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OACNUDH expresa preocupación por los actos de violencia política en el contexto electoral e insta a de Honduras a tomar medidas para garantizar elecciones pacíficas

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OACNUDH expresa preocupación por los actos de violencia política en el contexto electoral e insta a Honduras a tomar medidas para garantizar elecciones pacíficas

Tegucigalpa, 12 de octubre de 2021. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras insta a las autoridades y a actores políticos y sociales a abstenerse de desarrollar acciones que puedan socavar el desarrollo pacífico de las próximas elecciones.

En ese contexto, OACNUDH expresa su preocupación por los actos de violencia política registrados desde que inició el proceso electoral. Al respecto, la Oficina condena el reciente asesinato de Nery Fernando Reyes, candidato a alcalde por el municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca, por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), el 8 de octubre de 2021 en la ciudad de Choluteca; que se suma a los de Carolina Echeverría Haylock, candidata a diputada por el Partido Liberal, el 25 de julio de 2021 en el Distrito Central; Alejandro Cartagena Villeda, candidato a alcalde de San Juan Guarita, Lempira, por el Partido Nacional, el 29 de marzo de 2021, y Félix Vásquez, defensor de derechos humanos y candidato a diputado suplente del Partido LIBRE, el 27 de diciembre de 2020 en La Paz.

OACNUDH llama a las autoridades a realizar con la debida diligencia una investigación pronta, independiente y eficaz que permita el esclarecimiento de los hechos y la efectiva persecución y sanción de los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos.

OACNUDH ha registrado al menos 45 incidentes graves de violencia política en Honduras desde la convocatoria a elecciones primarias en octubre de 2020, de los cuáles 23 constituyen muertes violentas de candidatos y candidatas, sus familiares, activistas y votantes, lo que representa un incremento de las muertes violentas con respecto a la etapa preelectoral de 2017[1]. Los departamentos que presentan mayor incidencia de violencia política son Francisco Morazán, Santa Bárbara, Cortés y Yoro.

A poco más de un mes de la celebración de las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021 es esencial garantizar que las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto poselectoral de 2017 no se repitan. 

La Oficina continuará monitoreando la situación de derechos humanos en el contexto electoral y hace un llamado a las autoridades a tomar medidas urgentes para garantizar que las etapas finales del proceso electoral se conduzcan de manera pacífica, participativa e inclusiva, en un ambiente que garantice el respeto de los derechos humanos de todas las personas en Honduras.

[1] https://iudpas.unah.edu.hn/dmsdocument/10589-informe-conflictividad-y-violencia-politica-proceso-electoral-2017

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OACNUDH condena el asesinato de la mujer trans y defensora de derechos humanos Tatiana García

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OACNUDH condena el asesinato de la mujer trans y defensora de derechos humanos Tatiana García

Tegucigalpa (28 de septiembre de 2021)- La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condena el asesinato de la mujer trans y defensora de derechos humanos Tatiana García. El cuerpo de la defensora fue encontrado sin vida y con heridas de arma blanca en su domicilio en el municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, el pasado domingo 26 de septiembre.

Tatiana García era una reconocida integrante de la comunidad LGBTI de su localidad, donde realizaba labores de promoción y protección de derechos humanos, incluyendo el acompañamiento y asesoría a personas LGBTI para la interposición de denuncias por delitos de los cuales eran víctimas. De acuerdo con la información recibida por OACNUDH, habría sido víctima de amenazas y ataques previos.

De acuerdo con la documentación de la Oficina, este es al menos el octavo asesinato de una persona defensora de derechos humanos en lo que va de 2021 en un contexto de un total de 168 ataques contra personas defensoras de derechos humanos que van desde amenazas, hostigamiento e intimidación, agresiones físicas, hasta asesinatos. Al respecto, la Representante de OACNUDH en Honduras, Isabel Albaladejo Escribano, señaló que: “Las personas defensoras de derechos humanos de la población LGBTI enfrentan particulares riesgos por la violencia ejercida en su contra. El asesinato de Tatiana debe ser esclarecido por medio de una investigación pronta, imparcial y exhaustiva que contemple todas las posibles líneas, incluida la posibilidad de un crimen de odio o una represalia por su actividad de defensa de derechos humanos.”

OACNUDH considera que, a la luz del presente caso , es relevante recordar que el 26 de marzo de este año, el Estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras, y que es fundamental el cumplimiento de la sentencia para garantizar la no repetición de los hechos.[1]

Finalmente, desde OACNUDH expresamos nuestra solidaridad con las y los familiares de la víctima y reiteramos nuestro respaldo a la comunidad LGBTI y a las personas defensoras que promueven y protegen sus derechos.

[1] https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_422_esp.pdf

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OACNUDH insta al Estado de Honduras a garantizar el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas de desaparición forzada del pasado y del presente

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OACNUDH insta al Estado de Honduras a garantizar el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas de desaparición forzada del pasado y del presente

Tegucigalpa, 30 de Agosto de 2021. En el día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, OACNUDH saluda la incansable labor de familiares en busca de sus seres queridos, así como de las organizaciones de derechos humanos en Honduras que les acompañan en su lucha por la justicia, verdad, reparación y no repetición.

OACNUDH enfatiza la urgencia de que los casos de desaparición forzada perpetrados durante las décadas de 1980 y 1990, así como los casos de desaparición forzada del presente, sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados y sancionados. Hasta la fecha no se han realizado avances significativos en la investigación y sanción de los delitos documentados por el CONADEH respecto de, al menos, 179 personas que fueron desaparecidas forzosamente entre los años 1980 y 1993. Por su parte, en el año 2020, la Oficina documentó, al menos, ocho víctimas de desapariciones forzadas ocurridas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Tela.[1]

 “La desaparición forzada es una violación múltiple de derechos humanos que constituye un delito continuado y permanente, además de imprescriptible, mientras no se establezca el paradero de la persona desaparecida. Por ello resulta imprescindible que el Estado brinde respuesta a las víctimas que viven con la incertidumbre de no conocer el paradero de sus familiares. Debe avanzarse con urgencia en el acceso a la justicia, la investigación pronta, imparcial y exhaustiva de los hechos, la creación de un sistema de búsqueda inmediata y urgente y la reparación integral”, dijo Isabel Albaladejo, Representante en Honduras de OACNUDH.

 

A nivel normativo, OACNUDH saluda avances del Estado de Honduras en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia tales como la adopción de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, así como tipificación del delito de desaparición forzosa como un delito autónomo y su inclusión como delito de lesa humanidad en el Código Penal vigente. Sin embargo, los retos persisten. OACNUDH resalta la importancia de la adopción de un marco normativo que permita fortalecer la tipificación y sanción de dicho delito, así como medidas de política pública orientadas a la prevención de la desaparición forzada.

Haciendo eco de las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada, OACNUDH insta al Estado a adoptar las medidas para garantizar que el delito de desaparición forzada sea sancionado con la pena más alta que contemple la legislación penal dada su extrema gravedad. Asimismo, garantice que todas las formas de comisión del delito y grados de participación reconocidas en la Convención se encuentren recogidas en la normativa penal interna, incluyendo la responsabilidad penal de particulares y la del superior jerárquico. De igual manera, establezca un registro consolidado de todos los casos de desaparición forzada ocurridos en el territorio nacional o cuyas víctimas son personas de nacionalidad hondureña desaparecidas en el exterior. Finalmente, el Comité resalta la necesidad de adoptar medidas legislativas para regular la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte o paradero no haya sido esclarecido, en ámbitos tales como la protección social, el derecho de familia y los derechos de propiedad.

Aunadas a estas medidas, la Oficina considera primordial consolidar los esfuerzos que se han iniciado en relación a una propuesta de Ley de Víctimas y a la creación de un Plan de Búsqueda de Personas Desaparecidas que permita el inicio de la búsqueda de oficio y sin dilaciones, para acrecentar las posibilidades de encontrar a la persona con vida. En relación al acceso a la justicia, OACNUDH llama a las autoridades a avanzar en las investigaciones por desaparición forzada y asegurar que todos los casos de desaparición forzada del pasado y del presente sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la extrema gravedad de sus actos, garantizando que los casos de desaparición forzada no queden en la impunidad. Para ello, recuerda que la Convención establece que el Estado debe velar porque las autoridades competentes dispongan de las facultades y recursos necesarios para llevar a cabo eficazmente la investigación, inclusive el acceso a la documentación y demás informaciones pertinentes para la misma.

En ese sentido, OACNUDH reitera su disposición de asistir técnicamente al Estado hondureño, con la participación de la sociedad civil, para la adecuación del marco legislativo y para la adopción de medidas de política pública que permitan avanzar en sus obligaciones internacionales en la materia, y garantizar acceso a la justicia, la verdad, reparación y no repetición a las víctimas y sus familiares.

 

[1] Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, A/HRC/46/75, párr. 28, disponible en: http://oacnudh.hn/wp-content/uploads/2021/03/TRADUCCION-NO-OFICIAL_-INFORME-DEL-ALTO-COMISIONADO-DE-LAS-NACIONES-UNIDAS-PARA-LOS-DERECHOS-HUMANOS-SOBRE-LA-SITUACION-DE-LOS-DERECHOS-HUMANOS-EN-HONDURAS.pdf.

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Desapariciones forzadas: Es urgente atender los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas, dicen expertas y expertos de la ONU

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Desapariciones forzadas: Es urgente atender los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas, dicen expertas y expertos de la ONU

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 30 de agosto 2021
GINEBRA (27 de agosto de 2021) –  Los Estados deben reconocer aún más la conexión entre la desaparición forzada y los derechos económicos, sociales y culturales, a fin de prevenir mejor las desapariciones forzadas, de manera más integral, dijeron hoy expertas y expertos en derechos humanos de la ONU *.
 
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias emitieron la siguiente declaración:
 
“Por su naturaleza, la desaparición forzada es un crimen complejo que viola todo tipo de derechos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales de la persona desaparecida, de sus parientes y de otras personas.
 
La falta de protección efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales es también un factor que contribuye a las desapariciones forzadas. Las personas que viven en la pobreza son más vulnerables y están expuestas a un mayor riesgo de desapariciones forzadas. En algunos casos, al enfrentarse al sistema de justicia penal, se ven privadas de asesoramiento y asistencia jurídica para impugnar las condiciones de su arresto, juicio, condena y detención, y así desaparecen dentro del sistema. Las víctimas de las desapariciones forzadas son también en su mayoría personas marginadas. Cuando viven en zonas con escasa o nula presencia de las instituciones del Estado, sus familiares y allegados tienen poco acceso a la justicia y a medios eficaces para buscarlas.
 
Niñas y niños que no tienen acceso a la educación, que viven en la pobreza o en situación de calle, o que han sufrido desplazamiento, corren un mayor riesgo de ser secuestrados y convertidos en niños soldados o ser víctimas de la trata con fines de explotación. Las personas migrantes y las personas con discapacidad también son especialmente vulnerables a las desapariciones forzadas, debido a la falta de recursos económicos, de planes de protección, así como de participación política, social y cultural.
 
También hemos observado a través de nuestro trabajo que la desaparición forzada se utiliza como herramienta de intimidación, represalia y castigo ilegal en contra de los defensores de derechos humanos, incluidas las personas que promueven los derechos económicos, sociales y culturales.
 
Instamos a los Estados a atender el hecho de que las desapariciones forzadas ponen a familiares y allegados en una posición muy difícil, especialmente cuando el sostén de la familia está desaparecido. Al alterarse la estructura familiar, cónyuges e hijos se ven afectados económica, social y psicológicamente. Teniendo en cuenta que los hombres suelen ser las principales víctimas de las desapariciones forzadas, las mujeres se ven especialmente afectadas. A menudo son rechazadas en la comunidad porque sus parejas son supuestamente sospechosos de crímenes, o porque la gente teme relacionarse con alguien que ha sido objeto de una desaparición forzada. Las madres también pueden ser estigmatizadas socialmente y culpadas de “no cuidar adecuadamente” a sus hijos desaparecidos.
 
En algunos países, la legislación puede imposibilitar el cobro de una pensión o la recepción de otros medios de ayuda en ausencia de un certificado de defunción, lo que revictimiza a las víctimas y agrava aún más su vulnerabilidad. Tanto las dificultades económicas como la devastación de la pérdida de un integrante de la familia pueden causar a los allegados de las personas desaparecidas un gran trauma emocional que puede conducir no sólo a la violación del derecho a la vida familiar, sino también a impactos físicos y psicológicos negativos.
 
Es esencial que todos los Estados presten atención específica al impacto multidimensional de las desapariciones forzadas en los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas a lo largo del proceso de búsqueda y de la investigación. Además, los Estados deben analizar más el perfil y las actividades de las personas que son víctimas de desapariciones forzadas, para responder mejor a la dimensión colectiva del daño que sufren las víctimas y sus comunidades.
 
En los casos de personas desaparecidas que son integrantes de pueblos indígenas u otros grupos étnicos o culturales, es necesario considerar y respetar los patrones culturales específicos al tratar la desaparición o la muerte de un o una integrante de la comunidad. Cuando se encuentran e identifican el cuerpo o los restos de una persona desaparecida, deben entregarse a la familia o a sus allegados de acuerdo con las normas y costumbres culturales de las víctimas y sus comunidades.
 
La pandemia del COVID-19 claramente ha tenido un impacto devastador en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales en todas las partes del mundo, y ha agravado el impacto en las víctimas de las desapariciones forzadas y sus familiares. A este respecto, recordamos las ocho directrices que adoptamos conjuntamente en septiembre de 2020, en las que llamamos a los Estados miembros a que garanticen el respeto, la promoción y la protección de los derechos y obligaciones consagrados en la Convención y la Declaración.
 
Reafirmamos enérgicamente nuestro apoyo y solidaridad a todas las víctimas de la desaparición forzada y pedimos a todos los Estados que adopten todas las medidas necesarias para evitar el sufrimiento adicional causado por las consecuencias sociales, económicas y culturales de la desaparición forzada.
 
En diciembre de 2020, conmemoramos el 10º aniversario de la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Volvemos a hacer un llamamiento a todos los Estados para que ratifiquen la Convención y acepten la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar denuncias individuales e interestatales.»
 
FIN
 
*Las expertas y los expertosSr. Tae-Ung Baik (Presidente-relator), SrHenrikas Mickevičius (Vicepresidente), Sra. Aua Balde, Sra. Gabriella Citroni, y Sr. Luciano Hazan del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Sr.  Juan Pablo Alban Alencastro, Sr. Mohammed Ayat (Presidente), Sr. Matar Diop, Sr. Olivier de Frouville (Vicepresidente) , Sra. Suela Janina, Sra. Milica Kolakovic-Bojovic (Vicepresidenta), Sra. Barbara Lochbihler, Sr. Juan José Lopez Ortega, Sr. Horacio Ravenna (Vicepresidente), y Sra. Carmen Rosa Villa Quintana, del Comité contra la Desaparición Forzada.
 
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Sr. Ugo Cedrangolo a +41 (0)22 917 9286 / ucedrangolo@ohchr.org o escribir a wgeid@ohchr.orgSra. Albane Prophette-Pallasco a +41 (0)229179719/ aprophette@ohchr.org o escribir a ced@ohchr.org
 
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