A un año del estado de excepción en Honduras, OACNUDH llama al Estado a reconsiderar el uso de medidas excepcionales y a abordar la inseguridad de manera integral y con énfasis en la prevención
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) manifiesta su preocupación por la duración prolongada de la suspensión de garantías constitucionales en el marco del estado de excepción (PCM 29-2022).
Hasta la fecha, el estado de excepción ha sido prorrogado en ocho ocasiones y fue, además, ampliado a 17 de los 18 departamentos del país. Varias de estas prórrogas se han ratificado en el Congreso con limitado debate sobre los resultados de la medida, su efectividad y controles, y en al menos tres ocasiones, no se han ratificado.
El estado de excepción suspende los derechos de libertad personal, libertad de asociación, reunión y circulación, entre otros derechos fundamentales, además de otorgar facultades a la policía para realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial. El derecho internacional de los derechos humanos requiere que cualquier suspensión de derechos fundamentales sea estrictamente temporal, proporcional y limitada a las exigencias de la situación, y que cualquier extensión sea objeto de un análisis profundo y basado en los derechos humanos.
OACNUDH ha recibido información sobre algunos casos que se habrían cometido en el marco de la implementación del estado de excepción y que podrían constituir violaciones de derechos humanos, tales como detenciones ilegales, uso excesivo de la fuerza, abusos durante allanamientos de morada sin orden judicial y desapariciones forzadas, especialmente cometidas en contra de jóvenes de estratos sociales de bajos recursos.
“Llamamos al Estado a incrementar los controles internos y externos de las fuerzas de seguridad y armadas para prevenir la comisión de abusos o excesos que se puedan traducir en violaciones de los derechos humanos, así como fortalecer las salvaguardas que garantizan la legalidad de las actuaciones y el debido proceso en el marco de las detenciones y allanamientos”, afirmó Isabel Albaladejo Escribano, Representante de OACNUDH en Honduras.
La Oficina reitera la necesidad de adoptar una política integral de seguridad, con enfoque de derechos humanos y énfasis en la prevención, que aborde las causas estructurales de la violencia y la inseguridad. Además, OACNUDH insta a las autoridades competentes a asegurar la rendición de cuentas y transparencia de las actuaciones de las autoridades a cargo del estado de excepción para facilitar la auditoría y control, así como asegurar las garantías judiciales.
OACNUDH reitera su disposición de brindar asistencia técnica al Estado de Honduras para fortalecer sus políticas de seguridad y lucha contra la criminalidad con un enfoque de derechos humanos.