OACNUDH expresa preocupación por el desalojo previsto en el Bajo Aguán a personas de la Empresa Asociativa Campesina de Isletas
Tegucigalpa, 2 de octubre de 2023.– La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresa su profunda preocupación por la situación que afrontan cientos de personas de la Empresa Asociativa Campesina de Isletas (EACI). La EACI es una empresa asociativa emblemática del Bajo Aguán firmante del Acuerdo con el gobierno, el 22 de febrero 2022, orientado al abordaje de las causas estructurales del conflicto en esa región.
De acuerdo con la información recibida por OACNUDH, el pasado viernes se efectuó un intento de desalojo en el que resultó una persona herida de bala, la acción se detuvo, pero se ha retomado el día de hoy. En el lugar permanecen aproximadamente 300 familias, incluidas niños, niñas, mujeres y personas ancianas, las cuales pertenecen a la EACI.
La Oficina ha recibido información que la EACI, en su proceso de reivindicación del derecho a la tierra en cuestión, ha interpuesto dos demandas civiles ante el Juzgado de Letras de Tocoa; la primera fue interpuesta el 15 de febrero del 2011 y la segunda el 14 de agosto del 2012. A más de una década, ambas demandas están pendientes de fallos judiciales. La EACI también tiene un procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la sistemática violación a los derechos humanos de sus integrantes. En ese sentido, OACNUDH condena la situación de violencia e inseguridad y la falta de acceso a la tierra de las personas que pertenecen a las empresas campesinas del Bajo Aguán.
OACNUDH hace un llamado al Estado para que, conforme a sus obligaciones internacionales de derechos humanos, utilice los desalojos únicamente como una medida de última ratio, sujeta a un análisis profundo, valorando las circunstancias específicas de cada caso, incluyendo la situación de todos los actores y la falta de certeza jurídica sobre la titularidad de la tierra. Y reitera la necesidad de adoptar en todo caso las medidas necesarias para asegurar la integridad física y psíquica de las personas, evitar el uso de la fuerza y la criminalización y establecer un plan de reubicación.
La Oficina reitera su disposición para seguir acompañando la solución pacífica y justa de los conflictos agrarios en el Bajo Aguán, a partir de la protección y garantía de los derechos humanos.
FIN.
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