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Expertos de la ONU piden medidas urgentes para mitigar el aumento de los riesgos de violencia contra los niños

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Expertos de la ONU piden medidas urgentes para mitigar el aumento de los riesgos de violencia contra los niños

GINEBRA (7 de abril de 2020) – Los expertos en derechos humanos de la ONU han hecho un llamamiento a los Estados para que impulsen las medidas de protección de la infancia con el fin de ayudar a salvaguardar el bienestar de millones de niños y niñas en todo el mundo que pueden estar más expuestos a la violencia, la venta, la trata, el abuso sexual y la explotación durante la pandemia de COVID-19.

 

Los padres, los cuidadores, los proveedores de servicios y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley necesitan un apoyo adicional para reducir al mínimo el aumento de los riesgos para los niños, dijeron los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.

 

«A nivel mundial, las medidas de confinamiento y la interrupción de la prestación de servicios de protección de la infancia, ya de por sí limitados, agravan la vulnerabilidad de los niños que viven en instituciones de atención psiquiátrica y social, orfanatos, campamentos de refugiados, centros de detención de inmigrantes y otras instalaciones cerradas, ya que es probable que no se detecten los casos de violencia, abuso sexual y explotación de los niños confinados en esos locales», dijo la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la venta y la explotación sexual de niños, Maud de Boer-Buquicchio.

 

«En un momento de encierro y aislamiento en el hogar y en otros lugares, los niños corren un mayor riesgo de sufrir violencia y explotación, así como problemas de salud mental. Esto es especialmente cierto en el caso de los que ya están en situaciones vulnerables, que no deben ser dejados atrás», dijo Najat Maalla M’jid, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños.

 

Los expertos instaron a los gobiernos a que velaran porqué todos los niños dispongan de servicios de protección de la infancia y de aplicación de la ley dotados del personal y el equipo adecuados y sean accesibles a todos los niños. Ello incluye líneas telefónicas de asistencia gratuitas las 24 horas del día, servicios de mensajes de texto gratuitos, servicios psicológicos y sociales a distancia y refugios móviles para menores.

 

«Cuando faltan esos servicios vitales, las víctimas están obligadas a soportar el abuso y la violencia de sus propios cuidadores o de los miembros del círculo íntimo de confianza. Tenemos que asegurarnos de que la protección de los niños se integre plenamente en la respuesta a COVID-19, con la asignación de recursos adecuados tanto durante como después de la pandemia», dijeron.

 

«Como los lazos comunitarios se debilitan debido a la crisis, todos debemos permanecer alerta y reportar cualquier sospecha de abuso infantil. Las restricciones de viaje y el aumento del número de usuarios en línea probablemente también darán lugar a un aumento significativo de los delitos cibernéticos, como la captación de menores en línea, la transmisión en vivo de abusos sexuales de niños y la producción y distribución de material sobre abusos sexuales de niños.

 

«Una sólida colaboración entre la industria privada y los organismos encargados de hacer cumplir la ley es fundamental para garantizar la detección temprana de los casos cibernéticos y el bloqueo y la eliminación eficaces del material de explotación sexual infantil en línea.

 

«Esas operaciones entrañan la dedicación y la capacitación de las fuerzas policiales para vigilar las redes de pedofilia cifradas, acceder legalmente a las direcciones IP retenidas para asegurar las pruebas y colaborar con las empresas extranjeras y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, guiándose estrictamente por las normas internacionales de derechos humanos», dijeron los expertos.

 

«La pérdida de ingresos familiares afectará de manera desproporcionada a los niños más vulnerables del mundo, convirtiéndolos en una presa fácil para el trabajo infantil, la servidumbre doméstica, la prostitución, la mendicidad forzosa y otras situaciones de explotación, con un efecto probablemente duradero en estas víctimas.

 

«Todos deberíamos hacer esfuerzos significativos para apoyar a los operadores de primera línea de los servicios de protección de la infancia, los organismos de vigilancia de los barrios y las comunidades y las fuerzas del orden. También debemos facultar a los niños para que participen activamente en la respuesta a esta crisis, incluso mediante iniciativas entre pares. De esa manera, podremos asegurarnos de que se protejan la dignidad y los derechos de los niños y de que ningún niño sufra las consecuencias colaterales de esta pandemia sin precedentes». 

 

FIN

 

 

 

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Experta de la ONU insta a los gobiernos a salvar vidas levantando todas las sanciones económicas en medio de la pandemia de COVID-19

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Experta de la ONU insta a los gobiernos a salvar vidas levantando todas las sanciones económicas en medio de la pandemia de COVID-19

GINEBRA (3 de abril de 2020) – Una experta en derechos humanos de la ONU pidió el levantamiento de todas las sanciones unilaterales que obstruyen las respuestas humanitarias de los Estados sancionados, a fin de permitir que sus sistemas de atención médica combatan la pandemia de COVID-19 y salven vidas.

«Insto a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas para levantar, o al menos suspender, todas las sanciones hasta que se elimine nuestra amenaza común», dijo Alena Douhan, recién nombrada Relatora Especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. Esto va alineado con el reciente llamamiento del Secretario General de la ONU para suspender las sanciones que socavan la capacidad de los países para responder a la pandemia.

«Derrotar este enemigo solo es posible a través de esfuerzos conjuntos de todos los Estados y las organizaciones internacionales y con un espíritu de multilateralismo, cooperación y solidaridad», dijo. “Ante el desafío global, a nadie se le debe negar la atención médica vital.

«Pido a todos los gobiernos que utilizan las sanciones como herramientas de relaciones exteriores que retiren de inmediato las medidas destinadas a establecer barreras comerciales y prohíban aranceles, cuotas, medidas no arancelarias, incluidas las que impiden financiar la compra de medicamentos, equipos médicos, alimentos, y otros bienes esenciales «, señaló la experta.

La Relatora Especial destacó que la actual pandemia está desafiando todo el sistema de derechos humanos, incluyendo derechos fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la salud. «Se necesita un enfoque sensible de los derechos humanos para enfrentar la crisis del COVID-19, y eso incluye el levantamiento de cualquier medida coercitiva entre los Estados», afirmó.

«Agradezco todos los esfuerzos para proporcionar ayuda humanitaria a los países afectados por la enfermedad». Douhan señaló que algunos gobiernos y organizaciones internacionales a menudo no pueden proporcionar la ayuda más básica a la población en los países sancionados porque las sanciones unilaterales utilizan el sistema financiero global para obligar a terceros países, empresas e instituciones financieras, a evitar cualquier transacción relacionada con esos Estados.

“Este es un asunto de suma importancia y gran urgencia. El virus COVID-19 no elige. Cruza las fronteras fácilmente y apunta a las personas independientemente de su nacionalidad, raza, enfoque político, religión o estatus social «, señaló, al tiempo de resaltar que, en los países sancionados, en particular Irán, Venezuela, Cuba, Siria y Yemen, el equipo médico a menudo está desactualizado, y sufren escasez de medicamentos y medios de protección.

«Los países sancionados son especialmente afectados ya que no pueden usar sus ingresos para comprar e importar en el mercado global equipos, medicamentos, antivirales y alimentos», dijo la experta de la ONU. «La pandemia está desencadenando una grave crisis económica con serios efectos humanitarios negativos, especialmente para los más vulnerables en los sectores más pobres de la población: mujeres, adulos mayores, jóvenes y niños», dijo Douhan.

“Reitero la posición de mi predecesor de que el uso de sanciones económicas con fines políticos viola los derechos humanos y las normas de comportamiento internacional. Ya en mayo de 2019, advirtió que tales acciones pueden precipitar catástrofes humanitarias causadas por el hombre de proporciones sin precedentes.

«Esto es lo que estamos presenciando en este momento con respecto al sistema de salud en todo el mundo y en los países sancionados en particular».

FIN

Alena Douhan, fue nombrada Relatora Especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos en marzo de 2020.

Comunicados

OACNUDH condena la muerte de la defensora Iris Argentina Álvarez Chávez e insta a una investigación pronta y exhaustiva de los hechos

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OACNUDH condena la muerte de la defensora Iris Argentina Álvarez Chávez e insta a una investigación pronta y exhaustiva de los hechos

Tegucigalpa, 3 de abril de 2020 – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) condena la muerte de la defensora Iris Argentina Álvarez Chávez, ocurrida el 2 de abril de 2020, durante un desalojo violento en la comunidad de los Chachos, municipio de Marcovia, Choluteca.

De acuerdo a la información recibida, el grupo campesino Cerro Escondido al que pertenecía la defensora, se encuentra en un proceso de recuperación de tierras desde noviembre del año pasado, situación que también está en litigio ante tribunales. La Oficina pudo verificar con instituciones del Estado, organizaciones de sociedad civil y el Conadeh, que las y los integrantes del grupo campesino fueron desalojados violentamente por el personal de la empresa de seguridad privada al servicio de una empresa de la zona, mediante disparos de armas de fuego y destrucción de los bienes de las familias integrantes del grupo. Estas acciones dejaron como resultado una persona muerta, tres personas heridas y varias familias a la intemperie. 

OACNUDH expresa su preocupación frente a la actuación de algunas empresas privadas en los contextos de desalojos de asentamientos de personas. El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, durante su visita de país en 2019, señaló su preocupación por el uso excesivo de la fuerza en numerosos desalojos, en algunos casos con la participación de empresas de seguridad privada, que han resultado en pérdidas de vida y graves lesiones a las personas[1]. En este sentido, El Grupo de Trabajo instó a las empresas a cumplir con la obligación de ejercer la debida diligencia antes de iniciar operaciones en tierras habitadas o utilizadas por las comunidades para su sustento. También reiteró el deber del Estado de adoptar las medidas efectivas contra los desalojos forzosos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y garantizar que las víctimas tengan acceso a un recurso efectivo que les permita la restitución de sus posesiones, el regreso a su hogar o tierra y una indemnización adecuada.

OACNUDH Honduras reconoce las acciones avanzadas que han resultado en la acusación penal de los presuntos responsables, y, en el marco de su mandato, hace un llamado a las autoridades competentes a realizar una investigación independiente e imparcial y transparente que permita el esclarecimiento pronto y efectivo de lo acontecido, estableciendo las responsabilidades que correspondan.

La Oficina se solidariza con los familiares de la víctima y su grupo campesino. Y en consecuencia, insta a las autoridades a tomar las medidas pertinentes para prevenir que tales hechos se repitan y se pone a su disposición y la del sector privado para seguir brindando asistencia técnica en materia de empresas y derechos humanos.

 

 

[1] Declaración del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos al final de la visita a Honduras, Tegucigalpa, 28 de agosto de 2019, disponible en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24925&LangID=S

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Experto y experta de la ONU hacen un llamado a los Gobiernos para adoptar medidas urgentes para proteger a las pesronas migrantes y víctimas de trata en su respuesta a COVID-19

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Experto y experta de la ONU hacen un llamado a los Gobiernos para adoptar medidas urgentes para proteger a las personas migrantes y víctimas de trata en su respuesta a COVID-19

GINEBRA (3 de abril de 2020) – Los Estados alrededor del mundo deben adoptar urgentemente medidas incluyentes destinadas a proteger a las personas migrantes y víctimas de trata en su respuesta nacional a COVID-19, tales como medidas preventivas, pruebas, tratamientos médicos, servicios de salud y asistencia social, dijeron un experto y una experta de la ONU hoy.

“Los Estados deberían también dar pasos hacia la regularización de las personas migrantes indocumentadas siempre que sea necesario, para facilitar su acceso a los servicios de salud durante la lucha contra la pandemia,” dijeron el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales y la Relatora Especial de la ONU sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Maria Grazia Giammarinaro.

“Las personas migrantes en situaciones irregulares, las que buscan asilo, las personas explotadas y víctimas de trata pueden estar en un riesgo particular de contraer COVID-19 dado que sus ambientes laborales o de vivienda pueden exponerlas al virus sin la protección necesaria,” dijeron.

“Estoy preocupado de que algunas personas migrantes, incluyendo las que buscan asilo, no tengan acceso a la mínima protección ante el contagio, ni siquiera agua limpia para lavar sus manos. Muchas viven en albergues sobrepoblados o centros de detención sin posibilidad de mantener una distancia física. Algunas personas migrantes trabajan en la agricultura o en sectores informales sin ninguna medida de protección,” dijo González Morales.

“Las personas que han obtenido permisos de residencia sobre la base de trata y tienen un trabajo o participan en programas de capacitación deberían estar autorizadas para obtener permisos a través de procedimientos fáciles. Dicha medida apunta a evitar la precariedad y a asegurar su pleno acceso al cuidado de salud,” añadió Giammarinaro.

“El experto y la experta de la ONU saludaron la decisión adoptada por algunos Estados de otorgar derechos temporales de residencia, incluyendo acceso a beneficios de salud y sociales, a personas migrantes, incluyendo solicitantes de asilo, en el contexto de la lucha contra la pandemia.

“Nadie debería ser dejado atrás en esta lucha global contra la pandemia. Los Gobiernos deben adoptar medidas que aseguren que cada persona en su territorio nacional, sin importar su estatus migratorio, sea incluida y tenga acceso a los servicios de salud para lograr una contención exitosa de la pandemia por COVID-19,” dijeron.

El Relator y la Relatora de la ONU también hicieron un llamado para una extensión automática de al menos seis meses para todos los programas de protección y asistencia para personas migrantes en situaciones vulnerables y víctimas de trata que estén cerca de su fecha de expiración, para asegurar la continuidad de los procesos de inclusión social de las sobrevivientes.

“La protección otorgada a niños y niñas cercanos a la adultez, no acompañados, debe también ser extendida por un período mínimo de seis meses. Se debe prestar particular atención a las instalaciones inadecuadas o sobre pobladas donde son alojadas las personas migrantes,” dijeron la experta y el experto. Los residentes de dichas instalaciones, ya sean abiertas o cerradas, deben contar con información accesible sobre el brote de COVID-19, consejos prácticos sobre cómo prevenir la infección y acceso a agua limpia, instalaciones de saneamiento y otros materiales preventivos.

“En instalaciones sobre pobladas, donde es imposible para todos los residentes practicar la distancia física, se deben identificar sedes alternativas y tomar en consideración liberar a quienes tengan un lugar donde quedarse en la comunidad. Es crucial establecer protocolos con los proveedores locales de salud para asegurar acceso a pruebas, consultas médicas y tratamiento de todos los residentes de las instalaciones migratorias,” dijo el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes.

“Los derechos humanos deben estar en el centro de la respuesta ante la pandemia por COVID-19. Medidas incluyentes destinadas a proteger los derechos y la salud de toda la población, incluyendo todas las personas migrantes y víctimas de trata, sin importar su estatus migratorio, son urgentes y necesarias y pueden contribuir a la efectividad de las medidas nacionales generales contra COVID-19,” dijeron la experta y el experto de la ONU.

FIN

Sr. Felipe González Morales (Chile) fue nombrado Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes en junio de 2017 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Como Relator Especial, es independiente de cualquier gobierno u organización y sirve de manera individual. Es profesor de la Universidad internacional de derecho Diego Portales, en Santiago, Chile, donde también es director del programa de maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Sra. Maria Grazia Giammarinaro (Italia) fue nombrada Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2014. Ha sido juez desde 1991 y actualmente sirve como juez en la Corte Civil de Roma. Fue Representante especial y coordinadora para el combate de la trata de personas de la OSCE, y sirvió en la Dirección general de justicia, libertad y seguridad de la Comisión Europea en Bruselas, donde fue responsable del combate contra la trata de personas y la explotación sexual de niños y niñas. La Sra. Giammarinaro redactó la Directriz de la Unión Europea sobre la prevención y el combate a la trata de personas y la protección de sus víctimas.

Las Relatorías Especiales y los Expertos Independientes son parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el más amplio cuerpo de expertos y expertas de derechos humanos en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes del Consejo para investigación de hechos y monitoreo que atienden ya sea situaciones de país específicas o asuntos temáticos en todo el mundo. Los expertos y las expertas de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son parte del staff de la ONU y no reciben salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven de manera individual.

Para más información y solicitudes de medios, favor de contactar a la Sra. Yiyao Zhang (+41 22 917 8594 / yzhang@ohchr.org); a la Sra. Clara Pascual de Vargas (+41 22 917 8214 / cpascualdevargas@ohchr.org) o a la Sra. Maria Roberta Serrentino (+41 22 917 9915 / mserrentino@ohchr.org)

Para solicitudes de prensa relacionadas con otros expertos o expertas independientes de la ONU, favor de contactar con Xabier Celaya (+41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org).

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