Comunicados de la Alta Comisionada

Bachelet alarmada por los intentos de socavar las instituciones nacionales de derechos humanos en América Latina y el Caribe

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Bachelet alarmada por los intentos de socavar las instituciones nacionales de derechos humanos en América Latina y el Caribe

GINEBRA (6 de mayo de 2021) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dio la voz de alarma el jueves por el creciente número de amenazas, ataques e intentos de socavar y deslegitimar las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) independientes en América Latina y el Caribe, por parte de gobiernos y otras personas en posiciones de poder.

En los últimos dos años, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha recibido un número creciente de denuncias de INDH (Defensorías del Pueblo, Procuradurías para la Defensa de los Derechos Humanos, Oficinas del Ombudsperson) de la región, que han sido acosadas y amenazadas por gobiernos, parlamentarios, funcionarios, grupos de autodefensa y otros, simplemente por hacer su labor y cumplir con su mandato.

Los incidentes reportados incluyen amenazas o acoso contra las instituciones o su personal en Bolivia, Chile y El Salvador; ataques contra la sede y el personal de la INDH en Haití; e intentos de destitución del director de la organización en Guatemala y en México a nivel estatal. Además, preocupan las declaraciones públicas que desacreditan la labor de la institución en Ecuador y Uruguay; así como el levantamiento de la inmunidad del personal de la INDH y los recortes presupuestarios en Perú.

También nos inquieta que durante una década no se haya nombrado al Defensor del Pueblo en Argentina.

“El hecho de que hayamos recibido quejas de instituciones de casi una docena de países de la región es testimonio de la tendencia y la magnitud del problema”, declaró Bachelet.

“La labor de las instituciones nacionales de derechos humanos independientes es crucial para cualquier sociedad. Sin embargo, sólo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos si son capaces de operar sin interferencias indebidas de gobiernos y otros, y son capaces de mantener su independencia. De lo contrario, perderán su credibilidad y legitimidad a los ojos de las personas a las que deben servir”, agregó.

“Permítanme ser muy clara: estas instituciones, que trabajan estrechamente con mi Oficina y con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, no deben enfrentarse a ninguna forma de abuso o interferencia, y especialmente, presión política. Insto a los gobiernos de toda la región a que cumplan con sus responsabilidades y respeten y protejan la independencia de las INDH”, subrayó la Jefa de ONU Derechos Humanos.

Estas responsabilidades están consagradas en los Principios de París, un conjunto de normas internacionales mínimas para que las INDH sean eficaces y creíbles, adoptados por la Asamblea General de la ONU en 1993. Estos Principios establecen que las INDH deben defender las normas internacionales de derechos humanos de forma imparcial e independiente.

La Alta Comisionada reconoció que las INDH pueden suponer un reto para los gobiernos porque, según sus mandatos, tienen el deber de poner de manifiesto las lagunas en la protección de los derechos humanos. Sin embargo, subrayó que los gobiernos pueden beneficiarse de sus evaluaciones independientes para ayudar a resolver los problemas de derechos humanos, un papel que cualquier sociedad democrática debería ensalzar.

Bachelet llamó a las autoridades respectivas para que establezcan investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes y eficaces de todos y cada uno de los presuntos ataques, actos de represalia, amenazas o intimidaciones contra estas instituciones.

Asimismo, subrayó que, en el contexto actual de la pandemia, las INDH desempeñan un rol aún más esencial, ya que tienen el deber adicional de garantizar un enfoque basado en los derechos humanos en la respuesta a la COVID-19.

Para ver el video de la Alta Comisionada, por favor haga clic aquí: https://vimeo.com/545554264

FIN

Para más información y solicitudes de prensa, por favor contacte con :

Marta Hurtado :  + 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org o

Liz Throssell : + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org o

Rupert Colville : + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org o

Ravina Shamdasani :  + 41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org

OACNUDH en Honduras

Honduras: Expertas de la ONU deploran nuevos ataques contra el derecho al aborto seguro

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Honduras: Expertas de la ONU deploran nuevos ataques contra el derecho al aborto seguro

GINEBRA (19 de enero de 2021) – Expertas en derechos humanos de la ONU* condenaron hoy un proyecto de ley que básicamente bloquearía cualquier posible progreso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Honduras, un país donde una de cada cuatro niñas ha estado embarazada al menos una vez antes de cumplir los 19 años**.

La enmienda constitucional presentada por un diputado del Partido Nacional y Vicepresidente del Congreso de Honduras el 11 de enero incorporaría la prohibición absoluta del aborto en el artículo 67 de la Constitución nacional. 

“Este proyecto de ley es alarmante. En lugar de dar un paso hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, el país está retrocediendo”, dijeron las expertas.

Honduras es uno de los pocos Estados en el mundo que prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluso en casos de violación o incesto, cuando la vida y/o la salud de las mujeres embarazadas está en peligro y en casos de malformación grave del feto.

“La penalización del aborto y la obligación de las y los profesionales de la salud de informar sobre los casos de mujeres cuyas lesiones parecen estar relacionadas con abortos inseguros, han derivado en el encarcelamiento de mujeres”, dijeron las expertas. Estas denuncias de las y los profesionales de la salud también pueden disuadir a las mujeres que sufren un aborto espontáneo o complicaciones relacionadas, de buscar la atención médica necesaria, poniendo así su vida en peligro.

“Lamentamos que los esfuerzos para enmendar el Código Penal con miras a despenalizar el aborto hayan fracasado en el pasado y recordamos que penalizar a las mujeres por abortar va en contra de las normas internacionales de derechos humanos”, dijeron las expertas, añadiendo que la influencia de los grupos de presión religiosos en cuestiones de salud pública es perjudicial.

La ley vigente también prohíbe el uso, la venta, la distribución y la compra de anticonceptivos de emergencia, con las mismas penas de prisión que el aborto.

“La falta de accesibilidad a la anticoncepción, particularmente en las zonas rurales, junto con la prohibición de la anticoncepción de emergencia, contribuye a una alta tasa de embarazos forzados, incluidos embarazos de adolescentes», dijeron. Honduras tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes entre los países de América Latina y en zonas rurales la tasa de esos embarazos alcanza el 30%.

“Muchos embarazos forzados y precoces son el resultado de delitos de violación sexual e incesto», dijeron las expertas. También citaron las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que muestran que los países en los que las mujeres tienen derecho a interrumpir sus embarazos -y también tienen acceso a la información y a todos los métodos anticonceptivos- tienen la tasa más baja de interrupciones del embarazo.

“Las leyes restrictivas sobre el aborto aumentan las tasas de mortalidad y morbilidad materna debido a los abortos en condiciones de riesgo y no son eficaces para reducir la tasa de abortos”, dijeron las expertas. El número de abortos inseguros en Honduras podría ser de entre 51.000 y 82.000 por año, dijeron.

De acuerdo con los estándares internacionales, el acceso a los servicios de aborto seguro y legal debería asegurarse, al menos, en casos de violación o incesto, cuando la vida y/o la salud de las mujeres embarazadas esté en riesgo y en casos de malformación fetal grave.

FIN

* Las expertas: Elizabeth Broderick (Presidenta), Melissa Upreti (Vicepresidenta), Dorothy Estrada TanckIvana RadačićMeskerem Geset Techane; miembras del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas; Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y Dubravka SimonovicRelatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias;

 

**Las conclusiones y recomendaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Honduras figuran en el informe de la visita al país del Grupo de Trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas.

 

Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

Para obtener más información y cualquier solicitud de los medios de comunicación, póngase en contacto con: Bernadette Arditi ( barditi@ohchr.org) o escriba a wgdiscriminationwomen@ohchr.org  


Para consultas de prensa relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, por favor contacte a
Renato de Souza (+41 22 928 9855 / rrosariodesouza@ohchr.org)

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OACNUDH en Honduras

OACNUDH condena el asesinato del defensor indígena Félix Vásquez e insta a que se lleve a cabo una investigación pronta, independiente y eficaz

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OACNUDH condena el asesinato del defensor indígena Félix Vásquez e insta a que se lleve a cabo una investigación pronta, independiente y eficaz

TEGUCIGALPA (28 de diciembre de 2020) – La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condena el asesinato del defensor de los derechos humanos Félix Vásquez López. De acuerdo a la información recabada por OACNUDH, el asesinato fue perpetrado por individuos armados que ingresaron al domicilio del Señor Vásquez en la aldea de El Ocotal, municipio de Santiago de Puringla, departamento de La Paz, el pasado 26 de diciembre.

El Señor Vásquez era un reconocido defensor de los derechos de los campesinos y de los pueblos indígenas y, además de ser integrante del Movimiento Indígena Lenca de la Paz (MILPAH), fungía como Secretario General para el departamento de La Paz de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC). En octubre de 2020, el defensor había denunciado amenazas de muerte en su contra y en contra de otros defensores. No obstante, se había mantenido activo en su organización en la defensa de los derechos humanos y el pasado 16 de diciembre participó en un plantón en el que se denunció la criminalización de Víctor Vásquez, otro defensor indígena actualmente privado de la libertad.

“Condeno firmemente el asesinato de Félix Vásquez, reconocido defensor de los derechos humanos, y hago un llamado a las autoridades para que no quede en la impunidad. Este crimen nos recuerda el riesgo inaceptable que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos, de la tierra y del territorio en Honduras y la importancia de que el Estado reconozca públicamente su labor en favor de la democracia”, dijo Isabel Albaladejo Escribano, Representante de OACNUDH en Honduras. Con el homicidio de Félix Vásquez López, OACNUDH registra al menos ocho asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos en Honduras durante 2020.[1]

OACNUDH llama a las autoridades a realizar con debida diligencia una investigación pronta, independiente y eficaz que permita el esclarecimiento de los hechos y la efectiva persecución y sanción de los autores materiales e intelectuales. Asimismo, OACNUDH considera importante que se incluya dentro de las líneas de investigación la labor de defensor de los derechos humanos que desempeñaba el Señor Vásquez. La Oficina llama también a que se garantice la atención, protección y acceso a la justicia de los familiares y compañeros de organización de la víctima.

Finalmente, OACNUDH expresa sus condolencias y solidaridad a la familia del defensor Félix Vásquez López.

FIN

[1] Karla Ignacia Piota Martínez, el 11 de enero en Masca, Cortés; Iris Álvarez, el 2 de abril en Chacos, Choluteca; Edwin Fernández, el 20 de mayo en Río Tinto, Atlántida; Antonio Bernárdez, el 19 de junio en Punta Piedra, Colón; Scarleth Campbell, el 10 de julio en Tegucigalpa, Francisco Morazán; Marvin Damián Castro, el 13 de julio en Pespire, Choluteca; Arnold Morazán, el 13 de octubre en Guapinol, Colón; y Félix Vásquez López, el 26 de diciembre, en Santiago de Puringla, La Paz.

oacnudh en el mundo

A pesar de la pandemia, los países deben buscar a las personas desaparecidas forzosamente, dicen expertos y expertas de la ONU

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A pesar de la pandemia, los países deben buscar a las personas desaparecidas forzosamente, dicen expertos y expertas de la ONU

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 30 de agosto 

GINEBRA (29 de agosto de 2020) – Los países deben continuar la búsqueda de víctimas de desapariciones forzadas, incluso durante la pandemia por COVID-19, dijeron un grupo de expertos y expertas* de la ONU hoy.

Este año marca el 40 aniversario de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el décimo aniversario de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Para marcar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas el 30 de agosto, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias emitió la siguiente declaración:

“Los Estados alrededor del mundo deben todavía actuar urgentemente para prevenir e investigar las desapariciones forzadas durante la pandemia por COVID-19 y la búsqueda de las víctimas debe continuar sin demora.

Estamos particularmente alarmados acerca de las alegaciones de desapariciones forzadas recibidas en el contexto de la pandemia por COVID-19. Esta situación es tanto más preocupante pues la búsqueda y la investigación de las desapariciones forzadas ha sido frecuentemente puesta en pausa dadas las restricciones introducidas como resultado de la pandemia. Las víctimas son a menudo olvidadas y las familias están sufriendo, al no conocer el destino de sus seres queridos. La búsqueda y la investigación son obligaciones continuadas y deben ser llevadas a cabo, tomando en cuenta las medidas sanitarias que se consideren necesarias.

La COVID-19 también creó nuevos y preocupantes contextos para las desapariciones forzadas. Hemos visto ejemplos de cuarentenas obligatorias en lugares de privación de la libertad, durante las cuáles las familias no conocen el destino y paradero de sus familiares. Subrayamos la necesidad de que los Estados aseguren que las familias sean pronta y sistemáticamente informadas de cualquier cuarentena.

También nos preocupa que la suspensión de visitas ha llevado, en algunos casos, a la ausencia completa de contacto entre personas detenidas y sus familiares o representantes legales, lo cual lleva a detenciones en incomunicación y puede conducir a una desaparición forzada. El contacto continuo debe ser asegurado, por ejemplo, a través de llamadas telefónicas o medios electrónicos, y el monitoreo de la detención debe continuar. Deben ser consideradas alternativas a la custodia y deben ser provistos adecuados cuidados y asistencia de salud.

También estamos preocupados de que la pandemia por COVID-19 es una amenaza añadida a la salud de las víctimas de desaparición forzada que son mantenidas ocultas en lugares de detención oficiales o no oficiales. Recordamos a los Estados que deben registrar consistentemente a todas las personas detenidas y proveer información actualizada de su destino y paradero.

La COVID-19 ha creado riesgos adicionales para las personas migrantes también. Emitimos una declaración conjunta sobre migración el año pasado, y ahora hacemos un llamado para lograr esfuerzos concertados para asegurar que la búsqueda e investigación de la desaparición de migrantes continúe y que ningún Estado retorne forzosamente o extradite a una persona a otro Estado donde estaría en peligro de ser sujeto de desaparición forzada.

En el contexto de la COVID-19, también son necesarias medidas específicas para prevenir las desapariciones forzadas y respetar los derechos de las víctimas. Por ejemplo, los Estados deben garantizar que los familiares de las personas que han muerto por COVID-19 puedan identificar los restos y que los cuerpos sean manejados en línea con sus tradiciones, religión y cultura.

Reafirmamos fuertemente nuestro apoyo y solidaridad con todas las víctimas de desaparición forzada, sus familiares y aquellos que les ayudan en su lucha cotidiana por verdad y justicia. En estos tiempos de crisis, los familiares de personas desaparecidas deben ser aún más apoyadas y empoderadas, y las instituciones del estado a cargo de la búsqueda e investigación deben cumplir sus funciones sin demora. Todo esto debe ser rápida y proactivamente atendido por los Estados, incluyendo a través de la implementación de programas específicos para mitigar los impactos multifacéticos de la pandemia. En este contexto, renovamos nuestro llamado a todos los Estados que no lo han hecho aún, a demostrar oficialmente su compromiso en contra de la desaparición forzada ratificando expeditamente la Convención y aceptando la competencia del Comité para recibir quejas individuales e interestatales.”

FIN

*EXPERTOS Y EXPERTAS: Sr. Luciano Hazan (presidente), Sr. Tae-Ung Baik (Vicepresidente), Sr. Bernard Duhaime, Sra. Houria Es-Slami y Sr. Henrikas Mickevičius del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y Sr. Mohammed Ayat, (presidente), Sr. Moncef Baati, Sr. Olivier de Frouville (vicepresidente), Sra. Milica Kolakovic-Bojovic (vicepresidenta), Sra. Barbara Lochbihler, Sr. Juan José Lopez Ortega, Sr. Horacio Ravenna (vicepresidente), Sr. Koj Teraya (relator), Sr. Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly y Sra. Carmen Rosa Villa Quintana del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas.

Para mayor Información y solicitudes de prensa, favor de contactar con la Sra. Gabriela Guzman (+41 (0)22 928 9452 / gguzman@ohchr.org) o escribir a wgeid@ohchr.org; Sra. Albane Prophette-Pallasco (+41 (0)229179719/ aprophette@ohchr.org) o escribir a ced@ohchr.org

Para solicitudes de prensa relacionadas con otros expertos o expertas independientes de la ONU, favor de contactar con Renato de Souza (+41 22 928 9855 / rrosariodesouza@ohchr.org) y Kitty McKinsey (kmckinsey@ohchr.org

oacnudh en el mundo

Bachelet insta a poner fin a la crisis provocada por la negativa a renombrar al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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Bachelet insta a poner fin a la crisis provocada por la negativa a renombrar al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

GINEBRA (27 de agosto de 2020) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó el jueves a la Organización de Estados Americanos (OEA) a tomar medidas inmediatas que pongan fin a su impase con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la dirección ejecutiva de la Comisión, subrayando la importancia de garantizar que la reconocida independencia, autonomía y eficacia de la CIDH no se vean minadas.

El mandato del actual Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, expiró oficialmente el 15 de agosto, después de que el Secretario General de la OEA declinó renovarlo por cuatro años más, tal y como fue solicitado unánimemente por los siete Comisionados de la CIDH el pasado mes de enero. Bachelet instó al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y a la Comisión Interamericana a actuar de acuerdo con sus declaraciones de que resolverían el diferendo a través del diálogo.

«La Comisión Interamericana es un órgano imparcial muy eficaz y de gran confianza, cuya labor es sumamente apreciada», dijo Bachelet. «Ha proporcionado un recurso vital a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en las Américas y ha desempeñado un papel importante en la promoción de los derechos de los grupos vulnerables».

«Su robusto papel, así como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han hecho estos órganos impopulares para ciertos gobiernos en varios momentos de su historia», añadió la Alta Comisionada. «Esto es hasta cierto punto inevitable si se toman en serio su papel y permanecen verdaderamente independientes y autónomos, incluso de la propia OEA – como lo ordena el estatuto de la Comisión en virtud de la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Estatuto de la propia Comisión Interamericana».

La Alta Comisionada señaló que, en los últimos años, su propia Oficina ha estado gradualmente fortaleciendo su relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y afirmó que la misma seguía contando con el pleno apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

«Esta es una situación muy perjudicial que corre el riesgo de minar la independencia y la probada eficacia de la CIDH», dijo. «También está causando daños a la reputación de la OEA, así que espero que el asunto se pueda resolverse pronto. Esto no debería tratarse de una cuestión de reputación personal, ni de lealtades políticas, ni de pérdida de prestigio – Esto debería ser sobre cómo trabajar para proteger los derechos humanos de cientos de millones de personas en todas las Américas en un momento de crisis masiva».

FIN