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A pesar de la pandemia, los países deben buscar a las personas desaparecidas forzosamente, dicen expertos y expertas de la ONU

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A pesar de la pandemia, los países deben buscar a las personas desaparecidas forzosamente, dicen expertos y expertas de la ONU

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 30 de agosto 

GINEBRA (29 de agosto de 2020) – Los países deben continuar la búsqueda de víctimas de desapariciones forzadas, incluso durante la pandemia por COVID-19, dijeron un grupo de expertos y expertas* de la ONU hoy.

Este año marca el 40 aniversario de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el décimo aniversario de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Para marcar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas el 30 de agosto, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias emitió la siguiente declaración:

“Los Estados alrededor del mundo deben todavía actuar urgentemente para prevenir e investigar las desapariciones forzadas durante la pandemia por COVID-19 y la búsqueda de las víctimas debe continuar sin demora.

Estamos particularmente alarmados acerca de las alegaciones de desapariciones forzadas recibidas en el contexto de la pandemia por COVID-19. Esta situación es tanto más preocupante pues la búsqueda y la investigación de las desapariciones forzadas ha sido frecuentemente puesta en pausa dadas las restricciones introducidas como resultado de la pandemia. Las víctimas son a menudo olvidadas y las familias están sufriendo, al no conocer el destino de sus seres queridos. La búsqueda y la investigación son obligaciones continuadas y deben ser llevadas a cabo, tomando en cuenta las medidas sanitarias que se consideren necesarias.

La COVID-19 también creó nuevos y preocupantes contextos para las desapariciones forzadas. Hemos visto ejemplos de cuarentenas obligatorias en lugares de privación de la libertad, durante las cuáles las familias no conocen el destino y paradero de sus familiares. Subrayamos la necesidad de que los Estados aseguren que las familias sean pronta y sistemáticamente informadas de cualquier cuarentena.

También nos preocupa que la suspensión de visitas ha llevado, en algunos casos, a la ausencia completa de contacto entre personas detenidas y sus familiares o representantes legales, lo cual lleva a detenciones en incomunicación y puede conducir a una desaparición forzada. El contacto continuo debe ser asegurado, por ejemplo, a través de llamadas telefónicas o medios electrónicos, y el monitoreo de la detención debe continuar. Deben ser consideradas alternativas a la custodia y deben ser provistos adecuados cuidados y asistencia de salud.

También estamos preocupados de que la pandemia por COVID-19 es una amenaza añadida a la salud de las víctimas de desaparición forzada que son mantenidas ocultas en lugares de detención oficiales o no oficiales. Recordamos a los Estados que deben registrar consistentemente a todas las personas detenidas y proveer información actualizada de su destino y paradero.

La COVID-19 ha creado riesgos adicionales para las personas migrantes también. Emitimos una declaración conjunta sobre migración el año pasado, y ahora hacemos un llamado para lograr esfuerzos concertados para asegurar que la búsqueda e investigación de la desaparición de migrantes continúe y que ningún Estado retorne forzosamente o extradite a una persona a otro Estado donde estaría en peligro de ser sujeto de desaparición forzada.

En el contexto de la COVID-19, también son necesarias medidas específicas para prevenir las desapariciones forzadas y respetar los derechos de las víctimas. Por ejemplo, los Estados deben garantizar que los familiares de las personas que han muerto por COVID-19 puedan identificar los restos y que los cuerpos sean manejados en línea con sus tradiciones, religión y cultura.

Reafirmamos fuertemente nuestro apoyo y solidaridad con todas las víctimas de desaparición forzada, sus familiares y aquellos que les ayudan en su lucha cotidiana por verdad y justicia. En estos tiempos de crisis, los familiares de personas desaparecidas deben ser aún más apoyadas y empoderadas, y las instituciones del estado a cargo de la búsqueda e investigación deben cumplir sus funciones sin demora. Todo esto debe ser rápida y proactivamente atendido por los Estados, incluyendo a través de la implementación de programas específicos para mitigar los impactos multifacéticos de la pandemia. En este contexto, renovamos nuestro llamado a todos los Estados que no lo han hecho aún, a demostrar oficialmente su compromiso en contra de la desaparición forzada ratificando expeditamente la Convención y aceptando la competencia del Comité para recibir quejas individuales e interestatales.”

FIN

*EXPERTOS Y EXPERTAS: Sr. Luciano Hazan (presidente), Sr. Tae-Ung Baik (Vicepresidente), Sr. Bernard Duhaime, Sra. Houria Es-Slami y Sr. Henrikas Mickevičius del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y Sr. Mohammed Ayat, (presidente), Sr. Moncef Baati, Sr. Olivier de Frouville (vicepresidente), Sra. Milica Kolakovic-Bojovic (vicepresidenta), Sra. Barbara Lochbihler, Sr. Juan José Lopez Ortega, Sr. Horacio Ravenna (vicepresidente), Sr. Koj Teraya (relator), Sr. Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly y Sra. Carmen Rosa Villa Quintana del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas.

Para mayor Información y solicitudes de prensa, favor de contactar con la Sra. Gabriela Guzman (+41 (0)22 928 9452 / gguzman@ohchr.org) o escribir a wgeid@ohchr.org; Sra. Albane Prophette-Pallasco (+41 (0)229179719/ aprophette@ohchr.org) o escribir a ced@ohchr.org

Para solicitudes de prensa relacionadas con otros expertos o expertas independientes de la ONU, favor de contactar con Renato de Souza (+41 22 928 9855 / rrosariodesouza@ohchr.org) y Kitty McKinsey (kmckinsey@ohchr.org

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Bachelet insta a poner fin a la crisis provocada por la negativa a renombrar al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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Bachelet insta a poner fin a la crisis provocada por la negativa a renombrar al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

GINEBRA (27 de agosto de 2020) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó el jueves a la Organización de Estados Americanos (OEA) a tomar medidas inmediatas que pongan fin a su impase con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la dirección ejecutiva de la Comisión, subrayando la importancia de garantizar que la reconocida independencia, autonomía y eficacia de la CIDH no se vean minadas.

El mandato del actual Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, expiró oficialmente el 15 de agosto, después de que el Secretario General de la OEA declinó renovarlo por cuatro años más, tal y como fue solicitado unánimemente por los siete Comisionados de la CIDH el pasado mes de enero. Bachelet instó al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y a la Comisión Interamericana a actuar de acuerdo con sus declaraciones de que resolverían el diferendo a través del diálogo.

«La Comisión Interamericana es un órgano imparcial muy eficaz y de gran confianza, cuya labor es sumamente apreciada», dijo Bachelet. «Ha proporcionado un recurso vital a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en las Américas y ha desempeñado un papel importante en la promoción de los derechos de los grupos vulnerables».

«Su robusto papel, así como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han hecho estos órganos impopulares para ciertos gobiernos en varios momentos de su historia», añadió la Alta Comisionada. «Esto es hasta cierto punto inevitable si se toman en serio su papel y permanecen verdaderamente independientes y autónomos, incluso de la propia OEA – como lo ordena el estatuto de la Comisión en virtud de la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Estatuto de la propia Comisión Interamericana».

La Alta Comisionada señaló que, en los últimos años, su propia Oficina ha estado gradualmente fortaleciendo su relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y afirmó que la misma seguía contando con el pleno apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

«Esta es una situación muy perjudicial que corre el riesgo de minar la independencia y la probada eficacia de la CIDH», dijo. «También está causando daños a la reputación de la OEA, así que espero que el asunto se pueda resolverse pronto. Esto no debería tratarse de una cuestión de reputación personal, ni de lealtades políticas, ni de pérdida de prestigio – Esto debería ser sobre cómo trabajar para proteger los derechos humanos de cientos de millones de personas en todas las Américas en un momento de crisis masiva».

FIN

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OACNUDH insta a los Estados involucrados a cooperar y redoblar esfuerzos para la búsqueda e investigación de migrantes desaparecidos en la región

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OACNUDH insta a los Estados involucrados a cooperar y redoblar esfuerzos para la búsqueda e investigación de migrantes desaparecidos en la región

Mensaje con motivo de los 10 años de la desaparición y asesinato de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, México, 24 de agosto de 2020

Ciudad de México, Ciudad de Panamá, Tegucigalpa, 24 de agosto de 2020 – Con motivo del décimo aniversario de la desaparición y asesinato de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, México, las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México, Honduras y la Oficina Regional para América Central y República Dominicana instan a las autoridades de El Salvador, Honduras y México a intensificar los esfuerzos para la investigación de los hechos, con la cooperación y participación de los familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de garantizar el acceso a la verdad y la justicia.

El 24 de agosto de 2010, las autoridades mexicanas tuvieron conocimiento de la desaparición y asesinato de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, México. Entre las víctimas había 24 hondureñas, 14 salvadoreñas, 13 guatemaltecas, cinco ecuatorianas, tres brasileñas y una persona de la India. Este caso evidenció la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra la población migrante en su tránsito por los países de la región y las graves violaciones de derechos humanos a las que con frecuencia se enfrenta. Hechos similares se repitieron en San Fernando en 2011 y en Cadereyta, Nuevo León, México, en 2012.

A 10 años de los hechos, conocidos como “la masacre de San Fernando”, las oficinas de OACNUDH reconocen los esfuerzos de las autoridades mexicanas para avanzar en la investigación de los delitos cometidos contra personas migrantes y la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, a través de la creación de la Comisión Forense, la Unidad de investigación de delitos para personas migrantes de la Fiscalía General de la República y el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y las familias de las víctimas. Así mismo, reconocen los esfuerzos de los países de Centro América y México concernidos en los procesos de identificación y repatriación de restos de migrantes. Se requiere ahora de esfuerzos adicionales para atender las demandas y reclamos de los comités de familiares de personas migrantes desaparecidas de la región.

OACNUDH llama a los Estados de la región a retomar los compromisos asumidos con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, y con base al principio de responsabilidad compartida y a su Objetivo 8, incluyendo establecer canales de coordinación transnacionales, incluso mediante la cooperación consular, para la búsqueda de migrantes desaparecidos y para facilitar la identificación de restos y la entrega digna a las familias, así como el intercambio de información. Asimismo, las oficinas de OACNUDH subrayan la importancia de reforzar las acciones orientadas a la identificación y la repatriación de los restos de las personas migrantes fallecidas a sus países de origen, de forma digna, respetuosa y segura, incluso a través de la cooperación internacional.

Finalmente, las oficinas de OACNUDH expresan su solidaridad con todas las víctimas y familias de las personas migrantes desaparecidas y asesinadas en la región, y reiteran su disponibilidad para seguir acompañando los procesos de búsqueda, identificación e investigación, así como todos los esfuerzos conjuntos para acceder a la verdad, la justicia, la reparación integral y la implementación de garantías de no repetición con la participación de las autoridades de los países involucrados y las familias y sus representantes.

FIN