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OACNUDH honra la memoria de Berta Cáceres y reitera la responsabilidad del Estado en el esclarecimiento de la verdad sobre su asesinato

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OACNUDH honra la memoria de Berta Cáceres y reitera la responsabilidad del Estado en el esclarecimiento de la verdad sobre su asesinato

TEGUCIGALPA (2 de marzo 2021) En el marco del quinto aniversario del asesinato de la defensora de derechos humanos y ambientalista Berta Cáceres, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH) honra su memoria y recuerda su valioso legado en favor de los derechos humanos en Honduras.

OACNUDH observa con preocupación los obstáculos en el acceso a la justicia en varios procesos judiciales en Honduras, incluido el juicio relacionado con el asesinato de Berta Cáceres, tal y como fue expresado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michele Bachelet, el 26 de febrero del presente año ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

La Representante de OACNUDH en Honduras, Isabel Albaladejo Escribano, señaló que “OACNUDH continúa dando seguimiento a la causa de Berta Cáceres y reitera al Estado hondureño su responsabilidad de profundizar la investigación de este caso, permitiendo conocer la verdad de los hechos y garantizar la reparación de las víctimas y sus familiares, recordando que la justicia para las víctimas solamente será efectiva e integral cuando se judicialice y responsabilice a todos los autores materiales e intelectuales del crimen.”

OACNUDH resalta que el asesinato de Berta Cáceres se dio en un contexto de vulneración de derechos de los pueblos indígenas, tal como fue constatado por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, quien en su informe de visita al país señaló que los pueblos indígenas de Honduras viven una situación crítica a causa de la desprotección de sus derechos sobre sus tierras, territorios, y recursos naturales y los actos de violencia que enfrentan por reivindicar sus derechos en un contexto general de violencia e impunidad[1].

En este sentido, OACNUDH considera fundamental que el Estado de Honduras redoble sus esfuerzos para respetar, proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños, y haga efectivo el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, conforme a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

OACNUDH reitera su apoyo y acompañamiento a la familia de Berta Cáceres y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en los esfuerzos por la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Asimismo, reitera su ofrecimiento de asistencia técnica a las instituciones correspondientes para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.

 

Para más información y solicitudes de prensa, contacte a aamaya@ohchr.org, cel: +504 9436-0183

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[1] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/162/06/PDF/G1616206.pdf?OpenElement

 

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OACNUDH condena la muerte violenta de Keyla Martínez bajo custodia policial y urge a las autoridades a una investigación pronta, exhaustiva e imparcial

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OACNUDH condena la muerte violenta de Keyla Martínez bajo custodia policial y urge a las autoridades a una investigación pronta, exhaustiva e imparcial

TEGUCIGALPA (10 de febrero de 2021) – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) condena la muerte violenta de Keyla Patricia Martínez, quien se encontraba en custodia policial tras haber sido detenida por agentes de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá.

En seguimiento a las acciones de documentación realizadas sobre el caso, ocurrido el 6 de febrero, OACNUDH considera que los hechos podrían ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y que, por tanto, la investigación deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas. La Representante de OACNUDH en Honduras, Isabel Albaladejo, recordó que “de acuerdo al Protocolo de Minnesota, las investigaciones deben orientarse a identificar no solo a los autores directos, sino también a todos los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios de la cadena de mando que fueron cómplices en ella”.

OACNUDH insta a las autoridades a desarrollar sin dilación y por todos los medios legales disponibles una investigación pronta, exhaustiva, diligente e imparcial orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, así como la reparación de las víctimas y sus familiares. Además, tratándose de una muerte violenta de una mujer que pudo ser cometida por razones de género, la investigación debe permitir establecer o descartar que se trate de un femicidio y conducirse de acuerdo a los criterios de profesionalidad y responsabilidad basada en el conocimiento de las características asociadas a los femicidios.

En este sentido, OACNUDH recuerda las normas y estándares internacionales para la investigación de los casos de esta naturaleza, reflejados en el Modelo de protocolo latinoamericano para la investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. El Protocolo indica que, en los casos en que exista un femicidio cometido por un funcionario público, es imprescindible que el Estado adopte medidas eficaces para evitar la repetición de estas conductas, incluyendo la depuración de los entes involucrados y sanciones disciplinarias o judiciales para los funcionarios que obstaculizan las investigaciones o se comporten de manera negligente en relación con su deber de investigar a los posibles responsables. De igual manera, el Protocolo recomienda la eventual reforma de leyes que propicien el abuso de la función pública o que permitan la violación de derechos humanos de las mujeres.

Con relación al establecimiento de toque de queda en el marco del estado de excepción en el que se produjo la detención de Keyla Martínez, OACNUDH reitera que, de acuerdo a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, las restricciones a algunos derechos con el fin de proteger la salud pública deben respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Asimismo, recuerda que esas medidas de emergencia no deben servir de pretexto para abusos y vulneraciones de derechos humanos[1].

OACNUDH expresa su profunda solidaridad hacia la familia de la víctima y urge a las autoridades a adoptar todas las medidas necesarias que garanticen la no repetición de los hechos.

Finalmente, OACNUDH reconoce los avances en la investigación por parte del Ministerio Público y reafirma su disponibilidad para brindar asesoría técnica a las autoridades hondureñas en esta materia.

FIN

[1] OACNUDH-Honduras. COVID-19: Las medidas de emergencia no deben servir de pretexto para abusos y vulneraciones de derechos humanos, dice Bachelet. Disponible en: https://oacnudh.hn/covid-19-las-medidas-de-emergencia-no-deben-servir-de-pretexto-para-abusos-y-vulneraciones-de-derechos-humanos-dice-bachelet/

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OACNUDH insta a que se asegure la independencia y autonomía del CONADEH a través de un proceso de nombramiento de su titular transparente y participativo

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OACNUDH insta a que se asegure la independencia y autonomía del CONADEH a través de un proceso de nombramiento de su titular transparente y participativo

TEGUCIGALPA (22 de diciembre de 2020) – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresa preocupación acerca del proceso de votación para el cargo de titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) llevado a cabo en el Congreso Nacional durante la noche del 21 de diciembre. En este sentido, hace un llamado a que se continúe con el proceso de audiencias públicas que había sido suspendido en marzo de este año.

Según la información recibida por OACNUDH, el Congreso Nacional eligió la persona titular del CONADEH sin suficiente debate entre los congresistas, sin entrevistas públicas[1], sin participación de la sociedad civil y sin información previa sobre el proceso en una sesión virtual nocturna. El proceso de audiencias públicas para la elección del nuevo titular del CONADEH se había suspendido en marzo a raíz del estado de emergencia generado por la pandemia COVID-19.

OACNUDH considera que el CONADEH tiene un rol fundamental en la promoción y la protección de los derechos humanos y en el fortalecimiento de una sociedad democrática. Para el adecuado desarrollo de su mandato, la institución debe contar con plena independencia y legitimidad, que depende, en gran parte, de un proceso de designación de su titular ejemplar, particularmente escrupuloso, objetivo y transparente. Asimismo, OACNUDH destaca la participación del CONADEH en procesos de designación de otras instituciones, incluidas la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República.

Los Principios de París[2], aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993, enmarcan el compromiso asumido por los Estados en dotar de independencia y autonomía a las instituciones nacionales de derechos humanos. En Honduras, la institución nacional de derechos humanos es el CONADEH, previsto como tal en el artículo 59 de la Constitución de la República.

El Sub Comité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI por sus siglas en inglés) revisa periódicamente el cumplimiento de los Principios de París por las instituciones nacionales de derechos humanos y uno de los aspectos fundamentales de dicha revisión es el proceso de designación de su dirección.

OACNUDH reconoce los esfuerzos del CONADEH para volver a obtener la acreditación en categoría “A”, la más alta, que tuvo de 2002 a 2011, año en el cual se le colocó en la categoría “B”. Ese estatus recuperado en diciembre de 2019[3] debe ser mantenido a través de una demostración constante y cabal de su independencia.

En el contexto de los enormes retos en materia de derechos humanos que enfrenta el país, agravados por la pandemia de COVID-19 y los huracanes Eta e Iota, el CONADEH está llamado a ejercer un papel preponderante en la defensa de los derechos humanos, particularmente de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Solamente una institución que goce de plena legitimidad podrá acercarse a las víctimas y ponerlas en el centro de las acciones y políticas que se adopten para recuperar mejor. El país necesita una institución que destaque por el trabajo colaborativo con las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos y, sobre todo, su actuar autónomo e independiente.

De manera particular, OACNUDH reafirma la necesidad de instituciones independientes y autónomas que puedan observar el actuar del Estado durante el proceso electoral que se avecina.

OACNUDH, que tiene un acuerdo de cooperación técnica con el CONADEH, reitera su voluntad de brindar asesoría y cooperación técnicas a las instituciones del Estado hondureño en la promoción y protección de los derechos humanos, teniendo siempre como eje fundamental la garantía de derechos de las víctimas.

[1] https://tiempo.hn/conadeh-nombran-comision-legislativa-para-elegir-nuevo-ombudsman/

[2] https://undocs.org/sp/A/RES/48/134

[3] https://www.conadeh.hn/?p=2740

FIN

Para más información y solicitudes de prensa, contacte a Evelyn Molina, cel.: +504 9441 2869emolina@ohchr.org  

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Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU registra la solicitud urgente de localización de víctimas número 1,000

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Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU registra la solicitud urgente de localización de víctimas número 1,000

GINEBRA (17 de diciembre de 2020) – El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) ha registrado la solicitación de acción urgente número 1,000, marcando un hito importante para este mecanismo. Entre los casos registrados, el 49% son desapariciones en Iraq y el 42% son desapariciones en México.

Una acción urgente es una solicitud por parte del CED a un Estado miembro de tomar de manera inmediata todas las medidas necesarias para buscar y localizar a una persona desaparecida. Establecido por la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el procedimiento de acciones urgentes permite a las familias, parientes y representantes de la persona desaparecida enviar una solicitud al CED después de haber denunciado la desaparición a las autoridades nacionales pertinentes.

“Detrás de cada solicitud de acción urgente hay una tragedia humana. Toda la familia de la víctima sufre por la ausencia de su ser amado y por la incertitud de no saber si la victima está todavía viva. Mientras el tiempo pasa, la posibilidad de encontrar la persona todavía con vida se reduce y la injusticia crece,” dijo el Comité.

Gracias al procedimiento de acciones urgentes, 90 personas han sido localizadas hasta ahora en Iraq, México, Marruecos, Argentina, Togo, Sri Lanka, Kazakstán, Mauritania, Bolivia, Cuba y Camboya. El Comité confía en que se localizará a más víctimas en las próximas semanas y meses. Por esto, la cooperación activa de las autoridades del Estado, la coordinación en los procesos de investigación y búsqueda y la participación de las familias de las personas desaparecidas es esencial.

En uno de los casos más recientes, tres defensores de tierra y territorio de una comunidad indígena de Chiapas, México, desaparecieron el 8 de junio de este año. Sus familias sospechaban que un grupo paramilitar, que presuntamente habría actuado con la aquiescencia de servidores públicos, fue responsable de las desapariciones. El grupo paramilitar ya había amenazado, secuestrado y asesinados a integrantes de la comunidad en el pasado. Después de la solicitud de acción urgente enviado a México por parte del CED el 12 de junio, se creó un grupo especial fue creado a nivel nacional incluyendo al Estado y a representantes de la sociedad civil para negociar con el grupo paramilitar. Dos días después, las víctimas fueron liberadas.

“Nos anima ver a las víctimas reunidas con sus familias. Continuaremos trabajando con las familias y los Estados miembros para buscar a las personas que permanecen desaparecidas. Si necesita ayuda para encontrar a una persona que fue víctima de desaparición forzada, usted puede solicitar la ayuda del Comité,” señaló el Comité.

El trámite de acción urgente permite un intercambio rápido con los Estados miembros por parte del CED, el cual proporciona recomendaciones para la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de sus desapariciones. El trámite es puesto en marcha en solo 24/48 horas, lo que lo convierte en un mecanismo rápido y reactivo para la búsqueda de la persona desaparecida, en donde el tiempo es elemento fundamental.

El Comité también puede pedir a los Estados miembros de adoptar medidas cautelares para proteger las personas que solicitan la acción urgente, las familias y los testigos que pueden sufrir represalias por su participación en la búsqueda de la persona desaparecida.

El CED publica informes sobre acciones urgentes dos veces al año, incluyendo una evaluación de las tendencias y recomendaciones. El Comité también pública una lista de todas las personas desaparecidas. Se pueden encontrar detalles sobre el trámite de acción urgente en línea

Hasta la fecha 63 Estados son miembros de la Convención y han reconocido la competencia del CED de recibir solicitudes de acciones urgentes. En el décimo aniversario de la Convención, el Comité llama a los Estados a incrementar los esfuerzos para ratificar este instrumento vital para los derechos humanos.

FIN

Comunicados de la Alta Comisionada

Día Internacional del Migrante Mensaje en vídeo de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

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Día Internacional del Migrante Mensaje en vídeo de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

18 de diciembre de 2020

 

Durante miles de años hemos estado en movimiento. Nos hemos trasladado en búsqueda de un sueño, un amor o una vida mejor. Para ir a la escuela y al trabajo o para sentirnos seguros. En consecuencia, hemos tendido puentes entre los pueblos y las culturas, y nuestras vidas se han enriquecido mutuamente en los hogares, antiguos y nuevos, que hemos habitado.

Sin embargo, con frecuencia oímos y leemos palabras hirientes que dan a entender que las personas migrantes no pertenecen al lugar donde viven o que no tienen sitio ni derechos entre nosotros. Estas palabras deshumanizan y convierten a personas que son como tal como tu y como yo en “el otro”.

Estas palabras pueden doler.

Los discursos nocivos acarrean grandes consecuencias para las personas migrantes, las comunidades que los acogen y quienes defienden sus derechos.

Nos perjudican a todos. La COVID-19 nos ha demostrado que excluir y discriminar a grupos de personas nos hace a todos más débiles. 

Para construir sociedades más resilientes que puedan soportar todo tipo de impactos, debemos actuar con una mayor solidaridad.

En lugar de utilizar el lenguaje del miedo y la exclusión, es hora de acoger a las personas en nuestras comunidades y volver a imaginar nuestro futuro colectivo.

Súmate a nosotros para reformular estos discursos.

Necesitamos historias que muestren que nuestros valores comunes son más fuertes que lo que nos divide.

Historias que nos inspiren y nos conecten los unos con los otros, en lugar de separarnos aún más.

Historias que describan una imagen esperanzadora de nuestro futuro común. 

Historias contadas por las propias personas migrantes.

Sé que con frecuencia resulta difícil ser optimista, en particular a raíz de las dificultades y la confusión provocadas por la COVID-19.
Pero yo soy optimista, porque sé que las crisis también pueden traer consigo una transformación.

Estoy convencida de que podemos hacer un cambio para mejorar mientras avanzamos hacia el futuro que queremos.

Si trabajamos juntos. Si nuestra labor incluye a todos y todas. Si se basa en nuestros derechos humanos.  

!Únete a nosotros en la defensa de las personas migrantes y de sus derechos!