Campaña 70 Aniversario

Artículo 3

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Artículo 3: Derecho a la vida

Las primeras seis palabras de este breve artículo están en el trasfondo de los intentos del mundo por poner fin a la pena de muerte.

Si el artículo 3 consagra el derecho a la vida, argumentan los abolicionistas, ¿cómo se justifica el asesinato patrocinado por el Estado? El obispo anglicano sudafricano Desmond Tutu dijo: ”Tomar una vida cuando se ha perdido una vida es venganza, no justicia.»

Artículo 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”

Las personas que redactaron la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) en 1948 tenían frescos en su memoria los campos de concentración nazis y la matanza de millones de seres humanos organizada por el Estado simplemente porque no eran el tipo de persona «correcta». El artículo 3, y los artículos 5 y 9, contra la tortura y el arresto arbitrario, están íntimamente relacionados y son una firme renuncia a la creencia de Hitler en la supremacía del Estado para controlar la vida de las personas.

El chileno Hernán Santa Cruz, uno de los redactores de la Declaración Universal, explicó que muchos de los artículos de la DUDH se basan en la creencia de que «los intereses de la persona [van] antes que los del Estado y que el Estado no debe privar al individuo de su dignidad y de sus derechos básicos.»

El derecho a la vida se ha convertido en uno de los derechos fundamentales aceptado por muchos países; el 77 por ciento de las constituciones del mundo incluyen este derecho; en 1945, fecha en que se fundó la ONU, sólo el 27 por ciento de las constituciones vigentes lo contenían.

El artículo 3 abarca mucho más que la prohibición de la pena de muerte. Este artículo es fundamental para disfrutar de todos los demás derechos: al fin y al cabo, hay que estar vivo para ejercer la libertad de expresión, casarse o tener una nacionalidad.

Esto fue recalcado en un «comentario general» cuasi legal y publicado en octubre de 2018 por el Comité de Derechos Humanos, conformado por un grupo de expertos independientes que monitorea la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, uno de los dos pactos que desarrolla la DUDH.

El documento señala que la obligación de proteger, respetar y garantizar el derecho a la vida abarca otras situaciones, incluidas las relacionadas con las nuevas tecnologías, como el uso de drones en conflictos armados. Mirando hacia el futuro, el comentario general establece que la degradación ambiental, el cambio climático y el desarrollo no sostenible representan serias amenazas a la capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar del derecho a la vida.

Algunas personas han argumentado que el artículo 3 abarca muchos otros temas: la falta de atención médica que conduce a la muerte, las ejecuciones extrajudiciales, incluso el uso de municiones por parte de la policía contra manifestantes desarmados.

Antônio Cançado Trinidade, entonces presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, escribió que “la privación arbitraria de la vida no se limita al acto ilícito del homicidio; se extiende a la privación del derecho a vivir con dignidad.»

El derecho a la vida se desarrolla en cuatro tratados de la ONU cuyo propósito expreso es abolir la pena de muerte, y desde 2007 la Asamblea General de la ONU ha adoptado cinco resoluciones no vinculantes que exigen una moratoria global de las ejecuciones como un paso hacia la abolición final. «No hay lugar para la pena de muerte en el siglo XXI,» dijo el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Por los menos, 39 ejecuciones se han llevado a cabo en los Estados Unidos a pesar de existir pruebas convincentes de inocencia o serias dudas sobre la culpabilidad del condenado. 
– Centro de Condenas Injustas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Northwestern.

Cuando se adoptó la DUDH el 10 de diciembre de 1948, sólo 14 países habían abolido la pena de muerte. Setenta años después, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU lo han hecho y ya no la aplican. Incluso en los países que tienen una pena de muerte obligatoria, no siempre se aplica mediante ejecuciones. A finales de marzo de 2016, por ejemplo, el viceprimer ministro de Malasia anunció que 829 personas habían sido condenadas a muerte entre 2010 y marzo de 2016, pero que sólo se habían realizado 12 ejecuciones durante este tiempo.

La mayoría de las naciones que han abolido la pena de muerte han citado los derechos humanos como el principal motivo, mientras que el número cada vez menor de naciones que conservan la pena de muerte (88), o de hecho ejecutan a personas (39), evitan enmarcar la pena de muerte como un problema de derechos humanos.

Sin embargo, las amenazas a la vida no sólo provienen de ejecutores estatales, sino a veces del vecino o pareja, de bandas criminales y de grupos armados, y en estos casos los Estados tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos.

Los asesinatos de mujeres y niñas (por parte de sus parejas, por parte de extraños, por parte de padres que prefieren a los niños) también constituyen un abuso grave y muy común de este derecho fundamental, y las mujeres de todas las edades siguen sufriendo una protección legal y física inadecuada por parte de las autoridades e instituciones del Estado. Como dijo Rashida Manjoo, ex Relatora Especial de la ONU sobre Violencia contra las Mujeres: «Las mujeres sometidas a violencia continua están siempre en el «corredor de la muerte,» siempre con miedo a ser ejecutadas.»

Este es uno de los artículos publicados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) para conmemorar el 70 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Todos los derechos consagrados en la DUDH están relacionados entre sí y son igual de importantes.

Campaña 70 Aniversario

Artículo 4

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Artículo 4: Ser libre de la esclavitud

Hombres comprados y vendidos como productos básicos, cautivos durante años contra su voluntad en barcos de pesca frente a Tailandia. Mujeres yazidíes vendidas como esclavas sexuales, violadas diariamente y pasadas de propietario en propietario. Seres humanos ofrecidos como regalos de cumpleaños a los niños.

El artículo 4 es claro: nadie tiene derecho a hacernos esclavos y no podemos hacer que nadie sea nuestro esclavo. Pero si pensaba que la esclavitud desapareció con el fin del comercio transatlántico de esclavos en 1800, podría sorprenderle el abuso que sufren hoy en día los pescadores que suministran productos del mar a algunos de los principales supermercados del mundo, o el destino de las mujeres en el llamado Estado Islámico o de mujeres migrantes en burdeles en Europa y en otros lugares; o la realidad actual en Mauritania, el último país del mundo en prohibir oficialmente la esclavitud.

Desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) hace 70 años, ha habido enormes progresos. Y ciertamente los ha habido en los 150 años transcurridos desde que economías enteras se basaron en la propiedad de nuestros semejantes, y desde que los líderes religiosos encontraron inspiración divina para el sistema opresivo. Sin embargo, las prácticas similares a la esclavitud y el tráfico de seres humanos siguen siendo una realidad de nuestro tiempo.

En palabras del periodista británico de investigación Ross Kemp, «hay más esclavos hoy que en el momento más álgido de la trata de esclavos.’’

Nadia Murad, la mujer yazidi que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2018 (conjuntamente con el ginecólogo congoleño Denis Mukwege) por dar a conocer la violación como un arma de guerra, llamó a su autobiografía «The Last Girl» porque, según explicó Murad: «quiero ser la última joven del mundo con una historia como la mía”. Nadia fue capturada por ISIS en Irak a los 21 años y vendida como esclava sexual, convertida en un blanco porque su familia pertenecía a la minoría religiosa Yazidi.

Eliminar completamente la esclavitud, unos dos siglos después de que Dinamarca y Francia lideraran los esfuerzos para prohibirla, sigue siendo una lucha. En una fecha tan reciente como 2016, aproximadamente 40.3 millones de personas vivían en la esclavitud moderna, siendo el 70 por ciento de ellas mujeres y niñas. La persecución y la migración han llevado a muchas personas desesperadas, sin saberlo, a manos de los traficantes de seres humanos. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los últimos cinco años, 89 millones de personas experimentaron alguna forma contemporánea de esclavitud durante períodos que fueron desde unos pocos días hasta cinco años.

“Para nosotros, la esclavitud era algo natural. Cuando uno nace en un entorno determinado, esto se considera lo correcto y justo «. 
– Abdel Nasser Ould Ethmane, mauritano que recibió un esclavo por su séptimo cumpleaños y más tarde se convirtió en un antiesclavista.

El tráfico de personas es un fenómeno verdaderamente global, con víctimas de unas 160 ciudadanías distintas detectadas o repatriadas de unos 140 países diferentes, según un informe elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que describió esta información como «sólo la punta del iceberg”. Sin embargo, aunque muchas víctimas del África subsahariana y Asia oriental en particular terminan en diferentes continentes, la mayoría de las personas que son víctimas de la trata siguen en sus países o regiones de origen.

Mauritania, un país de África occidental, donde algunas personas de origen africano subsahariano han sido a menudo esclavizadas como trabajadoras domésticas por grupos con diferentes orígenes raciales y étnicos, se convirtió en el último país del mundo en abolir la esclavitud en 1981. Sin embargo, no fue hasta 2007 cuando se aprobaron leyes penales para hacer cumplir dicha prohibición. Los activistas dicen que el país ha encarcelado a más defensores en contra de la esclavitud que a dueños de esclavos.

En otros lugares, el dinero contante y sonante es generalmente la razón por la cual la esclavitud florece. Las investigaciones realizadas por periodistas, organizaciones no gubernamentales y las Naciones Unidas en 2014 y 2015 destaparon que gran parte de la industria pesquera de Tailandia, con un valor de 7,000 millones de dólares, se basaba en el secuestro, la violencia y el encarcelamiento. Los hombres pobres del sudeste de Asia fueron atraídos con promesas de buenos trabajos, pero en su lugar se encontraron con turnos de 20 horas alimentados por metanfetaminas, palizas regulares, torturas y asesinatos al más puro estilo de una ejecución. Muchas de estas personas fueron liberadas gracias a las investigaciones.

Según la OIT, entre 60 y 75 millones de las personas que trabajan en la industria de la confección en todo el mundo – siendo alrededor del 75 por ciento mujeres y niñas – son particularmente propensas a la explotación y el abuso. La investigación sobre esta industria en varios países ha revelado un engaño generalizado en los salarios y las condiciones de trabajo, las restricciones al movimiento de los trabajadores, la intimidación y las amenazas, la retención de salarios y las condiciones de trabajo y de vida abusivas.

Se estima que el 92 por ciento de las personas que realizan trabajos forzados en el sector de la hostelería y la alimentación son mujeres y niñas, y la OIT considera que el 24 por ciento de todos los trabajadores domésticos, de los cuales la gran mayoría son también mujeres, están sujetos al trabajo forzoso.

«Cada vez que escucho a alguien que defiende la esclavitud, siento un fuerte impulso de ver cómo sería si les ocurriera a ellos mismos». 
– Presidente Abraham Lincoln, quien liberó esclavos en los Estados Unidos.

Los trabajadores domésticos son uno de los grupos más vulnerables a la que es quizás la forma menos conocida de esclavitud moderna, llamada comúnmente «servidumbre por deudas», donde una persona se ve obligada a trabajar para pagar una deuda, que crece de manera constante y que nunca puede realmente pagarse. Todavía abunda esta práctica en los hornos de ladrillos, molinos, minas y fábricas del sur de Asia, así como en otras partes del mundo. También está muy extendida en el sector agrícola, donde varios casos relacionados con trabajadores migrantes han salido a la luz recientemente en algunos países europeos. Los traficantes también utilizan con frecuencia a los trabajadores domésticos para hacer caer en una trampa a mujeres y niñas con el fin de explotarlas sexualmente. Muchos sostienen que el sistema «kafala» que opera en varios estados del Golfo, donde los empleadores tienen control total sobre sus trabajadores domésticos, también es una forma de esclavitud. Las redes sociales en Arabia Saudita, por ejemplo, han evidenciado la existencia de publicaciones de personas que ofrecen trabajadores domésticos «a la venta».

Los abolicionistas continúan su lucha, armados con el artículo 4 de la DUDH (y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, jurídicamente vinculante, que se deriva de él). Las formas contemporáneas de esclavitud, ya sea trabajo forzoso, servidumbre involuntaria o esclavitud sexual, son delitos y no deberían tolerarse en ninguna forma ni lugar. El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha instado a todas las personas a «unirse en torno a la prevención, la protección y el procesamiento para construir un futuro donde este crimen no exista’’.

Esta es una serie de artículos publicados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos -en castellano-) para conmemorar el 70 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Todos los derechos consagrados en la DUDH están relacionados entre sí y son igualmente importantes.

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Artículo 5

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Artículo 5: Ser libre de la tortura

Existe una prohibición absoluta en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) que es aceptada de forma universal e inequívoca: la prohibición de la tortura consignada en el Artículo 5.

En ocasiones, puede que los Estados hayan discutido sobre la definición de lo que constituye tortura, pero virtualmente ninguno defiende abiertamente su práctica ahora, incluso si todavía la llevan a cabo en «algunos de los rincones más oscuros de nuestro planeta», tal y como lo describió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La prohibición de la tortura es otro reflejo de la repulsión contra los campos de concentración y los experimentos médicos nazis con personas vivas que motivaron a los redactores de la DUDH a finales de los años cuarenta.

La prohibición de la tortura se describe con mayor detalle en la Convención contra la Tortura de la ONU de 1984, la cual prohíbe la tortura de forma meridianamente clara: «No hay circunstancias excepcionales en absoluto, ya se trate de un estado de guerra o una amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública; ninguno de estos argumentos puede ser invocado para justificar la tortura».

Dado este rechazo universal, ¿por qué una sociedad democrática contemporánea toleraría el uso de la tortura? El argumento más frecuente a favor de la tortura es que, particularmente en la lucha contra el terrorismo, puede salvar vidas de personas inocentes.

Aparte de todas las fallas en el argumento imaginario de la «bomba de relojería» (¿Cómo saben las fuerzas de seguridad que tienen a la persona adecuada? ¿Cómo saben que el sospechoso no inventará las cosas simplemente para aliviar su dolor?), la mayoría rechaza la tortura por ser una excusa para hacer valer el poder por medio de un comportamiento deshumanizador.

La prohibición de la tortura es tan absoluta que el órgano de la ONU encargado de monitorear su prevención ha recomendado que incluso en la formación a los soldados se les recuerde que tienen la obligación de desobedecer las órdenes de un oficial superior para cometer torturas. El hecho de que varios Estados se hayan esforzado tanto para redefinir algunas de sus prácticas, argumentan algunos, demuestra que actualmente se respeta la prohibición universal de la tortura, y que incluso se intenta subvertirla.

Tras los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos en 2001, el gobierno del Presidente George W. Bush reinterpretó la palabra «tortura» de una forma muy estricta en un esfuerzo por dar a sus oficiales margen de maniobra para maltratar a los sospechosos. Las circulares que se hicieron públicas más tarde demostraron que dicha administración creía que la prohibición de la tortura era «pintoresca» y «obsoleta», y que no se aplicaba en lo que denominaba «guerra contra el terrorismo», e incluso que el Presidente podía «anular» el derecho internacional.

Se inventaron nuevos eufemismos para encubrir las acciones de la administración. Bajo el término de «rendición extraordinaria», los Estados Unidos llevaron a los sospechosos a «sitios oscuros» como los centros de detención en Abu Ghraib, en Irak; la prisión de Bagram, en Afganistán o la Bahía de Guantánamo, en Cuba, para someterlos a «técnicas de interrogación mejoradas».

Estas escandalosas prácticas fueron condenadas por una larga lista de organizaciones y personas, incluidas varios generales retirados, almirantes, abogados militares y oficiales de inteligencia. Sin embargo, cualquier discusión sobre derechos humanos se vio sumergida bajo discusiones más «prácticas», irrelevantes según el derecho internacional, sobre si la tortura era un medio eficaz y fiable para extraer información útil.

Finalmente, fue la omnipresente cámara digital y no los argumentos morales, la que cambió la tendencia en contra de una “definición lejana” de la tortura. Las fotos de prisioneros iraquíes desnudos y humillados mientras soldados de Estados Unidos sonreían orgullosamente frente a la cámara se convirtieron en el símbolo de los abusos oficiales de derechos humanos. Los Estados Unidos repudiaron después estas prácticas.

Hoy en día, activistas de todo el mundo arriesgan sus vidas para documentar abusos y difundir rápidamente pruebas en las redes sociales. Pero lo que se hace con la información depende de la voluntad política. «El problema no es la falta de alerta temprana», dice Pierre Sané, de Senegal, ex jefe de Amnistía Internacional, el problema es «la falta de acción temprana».

Aun así, la ONU considera que el monitoreo regular de los lugares de detención por parte de mecanismos independientes de supervisión internos y externos es uno de los métodos más efectivos para prevenir la tortura. El estatus internacional de los derechos humanos significa que el comportamiento de los Estados y las personas ya no se rige únicamente por las normas nacionales. Los tratados contra la tortura, de órganos universales y regionales, (así como contra el genocidio y las desapariciones forzadas) han prevalecido sobre los argumentos de que ciertas personas gozan de inmunidad internacional frente al enjuiciamiento.

Según el principio conocido como «jurisdicción universal», las personas sospechosas de los crímenes internacionales más graves, incluida la tortura, pueden ser arrestadas, juzgadas y condenadas en países distintos al suyo.

Como lo expresó una ex Jefa de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, «nadie se libra, ni los torturadores mismos, ni los responsables políticos, ni los funcionarios públicos que definen la política o dan las órdenes». Como ejemplo, «Chuckie» Taylor, hijo del ex presidente de Liberia, que está en prisión en Florida, Estados Unidos, cumpliendo una sentencia de 97 años por tortura y otras violaciones de derechos humanos cometidas en su tierra natal.

Cuando el ex dictador chileno Augusto Pinochet murió en 2006, ya había pasado un año y medio bajo arresto domiciliario en Londres, y al regresar a Chile fue acusado de varios de los más de 300 crímenes en los que estuvo implicado respecto a violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar de 1973 a 1990.  A pesar de que Pinochet estuvo bajo arresto domiciliario, cuando murió aún no había sido juzgado ni condenado.

En 1975, una joven fue arrestada por la policía política de Pinochet e interrogada en el infame centro de tortura Villa Grimaldi en la capital de Chile, Santiago. Décadas más tarde, una vez restablecida la democracia, Michelle Bachelet ocupó dos veces el cargo de Presidenta de Chile. Hoy es ella la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Campaña 70 Aniversario

Artículo 6

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Artículo 6: El derecho a ser reconocido como persona ante la ley

Tras establecer los estándares para la dignidad y la libertad, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) dedica un grupo de artículos a los estándares para la administración de justicia incluyendo lo que a menudo se conoce como el “debido proceso”. Aproximadamente un cuarto de la DUDH está dedicado a cuestiones legales en torno a los derechos humanos. Como ya hemos visto, a finales de la década de los cuarenta, los abusos del régimen nazi estaban frescos en la mente de los redactores de la DUDH, quienes pensaron que estas provisiones servirían como una trinchera más sólida ante futuras violaciones de derechos humanos como aquellas perpetradas por los nazis. Y, de hecho, hacia finales de la década de los cuarenta, todas estas provisiones fueron incorporadas en los sistemas legales de las naciones desarrolladas.

Los artículos del 6 al 11 están estrechamente relacionados y, en su mayor parte, se centran en algunos de los derechos civiles y políticos que todos los seres humanos deberían disfrutar. La segunda mitad de la DUDH se centra en los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, el artículo 6 en sí mismo se aplica a todo el espectro de derechos. Si una persona no es reconocida «como una persona bajo la ley», numerosos derechos, incluyendo aquellos en las esferas social y económica, se verían amenazados.

El artículo 6 está siendo el foco de atención con el fenómeno de las desapariciones forzadas o involuntarias – la práctica de ciertos países de sustraer, detener y, posiblemente, ejecutar a personas- mientras sus familias rara vez saben cuál fue su paradero.

Este es el caso de personas como las Madres de la Plaza de Mayo que protestaron durante años contra la desaparición forzada de sus hijos durante la «Guerra Sucia» en Argentina entre 1976 y 1983. Usando pañuelos blancos para simbolizar los pañales de sus hijos, las mujeres desafiaron la dictadura militar para manifestarse frente al palacio presidencial para tratar de obtener información sobre sus hijos desaparecidos.
 

«La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes». 
– Martin Luther King, activista afroamericano por los derechos civiles

Durante el período de la dictadura militar en Argentina, las fuerzas de seguridad hicieron desaparecer de forma forzosa – término usado cuando el Estado lleva a cabo un secuestro – alrededor de 30,000 personas, y aún se desconoce la suerte y el paradero de muchas de ellas. La larga lista de desaparecidos incluía a dos de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo. Políticas similares de desaparición forzada se llevaron a cabo en otros tantos países latinoamericanos dirigidos por dictadores militares, como Chile, Guatemala y Perú.

Sin embargo, los generales latinoamericanos no inventaron el concepto de la desaparición. Durante la Guerra Civil española a finales de la década de 1930, más de 143,000 personas desaparecieron sin dejar rastro. El primer episodio de desaparición forzada permitido por la ley de manera explícita y desvergonzada ocurrió cuando Hitler emitió la directiva ‘Nacht und Nebel’ (‘Noche y niebla’) en diciembre de 1941, para trasladar en secreto a miles de personas desde los territorios ocupados hasta Alemania, muchas de las cuales serían finalmente asesinadas. La medida se centró en la población civil, con el objetivo de disuadir toda forma de resistencia. La incertidumbre sobre el destino de los desaparecidos (despojados de todas las protecciones legales y debidos procesos que deberían haberse aplicado, después de haber sido sustraídos en plena noche) fue diseñada deliberadamente para aterrorizar y paralizar a la sociedad en su conjunto. Fueron, usando un término empleado por los nazis, «transformados en niebla».

Los organismos regionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que protege los derechos de unos 800 millones de personas, han desempeñado un papel importante en los últimos años al proporcionar recursos a las víctimas de este crimen y disuadir a los Estados de cometerlo.

Sin embargo, la desaparición forzada no se restringe a una región específica, sino que es un problema global. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias revisó unos 840 casos de 46 países en septiembre de 2018. Amnistía Internacional ha identificado a Siria y Sri Lanka como dos de los peores países en lo que a desapariciones forzadas se refiere. Rusia y Estados Unidos (con su programa de entregas durante la «Guerra contra el Terror») también han sido acusados de cometer esta violación.

Sin embargo, el problema no se limita necesariamente a las fuerzas de seguridad del gobierno, con desapariciones a manos de bandas criminales, en colusión con las autoridades en un momento dado. Esto ha acabado convirtiéndose en un problema crónico en los últimos años en países de América Central y México, así como en Irak. Como consecuencia de su defensa de los derechos de las poblaciones locales en contra de intereses comerciales y económicos, los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente se han convertido en blancos concretos, tanto en América Latina como en algunos países del sudeste asiático,

La falta de reconocimiento ante la ley exigida por el artículo 6 es, por supuesto, mucho más amplia que la cuestión de la desaparición forzada. En algunos países, las mujeres aún no tienen los mismos derechos bajo la ley que los hombres. Por ejemplo, hay 32 países en los que las mujeres necesitan el permiso de su esposo para solicitar un pasaporte, y 30 donde las mujeres no pueden elegir dónde vivir.

Y quizás el mayor problema al que se enfrentan los 3,9 millones de personas apátridas de los que se tiene constancia en el mundo es que están excluidas de algunas, o incluso de todas, las leyes y sistemas diseñados para proteger a los ciudadanos de un país. Este limbo legal puede tener un impacto devastador no sólo en las personas apátridas, sino en sus hijos y nietos que pueden heredar su mismo estatus, como si de una enfermedad genética se tratara, ya que sus nacimientos no pueden registrarse, porque sus padres no existen a los ojos de la ley.

Como resultado, pueden sufrir violaciones de un amplio abanico de sus derechos sociales, políticos, económicos y civiles: no pueden votar, casarse, obtener una educación, presentar un caso ante los tribunales o recibir atención médica. Mientras que algunas personas se convierten en apátridas como consecuencia imprevista de un cambio o falla en la legislación nacional, una minoría considerable es, en palabras de la Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, «víctima de una forma más perniciosa de apatridia: la exclusión deliberada de todo un grupo debido a una determinada discriminación política, religiosa o étnica”. El ejemplo actual más grave de esto es la minoría Rohingya en Myanmar, privada de muchos de sus derechos porque se les niega la ciudadanía.

Muchos siguen compartiendo el sueño del físico Albert Einstein, quien dijo en 1933 mientras Alemania, su tierra natal, comenzaba a hundirse en el fascismo: «Mientras siga teniendo una opción, me quedaré sólo en un país donde la libertad política, la tolerancia y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sean la norma”. Pero en una época en la que los refugiados encuentran cada vez más obstáculos en su derecho a buscar asilo ante la persecución, el sueño de Einstein, y el camino trazado en la DUDH – siguen siendo inalcanzables para muchos.

Campaña 70 Aniversario

Artículo 7

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Artículo 7: El derecho a la igualdad ante la ley

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, en muchos países industrializados, las mujeres lucharon por el derecho al voto. “Nunca habrá una igualdad completa hasta que las propias mujeres ayuden a sacar leyes adelante y elijan a los legisladores”, expresó la sufragistaSusan B. Anthony.

Más de un siglo después, el único país en el mundo en el que las mujeres no pueden votar es la Ciudad del Vaticano: allí, el derecho de emitir votos para elegir a un nuevo Papa se restringe a los cardenales, que son todos hombres. Sin embargo, como señaló el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2017, a pesar de las conquistas universales en las urnas, “muchas mujeres y niñas aún se ven privadas, de forma rutinaria, del acceso igualitario a los recursos. Se les niega la capacidad de elección, se les arrebatan las oportunidades y se les limita por medio de estereotipos falsos y humillantes”.

El artículo 7 afirma que la ley es la misma para todas las personas, y debe tratar a todas las personas en todas estas categorías de manera justa: en sus 39 palabras, prohíbe la discriminación tres veces. Estos principios de igualdad y no discriminación conforman el Estado de Derecho. Estas obligaciones han sido desarrolladas en varios instrumentos internacionales que combaten formas específicas de discriminación no sólo contra las mujeres, sino también contra pueblos indígenas, migrantes, minorías y personas con discapacidad. El racismo y la discriminación basada en la religión, la orientación sexual y la igualdad de género también se incluyen.

Una sucesión de tratados internacionales de derechos humanos ha ampliado los derechos contenidos en el Artículo 7, y con el paso de las décadas, la jurisprudencia ha añadido más obligaciones a la prohibición de la discriminación. No es suficiente que los países se abstengan de tratar a ciertos grupos de forma desfavorable. Ahora deben tomar medidas positivas para reparar la discriminación. Por ejemplo, bajo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados deben apoyar a las personas con discapacidad, permitiéndoles tomar decisiones legales por sí mismas, en lugar de negarles su capacidad legal.

“La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es un requisito para alcanzar el desafío de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y construir una buena gobernanza”.
– Kofi Annan, fallecido Secretario General de la ONU.

Los países también pueden necesitar adoptar medidas especiales de carácter temporal para superar la discriminación pasada o presente, y acelerar el establecimiento de una igualdad real –y algunos han adoptado medidas muy efectivas en relación a grupos específicos. En las elecciones de 2018 en Ruanda, el 61% de los escaños en el Parlamento fueron obtenidos por mujeres. El incremento sostenido en el número de las mujeres que integran el Parlamento es un resultado directo de la Constitución de Ruanda de 2003 que establece cuotas del 30 por ciento para mujeres en cargos de elección popular, y de la decisión de los partidos políticos de adoptar voluntariamente sus propias cuotas para candidatas.

El principio de la igualdad para todas las personas no sólo aplica a los gobiernos. Debe hacerse frente a la discriminación en el trabajo, en la escuela y en el hogar.

Indudablemente, en la mayor parte del mundo, las mujeres han progresado enormemente para alcanzar la igualdad ante la ley desde los tiempos de las sufragistas, y desde la adopción de la DUDH en 1948. Sin embargo, en 2018, según el Banco Mundial, 104 países aún cuentan con leyes que impiden a las mujeres trabajar en determinados empleos, 59 no están equipados con leyes sobre acoso sexual en el lugar de trabajo y, en 18 países, los maridos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen.

A nivel global, muchas leyes no son suficientes para desincentivar la violencia contra las mujeres, y en algunos casos, incluso la fomentan o la toleran. Este es, por ejemplo, el caso en países donde a los violadores se les permite, por ley, evitar su enjuiciamiento si se casan con la víctima.

Incluso cuando las leyes no son discriminatorias sobre el papel, su aplicación puede ser discriminatoria en la práctica. El Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha instado a derogar las normas y procedimientos probatorios que son discriminatorios, incluyendo aquellos que permiten que las mujeres sean privadas de su libertad para “protegerlas” de la violencia; realizar “pruebas de virginidad”; y el uso, como una defensa legal o factor atenuante, de argumentos basados en la cultura, la religión y la supremacía masculina, tales como la llamada “defensa del honor”. El Comité también ha llamado a poner fin a los procedimientos que reservan penas extraordinariamente duras –incluyendo lapidación, latigazos y muerte- a las mujeres; así como a las prácticas judiciales que ignoran un historial de violencia de género al tratar con mujeres demandadas.

La discriminación contra las mujeres se entrelaza a menudo con la discriminación basada en otros motivos, tales como el color, la raza, el idioma, la religión, la política u otras opiniones, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento u otro status. En América Latina, las cifras de pobreza son mayores entre las mujeres, pero son aún más altas para las mujeres afrodescendientes. En los Estados Unidos, el 37 por ciento de los hogares encabezados por mujeres afroamericanas se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Y las mujeres y niñas canadienses de las Naciones Originarias y afrodescendientes tienen menos oportunidades educativas en comparación con otros canadienses, incluyendo hombres y niños de su propio grupo.

Las mujeres y niñas no son, por supuesto, las únicas personas en el mundo que a veces se ven privadas de la igualdad frente a la ley. En algunos países, la discriminación contra algunas religiones o minorías es una política oficial, o incluso ley. Un informe anual del proyecto independiente World Justice mostró que entre 2017 y 2018, 71 países de los 113 analizados experimentaron retrocesos en sus esfuerzos por combatir la discriminación.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha destacado el considerable progreso realizado en los 70 años desde la adopción de la DUDH, como resultado de que personas en todo el mundo demandan “el fin de la discriminación, la tiranía y la explotación”. Sin embargo, no caben dudas de que el mundo aún tiene un largo camino por recorrer si quiere alcanzar el compromiso del expresidente sudafricano Nelson Mandela (víctima de las leyes y regulaciones flagrantemente racistas del sistema de apartheid), de “liberar a toda nuestra gente del yugo continuo de la pobreza, la privación, el sufrimiento, la discriminación por género o de otro tipo”.