Pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras sobre los acontecimientos en el marco del desalojo de la UNAH el día 8 de septiembre de 2017
TEGUCIGALPA, 9 de septiembre de 2017– En seguimiento a los hechos acontecidos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el 8 de septiembre durante el desalojo de las instalaciones del campus de Tegucigalpa por parte de agentes de la Policía Nacional Preventiva, Tigres, DPI y Cobras, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras desea compartir las siguientes consideraciones:
En el marco de su mandato de observación, desde las primeras horas de la mañana la Oficina ha dado seguimiento a los hechos, incluyendo con la presencia de Oficiales de Derechos Humanos hasta los portones cerrados por la Policía Nacional de los diferentes accesos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Core Siete y las instalaciones de la Dirección Policial de Investigación en la Colonia Kennedy. En el transcurso del día, la Oficina mantuvo comunicación con el Vice Ministerio de Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y los jueces ejecutores de los habeas corpus que fueron presentados a favor de las personas defensoras de derechos humanos y estudiantes detenidos. La Oficina también ha buscado la comunicación con la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional, con muy limitada respuesta. Al respecto, la Oficina destaca la importancia de establecer canales eficaces de comunicación con las autoridades correspondientes, que permitan una respuesta adecuada en situaciones de crisis, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.
La Oficina, a través de diversas fuentes, incluyendo medios audiovisuales y entrevistas con las víctimas y testigos, ha podido identificar situaciones puntuales de uso excesivo de la fuerza, y el efecto que el mismo generó sobre la salud e integridad de los afectados. La Oficina observa con preocupación el uso de armas consideradas menos letales por la policía, en particular un tipo de gas urticante, en irrespeto de los principios de fin legítimo, proporcionalidad y la necesidad de su uso. En este contexto, la Oficina exhorta a las autoridades a conducir investigaciones prontas, imparciales, serias y eficaces que resulten en el esclarecimiento de los hechos y la deducción de las responsabilidades que legalmente correspondan del referido incumplimiento de normativas y protocolos.
En ese sentido, la Oficina considera que el proyecto de ley sobre control de armas, actualmente en el Congreso Nacional, representa una oportunidad idónea para la regulación de los protocolos y condiciones de uso de este tipo de armas por parte de los fuerzas de seguridad.
La Oficina expresa su preocupación por el inicio de causas penales contra personas defensoras de derechos humanos presentes en el desalojo por delitos que incluirían atentado contra la seguridad del Estado.
Finalmente, la Oficina desea reconocer el papel del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) como garantía institucional del Estado de Derecho y el rol desempeñado durante el conflicto universitario en promover el diálogo como una solución negociada al conflicto y prevenir la escalada de la crisis. La Oficina destaca la importancia de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y su contribución al espacio democrático y fortalecimiento del Estado Constitucional de Derecho.