oacnudh en el mundo

NIVELES MÍNIMOS DE PROTECCIÓN SOCIAL UNIVERSAL, NUESTRA RESPONSABILIDAD CONJUNTA

Publicada en

NIVELES MÍNIMOS DE PROTECCIÓN SOCIAL UNIVERSAL, NUESTRA RESPONSABILIDAD CONJUNTA

Por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Olivier De Schutter, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo

Los gobiernos han respondido a la pandemia de COVID-19 y a los trastornos sociales y económicos que ésta ha provocado con una serie de planes ad hoc, como permisos pagados, transferencias de efectivo y apoyo familiar. Si bien son dignas de elogio, esas respuestas comparten dos limitaciones importantes.

En primer lugar, muchos son arreglos temporales y a corto plazo, que cubren la situación de confinamiento o un período teórico hasta que se produzca la recuperación económica. No producen cambios en las circunstancias subyacentes que dejaron a millones de personas vulnerables, ni mejoran su situación frente a futuras crisis.

En segundo lugar, las medidas simplemente no abordan las amenazas existenciales a las que se enfrentan muchas de las comunidades más afectadas del mundo. Aunque el gasto de los gobiernos de todo el mundo en la respuesta al COVID-19 supera los 11 billones de dólares, con diferencia, las respuestas más importantes han procedido de países ricos. Por ejemplo, la Unión Europea aprobó recientemente un plan de recuperación de 750.000 millones de euros (equivalente al 6% de su PIB), mientras que el plan de recuperación económica del Japón equivale al 22% de  su PIB (o 1,1 billones de dólares). Sin embargo, entre los países en desarrollo de bajos ingresos, la respuesta fiscal  ha sido en promedio del 1,2% del PIB.

Los países en desarrollo, en particular los de bajos ingresos, tienen recursos internos limitados, lo que se ve agravado por la caída de los precios de algunos productos básicos de exportación . Sencillamente no pueden poner en práctica las medidas integrales de respuesta a la crisis que necesita su población, y mucho menos los sistemas de protección social a más largo plazo que crearían una resistencia más fundamental .

Incluso antes del COVID-19, el 69% de la población mundial no estaba cubierta por la seguridad social, o sólo lo estaba parcialmente. Casi dos tercios de los niños del mundo no tenían cobertura de protección social, sólo el 22% de los desempleados recibían prestaciones de desempleo y sólo el 28% de las personas con discapacidades graves recibían prestaciones de discapacidad .

Las crisis mundiales como esta pandemia no saben de fronteras geográficas o políticas. Contra ellas, sólo somos tan fuertes como los más débiles entre nosotros. Si queremos crear una mayor resistencia y una capacidad de recuperación más eficaz, tenemos que apoyar a todos los países en la creación de niveles mínimos de protección social sólidos. El enfoque actual, que es poco sistemático, es como empezar a reclutar bomberos después de que haya estallado un incendio, y luego dirigirlos para que salven sólo unas pocas habitaciones del edificio en llamas.

Claramente, esto no funciona. En estas circunstancias, la solidaridad internacional es esencial, y en interés de todos.

Niveles mínimos de protección social para todos son asequibles. El déficit de financiación para todos los países en desarrollo -la diferencia entre lo que estos países ya invierten en protección social y lo que costaría un nivel mínimo de protección social completo (incluida la salud) – es de unos 1.191 .000 millones de dólares en este año, incluido el impacto del COVID-19.  Sin embargo, la diferencia para los países de bajos ingresos es sólo de unos 78.000 millones de dólares, una cantidad insignificante en comparación con el PIB de los países industrializados. Sin embargo, el total de la asistencia oficial para el desarrollo destinada a la protección social asciende sólo al 0,0047% del ingreso nacional bruto de los países donantes.

Las normas internacionales de derechos humanos reconocen que los Estados ricos tienen el deber de ayudar a cumplir los derechos sociales en los países con recursos más limitados, y ya se han adoptado varias medidas para convertir este compromiso en asistencia concreta. En 2011, un grupo consultivo de expertos recomendó que los donantes proporcionaran financiación previsible y plurianual para fortalecer la protección social en los países en desarrollo. En 2012, dos expertos independientes en derechos humanos de las  Naciones Unidas propusieron un Fondo Mundial para la Protección Social con el fin de ayudar a los países de bajos ingresos  a crear niveles mínimos de protección social para su población. Ese mismo año, los miembros de la OIT- gobiernos, trabajadores y empleadores de 185 países –  apoyaron la idea de una protección social integral con la promesa adoptada por unanimidad de «establecer y mantener… niveles mínimos de protección social como elemento fundamental de sus sistemas nacionales de seguridad social».

 

Regularmente escuchamos promesas de que debemos, y lo haremos, «reconstruir mejor» a partir de la crisis actual. Sólo podemos hacerlo si todo el mundo tiene un nivel mínimo de protección social, incluidos los más pobres y marginados.

 

Los países deben desplegar el máximo de los recursos disponibles para que la protección social sea una realidad para todos. Para ello, tal vez sea necesario adoptar enfoques más eficaces en materia de tributación y lucha contra la corrupción. A más largo plazo, esta redistribución de los activos contribuirá a frenar la desigualdad y la discriminación y a apoyar la promesa del Programa de Desarrollo Sostenible de 2030 de «no dejar a nadie atrás».

 

Esta crisis nos ofrece muchas lecciones. Una de ellas es que para reconstruir mejor es necesario contar con la solidaridad internacional y una mejor protección social para todos, no sólo para los que ya pueden permitírselo. Si ignoramos este mensaje, corremos el riesgo de condenar a las generaciones futuras a soportar una vez más el inmenso sufrimiento que vemos hoy en día. Esa es, sin duda, una perspectiva intolerable.

OACNUDH en Honduras

OACNUDH y CIDH manifiestan su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad en Honduras

Publicada en

OACNUDH y CIDH manifiestan su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad en Honduras

Tegucigalpa / Washington, D.C., 16 de septiembre de 2020 -La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresan su preocupación por la crisis en que se encuentra el sistema penitenciario en Honduras debido a la profundización de deficiencias estructurales, especialmente en materia de salud y seguridad, exacerbadas en el marco de la pandemia del COVID-19. Asimismo, observan con preocupación la extensión del periodo de intervención del sistema penitenciario nacional por parte de la Comisión Interventora de la Fuerza de Seguridad Institucional (FUSINA).

Con anterioridad, tanto OACNUDH como la CIDH se han pronunciado sobre las altas tasas de sobrepoblación que prevalecen en las cárceles hondureñas. Al respecto, de conformidad  con datos del Instituto Nacional Penitenciario (INP), al 31 de agosto del 2020 la población carcelaria ascendía a 21,670. Sin embargo, el 30 de agosto del 2019 la población penitenciaria era de 21,589 personas, lo que refleja que no ha habido un cambio significativo en dicha población. Asimismo, aproximadamente un 53.7% de las personas privadas de la libertad se encuentra cumpliendo prisión preventiva, y 1,1193 son mujeres.

En el contexto de la pandemia, OACNUDH y CIDH advierten esfuerzos realizados por el Estado a fin de reducir la sobrepoblación penitenciaria. Entre estos, destacan la emisión del Decreto No. 36-2020 de 10 de junio de 2020, dirigido principalmente a la revisión obligatoria de las medidas cautelares de prisión preventiva en el caso de personas que tengan una enfermedad de base que las ponga en mayor riesgo frente al COVID-19, con miras a la aplicación de medidas no privativas de la libertad. Esta normativa también abre la posibilidad de que se impongan medidas alternativas a la detención en delitos para los que en el Código Procesal Penal se estipulaba la prisión preventiva como única medida cautelar posible. Asimismo, el Estado informa que a través del Plan de Descongestionamiento de los Centros Penitenciarios, al 12 de junio de 2020 se habrían otorgado 1,263 beneficios de preliberación a personas privadas de libertad.

A pesar de lo anterior, OACNUDH y CIDH observan que las personas detenidas en cárceles en Honduras continúan enfrentándose a una situación especial de riesgo. Al respecto, el tema de salud en los centros penitenciarios constituye uno de los temas de mayor preocupación. Ello, debido a que conforme a lo reportado por el Estado, al 31 de agosto de 2020, se cuentan con 1,695 casos positivos de COVID-19, en 25 cárceles del país A estas cifras se suman las del personal médico, de seguridad y administrativo de los centros penitenciarios que han resultado positivos al virus. En cuanto a las personas fallecidas por COVID-19, según datos estimados del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros malos tratos (MNP-CONAPREV), éstas ascenderían a más de 20 personas privadas de la libertad.

En este contexto, OACNUDH y CIDH exhortan al Estado a la adopción de las medidas de prevención y control necesarias para atender especialmente los casos de COVID-19 en los centros penitenciarios del país. En particular, resulta esencial que el Estado emprenda acciones para realizar una mayor cantidad de pruebas para la detección del virus al interior de los centros penitenciarios y lograr mayor agilidad en la obtención de resultados de las mismas. De igual forma, OACNUDH y CIDH urgen al Estado priorizar en las políticas de reducción de la población penitenciaria a las personas que se encuentren en una mayor situación de vulnerabilidad frente a la pandemia del COVID-19, atendiendo a factores como edad, condición de salud, y embarazo. Igualmente, recomiendan priorizar aquellos casos en que las personas están condenadas por delitos no graves o aquéllas detenidas por casos relacionados con la defensa de los derechos humanos.

Dado que las personas privadas de libertad han sufrido restricciones al régimen de visitas como medida de prevención del contagio del COVID-19, OACNUDH y CIDH recuerdan al Estado su obligación de garantizar el derecho de las personas privadas de la libertad a la comunicación con familiares y representantes jurídicos. En consecuencia, el Estado debe desarrollar una estrategia para la implementación de medidas alternativas para garantizar la comunicación y para la reducción gradual de las restricciones a las visitas.

Por otra parte, OACNUDH y CIDH han expresado preocupación por el proceso de militarización del sistema penitenciario en Honduras, especialmente por la declaratoria de emergencia e intervención de dicho sistema por parte de la FUSINA, emitida en el decreto PCM-068-2019, de diciembre de 2019. Dicho decreto establecía inicialmente una duración de seis meses, finalizando el 16 de junio del 2020. Sin embargo, a través del reciente decreto PCM-051-2020, la vigencia del mismo fue prorrogada hasta el 31 de diciembre del 2020.

Al respecto, OACNUDH y CIDH advierten que el Estado no ha informado públicamente sobre el estatus de cumplimiento de su misión, principales resultados y plan de traspaso del sistema a las autoridades civiles. En este sentido, OACNUDH y CIDH instan a que se presente un informe público sobre el estado de cumplimiento de la misión y las obligaciones de la Comisión Interventora en el decreto de su creación, indicando los resultados de las acciones desempeñadas por la misma y la estrategia para la desvinculación de las fuerzas de seguridad de carácter militar de la gestión del sistema penitenciario y de la custodia de los centros penitenciarios. El traspaso de estas funciones a autoridades civiles resulta crucial para el cumplimiento de obligaciones internacionales en la materia.

Desde la entrada en vigor de la declaratoria de emergencia en referencia, OACNUDH y CIDH observan altos niveles de violencia en los recintos penitenciarios. En este sentido, al menos ocho incidentes en centros penitenciarios han resultado en que al menos 54 personas privadas de la libertad perdieran su vida, y múltiples resultaran heridas. En el marco de estos hechos, se presentarían alegaciones de tortura y otros malos tratos por parte de fuerzas de seguridad. Del total de las 54 personas fallecidas, al menos 14 de ellas –incluyendo siete mujeres– habrían perdido la vida en el contexto de la pandemia. OACNUDH y CIDH advierten que varios de los hechos violentos ocurrieron en centros penales de máxima seguridad y en la Penitenciaria Femenina de Adaptación Social (PNFAS), recinto en el que no se habían reportado muertes violentas anteriormente. Además, es un dato preocupante que varios de los incidentes documentados habrían sido perpetrados con armas de fuego y otros objetos prohibidos en manos de personas privadas de la libertad.

Al respecto, OACNUDH y CIDH reiteran al Estado de Honduras que debe asegurar la adecuada implementación de protocolos para prevenir los amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios, sin incurrir en el uso excesivo de la fuerza. Asimismo, recuerdan que el Estado debe cumplir con la obligación de acceso a la justicia para las víctimas de estas violaciones de derechos humanos mediante una investigación efectiva, pronta e imparcial y la sanción de los responsables en todos los niveles jerárquicos.

En el contexto abordado por este comunicado, resulta primordial la garantía del ejercicio de la labor fundamental que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos, las instituciones nacionales de protección de derechos humanos y de prevención de la tortura, y las y los jueces de ejecución de la pena. Por ello, el Estado debe redoblar sus esfuerzos para que las autoridades cumplan con las sentencias emitidas por las y los jueces de ejecución de la pena, así como con las recomendaciones que en materia de privación de libertad han formulado las instituciones nacionales de protección de derechos humanos y de prevención de la tortura. En particular, OACNUDH y CIDH instan al Estado de Honduras a que revise e implemente el marco normativo que garantiza la autonomía e independencia administrativa y financiera de la CONAPREV. En este sentido, el Estado debe llevar a cabo todas las acciones necesarias para que dicha entidad cuente con las tres personas Comisionadas que contempla la ley para su integración, y para que los respectivos nombramientos respondan a lo estipulado en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y en las recomendaciones internacionales a Honduras en este sentido.

Finalmente, la CIDH y OACNUDH expresan la disposición de brindar asistencia técnica al Estado de Honduras para el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de la libertad, en particular para garantizar su integridad física y psíquica, salud, vida, y la reinserción social de los mismos en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia.

FIN

oacnudh en el mundo

Foro regional discutirá la conducta empresarial responsable como respuesta a la crisis de la Covid-19

Publicada en

Foro regional discutirá la conducta empresarial responsable como respuesta a la crisis de la Covid-19

El V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe se realizará de manera virtual entre el 7 y 11 de septiembre.

Ciudad de Panamá (3 de septiembre de 2020) – La quinta edición del Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos: “La Conducta Empresarial Responsable en tiempos difíciles; convirtiendo los desafíos en oportunidades”, se realizará de forma virtual del 7 al 11 de septiembre y pondrá a la conducta empresarial responsable en el corazón de las discusiones para definir e implementar respuestas a la pandemia de la Covid-19, y a otros desafíos mundiales como la emergencia climática, basadas en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT.

El V Foro Regional reunirá a altos representantes de Gobiernos, organizaciones internacionales, representantes de la sociedad civil y comunitarias, incluyendo comunidades indígenas, representantes de trabajadores, del sector privado y de la academia de toda la región.

“La pandemia ha traído consigo desafíos sin precedentes para Latinoamérica y el Caribe, al tiempo que ha reforzado las desigualdades y las vulnerabilidades preexistentes”, señaló Alberto Brunori, Representante Regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central.

“El V Foro Regional ofrece una valiosa oportunidad para que los gobiernos y el sector privado exploren formas de abordar y mitigar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, de forma anticipatoria y transparente, al tiempo de promover la conducta empresarial responsable como una ruta para la recuperación inclusiva, responsable, sostenible y respetuosa de los derechos humanos, laborales y del medio ambiente”, recalcó Brunori.

Durante cinco días se realizarán 42 sesiones con la participación de 160 expertas y expertos de todo el mundo. Las sesiones son el resultado de un trabajo conjunto entre la organización del foro y representantes de la sociedad civil, academia, sector privado, gobiernos y otras organizaciones internacionales.

El V Foro Regional iniciará con varias reuniones preparatorias entre pares, como pueblos indígenas, instituciones nacionales de derechos humanos, empresas, pueblos afrodescendientes y jueces y magistrados de la región. Los días 8 y 11 se realizarán sesiones plenarias sobre las acciones de gobierno para promover la conducta empresarial responsable, la debida diligencia y el acceso a mecanismo de reparación por abusos de derechos humanos relacionados a empresas.

Los días 9 y 10 septiembre, se llevarán a cabo sesiones paralelas sobre temas de interés, como PYMES, informalidad, consulta a pueblos indígenas, cambio climático, energía renovable y justicia energética, compras públicas, defensores de derechos humanos, respeto de derechos humanos en la cadena de valor, igualdad de género, empresas y derechos humanos de las personas LGTBI, y minería responsable, entre otros.

La participación del foro es gratuita previo registro, el cual puede realizarse a través de la página oficial del V Foro Regional: https://www.vfororegional.org/

El Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos es una organización conjunta entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en colaboración con el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea (UE), en el marco del Proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC).

Sobre el Proyecto CERALC

El Proyecto CERALC busca promover prácticas de conducta empresarial responsable en línea con los estándares internacionales, incluyendo los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT.

FIN

 

 

Para mayor información contactar a:

Carlos Rodriguez, crodriguez@ohchr.org  /  Carlos Rivera, rivera@ilo.org