e incrementar significativamente el financiamiento para apoyar a los países en desarrollo en situación de vulnerabilidad a cubrir los costes de las pérdidas y los daños, especialmente los pequeños Estados insulares y los países menos desarrollados.
- Solicitar financiamiento para abordar la mitigación y la adaptación en materia climática, cumpliendo el compromiso de 100,000 millones de dólares anuales y aumentándolo para satisfacer las necesidades de los Estados vulnerables al clima.
- Permitir la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y la sociedad civil, incluidas las personas defensoras de los derechos humanos, las organizaciones de base y las organizaciones dirigidas por mujeres, en los procesos de toma de decisiones a todos los niveles del proceso de la COP. Los pueblos indígenas y la sociedad civil desempeñan un papel esencial en el avance de la acción climática, y sus voces deben ser escuchadas.
- Garantizar que las políticas climáticas, incluidas las de adaptación, mitigación y financiamiento, aseguren la igualdad de género, los derechos de la niñez, la no discriminación y la justicia racial, y garanticen la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres y las niñas de diversos orígenes en las acciones de mitigación del cambio climático a todos los niveles.
- Permanecer atentos a los impactos del cambio climático, así como al diseño e implementación de las medidas de mitigación y adaptación en todos los seres humanos, para que todas las personas sean tratadas dignidad, y si se ven forzadas a reubicarse o migrar por los efectos del cambio climático, puedan reconstruir sus vidas y medios de subsistencia dignamente.
- Ampliar las oportunidades para una migración segura, incluso mediante un derecho general de admisión y estancia para las personas desplazadas por el cambio climático, y vías de acceso a la ciudadanía.
- Abordar el racismo sistémico y proporcionar justicia y reparaciones a las víctimas, incluidas aquellas cuya salud se ha visto afectada, y evitar el afianzamiento de la injusticia racial mientras se aborda la crisis climática y ecológica.
- Incluir a los niños y niñas, y a los representantes de los jóvenes en sus delegaciones en la COP 27 y en las futuras COP, para garantizar que las y los jóvenes tengan voz y voto en su futuro.
- Actuar con moderación al vigilar las protestas y asambleas relacionadas con la acción climática y actúen dentro de los límites de las normas internacionales diseñadas para salvaguardar los derechos de las personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
- Reducir la brecha entre los niveles de voluntad en materia climática declarados por los países y sus planes para abordar el impacto de los sistemas alimentarios en el cambio climático mediante la transición a la agroecología.
Los resultados de la COP 27 son de vital importancia, y pedimos a los Estados que se aseguren de que todas las decisiones tomadas, y las acciones emprendidas, tomen en cuenta sus implicaciones en materia de derechos humanos. Esto, a su vez, conducirá a una mejor formulación de políticas en el ámbito del cambio climático”.
*Los expertos: Sr. Ian Fry, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático; Sr. David Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente; Sr. Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Sra. Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias ; Sra. Paula Gaviria, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Sr. Tomoya Obokata, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; Gerard Quinn, Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Nazila Ghanea, Relatora Especial sobre la libertad de religión o de creencias; Saad Alfarargi, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo; Claudia Mahler, Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Farida Shaheed, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias; Alexandra Xanthaki, Relatora Especial en el ámbito de los derechos culturales; Attiya Waris, Experta Independiente sobre los efectos de la deuda externa; Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada; Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; Fernand de Varennes, Relator Especial sobre cuestiones de las minorías; Tom Andrews, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar; Mr. Vitit Muntarbhorn, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya; Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; Alioune Tine, Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en Malí; Fionnuala Ní Aoláin, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Felipe González Morales, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Dorothy Estrada Tanck (Presidenta), Ivana Radačić (Vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Melissa Upreti y Meskerem Geset Techane, Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; Ms. Sorcha MacLeod (Presidenta-Relatora), la Sra. Jelena Aparac, el Sr. Ravindran Daniel, el Sr. Chris Kwaja, el Sr. Carlos Salazar Couto, Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios; el Sr. Fortuné Gaetan Zongo, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Burundi; Alice Jill Edwards, Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; la Sra. Isha Dyfan, Experta Independiente sobre la situación de los derechos humanos en Somalia; la Sra. Siobhán Mullally, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; el Sr. Víctor Madrigal-Borloz, Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género; Tlaleng Mofokeng, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; la Sra. Muluka-Anne Miti-Drummond, Experta independiente sobre el disfrute de los derechos humanos por las personas con albinismo; la Sra. Catherine S. Namakula (actual Presidenta), la Sra. Barbara G. Reynolds (Vicepresidenta), la Sra. Dominique Day, el Sr. Sushil Raj y la Sra. Miriam Ekiudoko, Grupo de Trabajo de Expertos sobre las personas de ascendencia africana; la Sra. Alice Cruz, Relatora Especial sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares, la Sra. Ashwini K.P., Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia
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