Ginebra/Washington D.C./Estrasburgo, 14 de mayo de 2020 

En la víspera del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHOBIT), observado el 17 de mayo de 2020, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas junto a expertos y expertas internacionales en materia de derechos humanos* hacen un llamado a los Estados y otros actores a tomar en cuenta, de manera urgente, las repercusiones del COVID-19 en las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero o de género diverso (LGBTI) al diseñar, implementar y evaluar las medidas de lucha contra la pandemia.

Las deficiencias en el respeto y garantía de las obligaciones derivadas del derecho a la vida de las personas LGBTI son prácticamente generalizadas en muchas partes del mundo; estas deficiencias afectan también a los esfuerzos de recopilación de datos, la asignación de recursos y el apoyo que se brinda a la sociedad civil. Como consecuencia de lo anterior, la lucha contra la pandemia no se lleva a cabo en un plano de igualdad. En todas las latitudes, las personas LGBTI están desproporcionadamente representadas en los índices de pobreza, falta de acceso a la vivienda y falta de atención médica, lo que significa que pueden verse particularmente afectadas como consecuencia de la pandemia. En muchos países, cada vez que una mujer trans sale de su casa lo hace con la conciencia de que existe una clara posibilidad de que, antes de que termine la noche, sea torturada o asesinada. Por otro lado, las mujeres lesbianas tienen mayores dificultades en materia de salud, en comparación con otras mujeres, y las personas bisexuales están condenadas a vivir sus vidas ocultando su orientación sexual. Además, la discriminación que sufren los hombres gays y las mujeres transgénero hace que representen un porcentaje significativo dentro de la totalidad de personas que viven con el VIH, que pueden estar en mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 debido a que sus sistemas inmunológicos pueden verse comprometidos. Sin embargo, la criminalización, el estigma y la discriminación contra estas personas serán obstáculos que harán imposible documentar y comprender plenamente el impacto de la pandemia en ellas.

Estas experiencias de desigualdad y discriminación se ven agravadas por la discapacidad, la edad, la origen étnico/racial, sexo, la pertenencia a un pueblo indígena o una minoría, la situación socioeconómica y/o la casta, estatus migratorio, situación de desplazamiento interno, el idioma, la religión o creencias, la opinión política, el origen nacional, la situación matrimonial y/o materna, la ubicación urbana/rural, el estado de salud y la propiedad de bienes. En ese orden, para que los Estados y otros actores involucrados, incluyendo las empresas y organizaciones religiosas, puedan abordar de manera significativa el impacto de la pandemia, deben reconocer, sin reservas, que las personas LGBTI representan una muestra representativa de todas estas identidades, y deben actuar de manera consecuente.

El COVID-19 y las medidas adoptadas para contenerlo intensifican las desigualdades y la discriminación. La existencia de leyes de criminalización, por ejemplo, hace que las personas LGBTI sean más vulnerables a los abusos de la policía y a los arrestos y detenciones arbitrarias en el contexto de las restricciones de movimiento y los toques de queda. Por otro lado, al quedarse en casa y colaborar, de esta manera, con la lucha contra la pandemia, los niños, niñas, adolescentes y personas mayores LGBTI se ven obligados a soportar una exposición prolongada a miembros de la familia que pueden no aceptarlos, lo que aumenta las tasas de violencia doméstica y abuso físico y emocional, así como los daños a la salud mental. En muchas jurisdicciones, las personas LGBTI, en particular las más impactadas por la pobreza o las que carecen de documentación personal, dependen en su inmensa mayoría de la economía no estructurada, lo que resulta imposible debido a las restricciones de COVID-19. Así, las consecuencias socioeconómicas de la pandemia y la pérdida de fuentes de ingreso pueden, también, incrementar la vulnerabilidad de las personas LGBTI ante la trata y la explotación sexual. Por otro lado, la reasignación de los recursos sanitarios también ha creado o exacerbado la escasez de antirretrovirales para las personas que viven con el VIH, al tiempo que ha repercutido en la capacidad de las mujeres y hombres trans para recibir terapia hormonal y otros cuidados relacionados con la afirmación del género. En similar sentido, según la información disponible, las leyes y políticas de toque de queda basadas en el género han condenado a las personas de género diverso a un aislamiento permanente, al tiempo que convierten a las personas trans en blanco de humillación y violencia al salir a la calle. 

La pandemia también ha creado un contexto que conduce a la persecución intensificada contra las personas LGBTI. Así, algunos Estados han promulgado medidas que se dirigen intencionalmente a las personas LGBTI bajo el pretexto de la salud pública, incluida la propuesta de leyes para denegar a las personas trans y de género diverso de su reconocimiento legal. Además, han aumentado las expresiones de odio que explícita o implícitamente incitan a la violencia contra las personas LGBTI, incluido el discurso de destacados dirigentes políticos o religiosos que culpan de la pandemia a la existencia de personas LGBTI dentro de las comunidades. Así también, la vigilancia y otras tecnologías digitales promulgadas para rastrear a los portadores de COVID-19 aumentan los riesgos de infringir la privacidad y exacerbar el estigma.

Las organizaciones de la sociedad civil, que desde antes de la pandemia operaban bajo circunstancias difíciles, han trabajado frenéticamente para llenar los vacíos dejados por los Estados. Ello, mediante la recolección y distribución de alimentos y agua, materiales higiénicos y máscaras; la activación de las redes de comunicación, solidaridad y protección social; y brindándose apoyo mutuo. Las organizaciones locales y mundiales también han creado prácticas óptimas mediante el acceso a fuentes de financiamiento rápido que permiten a los defensores y defensoras mantener sus líneas telefónicas abiertas y sus pantallas de ordenador iluminadas y conectadas, proporcionando así líneas vitales de comunicación. Este complejo sistema de alerta temprana, sentido de comunidad, defensa y seguimiento que se ha forjado en los últimos cinco decenios gracias a la dedicación de los defensores de los derechos humanos que defienden los derechos de las personas LGBT en todo el mundo es un patrimonio de profundo valor para la comunidad global. Estos esfuerzos han demostrado su capacidad única para responder con eficacia y eficiencia a las necesidades en los niveles más íntimos y locales, y evidenciar esas necesidades en términos nacionales, regionales y mundiales. Además, han desempeñado un papel decisivo en las alianzas mundiales creadas para hacer frente a la pandemia del VIH/SIDA, así como en asegurar el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI como derechos humanos, en condenar y erradicar el flagelo de la criminalización e iniciar una transformación social de una profundidad y amplitud sin precedentes, promoviendo su inclusión en la educación, la salud, el empleo, la vivienda, agua, saneamiento y todos los demás ámbitos de la sociedad.

Por consiguiente, instamos a los Estados y a otras partes interesadas a que, en la víspera de este 17 de mayo de 2020 y en tiempos del COVID-19, den visibilidad y protejan a las personas LGBTI en el contexto de la pandemia. Además, llamamos a los Estados a que recurran a todos los medios necesarios -incluyendo la realización de investigación, la adopción de legislación, políticas públicas y asegurando el acceso a la justicia- para garantizar que esta emergencia de salud pública no agrave los prejuicios, estereotipos, desigualdades o los obstáculos estructurales existentes ni dé lugar a un aumento de la violencia y la discriminación contra las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género. En similar sentido, instamos a todas las partes interesadas, en particular a los Estados, a que apliquen urgentemente líneas de acción destinadas a sostener y garantizar la continuidad de la labor de la sociedad civil y los defensores y defensoras de los derechos humanos, pues no deben ponerse en peligro las capacidades desarrolladas previamente en este sector. Para cumplir eficazmente estos objetivos, instamos a los Estados a que participen con las personas, organizaciones y comunidades LGBTI en el diseño, la aplicación y la evaluación de las medidas adoptadas para responder a la pandemia.
La historia de las personas LGBTI, al igual que la de otras personas sometidas a la discriminación y la violencia, ha sido una historia de sufrimiento, resistencia y esperanza; una lucha vital por la libertad y la igualdad frente a la adversidad. Durante la pandemia de COVID-19, hacemos un llamado a las autoridades estatales para que escuchen las preocupaciones particulares de las personas LGBTI, respeten sus conocimientos sobre sus propias vidas y comunidades, y acepten su solidaridad en la construcción de nuevas realidades de libertad e igualdad para la humanidad. 

FIN 

(*) EXPERTOS
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Consejo de Europa: Dunja Mijatović, Comisario de Derechos Humanos
ONU Comité de los Derechos del Niño
ONU expertos independientes: Victor Madrigal-Borloz, Experto Independiente de las Naciones Unidas para la protección contra la violencia y la discriminación por motivo de orientación sexual y la identidad de género;  E. Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Thomas Andrews, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar; Karima Bennoune, Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales; Kombou Boly Barry, Relator Especial sobre el derecho a la educación; David R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente; Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Joe Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; Alice Cruz, Relatora Especial sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares;Olivier De Schutter, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Catalina Devandas-Aguilar, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Fernand de Varennes, Relator Especial sobre cuestiones de las minorías; Isha Dyfan, Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Somalia; Ikponwosa Ero, Experto Independiente sobre el disfrute de los derechos humanos de las personas con albinismo; Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; Maria Grazia Giammarinaro, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Felipe González Morales, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; José Antonio Guevara Bermúdez (Presidente), Elina Steinerte (Vicepresidenta), Leigh Toomey (Vicepresidente), Sètondji Adjovi, and Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Luciano Hazan (Vicepresidente), Tae-Ung Baik (Vicepresidente), Bernard Duhaime, Houria Es-Slami, and Henrikas Mickevičius, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Léo Heller, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cecilia Jimenez-Damary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos;David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Daniela Kravetz, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea; Chris Kwaja (Presidente), Jelena Aparac, Lilian Bobea, Sorcha MacLeod, and Saeed Mokbil, Grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación;Mary Lawlor, Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos;  Michael Lynk, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967; Claudia Mahler, Experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad;Anaïs Mari, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Belarús; Nils Melzer, Relator Especial sobre la La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Githu Muigai (Presidente), Anita Ramasastry (Vicepresidenta), Surya Deva, Elżbieta Karska, and  Dante Pesce, Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; Fionnuala D. Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Clement Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Tomoya Obokata, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; Obiora C. Okafor, Experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental;Balakrishnan Rajagopal, Relator especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto; Javaid Rehma, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán; Ahmed Reid (Presidente), Michal  Balcerzak, Dominique Day, Sabelo Gumedze, and Ricardo A. Sunga III, Grupo de Trabajo de Expertos sobre personas de ascendencia africana; Livingstone Sewanyana, Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Ahmed Shaheed, Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias;Dubravka Šimonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; Mama Fatima Singhateh, Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños; Rhona Smith, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya;Meskerem Geset Techane (Presidente), Elizabeth Broderick (Vicepresidenta), Alda Facio, Ivana Radačić, and Melissa Upreti, Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y niñas; Alioune Tine, Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Malí; Baskut Tuncak, Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos.

Para más información y peticiones de los medios de comunicación por favor contacte con el:
ONU Comité y expertos independientes, Catherine de Preux De Baets  (cdepreuxdebaets@ohchr.org), Taro Tanaka (ttanaka@ohchr.org) o escribir a ie-sogi@ohchr.org / Xabier Celaya (xcelaya@ohchr.org)

Comisión Interamericana de Derechos Humanos,cidh-prensa@oas.org
Consejo de Europa, Stefano Montanari, +33 (0)6 61 14 70 37