oacnudh en el mundo

La moratoria de la deuda para los países afectados debe ir más allá de 2020, urge experta de la ONU

Publicada en

La moratoria de la deuda para los países afectados debe ir más allá de 2020, urge experta de la ONU

GINEBRA (14 de mayo de 2020) – La nueva Experta Independiente sobre la deuda externa y los derechos humanos, Yuefen Li, hizo hoy un llamado a las instituciones financieras internacionales, el G20 y los acreedores privados para extender la moratoria de la deuda por seis meses que han anunciado para los países de bajo ingreso o afectados por la deuda hasta al menos la mitad del próximo año.

La pandemia por COVID-19 ha expuesto ampliamente la vulnerabilidad de muchos países en desarrollo ante la deuda. “Incluso antes de la pandemia, 40% de los países de bajo ingreso estaban batallando para pagar su deuda. Hoy, para contener la diseminación del coronavirus y mantener la economía a flote, los países en desarrollo necesitarían más de $2.5 billones de dólares estadounidenses, de acuerdo con estimaciones del FMI y de la ONU,” dijo Li.

Las medidas especiales del FMI y el G20 para el alivio del pago de la deuda fueron bienvenidas por la experta. “Sin embargo,” dijo, “una moratoria de seis meses es demasiado corta para genuinamente asistir a los países abrumados por la deuda para contener la COVID-19. La evolución de la pandemia parece ser muy difícil de predecir, hay posibles nuevos brotes y los efectos en las economías, el desempleo, las desigualdades y la pobreza van más allá de 2020.”

“Hago un llamado al FMI, a los países del G20 y a los bancos regionales de desarrollo, así como a los acreedores privados, para extender las actuales paralizaciones de la deuda para estos países más allá de diciembre de 2020 hasta al menos junio de 2021,” dijo Li.

Hizo un llamado a las instituciones financieras internacionales y regionales, así como a los acreedores privados, para considerar sus acciones cuidadosamente y a la luz de sus propias obligaciones de derechos humanos, así como a aquellos deudores para incrementar el acceso a servicios adecuados de salud, agua, saneamiento y vivienda, y protección social para luchar contra la pandemia.

“Es crucial que esta extensión se decida ahora para proveer mayor certeza al mercado financiero, abrir espacio de alivio para los países afectados por la deuda y permitirles usar el máximo de sus recursos disponibles para salvar vidas y promover los derechos económicos, sociales y culturales hasta que la pandemia sea contenida y una cura sea encontrada,” dijo la Experta Independiente.

FIN

La Sra. Yuefen Li (China) es la nueva Experta Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales.

Antes de unirse a la ONU en 1990, la Sra. Li fue profesora en la Universidad de Negocios Internacionales y Economía en Beijing, China. En la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), asumió varias posiciones de alto nivel y lideró el trabajo financiero de la UNCTAD sobre la deuda y el desarrollo. También administró varios proyectos incluyendo sobre Préstamos soberanos y globalización. La Sra. Li ha sido profesora invitada en varias universidades, incluyendo a la Universidad de Tsinghua en China. Es actualmente asesora senior en la Cooperación Sur-Sur y el Desarrollo Financiero en el Centro Sur.

Los Expertos independientes son parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo. Los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para abordar situaciones de países específicos o cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. No forman parte del personal de la ONU y son independientes de cualquier gobierno u organización. Actúan a título individual y no reciben un salario por su trabajo.

Sigue el trabajo de los expertos independientes en Twitter: @IEfinanceHRs

Para más información y solicitudes de medios, favor de contactar con la Sra. Frédérique Bourque (fbourque@ohchr.org) o al Sr. Bahram Ghazi (bghazi@ohchr.org).

Para solicitudes de prensa relacionadas con otros expertos o expertas independientes de la ONU, favor de contactar con Xabier Celaya (+41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org).

Sigue en Twitter las noticias relacionadas con los expertos y expertas independientes de la ONU @UN_SPExperts.

¿Te preocupa el mundo en que vivimos?
Entonces defiende los derechos de los demás.
#Standup4humanrights
y visita la página //www.standup4humanrights.org

oacnudh en el mundo

COVID-19: Los gobiernos deben proteger los derechos de los migrantes durante la pandemia y después de ella, instan expertos de las Naciones Unidas

Publicada en

COVID-19: Los gobiernos deben proteger los derechos de los migrantes durante la pandemia y después de ella, instan expertos de las Naciones Unidas

GINEBRA (26 de mayo de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU hicieron hoy un llamamiento a los Estados para que protejan los derechos de los migrantes y sus familias, independientemente de su situación migratoria, durante y después de la pandemia del COVID-19.

“Los derechos laborales de los trabajadores migrantes en todo el mundo, especialmente los de los migrantes que trabajan en sectores esenciales, deben ser garantizados y se deben tomar medidas para proteger su salud”, dijeron Can Ünver, quien preside el Comité de las Naciones Unidas sobre los Trabajadores Migrantes, y Felipe González Morales, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes.

“Miles de migrantes se encuentran actualmente varados en las fronteras en todo el mundo, en Asia, África, América o en el mar a orillas de Europa”, dijeron los expertos, anunciando

En sus 17 Directrices para los gobiernos, los expertos instan a que los Estados garanticen los derechos y la continuidad de los procedimientos para las personas que necesitan protección internacional, incluido el acceso a sus territorios, e instan a que continúen las operaciones de búsqueda y rescate de las personas que se encuentran en peligro en el mar.

“Los gobiernos deben garantizar el acceso a los servicios sociales a los migrantes y sus familias, que en algunos países presentan los niveles más altos de contagios y muertes por COVID-19”, dijeron. “Los migrantes que se encuentran en situación irregular o indocumentados se enfrentan a una vulnerabilidad aún mayor. Trabajan en empleos inestables – generalmente sin prestaciones ni derecho a prestaciones de desempleo – y en algunos casos han quedado fuera de las medidas de asistencia social aplicadas por los Estados, a pesar de sus importantes contribuciones económicas a la sociedad. En este contexto, hacemos un llamamiento a los gobiernos para que promuevan la regularización de los migrantes en situación irregular”.

El Comité de las Naciones Unidas y el Relator Especial pidieron a los gobiernos de todo el mundo “que integren a los trabajadores migrantes en los planes y políticas nacionales de prevención y respuesta al COVID-19, atendiendo a cuestiones de género, edad y diversidad, y respetando su derecho a la salud”.

En su Nota de Orientación, los expertos también instan a los Estados a que incluyan a los migrantes y sus familias en las políticas de recuperación económica, teniendo en cuenta la necesidad de recuperar los flujos de remesas.

“Queremos alertar al mundo de que el impacto de la pandemia del COVID-19 en la capacidad de los migrantes para trabajar ya ha provocado una caída global de las remesas enviadas a sus familias en sus países de origen, cuya supervivencia depende de ellas, así como a los países en los que las remesas son una de las principales fuentes de ingresos de sus economías. Las familias están literalmente luchando por su propia supervivencia.”

“Los gobiernos deben aplicar mecanismos para revisar el uso de la detención de inmigrantes con miras a reducir su población al nivel más bajo posible y liberar inmediatamente a las familias con niños y a los niños no acompañados o separados de los centros de detención de inmigrantes a alternativas no privativas de la libertad y basadas en la comunidad con pleno acceso a los derechos y servicios”, dijeron los expertos.

“Los gobiernos también deben considerar la suspensión temporal de las deportaciones o los regresos forzosos durante la pandemia”, dijeron, señalando que un número considerable de migrantes han sido deportados o devueltos de diferentes países portadores de la enfermedad COVID-19.

FIN

Los expertos: El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) es el órgano de 14 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares por sus Estados Partes. Celebró su primer período de sesiones en marzo de 2004.

 El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nombró al Sr. Felipe González Morales (Chile) Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes en junio de 2017, por un período inicial de tres años. Como Relator Especial, es independiente de cualquier gobierno u organización y actúa a título individual. Es profesor de derecho internacional en la Universidad Diego Portales, en Santiago de Chile, donde también es director de un programa de maestría en derecho internacional de los derechos humanos.

Para obtener más información y solicitudes de los medios de comunicación, sírvanse ponerse en contacto con Idrissa Kane, Secretario del Comité CMW (+41 22 917 92 73 / ikane@ohchr.org) y Nikolaus Schultz (+41 22 917 92 28 / nschultz@ohchr.org) o Yiyao Zhang (+41 22 917 85 94 / yzhang@ohchr.org) y Renate Bucher (+41 22 917 94 70 / rbucher@ohchr.org).

 Para consultas de los medios de comunicación relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, por favor contacte con Jeremy Laurence (+ 41 79 444 7578 / laurence@ohchr.org) y John Newland (mediaconsultant2@ohchr.org).

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en Twitter: @UN_SPExperts.

oacnudh en el mundo

«Todo trabajador es esencial y debe protegerse de COVID-19, pase lo que pase» – afirman expertos de la ONU

Publicada en

"Todo trabajador es esencial y debe protegerse de COVID-19, pase lo que pase" – afirman expertos de la ONU

GINEBRA (18 de mayo de 2020) – A medida que los países comienzan a aliviar las recientes restricciones establecidas por la pandemia de coronavirus, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU insta a los gobiernos y las empresas a garantizar que todos los trabajadores estén protegidos contra la exposición la COVID-19.

“Ningún trabajador es prescindible. Cada trabajador es esencial, sin importar qué categoría les apliquen los Estados o las empresas. Todo trabajador tiene derecho a estar protegido de la exposición a riesgos en el lugar de trabajo, incluido el coronavirus.

Nos preocupa la cantidad de trabajadores de primera línea que no han recibido protección adecuada durante los períodos pico de contagio en varios países y sectores económicos. A medida que los gobiernos continúan reduciendo las restricciones y los trabajadores comienzan a regresar al trabajo, instamos a todos los Estados y empresas a garantizar que se adopten las medidas preventivas y precautorias para proteger a todos los trabajadores.

También estamos profundamente preocupados por el riesgo desproporcionado al que se exponen los trabajadores de bajos ingresos, las minorías, los migrantes, las personas mayores y aquellos con condiciones de salud preexistentes, las mujeres, así como el sector informal y profesionales independientes.

Instamos a los Estados y las empresas a que trabajen con los sindicatos y otros representantes de los trabajadores para ayudar a garantizar que existan las medidas de salvaguarda necesarias.

Tras nuestro llamado a la Conferencia Internacional del Trabajo en 2019, acogemos con beneplácito las discusiones en curso sobre la inclusión del derecho a un trabajo seguro y saludable como un derecho y principio fundamental de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, la OIT ya debería haber reconocido el trabajo seguro y saludable, es por ello que instamos al órgano rector de la Organización a reconocer este derecho sin más demora, junto con otros derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Forzar a los trabajadores vulnerables con pocas opciones a soportar condiciones que los ponen en riesgo, incluso desmantelando los derechos laborales previamente establecidos, puede constituir una forma de trabajo forzado, según la OIT.

Expresamos nuestro respeto y admiración a los trabajadores en la primera línea de esta pandemia, brindando atención médica, alimentos, agua, saneamiento y otros bienes y servicios necesarios, y nuestras condolencias a las familias de quienes han perdido seres queridos en dicho servicio.

 

Nuestro mensaje de hoy es simple, pero crucial: cada trabajador debe estar protegido, pase lo que pase”.

NOTA:

La resolución del Consejo de Derechos Humanos de septiembre de 2019 insta a los Estados y las empresas a proteger mejor a los trabajadores contra las sustancias peligrosas y alienta la implementación de un conjunto de principios a este respecto.

Durante el centenario de la OIT en 2019, los expertos en derechos humanos de la ONU instaron a la OIT a reconocer el trabajo seguro y saludable como uno de sus derechos y principios fundamentales, junto con otros derechos humanos internacionalmente aceptados.

 

 

oacnudh en el mundo

“COVID-19 está devastando a las comunidades indígenas del mundo y no sólo se trata de la salud” – advierte experto de la ONU

Publicada en

“COVID-19 está devastando a las comunidades indígenas del mundo y no sólo se trata de la salud” – advierte experto de la ONU

GINEBRA (18 de mayo de 2020) – El nuevo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay, expresó hoy su grave preocupación por el devastador impacto que la pandemia de la COVID-19 está teniendo en los pueblos indígenas, más allá de la amenaza para la salud.

“Cada día recibo más informes de todos los rincones del mundo sobre cómo las comunidades indígenas se ven afectadas por la pandemia de la COVID-19 y me preocupa profundamente ver que no siempre se trata de cuestiones de salud.

Los estados de emergencia están exacerbando la marginalización de las comunidades indígenas y, en las situaciones más extremas, se está produciendo una militarización de sus territorios.

Se está negando a los pueblos indígenas su libertad de expresión y asociación, mientras que los intereses empresariales están invadiendo y destruyendo sus tierras, territorios y recursos.

En algunos países se están suspendiendo abruptamente las consultas con los pueblos indígenas y también las evaluaciones de impacto ambiental para forzar la ejecución de megaproyectos relacionados con la agroindustria, la minería, las represas y la infraestructura.

Los pueblos indígenas que pierden sus tierras y medios de vida se ven empujados a una mayor pobreza, a tasas más elevadas de malnutrición, a la falta de acceso al agua potable y al saneamiento, así como a la exclusión de los servicios médicos, lo que a su vez los hace particularmente vulnerables a la enfermedad.

Pero frente a esas amenazas y en medio de ellas, las comunidades indígenas que han logrado resistir mejor la pandemia de la COVID-19 son las que han logrado la autonomía y el autogobierno, lo que les permite gestionar sus tierras, territorios y recursos, y garantizar la seguridad alimentaria mediante sus cultivos tradicionales y su medicina tradicional.

Ahora más que nunca, los gobiernos de todo el mundo deben apoyar a los pueblos indígenas para que apliquen sus propios planes de protección de sus comunidades y participen en la elaboración de iniciativas nacionales para garantizar que éstas no los discriminen. 

Los Estados deben velar por que los pueblos indígenas tengan acceso a la información sobre la COVID-19 en sus idiomas y es necesario adoptar medidas especiales urgentes para garantizar la disponibilidad y el acceso a servicios médicos culturalmente apropiados. El hecho de que las instalaciones de salud pública sean a menudo escasas en las comunidades indígenas constituye un gran desafío.

Los derechos al desarrollo, la libre determinación y las tierras, territorios y recursos deben garantizarse para que los pueblos indígenas puedan gestionar estos tiempos de crisis y promover los objetivos mundiales de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente. 

La pandemia nos está enseñando que tenemos que cambiar: tenemos que valorar lo colectivo por encima de lo individual y construir sociedades inclusivas que respeten y protejan a todos. No se trata sólo de proteger nuestra salud”.

 

FIN

 

El Sr. José Francisco CALÍ TZAY (Guatemala) es el nuevo Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es maya kaqchikel de Guatemala, con experiencia en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en Guatemala como a nivel de las Naciones Unidas y la OEA. El Sr. Calí Tzay fue fundador y miembro de diferentes organizaciones indígenas de Guatemala y el Embajador de Guatemala en la República Federal de Alemania. Fue Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala; miembro de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas de Guatemala (CODISRA) y Presidente del Programa Nacional de Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno. El Sr. Cali Tzay fue Presidente del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, órgano creado en virtud de un tratado, del que fue elegido por cuatro períodos consecutivos de cuatro años cada uno.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y vigilancia del Consejo que se ocupan de situaciones de países concretos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

Para obtener más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con Christine Evans (+41 22 917 9197 / cevans@ohchr.org), Claire Morclette (+41 22 928 94 37 / cmorclette@ohchr.org) o escriba a indigenous@ohchr.org

Para consultas de prensa relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, por favor contacte con Xabier Celaya (+ 41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org)

 

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en Twitter: @UN_SPExperts. 

oacnudh en el mundo

Declaración de expertos en Derechos Humanos en el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia 17 de mayo de 2020

Publicada en

Declaración de expertos en Derechos Humanos en el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia 17 de mayo de 2020

Ginebra/Washington D.C./Estrasburgo, 14 de mayo de 2020 

En la víspera del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHOBIT), observado el 17 de mayo de 2020, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas junto a expertos y expertas internacionales en materia de derechos humanos* hacen un llamado a los Estados y otros actores a tomar en cuenta, de manera urgente, las repercusiones del COVID-19 en las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero o de género diverso (LGBTI) al diseñar, implementar y evaluar las medidas de lucha contra la pandemia.

Las deficiencias en el respeto y garantía de las obligaciones derivadas del derecho a la vida de las personas LGBTI son prácticamente generalizadas en muchas partes del mundo; estas deficiencias afectan también a los esfuerzos de recopilación de datos, la asignación de recursos y el apoyo que se brinda a la sociedad civil. Como consecuencia de lo anterior, la lucha contra la pandemia no se lleva a cabo en un plano de igualdad. En todas las latitudes, las personas LGBTI están desproporcionadamente representadas en los índices de pobreza, falta de acceso a la vivienda y falta de atención médica, lo que significa que pueden verse particularmente afectadas como consecuencia de la pandemia. En muchos países, cada vez que una mujer trans sale de su casa lo hace con la conciencia de que existe una clara posibilidad de que, antes de que termine la noche, sea torturada o asesinada. Por otro lado, las mujeres lesbianas tienen mayores dificultades en materia de salud, en comparación con otras mujeres, y las personas bisexuales están condenadas a vivir sus vidas ocultando su orientación sexual. Además, la discriminación que sufren los hombres gays y las mujeres transgénero hace que representen un porcentaje significativo dentro de la totalidad de personas que viven con el VIH, que pueden estar en mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 debido a que sus sistemas inmunológicos pueden verse comprometidos. Sin embargo, la criminalización, el estigma y la discriminación contra estas personas serán obstáculos que harán imposible documentar y comprender plenamente el impacto de la pandemia en ellas.

Estas experiencias de desigualdad y discriminación se ven agravadas por la discapacidad, la edad, la origen étnico/racial, sexo, la pertenencia a un pueblo indígena o una minoría, la situación socioeconómica y/o la casta, estatus migratorio, situación de desplazamiento interno, el idioma, la religión o creencias, la opinión política, el origen nacional, la situación matrimonial y/o materna, la ubicación urbana/rural, el estado de salud y la propiedad de bienes. En ese orden, para que los Estados y otros actores involucrados, incluyendo las empresas y organizaciones religiosas, puedan abordar de manera significativa el impacto de la pandemia, deben reconocer, sin reservas, que las personas LGBTI representan una muestra representativa de todas estas identidades, y deben actuar de manera consecuente.

El COVID-19 y las medidas adoptadas para contenerlo intensifican las desigualdades y la discriminación. La existencia de leyes de criminalización, por ejemplo, hace que las personas LGBTI sean más vulnerables a los abusos de la policía y a los arrestos y detenciones arbitrarias en el contexto de las restricciones de movimiento y los toques de queda. Por otro lado, al quedarse en casa y colaborar, de esta manera, con la lucha contra la pandemia, los niños, niñas, adolescentes y personas mayores LGBTI se ven obligados a soportar una exposición prolongada a miembros de la familia que pueden no aceptarlos, lo que aumenta las tasas de violencia doméstica y abuso físico y emocional, así como los daños a la salud mental. En muchas jurisdicciones, las personas LGBTI, en particular las más impactadas por la pobreza o las que carecen de documentación personal, dependen en su inmensa mayoría de la economía no estructurada, lo que resulta imposible debido a las restricciones de COVID-19. Así, las consecuencias socioeconómicas de la pandemia y la pérdida de fuentes de ingreso pueden, también, incrementar la vulnerabilidad de las personas LGBTI ante la trata y la explotación sexual. Por otro lado, la reasignación de los recursos sanitarios también ha creado o exacerbado la escasez de antirretrovirales para las personas que viven con el VIH, al tiempo que ha repercutido en la capacidad de las mujeres y hombres trans para recibir terapia hormonal y otros cuidados relacionados con la afirmación del género. En similar sentido, según la información disponible, las leyes y políticas de toque de queda basadas en el género han condenado a las personas de género diverso a un aislamiento permanente, al tiempo que convierten a las personas trans en blanco de humillación y violencia al salir a la calle. 

La pandemia también ha creado un contexto que conduce a la persecución intensificada contra las personas LGBTI. Así, algunos Estados han promulgado medidas que se dirigen intencionalmente a las personas LGBTI bajo el pretexto de la salud pública, incluida la propuesta de leyes para denegar a las personas trans y de género diverso de su reconocimiento legal. Además, han aumentado las expresiones de odio que explícita o implícitamente incitan a la violencia contra las personas LGBTI, incluido el discurso de destacados dirigentes políticos o religiosos que culpan de la pandemia a la existencia de personas LGBTI dentro de las comunidades. Así también, la vigilancia y otras tecnologías digitales promulgadas para rastrear a los portadores de COVID-19 aumentan los riesgos de infringir la privacidad y exacerbar el estigma.

Las organizaciones de la sociedad civil, que desde antes de la pandemia operaban bajo circunstancias difíciles, han trabajado frenéticamente para llenar los vacíos dejados por los Estados. Ello, mediante la recolección y distribución de alimentos y agua, materiales higiénicos y máscaras; la activación de las redes de comunicación, solidaridad y protección social; y brindándose apoyo mutuo. Las organizaciones locales y mundiales también han creado prácticas óptimas mediante el acceso a fuentes de financiamiento rápido que permiten a los defensores y defensoras mantener sus líneas telefónicas abiertas y sus pantallas de ordenador iluminadas y conectadas, proporcionando así líneas vitales de comunicación. Este complejo sistema de alerta temprana, sentido de comunidad, defensa y seguimiento que se ha forjado en los últimos cinco decenios gracias a la dedicación de los defensores de los derechos humanos que defienden los derechos de las personas LGBT en todo el mundo es un patrimonio de profundo valor para la comunidad global. Estos esfuerzos han demostrado su capacidad única para responder con eficacia y eficiencia a las necesidades en los niveles más íntimos y locales, y evidenciar esas necesidades en términos nacionales, regionales y mundiales. Además, han desempeñado un papel decisivo en las alianzas mundiales creadas para hacer frente a la pandemia del VIH/SIDA, así como en asegurar el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI como derechos humanos, en condenar y erradicar el flagelo de la criminalización e iniciar una transformación social de una profundidad y amplitud sin precedentes, promoviendo su inclusión en la educación, la salud, el empleo, la vivienda, agua, saneamiento y todos los demás ámbitos de la sociedad.

Por consiguiente, instamos a los Estados y a otras partes interesadas a que, en la víspera de este 17 de mayo de 2020 y en tiempos del COVID-19, den visibilidad y protejan a las personas LGBTI en el contexto de la pandemia. Además, llamamos a los Estados a que recurran a todos los medios necesarios -incluyendo la realización de investigación, la adopción de legislación, políticas públicas y asegurando el acceso a la justicia- para garantizar que esta emergencia de salud pública no agrave los prejuicios, estereotipos, desigualdades o los obstáculos estructurales existentes ni dé lugar a un aumento de la violencia y la discriminación contra las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género. En similar sentido, instamos a todas las partes interesadas, en particular a los Estados, a que apliquen urgentemente líneas de acción destinadas a sostener y garantizar la continuidad de la labor de la sociedad civil y los defensores y defensoras de los derechos humanos, pues no deben ponerse en peligro las capacidades desarrolladas previamente en este sector. Para cumplir eficazmente estos objetivos, instamos a los Estados a que participen con las personas, organizaciones y comunidades LGBTI en el diseño, la aplicación y la evaluación de las medidas adoptadas para responder a la pandemia.
La historia de las personas LGBTI, al igual que la de otras personas sometidas a la discriminación y la violencia, ha sido una historia de sufrimiento, resistencia y esperanza; una lucha vital por la libertad y la igualdad frente a la adversidad. Durante la pandemia de COVID-19, hacemos un llamado a las autoridades estatales para que escuchen las preocupaciones particulares de las personas LGBTI, respeten sus conocimientos sobre sus propias vidas y comunidades, y acepten su solidaridad en la construcción de nuevas realidades de libertad e igualdad para la humanidad. 

FIN 

(*) EXPERTOS
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Consejo de Europa: Dunja Mijatović, Comisario de Derechos Humanos
ONU Comité de los Derechos del Niño
ONU expertos independientes: Victor Madrigal-Borloz, Experto Independiente de las Naciones Unidas para la protección contra la violencia y la discriminación por motivo de orientación sexual y la identidad de género E. Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intoleranciaThomas Andrews, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en MyanmarKarima Bennoune, Relatora Especial en la esfera de los derechos culturalesKombou Boly Barry, Relator Especial sobre el derecho a la educaciónDavid R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambienteAgnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrariasJoe Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidadAlice Cruz, Relatora Especial sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares;Olivier De Schutter, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanosCatalina Devandas-Aguilar, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidadFernand de Varennes, Relator Especial sobre cuestiones de las minoríasIsha Dyfan, Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Somalia; Ikponwosa Ero, Experto Independiente sobre el disfrute de los derechos humanos de las personas con albinismoMichael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentaciónDiego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogadosMaria Grazia Giammarinaro, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niñosFelipe González MoralesRelator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; José Antonio Guevara Bermúdez (Presidente), Elina Steinerte (Vicepresidenta), Leigh Toomey (Vicepresidente), Sètondji Adjovi, and Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Luciano Hazan (Vicepresidente), Tae-Ung Baik (Vicepresidente), Bernard Duhaime, Houria Es-Slami, and Henrikas Mickevičius, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o InvoluntariasLéo HellerRelator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamientoCecilia Jimenez-Damary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos;David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresiónDaniela KravetzRelatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en EritreaChris Kwaja (Presidente), Jelena Aparac, Lilian Bobea, Sorcha MacLeod, and Saeed Mokbil, Grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación;Mary Lawlor, Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos Michael LynkRelator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967Claudia Mahler, Experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad;Anaïs Mari, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en BelarúsNils Melzer, Relator Especial sobre la La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantesGithu Muigai (Presidente), Anita Ramasastry (Vicepresidenta), Surya Deva, Elżbieta Karska, and  Dante Pesce, Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; Fionnuala D. Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismoClement Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociaciónTomoya Obokata, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuenciasObiora C. Okafor, Experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacionalDainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental;Balakrishnan Rajagopal, Relator especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contextoJavaid Rehma, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del IránAhmed Reid (Presidente), Michal  Balcerzak, Dominique Day, Sabelo Gumedze, and Ricardo A. Sunga III, Grupo de Trabajo de Expertos sobre personas de ascendencia africanaLivingstone Sewanyana, Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativoAhmed Shaheed, Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias;Dubravka Šimonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuenciasMama Fatima Singhateh, Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de niñosRhona Smith, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya;Meskerem Geset Techane (Presidente), Elizabeth Broderick (Vicepresidenta), Alda Facio, Ivana Radačić, and Melissa Upreti, Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y niñasAlioune Tine, Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en MalíBaskut Tuncak, Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos.

Para más información y peticiones de los medios de comunicación por favor contacte con el:
ONU Comité y expertos independientes, Catherine de Preux De Baets  (cdepreuxdebaets@ohchr.org), Taro Tanaka (ttanaka@ohchr.org) o escribir a ie-sogi@ohchr.org / Xabier Celaya (xcelaya@ohchr.org)

Comisión Interamericana de Derechos Humanos,cidh-prensa@oas.org
Consejo de Europa, Stefano Montanari, +33 (0)6 61 14 70 37