Comité de desapariciones forzadas considera informe de Honduras
El Comité contra la Desaparición Forzada concluyó hoy el examen del informe inicial de Honduras sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención Internacional sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Al presentar el informe, Karla Cueva, Secretaria de Estado en la Oficina de Derechos Humanos de Honduras, dijo que Honduras cree firmemente en la promoción y protección de los derechos humanos y en el diálogo con los órganos creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas y otros mecanismos a tal efecto. En 2005, se ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, como lo hizo la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
En 2008 se creó el Mecanismo Nacional para la Prevención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes CONAPREV, mientras que en 2015 se aprobó la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Funcionarios de Justicia, creando un sistema para la protección de estos grupos. En 2017, se creó la Secretaría de Derechos Humanos. El Fiscal Especial para la protección de defensores de los derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia recibió un presupuesto considerable y cinco agentes de investigación especializados.
En cuanto a la definición y clasificación del delito de desaparición forzada, en 2012 se modificó el Código Penal con la adición del artículo 333-A, que permitió incorporar en la legislación nacional los elementos de la definición del artículo 2 de la Convención. Esta reforma significó un gran paso en la armonización de la legislación nacional con los estándares internacionales.
En la discusión subsiguiente, los expertos del comité preguntaron sobre el número de quejas recibidas y el número de investigaciones abiertas sobre víctimas de desapariciones forzadas. Preguntaron si existía un único registro consolidado en el que se estaba reuniendo toda la información, y estaban interesados en conocer las capacidades institucionales en este sentido, así como, en particular, qué mecanismos de búsqueda se emplearon para las personas desaparecidas que estaban vivas.
Los expertos querían saber cómo se protege a los niños víctimas de desapariciones forzadas, secuestros o secuestros; si se había impartido capacitación a las personas involucradas en procedimientos sobre desapariciones forzadas; y cómo se respetó el principio de no devolución. Los expertos querían saber cómo se había adoptado el Código Penal, cómo se tipificaba la desaparición forzada en el Código Penal, cómo se definían las víctimas, si el Código se modificaría para incluir las tres circunstancias de la responsabilidad de los superiores y si había aumentado la pena por el delito de desaparición forzada.
Los casos específicos sobre los que los Expertos de las Comisiones preguntaron incluyen los casos de desapariciones forzadas en los años ochenta y los decretos de amnistía emitidos a este respecto; las investigaciones de las 118 personas encontradas muertas en el Bajo Aguán; casos de migrantes hondureños desaparecidos; y la responsabilidad de los superiores en comparación con la de los subordinados.
En sus observaciones finales, Maria Clara Galvis Patino, experta del comité y co-relatora para Honduras, expresó su gratitud y satisfacción en nombre del Comité por la gran e importante composición de la delegación, por haber respondido adecuadamente a las preguntas y por su apertura y disposición a cooperar, con información a veces muy detallada y específica.
La Sra. Cueva, en sus observaciones finales, dijo que el Gobierno de Honduras consideraba que había tomado medidas importantes para cumplir con la Convención y destacó la voluntad y el deseo de Honduras de trabajar con los órganos creados en virtud de tratados, y señaló que era consciente de que aún existían desafíos. En particular, expresó su gratitud a las organizaciones de la sociedad civil por su trabajo, lo que permitió al país abordar los problemas de una manera más eficiente y colaborativa.
Suela Janina, Presidenta del Comité, en las observaciones finales, agradeció a la delegación por el diálogo franco y abierto. También agradeció a los representantes de la sociedad civil y los miembros de la familia, señalando que eran un pilar muy importante para garantizar la lucha contra las desapariciones forzadas con sus contribuciones, y expresó la esperanza de que la comunicación con ellos continuaría de forma libre y sin intimidación.
La delegación de Honduras incluyó representantes de la Oficina de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, la Procuraduría General, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa, el Ministerio Público, la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernabilidad y Descentralización y la Misión Permanente de Honduras ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
Descargue el informe en:
https://www.unog.ch/…/(ht…/59F76D71E540446DC12582960052F463…