Informe Anual 2017 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras
TEGUCIGALPA, 15 de mayo de 2018 – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein presentó en marzo ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, el Informe Anual del Alto Comisionado sobre las Actividades de su Oficina en Honduras durante 2017.
El informe resume las actividades realizadas por OACNUDH en Honduras, en cumplimiento de su mandato de observar la situación de los derechos humanos, informar y brindar asistencia técnica a instituciones del Estado y a la sociedad civil. Analizar los avances y desafíos relacionados con la justicia, la seguridad, la situación de las y los defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, mujeres y comunidad (LGBTI), así como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Incluye recomendaciones al Estado, con el fin de avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Honduras en materia de derechos humanos.
El informe aborda temáticas de gran preocupación para la OACNUDH entre ellas; La pobreza y los problemas económicos y sociales, Acceso, uso y control de la tierra, Derechos laborales, Empresas y derechos humanos, Seguridad, Prevención de la violencia, Niños y niñas en conflicto con la ley, Los individuos privados de la libertad, Impunidad y acceso a la justicia, Fortaleciendo el sistema de justicia, incluyendo su independencia, Investigación de las violaciones de los derechos humanos, Defensores de los derechos humanos, Derechos de los pueblos indígenas, La violencia contra la mujer y la violencia basada en el género.
La observación del desarrollo de los temas en mención y con base al cumplimiento del mandato de la OACNUDH en Honduras, la Oficina recomendó al Estado de Honduras:
Contexto postelectoral
Al tiempo que reitera las recomendaciones anteriores, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta al Gobierno y / o a las instituciones a:
a) Llevar a cabo investigaciones prontas, efectivas, independientes y transparentes sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas postelectorales; y garantizar la rendición de cuentas y que las víctimas tengan acceso a un recurso efectivo y una reparación;
b) Llevar a cabo con urgencia una evaluación de las normas de enfrentamiento y asegurar que todo uso de la fuerza se desarrolle en sujeción a los estándares internacionales, en particular las normas sobre la orden de fuego; al mismo que asegurar que todo uso desproporcionado de la fuerza letal esté sujeto a la plena y pública rendición de cuentas;
c) Comprometerse a desarrollar un diálogo nacional participativo sobre las reformas que promuevan el desarrollo, los derechos humanos y la reconciliación, teniendo también debidamente en cuenta las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación formuladas en su informe de 2011.
Pobreza y problemas económicos y sociales
Al tiempo que reitera las recomendaciones anteriores, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta al Gobierno y/o a las instituciones a:
a) Intensificar los esfuerzos para luchar contra la pobreza, en particular contra la extrema pobreza, prestando la debida atención a las diferencias y brechas entre las zonas urbanas y rurales; y asegurar una financiación adecuada para la realización de los derechos económicos y sociales;
b) Adoptar las medidas necesarias para garantizar un acceso justo a la tierra y a los recursos naturales, incluida la salvaguardia de los derechos de los pequeños agricultores a la tierra en particular, prestando la debida atención a eliminar la discriminación contra las mujeres y los pueblos indígenas; adoptar medidas efectivas para evitar los desalojos forzosos y, cuando sean inevitables, mitigar sus efectos, y revisar los procedimientos relacionados para que estén de conformidad con las normas de derechos humanos;
c) Velar por que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el poder judicial, ejerza plenamente su mandato de monitorear las condiciones de empleo e imponga sanciones cuando se infrinjan los derechos laborales;
d) Adoptar una política o un plan para orientar a las empresas sobre sus responsabilidades en materia de derechos humanos a fin de velar por que el sector privado actúe con debida diligencia y evalúe las repercusiones de sus actividades en los derechos humanos.
Seguridad y justicia
Al tiempo que reitera las recomendaciones anteriores, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta al Gobierno y/o a las instituciones a:
a) Diseñar e implementar un plan de seguridad que permita avanzar rápidamente hacia la desmilitarización
de las funciones de control de orden público, fortalezca la transparencia en materia de defensa y seguridad, incluso desde el punto de vista presupuestario, y garantice el desarrollo de una policía civil profesional y responsable, adecuadamente aprobada y entrenada;
b) Velar por que la legislación nacional se apruebe o revise en consonancia con las normas de derechos humanos y otras normas de derecho internacional, dando prioridad a las áreas como el uso de la fuerza, el crimen organizado, el control de las armas de fuego y las municiones y la reglamentación de las empresas de seguridad privada; reformar la legislación relacionada con el terrorismo, y derogar los artículos 335 y 335 B del Código Penal;
c) Priorizar las intervenciones que prevengan la violencia y aborden sus causas estructurales, incluyendo en relación con los niños y niñas en conflicto con la ley; favorecer el recurso a las medidas alternativas a la detención; aumentar los recursos asignados al sistema de justicia juvenil, y mejorar las condiciones en los centros donde los niños y niñas son privados de libertad;
d) Armonizar las condiciones penitenciarias con las normas internacionales y promover políticas y programas que favorezcan la rehabilitación de las personas privadas de libertad y su reinserción;
e) Diseñar programas que combatan eficazmente la impunidad y promuevan el acceso a la justicia, con especial atención a las mujeres, las personas que viven en la pobreza, los pueblos indígenas y otros grupos marginados; incrementar los programas de asistencia jurídica gratuita, y asegurar dicha asistencia esté disponible de manera inmediata, en especial para personas privadas de libertad;
f) Revisar las competencias y responsabilidades de investigación de las oficinas estatales, entre ellas la dependencia especializada encargada de la Policía Militar del Orden Público y la Fiscalía de Derechos Humanos, y promover la rendición de cuentas del sector de seguridad y el sector dela justicia;
g) Elaborar un plan integral de reforma del sector de la justicia que corrija sus problemas estructurales, comenzando por fortalecer su sistema de independencia y de carrera profesional.
Espacio democrático
Al tiempo que reitera las recomendaciones anteriores, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta al Gobierno y/o a las instituciones a reconocer el papel de los defensores de los derechos humanos y la importancia de su labor, adoptar medidas concretas para mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los delitos cometidos contra defensores de los derechos humanos y fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección.
Pueblos indígenas
Al tiempo que reitera las recomendaciones anteriores, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta al Gobierno y/o a las instituciones a reformar o adoptar los marcos jurídicos y elaborar políticas adecuadas para proteger los derechos de los pueblos indígenas; dar prioridad
al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, y redoblar los esfuerzos en lo relativo de la delimitación, demarcación, registro, ampliación y mejora de las tierras indígenas.
Violencia contra la mujer
a) Las mujeres necesitas acciones inmediatas para su protección contra la violencia y para el respecto de sus derechos. La violencia solo se pude abordar con un enfoque integral que visibilice todas las causas que la generan. En el marco de ese abordaje integral se debe hacer frente a modelos culturales patriarcales, que naturalizan la violencia contra las mujeres.
Las personas LGTBI
a) necesitan la adopción de medidas concretas para eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y asegurar investigaciones rápidas y eficaces y el enjuiciamiento de los delitos cometidos en contra de ellos y ellas. Aquí también se tiene que intervenir en la construcción social y el cambio de patrones culturales, que tiene que empezar en el sistema educativo y las familias desde la más joven edad.
Descargue el informe completo en; www.oacnudh.hn
