OACNUDH considera que la declaratoria de inconstitucionalidad de las ZEDE es acorde con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos
Tegucigalpa, 27 de septiembre de 2024. Con motivo de la declaratoria de inconstitucionalidad de las reformas a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución La República y del texto completo de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico por el pleno de la Corte Suprema de Justicia el 20 de septiembre, OACNUDH considera que esta decisión es acorde con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos de toda su población, sin discriminación alguna.
Como lo ha expresado esta Oficina de manera reiterada, la posibilidad de que entidades privadas establecieran sus propios sistemas administrativos, judiciales, tributarios y de seguridad en territorio hondureño implicaba que el Estado cediera competencias que guardan relación con la vigencia de los derechos humanos para todos sus habitantes, en condiciones de igualdad. A esto se agregaba la probabilidad de violaciones específicas a derechos humanos, como la falta de consulta libre, previa e informada a pueblos indígenas y afrohondureños, expropiaciones forzosas invocando necesidad o interés público, la privatización completa de servicios de salud, educación y seguridad social que repercutirían en la realización de los derechos sociales, y, la afectación a los derechos de acceso a la información y participación de las comunidades impactadas, en virtud del procedimiento opaco para la constitución de las ZEDE.
Desde 2014, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó a Honduras que revisara la compatibilidad de la normativa de las ZEDE con las obligaciones internacionales de derechos humanos, especialmente los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños.
La Oficina ha identificado que las personas que viven en las comunidades afectadas por estos proyectos no fueron informadas debidamente de los procesos de negociación e instalación de las ZEDE. Al respecto, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos destacó en las conclusiones de su informe sobre la visita a Honduras en 2019 que: “la causa fundamental de la mayoría de los conflictos sociales es la falta sistemática de transparencia y participación significativa de las comunidades afectadas en las decisiones relativas a la actividad comercial. El Estado y las empresas se deberían dar cuenta de que su derecho a participar de manera significativa desde una etapa temprana es un requisito básico a fin de crear un entorno propicio para una conducta comercial responsable”.
Por otro lado, el régimen de las ZEDE ha expuesto al Estado hondureño a demandas arbitrales que exigen indemnizaciones exorbitantes. El Relator de Naciones Unidas sobre el Derecho a un Medio Ambiente Sano, David R. Boyd, ha expuesto en 2023 que: “Existe una tensión fundamental entre el sistema de SCIE [solución de controversias entre inversionistas y Estados] y los derechos humanos. Los AII [acuerdos internacionales de inversión]son asimétricos, o parciales, ya que reconocen derechos jurídicamente exigibles para los inversionistas extranjeros, a los que, por otra parte, no se les exige ninguna responsabilidad. Los inversionistas extranjeros gozan de un acceso preferente a la justicia porque pueden interponer demandas SCIE contra los Gobiernos, pero ni los Gobiernos ni las comunidades e individuos perjudicados pueden demandar a inversionistas extranjeros”
OACNUDH ofrece su asistencia técnica al Estado hondureño para que los futuros proyectos de desarrollo e inversión en el país se conciban y ejecuten en armonía con el respeto y garantía de los derechos humanos.