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Los Estados deben investigar y enjuiciar la violencia contra los periodistas: expertos de la ONU

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Los Estados deben investigar y enjuiciar la violencia contra los periodistas: expertos de la ONU

GINEBRA (2 de noviembre de 2021) – Con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la Relatora Especial sobre la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz y la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, emiten la siguiente declaración:

“La seguridad de los periodistas sigue siendo tan precaria como siempre, la impunidad por los delitos cometidos contra ellos es tan alta y persistente como antes.

Durante el año pasado, periodistas de todo el mundo han sido amenazados, acosados, agredidos físicamente, secuestrados, detenidos arbitrariamente, desaparecidos por la fuerza, torturados y asesinados, simplemente por hacer su trabajo.

Las amenazas a la seguridad de los periodistas, lejos de disminuir, han tomado nuevas formas en la era digital, especialmente para las mujeres periodistas. Si bien tanto los periodistas hombres como mujeres  son amenazados en el curso de su trabajo, las mujeres, incluidas las pertenecientes a grupos minoritarios, corren un riesgo mucho mayor de sufrir ataques sexuales y violencia de género en línea, incluido el acoso en línea, el trolling, el doxing, la violación y las amenazas de muerte.

La falta de investigación y de atención a los ataques en línea tiene consecuencias en la vida real para las mujeres periodistas, afectando su salud mental y física, socavando su confianza y autonomía, estigmatizándolas y generando miedo, vergüenza y daño reputacional y profesional. En casos extremos, las amenazas en línea pueden escalar a violencia física e incluso a asesinatos, como demostró el asesinato de Daphne Caruana Galizia.

Ya sea que se dirijan a periodistas hombres o mujeres, en línea o fuera de línea, los delitos contra periodistas buscan intimidar y silenciar a quienes se atreven a buscar y exponer la verdad. Los ataques a periodistas son un ataque al derecho de la sociedad a estar informada, al derecho a la libertad de expresión y a muchos otros derechos humanos, incluido el derecho a la vida y la libertad de las personas afectadas.

La impunidad envalentona a los perpetradores. La investigación de la UNESCO muestra que donde la impunidad por los crímenes contra periodistas es alta, también lo es el número de periodistas asesinados.

Los Estados tienen la obligación de llevar a cabo investigaciones rápidas, imparciales, exhaustivas, independientes y efectivas de todos los delitos contra periodistas, en línea o fuera de línea. Cuando no investigan y procesan los crímenes, en la práctica están censurando el discurso, amordazando a quienes se atreven a denunciar y silenciando a los demás. Además, la falta de investigación adecuada de una muerte potencialmente ilegal se considera, en sí misma, una violación del derecho a la vida.

Nueve de cada diez asesinatos de periodistas continúan impunes. El hecho de que la aguja no haya cambiado durante la última década es una clara indicación de que las medidas nacionales e internacionales para proteger la seguridad de los periodistas están fallando. Se necesita hacer mucho más.

Reiteramos el llamamiento para que las Naciones Unidas establezcan un mecanismo de investigación permanente, apoyado por expertos internacionales independientes, incluidos los de los Procedimientos especiales y de los Órganos de tratados, para ayudar en las investigaciones y determinar vías de justicia al nivel nacional, regional e internacional, así como con el objetivo de apoyar medidas para poner fin a la impunidad y prevenir la violencia contra periodistas.

Reiteramos la necesidad de que los Estados consideren sanciones individualizadas contra los responsables por ordenar, realizar o amenazar con actos de violencia contra periodistas, o impedir u obstaculizar investigaciones efectivas.

Hacemos un llamado a los Estados para que prohíban, investiguen y procesen la violencia de género en línea y fuera de línea contra las mujeres periodistas. Los investigadores deben suponer que esos delitos están relacionados con el trabajo del periodista, al menos que se demuestre lo contrario. Tanto los Estados como las empresas deben incluir una perspectiva de género en todas las iniciativas encaminadas a crear un entorno seguro y propicio para los medios de comunicación independientes, diversos y pluralistas.

En un mundo cada vez más digitalizado, los Estados deben garantizar que todos los periodistas, tanto mujeres como hombres, sean libres de realizar su labor vital sin amenazas, intimidación o cualquier forma de represalia en línea o fuera de línea”.

TERMINA

* Los expertos: Sra. Irene Khan, Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión; Sra. Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias y el Sr. Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.

FIN 

Para obtener más información y solicitudes de los medios, comuníquese con: Thibaut Guillet (+41 22 917 9158 /thibaut.guillet@un.org) o ohchr-freedex@un.org.

Para consultas de los medios de comunicación relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, póngase en contacto con: Sr. Jeremy Laurence, Unidad de Medios de Comunicación de Derechos Humanos de la ONU (+41 22917 9383 / jeremy.laurence@un.org)

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en Twitter @UN_SPExperts.

OACNUDH en Honduras

OACNUDH lamenta resolución del Tribunal de Sentencia de Trujillo que ordena mantener en detención preventiva a los defensores de Guapinol

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OACNUDH lamenta resolución del Tribunal de Sentencia de Trujillo que ordena mantener en detención preventiva a los defensores de Guapinol

Tegucigalpa, 29 de octubre de 2021 – La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresa su más seria preocupación por la resolución del Tribunal de Sentencia de Trujillo que ordena mantener la detención preventiva de los ocho defensores de Guapinol, a pesar de la no objeción del Ministerio Público para el otorgamiento de medidas sustitutivas.

“La Oficina que represento ha llamado en reiteradas ocasiones a que se revise la detención preventiva de los defensores y a que se cumplan las garantías del debido proceso con base en las obligaciones internacionales de Honduras en la materia. Lamentamos que, nuevamente y sin acreditarse los elementos que justifiquen mantener la detención preventiva, los defensores sigan sometidos a dicha medida”, expresó Isabel Albaladejo Escribano, Representante de OACNUDH en Honduras.

El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, creado por el Consejo de Derechos Humanos, en su decisión vinculante sobre el presente caso, concluyó que la detención de los ocho defensores es arbitraria y contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y consideró que el remedio adecuado es “poner a los defensores inmediatamente en libertad, concediéndoles el derecho a obtener la necesaria reparación a la vulneración de sus derechos”.

“Reiteramos nuestro llamado al Poder Judicial para que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución hondureña, garanticen la aplicación de la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Honduras en 1995[1], y que adopten medidas urgentes para poner en libertad a los ocho defensores, quienes han estado privados de la libertad durante más de dos años”, añadió la Representante.

La Oficina recuerda a las autoridades judiciales que, conforme a normas internacionales en materia de derechos humanos que forman parte del derecho interno, cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente y clara que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas por dichas normas, es considerada arbitraria. Particularmente, la Oficina observa que la resolución del Tribunal se basa en un análisis de peligro de fuga que no satisface los criterios de la normativa procesal penal hondureña, aunado al hecho de que los defensores siempre han demostrado su voluntad de sometimiento al proceso penal.

La criminalización de la defensa de los derechos humanos socava las bases del Estado de Derecho y afecta principalmente a quienes defienden la tierra y territorio, el medio ambiente, los derechos civiles y políticos, a quienes denuncian modelos opacos y poco participativos de explotación de los recursos naturales, denuncian violaciones de derechos humanos o denuncian la responsabilidad de las empresas. La labor de quienes defienden el medio ambiente es crucial para la democracia y para que el Estado avance en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible y equitativo.

Finalmente, OACNUDH reitera que continuará acompañando a los defensores y seguirá disponible para brindar asistencia técnica a las autoridades judiciales en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de debido proceso e independencia judicial.

FIN

Para más información y solicitudes de prensa, contacte a Alejandra Amaya, cel.: +504 9436 0183 /  alejandra.amayaescoto1@un.org

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[1] Ratificado por Honduras mediante Decreto No. 64-95 del Congreso Nacional, el 18 de junio de 1995.

OACNUDH en Honduras

OACNUDH expresa preocupación por los actos de violencia política en el contexto electoral e insta a de Honduras a tomar medidas para garantizar elecciones pacíficas

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OACNUDH expresa preocupación por los actos de violencia política en el contexto electoral e insta a Honduras a tomar medidas para garantizar elecciones pacíficas

Tegucigalpa, 12 de octubre de 2021. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras insta a las autoridades y a actores políticos y sociales a abstenerse de desarrollar acciones que puedan socavar el desarrollo pacífico de las próximas elecciones.

En ese contexto, OACNUDH expresa su preocupación por los actos de violencia política registrados desde que inició el proceso electoral. Al respecto, la Oficina condena el reciente asesinato de Nery Fernando Reyes, candidato a alcalde por el municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca, por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), el 8 de octubre de 2021 en la ciudad de Choluteca; que se suma a los de Carolina Echeverría Haylock, candidata a diputada por el Partido Liberal, el 25 de julio de 2021 en el Distrito Central; Alejandro Cartagena Villeda, candidato a alcalde de San Juan Guarita, Lempira, por el Partido Nacional, el 29 de marzo de 2021, y Félix Vásquez, defensor de derechos humanos y candidato a diputado suplente del Partido LIBRE, el 27 de diciembre de 2020 en La Paz.

OACNUDH llama a las autoridades a realizar con la debida diligencia una investigación pronta, independiente y eficaz que permita el esclarecimiento de los hechos y la efectiva persecución y sanción de los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos.

OACNUDH ha registrado al menos 45 incidentes graves de violencia política en Honduras desde la convocatoria a elecciones primarias en octubre de 2020, de los cuáles 23 constituyen muertes violentas de candidatos y candidatas, sus familiares, activistas y votantes, lo que representa un incremento de las muertes violentas con respecto a la etapa preelectoral de 2017[1]. Los departamentos que presentan mayor incidencia de violencia política son Francisco Morazán, Santa Bárbara, Cortés y Yoro.

A poco más de un mes de la celebración de las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021 es esencial garantizar que las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto poselectoral de 2017 no se repitan. 

La Oficina continuará monitoreando la situación de derechos humanos en el contexto electoral y hace un llamado a las autoridades a tomar medidas urgentes para garantizar que las etapas finales del proceso electoral se conduzcan de manera pacífica, participativa e inclusiva, en un ambiente que garantice el respeto de los derechos humanos de todas las personas en Honduras.

[1] https://iudpas.unah.edu.hn/dmsdocument/10589-informe-conflictividad-y-violencia-politica-proceso-electoral-2017

OACNUDH en Honduras

OACNUDH condena el asesinato de la mujer trans y defensora de derechos humanos Tatiana García

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OACNUDH condena el asesinato de la mujer trans y defensora de derechos humanos Tatiana García

Tegucigalpa (28 de septiembre de 2021)- La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condena el asesinato de la mujer trans y defensora de derechos humanos Tatiana García. El cuerpo de la defensora fue encontrado sin vida y con heridas de arma blanca en su domicilio en el municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, el pasado domingo 26 de septiembre.

Tatiana García era una reconocida integrante de la comunidad LGBTI de su localidad, donde realizaba labores de promoción y protección de derechos humanos, incluyendo el acompañamiento y asesoría a personas LGBTI para la interposición de denuncias por delitos de los cuales eran víctimas. De acuerdo con la información recibida por OACNUDH, habría sido víctima de amenazas y ataques previos.

De acuerdo con la documentación de la Oficina, este es al menos el octavo asesinato de una persona defensora de derechos humanos en lo que va de 2021 en un contexto de un total de 168 ataques contra personas defensoras de derechos humanos que van desde amenazas, hostigamiento e intimidación, agresiones físicas, hasta asesinatos. Al respecto, la Representante de OACNUDH en Honduras, Isabel Albaladejo Escribano, señaló que: “Las personas defensoras de derechos humanos de la población LGBTI enfrentan particulares riesgos por la violencia ejercida en su contra. El asesinato de Tatiana debe ser esclarecido por medio de una investigación pronta, imparcial y exhaustiva que contemple todas las posibles líneas, incluida la posibilidad de un crimen de odio o una represalia por su actividad de defensa de derechos humanos.”

OACNUDH considera que, a la luz del presente caso , es relevante recordar que el 26 de marzo de este año, el Estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras, y que es fundamental el cumplimiento de la sentencia para garantizar la no repetición de los hechos.[1]

Finalmente, desde OACNUDH expresamos nuestra solidaridad con las y los familiares de la víctima y reiteramos nuestro respaldo a la comunidad LGBTI y a las personas defensoras que promueven y protegen sus derechos.

[1] https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_422_esp.pdf